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Una descomposición total

Evidentemente el gobierno de Cambiemos no tenía idea del estado del país al 10 de diciembre de 2015. Recuerdo que al día siguiente de la asunción del presidente Macri desde estas columnas reclamamos la convocatoria a una “gigantesca conferencia de prensa” para revelar al mundo las condiciones en que el nuevo gobierno había recibido el Estado.

Obviamente se trató de una notoria inocencia de nuestra parte: la profundidad de la podredumbre es de tal magnitud que habría sido imposible trasmitirla a solo horas de haber asumido. Y conste que aquel reclamo estaba destinado a que se revelara un inventario más bien económico del estado del país. Pero con los acontecimientos de la triple fuga y de la posterior persecución no caben dudas de que la cuestión económica es casi una “decoración” de la degradación a la que el gobierno de los Kirchner -y fundamentalmente el de Cristina Fernández- ha llevado a la Argentina.

Los apóstoles de la supremacía del Estado han desmantelado el Estado. Aquella pantalla solo servía para el enriquecimiento personal, pero no para dotar a las instituciones y a las fuerzas públicas de la eficiencia y de la profesionalidad que deben tener en un país moderno.

Los argentinos han sido puestos ante una orfandad atroz. Por una impericia -o quizás connivencia- que no registra antecedentes entre los funcionarios públicos y el bajo mundo del delito, el país está completamente huérfano de fuerzas que lo cuiden.

Las nuevas autoridades prácticamente deberían estar haciendo muchas de las tareas de recaptura de Cristian Lanatta y Victor Schillachi con sus propias manos para estar seguros de que sus indicaciones se cumplen en tiempo y forma. Otro tanto cabría para la nueva custodia que debería tener Martin Lanatta: lo único seguro seria que poco menos el mismísimo presidente sea su carcelero.

En ese estado de indefensión se encuentra el Gobierno y el país entero. Este estado de cosas, conforme avance el tiempo y se progrese en la toma de conciencia sobre cómo ha quedado todo, debe darse a conocer a la sociedad.

De la misma manera que los números económicos de la provincia de Buenos Aires empiezan a conocerse con expresiones de espanto (deudas no registradas por 54.000 millones de pesos, deuda de 28.000 millones con el Banco Provincia, atraso en el pago a proveedores por 8.000 millones, deuda con la obra social estatal (IOMA) por 2.500 millones y con los municipios por 1.400 millones, y otros 16.000 millones en déficit de sueldos y aguinaldos) a nivel nacional el gobierno de Macri debe revelar el estado contable, la situación institucional, la mugre de los organismos de seguridad, su conexión con el narcotráfico, la cantidad de agentes estatales acomodados por el régimen, en fin, todo, dar a conocer el estado completo de descomposición al que doce años de populismo han sometido a la Argentina.

Se sabe que muchas veces los bienintencionados especulan con no revelar todo el mal cometido por los malintencionados para no seguir profundizando las divisiones y para dar un corte y una vuelta de página a un pasado oscuro. Incluso muchas veces especulan que, con ese proceder, los malintencionados se conviertan en bienintencionados. Olvídenlo con Cristina Fernández. Nada de lo que haga Cambiemos para bajar los decibeles del rencor hará que ella se desvíe un milímetro de su objetivo de destruir toda posibilidad de éxito para el nuevo Gobierno. Su norte la dirigirá a hacer cualquier cosa con tal de entorpecer, ensuciar, boicotear los pasos del presidente. Dará órdenes, reclamará lealtades, dispondrá estrategias, todo para lograr su meta que es regresar al poder para reinstalar un populismo recargado.

En ese marco no tiene sentido ser condescendiente, como indica la teoría Durán Barba: nadie recordará las responsabilidades manifiestas de la Sra. de Kirchner si el nuevo gobierno no las pone a todas y cada una en blanco sobre negro delante de la sociedad e, incluso, en manos de la Justicia.

El triste espectáculo del fin de semana que reveló cómo fuerzas penetradas por el delito luego de años de abandono material y espiritual en manos de un gobierno que se propuso poco menos que destruirlas, son capaces de jugar a favor de prófugos peligrosos, de engañar a los superiores de los que emanan órdenes precisas con coordenadas exactas, debe servir de lección no solo a Macri -para saber con qué bueyes ara- sino a toda la ciudadanía para saber separar la paja del trigo y señalar con toda fortaleza a los verdaderos responsables de este desquicio.

No hay ninguna razón para que los irresponsables demagogos que se enriquecieron ilícitamente durante años y que encima nos entregaron a semejante estado de indefensión se salgan con la suya. Estamos hablando de responsabilidades que deben ser primero reveladas a todos nosotros y luego cobradas con todo el peso de la ley.

La Justicia no puede estar ausente de este partido. Los jueces no pueden hacerse los zonzos. Su deber es desentrañar hasta su mayor profundidad toda esta decadencia infame y toda esta putrefacción maloliente.

Lo mismo vale para el peronismo que quiera convertirse de una buena vez en republicano. Su deber es expulsar de su partido a quienes, usando su sello, han llevado a las instituciones a este estado de desaprensión.

Si el gobierno, -dando a conocer el estado en que el país se encuentra de verdad y el plan que tiene para recuperarlo-, la oposición republicana -terminando de una buena vez con la especulación estúpida y acercando ideas para mejorar-, la Justicia –actuando como corresponde para poner presos a quienes tengan que ir presos- y la ciudadanía -entendiendo lo que realmente pasó aquí y quiénes son sus verdaderos responsables- no hacen lo que tienen que hacer la Argentina habrá perdido una oportunidad única para limpiar, de una buena vez, toda la mugre que tapa su futuro.

La hora de los argentinos

Finalmente Mauricio Macri juró como presidente. El protocolo estuvo adelantado a los horarios de la agenda durante todo el día. Ojalá ese haya sido un elemento simbólico de lo que viene: eficiencia, respeto, previsibilidad, falta de veleidades.

El discurso ante la Asamblea Legislativa fue un discurso con los ojos puestos en el futuro, básicamente convocando a la unidad y al trabajo en conjunto. Sólo se anunció una medida: la universalización de las asignaciones por hijo. Después, no hubo anuncios concretos de política económica ni mucho menos de medidas operativas. Los bancos funcionaron sin feriado cambiario, lo mismo que ocurrirá mañana. El mando se trasmitió en un día laborable, sin asueto de ningún tipo, en otro indicio de que el país necesita trabajar sin parar para salir del desastre económico al que fue conducido.

No obstante, una multitud voluntaria, ajena a los micros y a los punteros, se juntó en la Plaza de los Dos Congresos, a lo largo de la Avenida de Mayo y, sobre todo, en la Plaza de Mayo.

Macri saludó desde el balcón de la Casa Rosada en la que esperamos que sea su única aparición en ese lugar propio de imágenes no modernas de la política. Continuar leyendo →

Niembro y Tucumán: dos casos de enorme repercusión

Obviamente dos hechos reunieron en estos días toda la atención: la renuncia de Fernando Niembro a su candidatura por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y la declaración de nulidad de las elecciones en Tucumán por la Cámara Contencioso Administrativa de esa provincia.

El caso del periodista deportivo que acompaña a Mauricio Macri desde hace algunos años en la política tiene, evidentemente, distintas aristas -todas muy interesantes- desde las cuales observar el fenómeno.

En primer lugar, hay que decir que si la contratación de Niembro por parte del Gobierno de la ciudad estuvo fuera de la ley, está muy bien que el decoro lo haya llevado a la renuncia. Aunque no parezca, se trata de un gesto infrecuente en la política de hoy, en donde funcionarios de elevada jerarquía que han recibido acusaciones y hasta imputaciones de delitos concretos han seguido en sus cargos como si nada.

En segundo lugar, llama la atención la saña con la que algunos, incluida la mismísima Presidente, se han referido al tema y a la persona de Niembro, cuando sobre sus espaldas cuelgan sospechas de todo tipo y, por cierto, de una envergadura mucho mayor que el contrato que se atribuye al periodista. Continuar leyendo →

La “cristinización” de Scioli, una carta peligrosa

Daniel Scioli decidió ponerse un traje de antipatía para enfrentar las consecuencias de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Quizás sea un primer ensayo sobre el curso de modales kirchneristas que, aparentemente, ha decidido tomar.

Durante meses -si no años- trató de convencer a media ciudadanía de que, pese a ser “un hombre del proyecto”, él era distinto, dialoguista, educado, de buenas maneras.

Pero el desastre que es su provincia puesto de manifiesto por la inclemente naturaleza, sumada a la falta de controles y a una administración ineficiente, parece haber sacado de su centro al gobernador, que no tuvo mejor idea que salir al cruce de Mauricio Macri, del peor modo.

Durante mucho tiempo vendió la imagen de la amistad y de la relación de respeto que lo unía al hoy candidato de Cambiemos. Pero bastó que este comentara los trabajos de ingeniería hidráulica que harían falta en la provincia de Buenos Aires y que no se han hecho en todos estos años, para que el gobernador saliera con los tapones de punta.

A su juicio también estaría mal que los candidatos de la oposición hayan hecho comentarios sobre las inundaciones: según Scioli, esos son aprovechamientos políticos de las desgracias. Continuar leyendo →

El default judicial

Desde estas columnas hemos trasmitido incesantementew la idea -y la convicción- de que somos nosotros la principal causa de lo que nos pasa y de que somos nosotros los últimos responsables de lo que finalmente termina ocurriendo en la Argentina.

Eso está claro y surge hasta de la lógica democrática que, teóricamente, permite elegir. Pero también es cierto que algunos estamentos institucionales de la Argentina han fallado completamente a la hora de ejercer su función y no han sabido poner en funcionamiento los mecanismos que la Constitución prevé para que ciertos descalabros que hemos vivido en estos años se evitaran.

Nos referimos concretamente al deslucido papel que han jugado muchos jueces, empezando por la Corte Suprema de Justicia.

El último escalón de esa “sacada del (cuerpo) a la jeringa” ha sido la lavada de manos que se pegó el más alto tribunal cuando un fiscal lo convocó para que se expidiera sobre el caso de Luis María Cabral.

La Corte se sacó el balurdo de encima mediante una formalidad, que es como estar acomodando los cuadros del living en el medio de un incendio.

Resulta francamente triste ver tanta pusilanimidad y especulación política cuando los derechos y las libertades públicas están en juego. Uno no tiene demasiada noción acerca de qué más debería pasar en el país para que, quienes corresponda, se den por enterados de que lo aquí existe es un intento serio y profundo de instaurar un régimen de mano única en donde la división republicana de los poderes desaparezca. Se trata de un verdadero golpe constitucional con el aparente “respeto” por la Constitución.

En efecto, con la incomprensible anuencia de algunos jueces, lo que se intenta es saltear la Constitución, estableciendo un sistema paraconstitucional, que derogue lo dispuesto en 1853 y que lo reemplace por un nuevo orden diseñado por la hegemonía del Gobierno.

Se trata del más sofisticado intento de borrar el orden liberal, democrático y republicano de la Constitución sin pasar por los escabrosos procedimientos de reforma, para los que, los protagonistas de este anhelo, saben que no tienen los votos: “como no tenemos los votos lo vamos a hacer igual, haciendo como que lo hacemos dentro de la ley…”

El choque entre ese intento y la Constitución debería ser marcado por los jueces y es este el paso que está fallando. Es cierto que ya gran parte de la Justicia ha sido colonizada y que muchos casos que recaen en jueces partidistas son desechados precisamente por eso. Pero otros, que incluso han llegado al más alto tribunal, no han recibido el trato serio y preocupado que deberían haber tenido, sino que fueron respaldados, dándole el gusto a un Gobierno que no siente por las valoraciones republicanas el más mínimo respeto.

Se trata de una verdadera claudicación. El país no ha honrado su organización de reaseguro. Todas las precauciones habían sido tomadas por los constituyentes para que la Argentina no volviera a caer en el autoritatismo. Las mejores instituciones del mundo habían sido adaptadas en el texto de 1853 para que estuviéramos protegidos contra ese flagelo.

Pero quienes han tenido la responsabilidad de hacer funcionar ese sistema no has estado, evidentemente, a la altura de la circunstancias.

Es cierto que la sociedad tiene su parte gruesa de responsabilidad porque no se ha manifestado con su voto en contra de estos regímenes mesiánicos. Al contrario, ha votado a figuras carismáticas que han ido perfilando un gobierno de culto. Pero aquellas personas que se suponen formadas y que han llegado a ocupar los escaños reservados a la defensa última de la libertad, han defaulteado su deber. No se sabe si el miedo, si el amor a los sillones o si el matonismo han sido más fuertes que el amor por la dignidad y por la vigencia de los derechos civiles. Pero lo cierto es que el resultado práctico final es un páramo desierto cuando el ciudadano que aún le importa vivir en libertad levanta la mirada y busca casi desperadamente un auxilio.

El eslabón final para destruir la independencia de los poderes

En los últimos días de la pasada semana el Gobierno dio muestras acabadas de lo que es capaz de hacer con la Justicia y los jueces cuando considera que se afectarán sus intereses, sus conveniencias o sus temores más importantes. En una jugada cuya extensión no duró más de 96 horas, tiró por la ventana al juez Luis María Cabral que, como subrogante, ocupaba la vicepresidencia de la sala 1 de la Cámara de Casación Penal.

Ese tribunal teóricamente iba a dar a conocer el lunes pasado su decisión de confirmar la inconstitucionalidad del pacto con Irán, tal como ya lo había afirmado la Cámara de Apelaciones. Sorpresivamente, y por un comunicado de su presidente, la jueza Ana María Figueroa, el mismo lunes se anunció que la lectura del fallo se posponía.

La Dra. Figueroa el día martes envío un escrito al Consejo de la Magistratura advirtiendo sobre el vencimiento del plazo de las subrogancias para el próximo 30 de junio. A las siguientes 36 horas, el Consejo de la Magistratura por mayoría simple (la mayoría automática del oficialismo) desplazó de su lugar al Dr. Cabral y nombró a Marcelo Vázquez, un abogado militante que había defendido en varios medios el llamado “proyecto de democratización de la justicia”.

La decisión de la sala 1 de la Cámara de Casación, cuya lectura se esperaba el lunes, iba a ser contraria a la constitucionalidad del pacto con Irán por los votos de los doctores Cabral y Geminiani. La Dra Figueroa iba a votar en disidencia respaldando el memorándum.

El oficialismo ignoró todas las previsiones legales y constitucionales para llevar adelante esta operación. Manejó el Consejo cono si fuera una agencia dependiente del poder ejecutivo: una secretaría de Estado aparece con más poder que esa institución independiente prevista en la Constitución. El Consejo acató las órdenes moviéndose a la velocidad del rayo. Se trata del mismo organismo que demoró tres años para estudiar el caso del dudoso juez Oyarbide para luego terminar respaldándolo.

Los jueces subrogantes, además, no pueden ser reemplazados por otros subrogantes: su lugar debe ser ocupado por un juez natural y definitivo. Nadie podía sacar a Cabral de ese lugar nombrando un nuevo suplente. Se debería haber puesto en marcha el mecanismo de selección y elección de los jueces que prevé la Constitución con intervención del Consejo de la Magistratura, la presidente y el Senado. Nada de eso ocurrió.

Lo que sucedió, en cambio, fue una veloz operación que pone en evidencia cómo el Gobierno piensa manejarse de ahora en más con la estructura que, a través de Justicia Legitima, el Consejo y Gils Carbó ha montado en la Justicia.

Desde la denuncia del fiscal Nisman, el oficialismo venía apuntándose varios “éxitos” en su derrotero de encubrir lo que ha ocurrido allí. En primer, lugar logró que la Justicia desestimara la denuncia del fiscal muerto en extrañas circunstancias. Luego de que Nisman apareciera con un tiro en la cabeza en el baño de su casa y de que el cadáver de una mujer apareciera incinerado a una cuadra de allí sin que hasta ahora nadie se haya presentado a reclamar por ella, los fiscales Pollicita y Moldes tomaron la causa y la mantuvieron viva hasta que los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal, Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, la mandaron a archivar sin siquiera tener el mínimo acto de curiosidad judicial de mandar a producir al menos algunas de las casi 50 medidas de prueba solicitada por los fiscales. El fiscal Moldes apeló a Casación pero sugestivamente ese pedido entró al tribunal a una hora en la que el fiscal de turno en Casación había cambiado. El expediente cayó en manos del ultrakirchnerista De Lucca que no respaldó la apelación de Moldes, con lo que la causa se archivó.

Respecto de la muerte de Nisman, el Gobierno logró crear un lodazal tan grande en la causa que ya casi nadie sabe dónde está parado. La escena del crimen se destruyó –con participación oficial- la misma noche del descubrimiento, la fiscal Fein no estuvo nunca a la altura de las circunstancias y el aparato de propaganda oficial desacreditó al fiscal, a su vida privada y a su familia para crear un barro del que hoy es muy difícil salir. No sería extraño que más pronto que tarde la jueza Palmaghini se incline por la tesis del suicidio y mande las actuaciones al archivo.

De todo este paquete, el cabo suelto que quedaba era la decisión sobre la intrínseca inconstitucionalidad del documento que dio origen a todo el entuerto. La Justicia estaba a punto de dar a conocer esa decisión en un fallo confirmatorio de Casación, pero el kirchnerismo apretó el acelerador, desplazó a quien tenía que desplazar y ahora, seguramente, dará a conocer por una de las tantas escribanías que fabricó durante su mandato (en este caso una de las salas de la Cámara de Casación Penal), la decisión de declarar constitucional el pacto con Irán.

Se trata de una situación de suma gravedad sobre la que no se sabe si existe suficiente conciencia en la sociedad. El Gobierno ha avanzado, justamente, sobre ese desdén. Dándole a la Justicia el valor que no le da quien más debería hacerlo -el ciudadano común, a la protección de cuyas libertades está dirigido en primer lugar el accionar de los jueces- el kirchnerismo entendió desde la primera hora que su proyecto de hegemonía y de absolutismo no sería posible con  una prensa y magistrados independientes. Por lo tanto dirigió sus cañones a terminar tanto con una como con la otra. Una incomprensible ceguera cívica hizo posible que avanzara enormemente en su ambición y en el logro de su objetivo.

Comisiones especiales

El  artículo 18 de la Constitución establece claramente que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales”.

Las “comisiones especiales” eran una norma en la dictadura rosista durante la cual era común someter a los opositores al régimen a “juicios populares” llevados a cabo por una variante de la mazorca con el nombre de “comisión especial de juzgamiento”

Se trata también de un expediente común en los totalitarismos que pretenden teñir de “avanzada popular” lo que no es otra cosa que una de las tantas manifestaciones de un régimen opresivo.

La característica principal de las comisiones especiales es la discrecionalidad y lo arbitrario de su composición y ensañamiento: nadie está seguro bajo un régimen de comisiones especiales, ni siquiera aquellos que son partidarios de ellas, porque como hoy están sentados en las bancas de los acusadores, mañana podrán estar en el banquillo de los acusados.

La ley general y ecuánime es el remedio constitucional contra esta arbitrariedad. No obstante, los constituyentes creyeron conveniente ser aun más rotundos y decir con todas las letras que ningún ciudadano puede ser sometido a los caprichos de una “comisión especial”

El sometimiento artero y de baja estofa contra el juez Fayt no es otra cosa que esto: la constitución de una “comisión especial” para juzgar a una persona por haber cometido el delito de cumplir años.

La declaración del jefe de Gabinete Aníbal Fernández en el sentido de que “si el juez no se somete a la requisitoria, la cuestión podría ser peor” constituye una amenaza contra las instituciones de la República que, sin más trámite, debería provocar su renuncia, por una abierta y confesada pugna con los principios establecidos en la Constitución, en donde se protegen los derechos y las garantías de la personas.

Quienes participan o endosan esta locura ni siquiera advierten que mañana podrían quedar atrapados por ella. Disfrutan alegremente de su posición de fuerza como si esta fuera a extenderse por siempre. Pero se les escapa que aquí no hubo un “ejercito” vencedor que hace gala de sus botas y de sus armas frente a ciudadanos vencidos e indefensos. Aquí gobierna la ley. Y la ley impide el atropello y las “comisiones especiales” para revisar personas. Aquí la ley impide botas pateando puertas y fuerzas de choque empujando ciudadanos.

Cuando se quiere impulsar un modelo estadocéntrico de la magnitud y profundidad que el que el kirchnerismo ha querido instaurar en la Argentina, muy particularmente a partir del año 2011, uno llega a la conclusión de que eso no se puede hacer manteniendo al mismo tiempo un sistema de libertades individuales y garantías constitucionales. Tarde o temprano ese modelo estadocéntrico lleva naturalmente  al autoritarismo.

Nos estamos acercando peligrosamente a esa etapa. Por lejana que parezca la situación por la que atraviesa el juez Fayt del tipo de modelo económico y de perfil social que el kirchnerismo ha querido instaurar, nos daremos cuenta, a poco que indaguemos, que ambas pretensiones están íntimamente vinculadas y responden a las mismas necesidades. No se puede hacer una cosa sin caer necesariamente en la otra.

El guerrillerismo ideológico, el marxismo económico y el fascismo político terminan siempre en “comisiones especiales”. Ha sido esa la regla del mundo y, por más original que se crea el kirchenrismo, no ha logrado escapar de esa regla de oro.

El asalto final a la Justicia

La indisimulada embestida contra la Corte no por obvia parece tener impacto en la sociedad, al menos de una manera electoralmente decisiva o que implique un impacto en la imagen del Gobierno o de la propia presidente. Parecería que el grueso de la cuidadanía no ha alcanzado a comprender aun que una administración con poder discrecional sobre las tres jurisdicciones del Estado es en su propio perjuicio y solo en beneficio de los que mandan.

La figura del Dr. Carlos Fayt ha sido la elegida para ensayar un copamiento a como dé lugar del más alto tribunal del país. Se trata del asalto final a lo que queda como estructura semi-independiente destinada a proteger los derechos civiles contra el poder arbitrario. Parece mentira que gran parte de la gente no entienda que ese mecanismo constitucional (que el Gobierno quiere demoler) ha sido diseñado en su beneficio y para limitar el poder avasallante del presidente y de un eventual Congreso dominado por una sola fuerza.

Los constituyentes hace 162 años fueron tan inteligentes que previeron que podía pasar lo que está pasando ahora. O fueron tan observadores que quisieron evitar otro episodio como el de la dictadura rosista.

Pero parecería que una indómita fuerza idiosincrática lleva a la sociedad a caer naturalmente en estos aluviones populistas y antidemocráticos, bajo el velo, justamente, de que esa marea sin límites que todo lo atropella es la mejor definición de la democracia.

El argumento utilizado hasta ahora contra Fayt es su salud psicofísica; crear la duda de si un hombre de 97 años está en condiciones de seguir entendiendo los mecanismos de la Constitución y si cumple con la condición de idoneidad para el ejercicio del cargo

No tengo pruebas de cómo se encuentra el juez Fayt desde ese punto de vista porque no lo veo desde hace 25 años. Más allá de que son incontables los casos de lucidez –y hasta de brillantez- intelectual en gente de edad avanzada, lo que sí parece indubitable es que es nada más y nada menos que la Presidente la que ignora por completo el diseño de la letra y, sobre todo, del espíritu constitucional.

La semana pasada, en respuesta a lo que había dicho el presidente de la Corte, el Dr Ricardo Lorenzetti, en el sentido de que la misión del Poder Judicial en general y de la Corte en particular es limitar el poder de los otros dos poderes a través del control de constitucionalidad de las leyes, la Presidente dijo textualmente: “el único control es el del pueblo”.

Pocas frases pueden condensar en siete palabras una aberración tan contundente. Resulta francamente grave que la jefa de Estado trasunte semejante nivel de desconocimiento acerca de cómo funciona el sistema republicano organizado por la Constitución. Si hay algo que los constituyentes quisieron evitar fue justamente el “llamado control por el pueblo”.

La razón es muy sencilla de comprender. “El pueblo” como ente controlador no existe: no tiene una organización jurídica, no tiene procedimientos y tampoco tiene el ejercicio monopólico de la coacción. Por lo tanto la frase “el único control es el del pueblo”, no es más que un desiderátum populista. Siguiendo ese criterio también podríamos -como reemplazamos el control de constitucionalidad ejercido por la Justicia por un control único ejercido por el “pueblo”- reemplazar las cárceles convencionales por “cárceles del pueblo” como las que usaban, justamente, las organizaciones criminales de los 70 que, en la terminología de la Constitución “se arrogaban la representación del pueblo”

De todos modos, la Presidente no es la responsable última de estas inconsistencias graves con la libertad. Ella cumple con el perfecto manual del demagogo populista endulzando los oídos de la gente que parece idiotizarse cuando escucha la palabra “pueblo”. Ella  conoce perfectamente cuáles son sus limitaciones, aquellas cosas que no puede hacer y por qué no podría hacerlas. Pero también sabe que eso no le conviene a sus intereses y a sus objetivos de ir por todo, entonces se ha propuesto testear la convicción libertaria de la sociedad. Y ese examen le está dando bien. Estira y estira la soga del poder y los argentinos siguen adormecidos, embobados con alguien que les dice que “ellos” tienen el control, que no tiene de qué preocuparse porque ella está allí para defender la “voluntad popular” contra los poderes oligárquicos y concentrados.

La Constitución quería otra cosa: quería investirnos de derechos inviolables para que, con su ejercicio, las decisiones de nuestras vidas las tomemos nosotros. Para garantizarnos esos derechos puso a nuestra disposición un Poder Judicial encargado de decirle al Gobierno: “Señor, no puede traspasar esta línea”. Pero a nosotros nos ha resultado más cómodo vivir como soldados.

La claudicacion de la Justicia

Resulta muy difícil mantener las expectativas institucionales en un nivel de esperanza alto cuando uno ve las cosas que ocurren en la Argentina, delante de las narices de todos.

Es cuestión de ver lo que sucede con causas que en otros países serían un escándalo de tal magnitud que hubieran puesto en apuros al más fuerte de los gobiernos. Nos referimos, claramente a la causa AMIA, a la del doble encubrimiento de los posibles autores del atentado, de la muerte violenta del fiscal especial de su investigación y a la firma del tratado que intentó llevar a la Argentina a negociar con los presuntos asesinos.

La primera de todas, la causa madre, hace 21 años que está bloqueada, sin avances, con acusados pero sin juicio, con enormes dudas sobre posibles conexiones locales y sin ningún horizonte de solución y de justicia para las víctimas.

Esa causa tiene, a su vez, dos sub-causas por encubrimiento. Una en donde Carlos Menem y Hugo Anzorreguy están imputados por encubrimiento y otra en donde la presidente Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman fueron acusados por el fiscal especial de la causa de montar una operación para salvar de la justicia a los acusados iraníes.

A su vez, para llevar adelante este último objetivo, esa fiscalía especial a cargo de Alberto Nisman supuso que se firmó un pacto inconstitucional con el gobierno de Ahmadinejah para saltear los tribunales argentinos y someter a los acusados a un “fallo” convenido con el presunto autor ideológico del crimen.

Cuatro días después de hacer pública semejante hipótesis y de plasmarla en una denuncia, Nisman apareció muerto con un tiro en la cabeza en el balo de su casa.

Esa causa fue un barrial desde el inicio y probablemente se haya echado tanta tierra y tanta agua en ese lodazal inicial que ya no se posible avanzar en ninguna luz aclaratoria. ¿Cómo es posible confiar o tener esperanzas en el funcionamiento institucional de la Argentina si las gravedades involucradas en estas causas pueden ser susceptibles de ser sometidas a una manipulación de tal porte como para que todo sea reducido a la nada?

Lo ocurrido con la apelación de la denuncia de Nisman en la Cámara Federal (Sala 1) es francamente inaudito. Tan inaudito como groseramente obvia la maniobra.

La apelación debía llegar al primer piso de Comodoro Py desde el segundo piso de ese edificio el miércoles antes de las 13:30 para que el impulso de la denuncia recayera en el fiscal Ricardo Weschler, un funcionario judicial de larga trayectoria, imparcial y no adicto a ninguna agrupación política.

Extrañamente, el escrito -que debía recorrer no más de 100 escalones- no llegó antes de las 13:30. A esa hora vencía el turno de Weschler  y comenzaba el de Javier De Luca, un fiscal de Justicia Legitima, cuya jefe política es la imputada en la denuncia.  A su vez la sala de Casación que debería tratar la causa -si es que De Luca recomienda abrirla (lo que en las presente circunstancias sería un milagro)- es la misma que decidirá la suerte de otro juez quien tiene en la mira a la presidente y a su familia por las actividades de Hotesur, el juez Claudio Bonadío.

También esa sala deberá decidir sobre la declaración de inconstitucionalidad del Memorandum con Irán, que antes había dictado la Sala 1 de la cámara Federal.

En medio de todas estas extravagancias, se tomó conocimiento oficioso sobre la existencia de canales de comunicación entre la presidencia y algunos jueces para sellar una especie de pacto de no agresión, por el cual se garantizara la no investigación del poder, como mínimo hasta las elecciones.

Resulta francamente increíble que quienes tienen supuestamente a su cargo la defensa última de los individuos frente al poder claudiquen ese alto cometido  en aras de arreglos cuyos beneficios solo ellos conocen.

Si alguien a esta altura tiene dudas de por qué la Argentina ha descendido a los infiernos del subdesarrollo luego de haber conocido las bondades de la civilización, de la abundancia y la afluencia del desarrollo, debería buscar la respuesta en estos meandros nauseabundos que han hundido la vigencia y el funcionamiento de las instituciones.

Si la justicia de los contratos, la seguridad jurídica de las inversiones y la previsibilidad de las normas se rigieran -como se rigen- por los mismos principios que en el país se han utilizado para manejar las causas que aquí comentamos, no es para nada extraño que aquí no venga nadie a poner un peso, como de hecho no vienen.

No hay casualidades en el mundo sino causalidades. Lo que le ocurre a la Argentina en materia económica -un notable languidecimiento de su performance y un diferencial inexplicable entre su realidad y su potencia- es consecuencia de la debilidad de las instituciones de limitación del poder del Estado, empezando, claro está, por la debilidad, la falta de jerarquía y la pusilanimidad de su Justicia.

Aunque parezcan cuestiones desconectadas, el que quiera explicar su pobreza y su falta de recursos, no debería mirar tanto a su billetera como a los sillones de sus jueces.

El peso de las instituciones

La jugada presidencial que se supone realizaría con la Corte Suprema puede arrojar paradojas notorias en los años por venir. Como se sabe, la idea que amasa el Secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y la Presidente es aumentar el número de miembros del máximo tribunal para luego llenar esos cargos con jueces adictos.

Hoy en día la Corte está integrada por cuatro miembros. De acuerdo a la ley que patrocinó la propia Presidente cuando era senadora, el número de jueces debía estabilizarse en 5 por la vía de no reemplazar las vacantes que se fueran produciendo desde que tenía nueve.

En su actual composición, los jueces Lorenzetti, Maqueda y Fayt suelen votar en el mismo sentido (en contra de los intereses del Gobierno, aunque esto es solo una aproximación genérica, como demostró el crucial fallo de la ley de medios) y Highton de Nolasco en sentido diferente (más cercano al oficialismo).

La primera carta del gobierno se llamaba Roberto Carlés. Pero esa carta no pasará el corte del Senado. El voto para la ampliación en un voto simple del Congreso. El Gobierno tiene los votos para eso, aunque luego le volverán a faltar los dos tercios para llenar los cargos con jueces nuevos. La idea entonces sería colocar conjueces de la larga lista aprobada el año pasado en el Senado por simple mayoría, en una jugada considerada anticonstitucional por gran parte de la doctrina.

¿Cual es el objetivo de estas jugadas? Por supuesto, seguir teniendo el control de constitucionalidad de las leyes bajo manos confiables.

Si lograra eso y perdiera las elecciones a nivel presidencial, podríamos entrar en el escenario casi paradójico de ver al kirchnerismo llenarse la boca con la teoría de la independencia del Poder Judicial para defender una Corte “independiente” de un Poder Ejecutivo en manos de otro partido.

Veamos la cuestión desde el otro punto de vista. Supongamos que el Gobierno no logra ese ideal, que la Corte llega con cuatro miembros al 10 de diciembre y que el próximo presidente puede llenar esa vacante con un juez definitivo.

Esa posibilidad volverá a depender de que el que resulte electo tenga los dos tercios de los votos en el senado para aprobar a su candidato. Resulta muy difícil que eso vaya a ocurrir. Hay que tener en cuenta que ni siquiera el kirchnerismo con su actual situación de privilegio en el Congreso llega a cumplir ese requerimiento con votos propios. De modo que puede darse el caso de que el cuerpo funcione con uno o cinco conjueces, dependiendo de que el proyecto de ampliación efectivamente se presente y apruebe.

Una Corte de nueve jueces con cinco conjueces adictos y una jueza con votos históricos cercanos al gobierno, vuelve a presentarnos el escenario de la paradoja o el cinismo que describíamos más arriba.

Un horizonte mucho mas lejano es que el Gobierno no pueda imponer su criterio y que el nuevo presidente, por las razones que fueran, lograra designar jueces de su elección. Esa situación -lejana de por sí- sería, a su vez, diferente, si el número de jueces fuera de 5 o 9.

Si fuera de 5 estaríamos frente a una situación de virtual equilibrio. Nadie sabe cómo comenzaría a votar el juez Maqueda, por ejemplo, con un Macri presidente. Tampoco es seguro lo que hará Fayt después del 10 de diciembre si quien gana no es kirchnerista. Algunos dicen que el juez de 97 años finalmente se retiraría. Eso volvería a darle una oportunidad al futuro mandatario, pero con todas las restricciones que ya apuntamos.

Si fuera de nueve miembros, el nuevo presidente podría hacer dos cosas: enviar un proyecto para derogar la ley que elevó el número y enviar el pliego de un solo candidato propio; o mantener la ley y enviar cinco pliegos. Si milagrosamente, (de nuevo, por las razones que fueran) lograra nombrar esos magistrados y estos fueran realmente impecables, se podría estar frente a la inauguración de una especie de milagro en la Argentina, esto es, que comience a funcionar un atisbo de institucionalidad y de justicia independiente, aquella que muchos (no nosotros) creyeron ver en la Corte designada por Kirchner en 2003.

De todos modos, el solo hecho de que hayamos utilizado todas estas líneas para especular lo que podría pasar en uno y otro caso con la Coste Suprema de Justicia es suficiente evidencia de que la Argentina no es un país institucional y que el diseño de la Constitución para equilibrar el poder ha sido salteado por la política que, evidentemente, ha encontrado la manera de sujetar el balance judicial a sus gustos y conveniencias.

Esa debilidad institucional es el sello más distintivo del país. El hecho de que los gobernantes no sean esclavos de las instituciones sino que, al contrario, hayan encontrado la vuelta para atar las instituciones a sus preferencias, es lo que ha transformado al país de una nación desarrollada en el comienzo del siglo XX a un país subdesarrollado en el siglo XXI. Los flujos de capital que se precisan para multiplicar la abundancia huyen de países gobernados por caprichos y prefieren dirigirse a aquellos en donde el Derecho y la Ley imperan sobre la voluntad de los caudillos.

Resulta curioso cómo, finalmente, la pobreza y el nivel de vida de la sociedad no termina definiéndose por la aplicación de una u otra teoría económica sino por la vigencia o no de instituciones libres e independientes. En la propia región se demuestra que países que aplican teorías económicas que podrían decirse no son “capitalistas” de todos modos progresan porque garantizan la vigencia de instituciones imparciales. Es el caso de Chile (en manos de una alianza socialista), de Uruguay y de Perú, todos en manos de gobiernos de centro-izquierda.

Es el populismo caudillista el que genera pobreza y condena el empleo y el progreso económico de los países. Es la mentalidad militarista de las decisiones verticales impuestas por un “conductor” y obedecidas por una manada de sumisos lo que aleja el desarrollo y la multiplicación de la riqueza.

El intento de seguir cooptando la Corte bajo el ala de un caudillo es una muestra más de la rebeldía que el país tiene para con la modernidad institucional. Sin ella seguiremos hundiéndonos en una pobreza generalizada más allá de los esfuerzos que se hagan para que ella aparezca como mejor repartida.