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Una movilización que demuestra que no todo está perdido

Plenamente, sin banderías partidarias. No correspondían. Una de las pocas veces en que parcialidades e intereses sectoriales no hubiesen tenido nada que ver con el espíritu de la movilización. El impulso de la convocatoria vino de parte de fiscales de la Nación, conmovidos por la muerte de Alberto Nisman un mes atrás. Para recordar al funcionario y también en protección de quienes hoy cumplen funciones en la Justicia, los apoyamos. Fue excelente, porque todos lo entendimos de ese modo, en muestra de comprensión sobre cuál debe ser el funcionamiento institucional del país, con independencia y división de poderes.

La magnitud del despliegue espontáneo no me sorprendió, pero me alivió porque es lo que esperaba como ciudadano. El asesinato político de Nisman, a manos de un escuadrón de la muerte propio de la peor historia latinoamericana del siglo XX, era un hecho que no podía producirse según las reglas de juego políticas vigentes en la Argentina. Quien tomó la decisión de liquidarlo, y quienes alineados políticamente ejecutaron, rompieron las bases de la democracia a niveles todavía muy superiores a todas las tentativas kirchneristas por dominar la justicia en los últimos años. La reacción indignada de la población indica que no todo está perdido y que hay un campo muy grande para recuperar los valores de la democracia cuando finalice en breve esta experiencia local de chavismo venezolano, corrupto y terrorista de Estado.

Por motivos inexplicables, y a diferencia de lo que hice toda mi vida en cualquier movilización a la que adherí o a la que simplemente iba a monitorear yendo directo al destino epicentro de la descarga política, en esta oportunidad procesé lentamente las cuadras que separan al Congreso de la Plaza de Mayo. Casi todo el trayecto lo cubrí en soledad y en silencio, sin proponérmelo pero así se dio, ensimismado y concentrado. Sirvió para pensar, para preguntarme una y otra vez cómo pudo pasar lo que pasó el 18-19 de enero en Le Parc. Razones de interés personal y demasiados años siguiendo guerras civiles en todas partes, a mí como a cualquiera, puede llevar a estados psicológico-profesionales donde el analista incorpora como normales hechos que se convierten en rutina diaria, incluidas las peores atrocidades de las violencias locales y regionales que superan siempre a las conflagraciones entre Estados formales del planeta. Lamentablemente, la mente diluye cada caída de un individuo o de un grupo de individuos cuando ve a Siria, Libya, Nigeria, o al Perú o El Salvador de tres décadas atrás. El crimen de un funcionario de la Justicia o de un magistrado más, no cambia mucho, irresponsablemente puede exclamar quien observa latitudes donde se producen decenas de miles de muertos en períodos de dos o tres años. Es lo que es, nada puede cambiarlo, la paz llegará cuando las partes se cansen de pelear y se agote así el conflicto, solemos afirmar.

Pero para la Argentina del siglo XXI, donde la muerte por causas políticas estaba fuera de agenda, de ningún modo puede aceptarse esa clase de enfoques. No solo no podíamos aceptarlo ideológicamente, tampoco era fácil predecir una salida de este tipo por razones de costo político de quien toma la determinación y por la herencia cultural política general de los años 1971 a 1978, más o menos, que nos marcó a todos para siempre, una etapa a la que juramos tácitamente nunca más querer volver. La aparición de un hecho terrorista de Estado, que motivó este 18F aunque aún sean pocos los que se animen a presentarlo de este modo, constituye una verdadera calamidad nacional. Pero además, ¿qué les pasó? ¿Diseñaron mal el operativo? No arreglaron de antemano debidamente el maquillaje de la escena, ni su cobertura de prensa posterior y se fueron pisando hora tras hora y día tras día con versiones contradictorias y que no cierran por ningún lado? ¿Dónde quedó la evaluación política previa de eventos de esta naturaleza? Con la “sala de situación”, ¿qué ocurrió?

Los que mandan en el país tienen entre 50 y 65 años. ¿Qué ha sucedido con sus recuerdos y con su formación política? Les pregunto, ¿no registran a Jorge Joaquín Chamorro, matado por el dictador Somoza? No se les cruza la imagen de Benigno Aquino, liquidado por Ferdinando Marcos en las Filipinas? ¿A Monseñor Romero de El Salvador, no lo tienen normalmente presente, les pregunto? ¿Y todo por la AMIA? Querían arreglar con Irán, mala idea, pero así y todo ¿no era mejor intentar las conversaciones públicas o semipúblicas como lo hacen Estados Unidos y Europa con Teherán a causa del programa nuclear de los ayatollahs? ¿Por qué otra vez la “truchada” y la oscuridad argentina, una tras otra mentira para tapar más mentiras, derivando en un homicidio político que es imperioso no prosiga con otros, para borrar aspectos de Nisman o formando parte de aventuras que algún nuevo delirante pueda intentar como estado de sitio, autogolpe de Estado o fraude electoral masivo a la venezolana. Para prevenir desastres adicionales y desgracias mayores tiene que haber servido también la marcha del 18F, en tanto y en cuanto la lucha contra el totalitarismo se mantenga sin descanso hasta el 10 de diciembre, porque cualquier bajada de guardia permitirá que el criminal de lesa humanidad se organice y vuelva al ataque. 

La Presidente tiene perdida la guerra por el default

Es inexplicable que, desde sectores bien informados y “meseros” de la City porteña, pasando por abogados financieros, economistas, periodistas, analistas y políticos de todos los sectores, se haya creído que el gobierno estaba negociando algún tipo de arreglo con los vencedores por una porción de la deuda argentina defaulteada en 2001 tras haber quedado firme en junio el fallo de 2012 del juez Thomas Griesa. El kirchnerismo fue siempre clarísimo: reiteró hasta el cansancio de manera pública que, aunque hubiera sentencia ya inapelable, no pensaba pagar jamás.

Desde luego que su determinación es tan inconveniente para el país, incoherente por haber litigado una década y aceptado la jurisdicción extranjera, que “la lógica” indicaba que había que cerrar trato y pagar, en efectivo o con nuevos bonos pero pagar. Sin embargo, a todos el Gobierno les decía en la cara que no iba a cumplir, aún cuando se ingresara en default por la deuda regularizada del 2005 producto de embargos que afectaran a sus titulares. Pero casi nadie lo quiso creer hasta el discurso del Ministro Kicillof del miércoles 30 de julio desde el Consulado en Nueva York.

El propio juez Griesa es otro de los engañados. Pensó que en verdad Argentina estaba chicaneando sobre la forma de pago, no sobre el hecho mismo del cumplimiento de su fallo. Nombró un mediador para arreglar un modo no ofensivo ni humillante para la Argentina de pago del juicio, pero los representantes del gobierno lo trataron como si comenzara el proceso de vuelta y armaron otra campaña política pública para fundamentar su desconocimiento a la decisión de la Justicia.

Mintieron a todo el país y al extranjero con la cláusula RUFO, alegándola para no pagar el falllo, cuando es tan obvio que no se trata de ningún modo de una liberalidad de Argentina de andar regalando nada distinto a lo de los acreedores 2005/2010 sino que cumple obligadamente porque el proceso llegó al final. Y, por el mismo motivo, mienten ahora si dicen que desde el 1 de enero de 2015 se abre otra oportunidad para acordar no condicionados por la RUFO.

El ministro Kicillof, que hasta frustró una negociación privada de bancos motorizada por otros sectores del gobierno más racionales, representa ahora la ideología financiera kirchnerista que consiste, en esta materia, en lo siguiente:

1) El titular de un título del Estado no tiene derecho a cobrar lo que el bono dice que se debe pagar sino lo que voluntariamente el Gobierno decida que se paga, siempre. Las obligaciones contenidas en el contrato son meramente potestativas, tipificación del Código Civil argentino específicamente prohibida en el derecho nacional, que son aquellas donde el deudor cumple si quiere y si no quiere no cumple. O sea, son obligaciones establecidas “en broma”, no son verdaderas conductas debidas por parte del deudor al acreedor.

2) Quien compra un título del Estado en el mercado secundario a descuento no tiene derecho a percibir aquello que está escrito en el bono sino mucho menos y siempre es lo que el Estado arbitrariamente diga que paga. Se considera injusto que quien compra un papel del Estado barato pueda pretender el 100% del crédito, por más de que las oscilaciones de precios en el mercado sean hechos normales y legales y formen parte de las reglas de juego, y aunque el Estado emisor deba siempre lo mismo con independencia del fenómeno de precios del bono o sea el 100%. Este ha sido el argumento más fuerte para no pagar la sentencia, “pusieron 60 millones y pretenden el 1600% de rentabilidad”, “nosotros les ofrecemos a los buitres el 300% y ellos quieren el 1600%”. Este fraude propagandístico del kirchnerismo lo compró casi todo el país, hasta uno escucha gente de ideología liberal decir que los demandantes no merecen cobrar porque pretendieron ganar demasiado. ¿Cómo es posible que nadie, desde la política o el derecho, descalifique semejante absurda construcción? No se puede confundir una ganancia de capital (resultante de la compra-venta de activos) de la ganancia consistente en la tasa de interés a la que se comprometió el deudor. La ganancia de capital que terceros realicen no le afecta al emisor del bono, cuya obligación pertenece al universo rentístico y no de capital, puesto a que debe solo lo recibido en préstamo más la tasa de interés y su deuda es inflexible al precio cotizado en el mercado. Así lo ha reconocido la Justicia competente de Estados Unidos, tema que ni trata ni discute porque no es jurídico como no jurídico es el concepto de “fondo buitre” tal cual lo manifesté en este medio en 2013.

3) Nos presentamos en los juicios de Nueva York simplemente para ganar tiempo. Si los ganábamos, todo bien. Si los perdíamos, como sucedió, no cumplimos nada. Solo nosotros determinamos qué, cuándo, cómo y dónde pagar. No hay autoridad que esté por sobre nuestra voluntad política absoluta. Las declaraciones de ayer del juez Eugenio Zaffaroni atacando a la Justicia norteamericana son el agregado político final que se necesitaba para confirmar que Argentina hace lo que quiere. El repudio al fallo judicial equivocadamente suele compararse con la decisión de recuperar las Malvinas de 1982. Es un error. El antecedente de este comportamiento es el de la Junta Militar y de Videla del 25 de enero de 1978, cuando insólitamente se decide repudiar el laudo arbitral que determinó que tres islas del Canal de Beagle eran de Chile y no de nuestro país, tras lo cual estuvimos al borde de entrar en guerra solo por el disparate máximo de ir a juicio y, como se pierde, no aceptar la sentencia. No hay modo de que ahora el Gobierno se salga con la suya. Se embargarán bienes del país, inclusive fuera de los EE.UU., y los acreedores “buitres” y “no buitres” cobrarán. En breve llegarán sentencias adicionales por los restantes holdouts, unos 18.000-22.000 millones más, y caerá el canje de bonos de 2005 por reclamos de acreedores que pedirán la aceleración de cobro de sus créditos acorde a los mismos contratos firmados por el gobierno de Néstor Kirchner. Todo esto por la traba ideológica de Kicillof y Cristina Kirchner de no aceptar que los “buitres” tenían razón y que deben cumplir la sentencia que les resultó adversa. La reacción en cadena económica que se libera ahora con estos hechos es de extrema gravedad para el país, y la negación generalizada también. Atención, que la presunta deuda pública “reducida” que tenemos se puede como nada duplicar o más en pocos meses producto del delirio del gobierno de defaultear una sentencia de poca monta y de defaultear los pagos a los bonos de 2005 (aunque pretenda decir que pagó cuando no pagó).

Es mayoritario el sentimiento corporativo político nacional en cuanto a que el pago de un título público es un hecho más de la política económica del Gobierno, es decir, se cuenta con absoluta facultad para cumplir o no cumplir según los intereses y deseos del momento. No se visualiza en Argentina que los contratos financieros como éstos constituyan una actividad que el Estado desarrolla como un privado más y que por ello es susceptible de ser demandado como cualquiera con resultados que en los juicios pueden resultarles favorables o desfavorables.

Esta mentalidad nacional, que nos consagra como campeones mundiales del incumplimiento y que deriva evidentemente en una decisión política de la sociedad, debería generar correlativamente una política permanente de Estado al no endeudamiento por incapacidad psicológica de asumir que lo que una vez se recibe como préstamo tiene un único destino que es la devolución con intereses del capital obtenido acorde a los compromisos del contrato firmado. Analícense los sentimientos de quienes administran el país, provincias o municipios en esta materia. Piden créditos, emiten bonos para formalizarlos, incorporan los fondos a su patrimonio como activos que se gastan, pero directamente borran de sus pensamientos la obligación de repagar la deuda. Alcanzadas las fechas de pago, y no obteniéndose renovación del crédito, comienza la guerra contra el acreedor al que se reputa culpable de haber prestado. Estimo que frente a esta realidad cíclica nacional, la corporación política toda debería decidir no tomar deuda nunca más, ni externa, ni interna, ni de organismos internacionales, nada de nada. Sería lo más prolijo en virtud de la incapacidad para manejarse en este terreno.

Advertencia: Declaro no ser acreedor de la República Argentina, no estar ni haber estado en juicio contra el país por causas de deuda incumplida ni asesorar a acreedores del estado de ninguna clase.