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Los números de la crisis del trigo

Movilizaciones en el interior, caída de producción, inflación en los productos panificados, caída del precio pagado a los productores, y repetidos anuncios del Gobierno: todo este “combo” de situaciones se registró a fines de 2014. Estamos asistiendo, otra vez, a una crisis en la cadena del trigo. Recurramos a los números. Históricamente, Argentina producía alrededor de 14 a 15 millones de toneladas de trigo. Hoy la producción anual está en el orden de las 9 millones de toneladas, y esta situación es grave hace ya un par de años, llegando en el 2009 a tener un record mínimo histórico de producción.

Según un informe especial del tema preparado por AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), la entidad técnica más prestigiosa del sector, la reducción del área sembrada y de la producción de trigo en la Argentina ha provocado una caída del valor agregado por la cadena comercial de 2.544 millones de dólares, al pasar de 5.500 millones en el ciclo 2007/8 a 2.956 millones en 2013/14. También está cayendo la participación de la cadena en la economía:  en la campaña 2007/8, el cereal representaba el 2,46% del PBI y en 2013/14 cayó a 1,87%. Asimismo afirman desde AACREA que en los últimos diez años, el área de siembra del cereal se derrumbó. En el ciclo 2001/2 se implantaron 7,1 millones y esta campaña, en cambio, 3,7 millones de hectáreas. No solo se redujo la producción y el área sembrada: tambien  las exportaciones del cereal sufrieron caídas muy importantes. En la campaña 2013/14 se embarcaron 1,9 millones de toneladas, una cifra que quedó muy lejos de las 9,4 millones de toneladas que se exportaron, por ejemplo, en el ciclo 2007/8, momento en el cual se instauraron los ROE.

Esta brutal caída de producción que explican los técnicos de AACREA ocurre aun cuando la producción argentina de trigo asegura de manera total el abastecimiento interno.  En la actualidad, entre la actual cosecha y el remanente de la anterior, hay disponibles entre 12 y 13 millones de toneladas de trigo, mientras que el consumo argentino histórico esta entre 6 y 7 millones. De esta forma, el remanente está en el orden de los 5 millones de toneladas, mucho menos de lo que el Gobierno autoriza a exportar. Esta  sobreoferta de trigo ficticia es la causal directa del bajo precio que reciben los productores, y es consecuencia directa de las políticas que se aplicaron en estos últimos años.

Un problema repetido

Hace días se anunció desde el Poder Ejecutivo una nueva “apertura” de las exportaciones de trigo. Estrictamente, se trató de la habilitación para la exportación de 1 millón de toneladas de grano correspondiente a la campaña 2014/2015, que comenzó a regir a partir del 1 de enero, que se suman a los ya habilitados previamente de 300.000 tn de harinas y 1,2 millones de granos, totalizando así autorización por 2,2 millones de tn granos.  Ahora bien, las empresas exportadoras ya tiene compradas 3 millones de toneladas, por lo tanto, el anuncio no tuvo ni va a tener ningún efecto en los precios internos. Al mantener las cuotas de exportación, los permisos y los ROE, el Gobierno sigue manteniendo la explicada sobreoferta ficticia de trigo en  el mercado interno argentino. En estas condiciones es que el anuncio no logro una modificación en los precios internos del trigo. Se suma a esta falta de efecto del anuncio por lo acotado de su monto, el estar enmarcado en el mantenimiento de un esquema arbitrario e impredecible de manejo de las exportaciones, y la nula confianza de los productores en el gobierno.

Las limitaciones en la operatoria comercial además generan perdidas concretas en los bolsillos de los productores. En casos extremos, directamente el trigo no se puede vender por ausencia de compradores en algunas regiones. Está desapareciendo el precio y el mercado, y allí es donde aparecen situaciones de abuso.

Leonardo Sarquis, de la Consultora CONFIAGRO, afirma que hoy  trigo argentino es el más barato del mundo, cotizando por debajo del precio internacional (que está por encima de los 250 dólares por tonelada) e incluso restándole a este precio los gastos comerciales de exportación y las retenciones, aun así los productores reciben 50 dólares menos de lo que deberían recibir por su grano, lo que se conoce como “descuento comercial”, generado por la existencia de los ROES.  Sarquis explica que “por errores de política interna, Argentina está desperdiciando una oportunidad única a nivel global, ya que el mundo demanda trigo. Hay  problemas climáticos de Alemania, Rusia y Ucrania, además de la crisis política en esa región del este europeo, y en Brasil, cliente histórico del trigo argentino, país que nuevamente en 2015 se lo comprara a Estados Unidos. Las posibilidades de exportartrigo son inmejorables, dependen de las decisiones que tome nuestro Gobierno”. Otros expertos señalan que ese descuento puede llegar a tener picos de hasta 70 dólares, según el precio internacional y el momento de apertura o cierre de las exportaciones locales.

En estos casos el hilo se corta por lo más delgado, y en este caso son los productores trigueros los afectados directamente. Por tal motivo se realizó una protesta el pasado 10 de diciembre en Tres Arroyos, lugar emblemático de la producción triguera bonaerense organizada por CARBAP. Allí los productores denunciaron que las equivocadas políticas del Gobierno, al eliminar la competencia, han dejado a los productores con su exceso de granos y pocos compradores, por los cuales las condiciones de negociación les resultan totalmente adversas, y ello les han generado una perdida que estiman en total de 500 millones de dólares. Esta situación está generando tensiones hacia dentro de la cadena, poniendo en riesgo parte de los trabajosos y muy valiosos avances en la articulación entre los diferentes eslabones (productores primarios, acopiadores, molineros, industriales y exportadores) que se fueron logrando en los últimos años.

Mientras tanto, los precios internos de los alimentos a base de trigo suben tanto o más que la inflación general, y la responsabilidad está lejos de estar en los productores rurales. El dirigente rural cordobés Néstor Roulet afirma que en la actualidad la incidencia del valor del trigo en el precio final del pan –históricamente fue del 12 %- es de tan solo un 5%. La diputada nacional santafecina del PRO, Gisela Scaglia, grafica la situación con un ejemplo cotidiano acorde a estas fechas: “Un pan dulce sale $ 85 en la góndola de un supermercado, mientras que 2 bolsas de 50 kg de harina o un quintal $ 70. La mesa de los argentinos es cara, mientras que los productores ganan muy poco”.

Entender la realidad

Hay una solución posible, y responde a cuestiones mínimas de lógica de negocios que exceden a la ideología. En nombre de “defender la mesa de los argentinos”, solo se ha logrado menos producción de trigo y harina, sin poder contener la suba de precios del pan y los demás productos elaborados con harinas, mientras que algunos actores de la cadena se quedaban con ventajas indebidas,  y a la vez que como país perdemos posiciones en los mercados mundiales que serán difíciles de recuperar. En el largo plazo, este tipo de errores de política, que hoy pueden generar algún beneficio concreto en la coyuntura para algún privado, generaran perjuicios para toda la cadena y toda la economía de las ciudades del interior que se mueven alrededor de la misma.

La solución es la competencia, y no desde una visión neoliberal o contraria a los intereses de la población o los pequeños productores, sino una competencia limpia y con la debida lealtad y control estatal, en donde los excedentes de producción que nuestros chacareros generan puedan ser libremente vendidos a los molinos, los exportadores, o el mercado interno, sin tener que pedir permiso al gGbierno. Con estas condiciones, a Argentina le sobra trigo para su población, como le sobró durante los últimos cien años, en donde fuimos el granero del mundo y a la vez exportábamos.

Esta referencia a nuestro pasado de manera alguna pretende volver al modelo agroexportador de fines del siglo XIX, sino que implica entender justamente que el mundo cambió, que el mundo demanda alimentos y que Argentina puede ante eso hacer buenos negocios, generar desarrollo en el interior del país, alimentar nuestros pueblos y vender alimentos a ese mundo con hambre. Para ello, en lugar de repetir errores, hay que entender la realidad y corregir las medidas que han demostrado a todas luces que han fracasado.

El ajuste al crédito ya está entre nosotros

El pasado miércoles, luego de un anuncio difuso e informal del jefe de Gabinete Jorge Capitanich referido a la regulación de las tasas de interés de los créditos bancarios, el Banco Central de la República Argentina emitió cuatro circulares, obligatorias para las entidades financieras.

En las mismas se regula un tope al credito, limitando la tasa de interés, que no es otra cosa que precios máximos al costo del dinero y al financiamiento formal. Además, se modifica la obligación a las entidades financieras de pedir autorización al BCRA para incrementar ciertas comisiones y los cargos por gastos administrativos, y se limitan varios aspectos la libre contratación entre privados de diferentes instrumentos crediticios/financieros.  A la vez se incorporan criterios “orientativos” hasta ahora inexistentes, que aumentan la incertidumbre jurídica y financiera de los posibles tomadores de crédito.

Lo que no se explicita en esas resoluciones es que de hecho el ajuste al credito ya esta entre nosotros. En la primera mitad el año la oferta de crédito ya se redujo y se encareció. Luego de la devaluación y aumento de tasas de enero, el crédito en Argentina se ajustó por cantidad (hubo menor oferta y con plazos menores) y por precio (aumento de las tasas de interés de referencia del BCRA y de las tasas aplicadas a créditos y tarjetas por los demás Bancos).

Existe una gran distancia entre el discurso detrás de estos anuncios y la realidad. Ante esta situación de facto de ajuste por mercado -ajuste en reacción a las medidas enero-, el gobierno tomo ahora la decisión de intervenir. La intención declarada de esta intervención es aumentar la cantidad y acceso al crédito, atacando retóricamente las ganancias de los bancos. El fin declarado es abaratar el crédito para que haya más consumo, pero en verdad el tope al crédito generara un efecto totalmente contrario al buscado: la cantidad de préstamos ofrecidos por los bancos será menor y el acceso al crédito para los consumidores será más difícil.

La reacción del mercado ante esta medida será clara: menos crédito en la economía y caída del consumo. Esta medida puede implicar un freno aun más brusco al consumo doméstico, que ya se venía cayendo velozmente. En particular, puede haber una fuerte contracción en la oferta de crédito hipotecario, por las características económicas y los extensos plazos propios de los mismos. Tampoco es razonable esperar que estas medidas reactiven el mercado de créditos para compra de automotores. De esta manera, por la retracción del consumo combinada con la baja oferta de créditos, es esperable que el nivel de actividad se vea afectado negativamente.

Los princípiales afectados por esta medida y sus efectos no son los bancos: son los usuarios y consumidores de crédito. En particular, los usuarios de crédito menos sofisticados o de mayor informalidad serán los más afectados (trabajadores en negro, empleados en relación de dependencia con sueldos bajos, autónomos de ingresos medios y bajos). En los hechos será en este segmento de mercado en donde se verificara la merma de hecho en la otorgación de créditos (por mayores requisitos formales, por ejemplo). En caso de necesidad de crédito por cualquier cuestión personal o económica, estos usuarios deberán recurrir a financiamiento por fuera del sistema, sin control y a tasas mayores, ya no solo que reguladas por el gobierno, sino incluso mayores a las que hasta hoy existían en el mercado.

El mayor riesgo de estas medidas es que se abrió la puerta a un camino equivocado y potencialmente muy perjudicial de  mayor regulación del sistema financiero. Si el tope al crédito tiene, como prevemos, efectos negativos en el total de créditos asignados y no logra aumentar el consumo, posteriores medidas en la misma línea pueden implicar regular obligatoriamente por cantidades el mercado de crédito. En otras palabras: eventualmente se pueden llegar a tomar medidas para obligar a los bancos a prestar cierta proporción de sus activos, en cantidades y precios fijados por el Estado. Este equivocado camino no solo será ineficiente para mejorar el consumo, sería además muy nocivo para la solvencia del sistema financiero, el incentivo al ahorro y la confianza en la macroeconomía argentina.

El tope al crédito es una señal más de una economía que ya está en un proceso fuerte de ajuste, con un gobierno que repite errores y medidas equivocadas que solo agravan los problemas, y van forjando la senda hacia más y peores errores, con costos cada vez más altos.  Los problemas macroeconómicos argentinos son graves, pero no son  irresolubles. Medias equivocadas como estas no hacen más que agravar los problemas, dificultar las soluciones, aumentar los costos para todos los actores de la sociedad, incluido el gobierno (el actual y el próximo) y los consumidores. Al final de cuentas, se está adelantando y empeorando el tránsito hacia el fin de ciclo.