La negativa de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos a tomar la principal causa de bonistas que reclaman por el default argentino de 2001, que deja por ello firme la cuestión conforme fallos de 2012 y 2013 del juez Thomas Griesa y de la Cámara de Apelaciones respectivamente, sumado a la determinación del más alto tribunal según la cual el Estado argentino es embargable por sus deudas igual que cualquier particular, sin poder oponer privilegios derivados de la “inmunidad soberana”, es no sólo un duro golpe al gobierno kirchnerista sino que afecta al eje de la ideología nacional que favorece sistemáticos incumplimientos de obligaciones asumidas.
La doctrina norteamericana derivada de la sentencia condenatoria a pagar más de 1330 millones de dolares se encuentra a 180 grados de las posturas defaulteadoras que se promueven en Argentina desde hace décadas, tanto desde el actual oficialismo como desde todos los sectores de la llamada “oposición”, y en particular en los últimos trece años, pero también desde los tribunales argentinos y desde la misma Facultad de Derecho de la UBA, donde prima la apología del incumplidor y donde se relativiza la importancia de pagar las obligaciones derivadas de los contratos, sobre la base de presuntas “imprevisiones” de hechos económicos, de alteraciones en la “equivalencia” en las prestaciones o simplemente porque se considera, a conciencia, que la forma más certera de destruir las bases de la sociedad liberal y capitalista es incentivar la desconfianza a invertir y el desapego a cualquier principio de seguridad jurídica y de estabilidad y previsibilidad en las normas civiles y comerciales.