Resulta muy difícil mantener las expectativas institucionales en un nivel de esperanza alto cuando uno ve las cosas que ocurren en la Argentina, delante de las narices de todos.

Es cuestión de ver lo que sucede con causas que en otros países serían un escándalo de tal magnitud que hubieran puesto en apuros al más fuerte de los gobiernos. Nos referimos, claramente a la causa AMIA, a la del doble encubrimiento de los posibles autores del atentado, de la muerte violenta del fiscal especial de su investigación y a la firma del tratado que intentó llevar a la Argentina a negociar con los presuntos asesinos.

La primera de todas, la causa madre, hace 21 años que está bloqueada, sin avances, con acusados pero sin juicio, con enormes dudas sobre posibles conexiones locales y sin ningún horizonte de solución y de justicia para las víctimas.

Esa causa tiene, a su vez, dos sub-causas por encubrimiento. Una en donde Carlos Menem y Hugo Anzorreguy están imputados por encubrimiento y otra en donde la presidente Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman fueron acusados por el fiscal especial de la causa de montar una operación para salvar de la justicia a los acusados iraníes.

A su vez, para llevar adelante este último objetivo, esa fiscalía especial a cargo de Alberto Nisman supuso que se firmó un pacto inconstitucional con el gobierno de Ahmadinejah para saltear los tribunales argentinos y someter a los acusados a un “fallo” convenido con el presunto autor ideológico del crimen.

Cuatro días después de hacer pública semejante hipótesis y de plasmarla en una denuncia, Nisman apareció muerto con un tiro en la cabeza en el balo de su casa.

Esa causa fue un barrial desde el inicio y probablemente se haya echado tanta tierra y tanta agua en ese lodazal inicial que ya no se posible avanzar en ninguna luz aclaratoria. ¿Cómo es posible confiar o tener esperanzas en el funcionamiento institucional de la Argentina si las gravedades involucradas en estas causas pueden ser susceptibles de ser sometidas a una manipulación de tal porte como para que todo sea reducido a la nada?

Lo ocurrido con la apelación de la denuncia de Nisman en la Cámara Federal (Sala 1) es francamente inaudito. Tan inaudito como groseramente obvia la maniobra.

La apelación debía llegar al primer piso de Comodoro Py desde el segundo piso de ese edificio el miércoles antes de las 13:30 para que el impulso de la denuncia recayera en el fiscal Ricardo Weschler, un funcionario judicial de larga trayectoria, imparcial y no adicto a ninguna agrupación política.

Extrañamente, el escrito -que debía recorrer no más de 100 escalones- no llegó antes de las 13:30. A esa hora vencía el turno de Weschler  y comenzaba el de Javier De Luca, un fiscal de Justicia Legitima, cuya jefe política es la imputada en la denuncia.  A su vez la sala de Casación que debería tratar la causa -si es que De Luca recomienda abrirla (lo que en las presente circunstancias sería un milagro)- es la misma que decidirá la suerte de otro juez quien tiene en la mira a la presidente y a su familia por las actividades de Hotesur, el juez Claudio Bonadío.

También esa sala deberá decidir sobre la declaración de inconstitucionalidad del Memorandum con Irán, que antes había dictado la Sala 1 de la cámara Federal.

En medio de todas estas extravagancias, se tomó conocimiento oficioso sobre la existencia de canales de comunicación entre la presidencia y algunos jueces para sellar una especie de pacto de no agresión, por el cual se garantizara la no investigación del poder, como mínimo hasta las elecciones.

Resulta francamente increíble que quienes tienen supuestamente a su cargo la defensa última de los individuos frente al poder claudiquen ese alto cometido  en aras de arreglos cuyos beneficios solo ellos conocen.

Si alguien a esta altura tiene dudas de por qué la Argentina ha descendido a los infiernos del subdesarrollo luego de haber conocido las bondades de la civilización, de la abundancia y la afluencia del desarrollo, debería buscar la respuesta en estos meandros nauseabundos que han hundido la vigencia y el funcionamiento de las instituciones.

Si la justicia de los contratos, la seguridad jurídica de las inversiones y la previsibilidad de las normas se rigieran -como se rigen- por los mismos principios que en el país se han utilizado para manejar las causas que aquí comentamos, no es para nada extraño que aquí no venga nadie a poner un peso, como de hecho no vienen.

No hay casualidades en el mundo sino causalidades. Lo que le ocurre a la Argentina en materia económica -un notable languidecimiento de su performance y un diferencial inexplicable entre su realidad y su potencia- es consecuencia de la debilidad de las instituciones de limitación del poder del Estado, empezando, claro está, por la debilidad, la falta de jerarquía y la pusilanimidad de su Justicia.

Aunque parezcan cuestiones desconectadas, el que quiera explicar su pobreza y su falta de recursos, no debería mirar tanto a su billetera como a los sillones de sus jueces.