Por: Andrés Domínguez
El pasado miércoles, luego de un anuncio difuso e informal del jefe de Gabinete Jorge Capitanich referido a la regulación de las tasas de interés de los créditos bancarios, el Banco Central de la República Argentina emitió cuatro circulares, obligatorias para las entidades financieras.
En las mismas se regula un tope al credito, limitando la tasa de interés, que no es otra cosa que precios máximos al costo del dinero y al financiamiento formal. Además, se modifica la obligación a las entidades financieras de pedir autorización al BCRA para incrementar ciertas comisiones y los cargos por gastos administrativos, y se limitan varios aspectos la libre contratación entre privados de diferentes instrumentos crediticios/financieros. A la vez se incorporan criterios “orientativos” hasta ahora inexistentes, que aumentan la incertidumbre jurídica y financiera de los posibles tomadores de crédito.
Lo que no se explicita en esas resoluciones es que de hecho el ajuste al credito ya esta entre nosotros. En la primera mitad el año la oferta de crédito ya se redujo y se encareció. Luego de la devaluación y aumento de tasas de enero, el crédito en Argentina se ajustó por cantidad (hubo menor oferta y con plazos menores) y por precio (aumento de las tasas de interés de referencia del BCRA y de las tasas aplicadas a créditos y tarjetas por los demás Bancos).
Existe una gran distancia entre el discurso detrás de estos anuncios y la realidad. Ante esta situación de facto de ajuste por mercado -ajuste en reacción a las medidas enero-, el gobierno tomo ahora la decisión de intervenir. La intención declarada de esta intervención es aumentar la cantidad y acceso al crédito, atacando retóricamente las ganancias de los bancos. El fin declarado es abaratar el crédito para que haya más consumo, pero en verdad el tope al crédito generara un efecto totalmente contrario al buscado: la cantidad de préstamos ofrecidos por los bancos será menor y el acceso al crédito para los consumidores será más difícil.
La reacción del mercado ante esta medida será clara: menos crédito en la economía y caída del consumo. Esta medida puede implicar un freno aun más brusco al consumo doméstico, que ya se venía cayendo velozmente. En particular, puede haber una fuerte contracción en la oferta de crédito hipotecario, por las características económicas y los extensos plazos propios de los mismos. Tampoco es razonable esperar que estas medidas reactiven el mercado de créditos para compra de automotores. De esta manera, por la retracción del consumo combinada con la baja oferta de créditos, es esperable que el nivel de actividad se vea afectado negativamente.
Los princípiales afectados por esta medida y sus efectos no son los bancos: son los usuarios y consumidores de crédito. En particular, los usuarios de crédito menos sofisticados o de mayor informalidad serán los más afectados (trabajadores en negro, empleados en relación de dependencia con sueldos bajos, autónomos de ingresos medios y bajos). En los hechos será en este segmento de mercado en donde se verificara la merma de hecho en la otorgación de créditos (por mayores requisitos formales, por ejemplo). En caso de necesidad de crédito por cualquier cuestión personal o económica, estos usuarios deberán recurrir a financiamiento por fuera del sistema, sin control y a tasas mayores, ya no solo que reguladas por el gobierno, sino incluso mayores a las que hasta hoy existían en el mercado.
El mayor riesgo de estas medidas es que se abrió la puerta a un camino equivocado y potencialmente muy perjudicial de mayor regulación del sistema financiero. Si el tope al crédito tiene, como prevemos, efectos negativos en el total de créditos asignados y no logra aumentar el consumo, posteriores medidas en la misma línea pueden implicar regular obligatoriamente por cantidades el mercado de crédito. En otras palabras: eventualmente se pueden llegar a tomar medidas para obligar a los bancos a prestar cierta proporción de sus activos, en cantidades y precios fijados por el Estado. Este equivocado camino no solo será ineficiente para mejorar el consumo, sería además muy nocivo para la solvencia del sistema financiero, el incentivo al ahorro y la confianza en la macroeconomía argentina.
El tope al crédito es una señal más de una economía que ya está en un proceso fuerte de ajuste, con un gobierno que repite errores y medidas equivocadas que solo agravan los problemas, y van forjando la senda hacia más y peores errores, con costos cada vez más altos. Los problemas macroeconómicos argentinos son graves, pero no son irresolubles. Medias equivocadas como estas no hacen más que agravar los problemas, dificultar las soluciones, aumentar los costos para todos los actores de la sociedad, incluido el gobierno (el actual y el próximo) y los consumidores. Al final de cuentas, se está adelantando y empeorando el tránsito hacia el fin de ciclo.