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La Justicia debe dar respuestas urgentes

El fiscal Guillermo Marijuan está encabezando, mientras esto se escribe, un megaoperativo de allanamiento a propiedades de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Dichas propiedades fueron señaladas por Leonardo Fariña, en su declaración como testigo protegido, el martes pasado. Allí se acompañaron incluso fotografías de alguno de esos lugares en donde, según el relato del arrepentido, había bóvedas en las que durante algún tiempo se guardó el dinero robado al Tesoro Público.

A su vez, dichas propiedades habían estado en el candelero público desde hacía al menos cuatro años, ya que más de una publicación periodística había dado cuenta de ellas con suficiente detalle. El juez Sebastián Casanello recién ahora dispone esta pesquisa. Qué podrá encontrarse allí, habiendo dado la Justicia todo este tiempo de ventaja a los delincuentes, no se sabe. Lo que sí es completamente seguro es que todo este proceder parece un chiste. Lo único que falta es que al no encontrar nada ahora digan: “¿Vieron que Lázaro es inocente? No había nada”.

La actuación de los jueces involucrados en las investigaciones contra el clan Kirchner es francamente vergonzosa. Casanello, que se ha mostrado velocísimo para investigar los hechos de consumo de drogas en Costa Salguero, ha sido prácticamente un encubridor de los imputados en la causa por la ruta del dinero K. Llevaba el expediente con una notoria demora hasta que el video de La Rosadita, con la obscena escena de parte de los acusados contando más de cinco millones de dólares, lo puso en evidencia y algo tuvo que hacer. En ese contexto recibió a Fariña, pero sugestivamente permitió que su declaración se filtrara a la luz pública y no se movió con prontitud respecto de la catarata de datos que aportó el valijero. Continuar leyendo →

La claudicacion de la Justicia

Resulta muy difícil mantener las expectativas institucionales en un nivel de esperanza alto cuando uno ve las cosas que ocurren en la Argentina, delante de las narices de todos.

Es cuestión de ver lo que sucede con causas que en otros países serían un escándalo de tal magnitud que hubieran puesto en apuros al más fuerte de los gobiernos. Nos referimos, claramente a la causa AMIA, a la del doble encubrimiento de los posibles autores del atentado, de la muerte violenta del fiscal especial de su investigación y a la firma del tratado que intentó llevar a la Argentina a negociar con los presuntos asesinos.

La primera de todas, la causa madre, hace 21 años que está bloqueada, sin avances, con acusados pero sin juicio, con enormes dudas sobre posibles conexiones locales y sin ningún horizonte de solución y de justicia para las víctimas.

Esa causa tiene, a su vez, dos sub-causas por encubrimiento. Una en donde Carlos Menem y Hugo Anzorreguy están imputados por encubrimiento y otra en donde la presidente Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman fueron acusados por el fiscal especial de la causa de montar una operación para salvar de la justicia a los acusados iraníes.

A su vez, para llevar adelante este último objetivo, esa fiscalía especial a cargo de Alberto Nisman supuso que se firmó un pacto inconstitucional con el gobierno de Ahmadinejah para saltear los tribunales argentinos y someter a los acusados a un “fallo” convenido con el presunto autor ideológico del crimen.

Cuatro días después de hacer pública semejante hipótesis y de plasmarla en una denuncia, Nisman apareció muerto con un tiro en la cabeza en el balo de su casa.

Esa causa fue un barrial desde el inicio y probablemente se haya echado tanta tierra y tanta agua en ese lodazal inicial que ya no se posible avanzar en ninguna luz aclaratoria. ¿Cómo es posible confiar o tener esperanzas en el funcionamiento institucional de la Argentina si las gravedades involucradas en estas causas pueden ser susceptibles de ser sometidas a una manipulación de tal porte como para que todo sea reducido a la nada?

Lo ocurrido con la apelación de la denuncia de Nisman en la Cámara Federal (Sala 1) es francamente inaudito. Tan inaudito como groseramente obvia la maniobra.

La apelación debía llegar al primer piso de Comodoro Py desde el segundo piso de ese edificio el miércoles antes de las 13:30 para que el impulso de la denuncia recayera en el fiscal Ricardo Weschler, un funcionario judicial de larga trayectoria, imparcial y no adicto a ninguna agrupación política.

Extrañamente, el escrito -que debía recorrer no más de 100 escalones- no llegó antes de las 13:30. A esa hora vencía el turno de Weschler  y comenzaba el de Javier De Luca, un fiscal de Justicia Legitima, cuya jefe política es la imputada en la denuncia.  A su vez la sala de Casación que debería tratar la causa -si es que De Luca recomienda abrirla (lo que en las presente circunstancias sería un milagro)- es la misma que decidirá la suerte de otro juez quien tiene en la mira a la presidente y a su familia por las actividades de Hotesur, el juez Claudio Bonadío.

También esa sala deberá decidir sobre la declaración de inconstitucionalidad del Memorandum con Irán, que antes había dictado la Sala 1 de la cámara Federal.

En medio de todas estas extravagancias, se tomó conocimiento oficioso sobre la existencia de canales de comunicación entre la presidencia y algunos jueces para sellar una especie de pacto de no agresión, por el cual se garantizara la no investigación del poder, como mínimo hasta las elecciones.

Resulta francamente increíble que quienes tienen supuestamente a su cargo la defensa última de los individuos frente al poder claudiquen ese alto cometido  en aras de arreglos cuyos beneficios solo ellos conocen.

Si alguien a esta altura tiene dudas de por qué la Argentina ha descendido a los infiernos del subdesarrollo luego de haber conocido las bondades de la civilización, de la abundancia y la afluencia del desarrollo, debería buscar la respuesta en estos meandros nauseabundos que han hundido la vigencia y el funcionamiento de las instituciones.

Si la justicia de los contratos, la seguridad jurídica de las inversiones y la previsibilidad de las normas se rigieran -como se rigen- por los mismos principios que en el país se han utilizado para manejar las causas que aquí comentamos, no es para nada extraño que aquí no venga nadie a poner un peso, como de hecho no vienen.

No hay casualidades en el mundo sino causalidades. Lo que le ocurre a la Argentina en materia económica -un notable languidecimiento de su performance y un diferencial inexplicable entre su realidad y su potencia- es consecuencia de la debilidad de las instituciones de limitación del poder del Estado, empezando, claro está, por la debilidad, la falta de jerarquía y la pusilanimidad de su Justicia.

Aunque parezcan cuestiones desconectadas, el que quiera explicar su pobreza y su falta de recursos, no debería mirar tanto a su billetera como a los sillones de sus jueces.

Las próximas elecciones y el carácter argentino

Hay algunas jugadas políticas que son tan obvias, que uno no sabe si luego serán sopesadas por la gente como tales o si, efectivamente, somos un conjunto tan estúpido de zombies que finalmente tendrán éxito y  producirán los resultados buscados.

La aparición de la nada de Máximo Kirchner en la boca de todos los referentes camporistas como un dirigente de altura, capaz de postularse incluso hasta la mismísima presidencia de la nación es una guasada tan grosera que cualquiera se da cuenta de que se trata de una maniobra de instalación persiguiendo el doble efecto de seguir jugando con el apellido Kirchner en una boleta electoral y, de paso, entregarle al hijo presidencial la protección judicial que necesita (o bien el orden de los objetivos podría ser el inverso).

Máximo aparece ahora involucrado junto a Nilda Garré en cuentas secretas y multimillonarias en los EEUU, las Islas Caimán e Irán. Como todo argumento para negar la información, Kirchner dijo que hace 13 años que no sale del país -en el marco de una entrevista que le hizo el relator deportivo kirchnerista Víctor Hugo Morales- como si salir físicamente del país fuera necesario en el siglo XXI para abrir una cuenta en un banco. Continuar leyendo →

La presidente candidata

Seguramente Cristina Fernandez de Kirchner será candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. La Presidente no puede quedar a la intemperie de las amenazas judiciales. Su gobierno está recurriendo a todo tipo de retorcimiento jurídico para forzar un pronunciamiento favorable de la Sala 1 de la Cámara Federal; un pronunciamiento que desestime las denuncias de Nisman, Pollicita y Moldes. Cualquier jurista que se precie de tal deberá armarse de mucho valor para firmar un papel cuyo objetivo sea el archivo de las actuaciones. Lo han tenido otros -como Oyarbide, por ejemplo- en ocasiones y en causas anteriores. Pero Oyarbide es un caso perdido. El juez -si se lo puede llamar así- solo aspira a seguir cobrando su sueldo y a disfrutar del nivel de vida que ese ingreso le permite. Pero ha renunciado hace rato a la honra del puesto y a la dignidad de la magistratura. Continuar leyendo →

Un paso enorme hacia la civilización

La Argentina heredó de la tradición política española el Juicio de Residencia, es decir, la costumbre de juzgar a los funcionarios del poder una vez que dejan el poder. Se suponía que la institución del Juicio Político, directo descendiente del “impeachment” norteamericano, que organizó la Constitución, venía a cambiar radicalmente aquella costumbre. Sin embargo cuesta traer a la memoria caos de juicios políticos a hombres del poder. Perón lo hizo masivamente a la Corte Suprema de Justicia que le trababa su proyecto autoritario y populista, pero no hay antecedentes de remociones de presidentes mientras estuvieron ejerciendo su cargo. 

Al contrario, la “constitución material” de los argentinos -es decir, el conjunto de hábitos y costumbres de la sociedad- volvió a imponerse sobre la “constitución formal” (la jurada en Santa Fe en 1853) y rodeó de seguridades y blindajes a los funcionarios del poder mientras ejercieron el poder. Continuar leyendo →

Infantilismos

¡Qué te recontra!, decíamos de chicos frente al insulto de otro. Era como un reto de guerra: “Me decís tal cosa, te digo lo mismo y más”, parecía encerrar aquella frase.

El gobierno parece estar adoptando esta actitud infantil para todo aquel que lo acusa de algo: si me denunciás por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva, te denuncio por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva. Es genial; es estúpido.

En la causa en la que el juez Claudio Bonadio estudia el caso de la empresa Hotesur, de propiedad de la familia presidencial, ya están acusados por los mismos delitos que el juez investiga, el propio magistrado, la denunciante y la principal testigo. Continuar leyendo →

Contrastes de la vida argentina

El contraste que se advierte en la Argentina de estos días respecto de la diferencia de trato entre quienes pertenecen a la casta desigual del Estado y la gente común es sencillamente notable. Parece mentira que un país organizado institucionalmente exactamente al revés (es decir, en donde los ciudadanos deberían ser los que le piden explicaciones a los funcionarios) esté siendo el escenario de citaciones de particulares al BCRA para advertirlos de que el Estado sabe las operaciones financieras que están realizando, aun cuando esas operaciones sean perfectamente legales.

Es lo que denuncia Marcelo Bonelli en un reciente artículo de Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las ordenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el Gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa.

Es preciso recordar que esas operaciones son perfectamente legales según la ley argentina. Lo que estaría ocurriendo sería la aplicación de una teoría “Moreno” según la cual no se convierten en ilegales determinadas conductas (por ejemplo hacer publicidad de ofertas en los diarios) sino que, de palabra, y por vía del amedrentamiento, se busca su disuasión.

Se trata de un escenario que causa escalofrío: funcionarios públicos citando a ciudadanos privados para advertirles que están al tanto de lo que hacen en su vida, aunque lo que hagan sea legal. Algo parecido a “sabemos a qué colegio van tus hijos, así que pensá lo que haces”. De terror.

Mientras, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial; una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad… Es una clara persecusión política”.

Estas declaraciones se conectan con el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío al domicilio legal de la firma Hotesur, la propietaria del hotel Alto Calafate que pertenece a la presidente de la nación. En el mismo procedimiento el juez requirió información contable/legal a la IGJ y datos impositivos a la AFIP. La averiguación se hace en el marco de una denuncia hecha ante su juzgado por Margarita Stolbizer a raíz de la investigación periodística del diario La Nación y del programa PPT de Jorge Lanata.

Quienes se apersonaron en el domicilio de la calle Lavalle en pleno centro de Buenos Aires (denunciado como domicilio legal por Hotesur) solo encontraron un departamento vacío y algunas cartas dirigidas a la empresa tiradas por debajo de la puerta. No había nada ni nadie.

La compañía adeuda a la IGJ balances y actualizaciones de la composición del Directorio desde 2009, sin que se registren, aparentemente, pagos de multas o intimaciones emanados de la repartición. El juez está pidiendo, también explicaciones por ello.

Frente a esto, el jefe de Gabinete, con unos términos y una actitud como de sentirse totalmente ofendido, denuncia un complot golpista de los jueces contra el gobierno. Pero, perdón, Capitanich: Hotesur denunció como domicilio legal de la empresa un departamento vacío, el vicepresidente denunció como su domicilio un médano, los antecedentes de los balances de Hotesur y de la composición de su directorio no están… ¿cuál es el golpismo? ¿No será que los funcionarios del gobierno han accedido a un estadio privilegiado respecto de las reglas a las que está sometida el resto de la ciudadanía, estadio  por el cual pueden vivir de acuerdo a normas diferentes a las que tiene que vivir la gente común y que éste procedimiento vino a traer a la superficie de manera dramática?

Seguramente Capitanich ignora que entre las principales funciones del Poder Judicial está la de controlar la legalidad de la actividad de los otros poderes y también la de vigilar la aplicación igualitaria de la ley.

¿De qué golpismo habla el jefe de Gabinete? ¿Acaso sugiere que los funcionarios y todo lo que ellos hagan debe estar blindado a la acción de la Justicia, porque cualquier intervención de ésta contra ellos debería reputarse como automáticamente “golpista”? Si fuera así el jefe de Gabinete estaría admitiendo que los funcionarios del gobierno están por encima de la ley, porque cualquier acción tendiente a verificar si la cumplen debería interpretarse, por ese solo hecho, como destituyente.

Según esta visión los funcionarios, desde la presidente para abajo, no serían ser susceptibles de ser investigados porque el mero hecho de ser funcionarios implicaría que cualquier acción judicial intentada contra ellos debería ser interpretada como la herramienta de un golpe. Si eso no es la consagración más medieval de la desigualdad se le parece mucho.

Mientras, a los ciudadanos privados que llevan a cabo operaciones legales se los cita para hacerles saber que el gobierno “sabe lo que hacen”.

Investigar a un funcionario desde la Justicia es protagonizar un golpe; ahora, amedrentar a ciudadanos que no han violado la ley, constituye un comportamiento compatible con la democracia. Genial.

El nivel de inversión (en el sentido de estar al revés) que tiene la Argentina es francamente notable. El país se había organizado para que las cuentas y las explicaciones fueran pedidas por los ciudadanos al poder, pero ahora hemos caído en un sistema en donde el funcionario debe estar exento de cualquier tipo de investigación y los ciudadanos sometidos a todo tipo de escudriñamiento.

Funcionarios por encima de la ley

El contraste que se advierte en la Argentina de estos días respecto de la diferencia de trato entre quienes pertenecen a la casta desigual del Estado y la gente común es sencillamente notable. Parece mentira que un país organizado institucionalmente exactamente al revés (es decir, en donde los ciudadanos deberían ser los que le piden explicaciones a los funcionarios) esté siendo el escenario de citaciones de particulares al BCRA para advertirlos de que el Estado sabe las operaciones financieras que están realizando, aun cuando esas operaciones sean perfectamente legales.

Es lo que denunció Marcelo Bonelli en Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las órdenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa. Continuar leyendo →