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El gran plan del kirchnerismo

De todas las estrategias tendientes a cumplir la máxima de Máximo (“eventualmente entregaremos el gobierno pero no entregaremos el poder”) la que empieza a desarrollarse en la Justicia es, sin dudas, la más ambiciosa de todas las ya emprendidas (y algunas ejecutadas) por el kirchnerismo.

En efecto, ni el copamiento de la ex SIDE, los órganos de control, la Procuraduría General, gran parte de la administración central a través del nombramiento de miles y miles de empleados, de varias fiscalías y estamentos inferiores de la Justicia, se compara contra el intento de colonizar la Corte Suprema.

El primer round de esa batalla está por empezar a ejecutarse en los próximos días, cuando comience el debate en la comisión de acuerdos del Senado del pliego de Roberto Carlés para ser designado juez del tribunal máximo.

Como se sabe, la Constitución establece que ese acuerdo necesite de los 2/3 de los miembros presentes de la Cámara para que el postulante sea respaldado. Por otro lado, es de público conocimiento que los 28 senadores de la oposición han firmado un documento en el que se comprometen a no aprobar ningún candidato que el gobierno proponga en lo que le queda de mandato.

Un primer “lance” que el oficialismo se estaría tirando, dicen algunos, es repetir la estrategia “Reposo”. Esto es, mandar al frente -a propósito- a un impresentable para que sea efectivamente rechazado y con ello conmover la conciencia de algún senador de la oposición que no se atreva a rechazar dos candidatos consecutivos.

Esa táctica consistiría en tener, por detrás de Carlés, al verdadero candidato que el gobierno quiere colocar en la Corte (en este caso “candidata”), la jueza de Casación Ana María Figueroa, actualmente en Cuba, de vacaciones. Es lo que siempre sospechamos desde estas columnas respecto de Gils Carbo: ella era la destinataria final de la Procuración; Reposo fue una marioneta que se prestó a un juego humillante exponiéndose a que lo echaran a patadas para que, luego, un currículum más presentable fuera aprobado.

Otros entienden que no, que el sacapresos Carlés podría ser, en efecto, el candidato final y que la Casa Rosada estaría trabajando para hacer que de los 28 senadores opositores que firmaron el compromiso de no aprobar candidatos del gobierno den quorum pero misteriosamente se ausenten de la sesión una vez comenzada. Como la Constitución pide 2/3 de los miembros presentes, con 4 ausentes el oficialismo podría intentar tener el mínimo que precisa.

Otro conjunto de interpretadores considera que se puede estar frente a una combinación de todas estas opciones e incluso de un plan más ambicioso que tienda a aumentar el número de miembros del tribunal de cinco a nueve.

Resultaría una paradoja, porque el proyecto para reducir el número de jueces de 9 a 5 fue justamente una iniciativa de la entonces senadora Kirchner, que, ahora, por las razones políticas inversas impulsaría la idea contraria.

Si los senadores de la oposición que firmaron el documento de compromiso se mantuvieran fieles a él, entonces Carlés no será juez, y, por los mismos motivos, Figueroa tampoco. En ese caso el proyecto alternativo de aumentar el número de jueces cobraría más fuerza.

Para aprobar un proyecto como ese, el oficialismo no necesita mayorías especiales porque se trataría de un proyecto de ley común y silvestre, pero luego, obviamente, volvería a encontrarse con la dificultad de los senadores que firmaron el documento de compromiso y no podría designar los nuevos jueces para llegar a 9 miembros.

En ese caso, la especulación dice que el gobierno estaría en condiciones de argumentar que la Corte está en franca minoría (cuatro jueces activos contra nueve que la eventual nueva ley estaría disponiendo) y que por lo tanto es necesario nombrar conjueces.

Como se sabe, hace poco, el oficialismo aprobó en el Senado una larga lista de conjueces adictos con mayoría simple bajo el argumento de que, como justamente, no son “jueces” sino “conjueces”, entonces no se necesitaban los 2/3 de los miembros presentes.

Esta teoría fue discutida con fundamentos más que suficientes por varios constitucionalistas por el hecho de que lo que debe tomarse en cuenta es la función que esos jueces van a estar llamados a cumplir en el caso de que se los necesite: si van a sentarse en un escaño de la Corte, pues entonces precisan de los mismos requisitos que un juez de la Corte, por lo que un nombramiento con menos de los 2/3 de los votos no sería válido.

Naturalmente, como era de esperarse, los aprobaron de todos modos. Esos conjueces serían ubicados ahora en los sillones del más alto tribunal en el caso de que el proyecto de elevación del número prospere.

Obviamente de todos los planes tendientes a no entregar el poder, éste es el más importante, duradero y ambicioso. Si tiene éxito la próxima administración, escuchará como nunca el argumento de que la Justicia es un poder independiente y de que está allí para controlar y limitar la acción del Poder Ejecutivo. Delicias del kirchnerismo, que le dicen.

Las confesiones brutales de la Presidente

No hay caso: la espontaneidad es tremenda. Puede provocar confesiones brutales, sincericidios gruesos. Y en días exultantes puede ser más peligrosa aún. Fue lo que ocurrió el jueves con la Sra. de Kirchner y su “Aló Presidente” del día en que la Sala 1 de la Cámara Federal había desestimado la denuncia de Nisman-Pollicita-Moldes.

Era notorio que la Presidente estaba eufórica. No había más que notar su tono de voz y sus expresiones.

Ya horas antes se habían comenzado a expresar funcionarios y operadores cercanos al Gobierno en el sentido de que “hay que respetar los fallos de la Justicia…” y “no se puede decir que un fallo no me gusta porque no salió como quería…”

¿Perdón? ¿Hay que respetar los fallos de la Justicia? ¿No se puede decir que un fallo no me gusta cuando no sale como queremos? ¡Pero si eso es precisamente lo que el Gobierno hace cuando algún juez osa con contradecirlo, investigarlo o poner bajo juzgamiento las conductas de sus funcionarios!

¿O no fue la mismísima Presidente, acaso, la que acuñó la frase del “partido judicial”, insinuando que los jueces hacen política para producir un golpe? Entonces, va de nuevo, ¿qué es eso de que “hay que respetar los fallos de la Justicia”? ¿O la Presidente y sus funcionarios sugieren que solo hay que respetar los fallos que los favorecen a ellos y lanzar consignas golpistas o de “partido judicial”  cuando le son adversos?

Porque si fuera así entonces estaríamos ante la confesión lisa y llana de que solo se aceptaría una Justicia que condene a enemigos y absuelva a a us amigos o al propio Gobierno y a sus funcionarios. ¿Y entonces para qué tenerla? ¡Si ya conoceríamos sus fallos de antemano: si el oficialismo, sus funcionarios o sus amigos son una parte del caso, la sentencia los favorecerá! ¡Siempre!

Otra salida estomacal de la Presidente fue la referida a las cadenas nacionales. Como sabe que aburren, la Sra. de Kirchner intentó justificarse. ¿Y qué dijo? Bueno, dijo que “una (cadena nacional) de tanto en tanto… Después de todo ‘nosotros’ nos tenemos que bancar las cadenas nacionales de ‘ellos’ todos los días, con mentiras, refritos, todo el día diciendo lo mismo, repitiendo la misma noticia 50 veces… Nos tenemos que bancar (‘nosotros’) que nos metan miedo (‘ellos’)… No voy a decir cuál pero la abuela de un ministro toma Rivotril por las cosas que mira y escucha por la televisión…”

Se trata de un párrafo para la historia. Yo no sé si la presidente piensa lo que dice o -de vuelta- si una espontaneidad incontenible en un día, para colmo, exultante, la traiciona sin querer. Pero las confesiones tácitas que aparecen en ese sólo pasaje, alarman.

¿Cuál es el escenario ideal que impera en la cabeza presidencial respecto del periodismo, la libertad de expresión y los medios? ¿Cree la presidente, sinceramente, que ella debe hacer un esfuerzo de “compensación” para “equilibrar” lo que dicen los medios libres y por lo tanto debería estar al aire todo el tiempo con “su” versión de las cosas? ¿Tendrá como escenario ideal el de un caudal de cadenas nacionales igual al que los medios independientes disponen utilizando su propio aire? Según su escenario ideal, ¿el Estado debería expropiar del aire de los medios privados tanto tiempo como el que disponen ellos para poder trasmitir las “verdades” del Gobierno? ¿O quizás, mejor aún, el escenario ideal sería el de que los medios privados deberían callarse y solo debiera escucharse la voz oficial?

Y si todas estas posibilidades de escenarios ideales se verificaran en los hechos, ¿sería eso una democracia? Porque en la democracia, la posibilidad de expresar disidencias existe y no por eso los presidentes o los primeros ministros atosigan a su gente con largas peroratas en cadenas nacionales. Salvo, claro está, en países como Venezuela, que ha materializado en gran parte lo que seguramente coincide con el ideal presidencial: que solo se escuche la voz de Maduro.

La Presidente también olvida que lo que ella llama “cadenas nacionales de “ellos”, están sujetas a los vaivenes de zapping, algo que su obligatoria presencia en la pantalla impide. Si le molesta que un determinado medio reúna una porción importante de la audiencia total, debería preguntarse por el estrepitoso fracaso de su táctica de copamiento de los medios que, pese al dinero que se despilfarra en pagar estructuras y comunicadores a sueldo, no logra que nadie los mire.

Y por supuesto, en la misma parrafada sincericida, aparece de nuevo el “nosotros” y el “ellos” como si solo ella representara la argentinidad y los que dicen cosas que no le gustan fueran extranjeros y no argentinos; como si el país estuviera dividido en dos y solo uno fuera “la Argentina” y el otro quién sabe qué.

La confesión tácita y brutal de la Sra. de Kirchner vuelve a reafirmar que ella actúa como la Presidente de sólo un conjunto de argentinos; de su conjunto. Que hace rato que no le interesa ser la presidente de todos y que no encuentra en el escenario social de que los ciudadanos puedan convivir armónicamente pese a sus disidencias, ninguna ventaja respecto del sistema que a ella debe gustarle: el de la barraca militar en donde todo debe estar pintado de un solo color, una sola es la voz de mando, una sola es la noticia, una sola es la versión que sirve, donde no hay “partidos” sino “conducción” y “obediencia” y donde solo una es la verdad.

No hay ninguna guerra

A fuerza de repetir frases hechas, las realidades se van formando como un callo que luego nadie se toma el trabajo de esmerilar. Algo así está ocurriendo con la llamada guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En rigor de verdad no hay tal guerra. O mejor dicho, no puede haberla.

El Poder Judicial es un órgano del Estado que no actúa por sí mismo. Salvo en los delitos de acción pública del Derecho Penal, en donde la Justicia tiene el deber de actuar de oficio más allá del interés que muestre el particular damnificado en iniciar o impulsar la causa.  En todos los demás casos ningún juez ni ningún fiscal puede mover un dedo si no hay un particular que les pida su intervención.

Cuando el Gobierno se enoja porque la Justicia detiene sus proyectos tachándolos de inconstitucionales o los demora por la aplicación de medidas cautelares es -siempre- porque un ciudadano privado le ha pedido auxilio a los jueces para que lo protejan.

De modo que el oficialismo equivoca su enojo y, fundamentalmente, yerra el destinatario de sus diatribas. Si los jueces actúan es, primero, porque los particulares se lo piden y, segundo, porque encuentran en esas inquietudes razones legales o constitucionales suficientes para poner en marcha la protección.

La Presidente entonces, en lugar de dirigir insultos velados, sarcasmos inútiles y ácidas indirectas a los jueces, debería preguntarse por qué tantos ciudadanos quieren protegerse de ella; por qué tantos particulares golpean la puerta de los juzgados para decir “Sr. juez, por favor, sálveme de este atropello”.

Para eso fue creada la Justicia, para estar pronta a atender esos ruegos. En los absolutismos no había alternativas, ni plegarias que funcionaran: la voluntad omnímoda y arbitraria del monarca disponía de la vida y la hacienda de todos como si todo le perteneciera. El rey no daba explicaciones ni nadie podía pedírselas. Tampoco existía un cuerpo que revisara sus arbitrariedades. Lo que él decidía era ley porque se suponía que su poder derivaba de Dios.

La Sra. de Kirchner parecería en muchos casos querer replicar aquellos esquemas de la Edad Media. Pretende trasmitir la idea de que su poder deriva de una entidad sobrenatural (que ella llama “voluntad popular”) y que como tal, ella y sus decisiones, no pueden ser discutidas por nadie.

Pues bien, ese esquema terminó en el mundo pretendidamente civilizado hace 4 siglos. No hay aquí ninguna entidad suprahumana de la cual derive un poder que se deposite en cabeza de nadie. Todos somos iguales ante la ley y el “poder” dejó de ser uno para transformarse en tres. Lo único que importa en el Estado de derecho es la capacidad del sistema para defender derechos concretos de personas concretas. Ningún colectivo difuso a cuyo caballo quiera subirse algún  delirante con intenciones de replicar los absolutismos del pasado, puede reemplazar el sistema de derechos civiles y de limitación del poder el Estado.

Dentro de ese esquema, la Presidente debería primero saber  que sus decisiones están sujetas a las restricciones que ese sistema de derechos individuales les impone. Porque no hay nada superior a los derechos individuales.

Si una decisión presidencial viola un derecho, el titular del derecho agredido podrá pedir la intervención de un juez para que haga cesar los efectos de esa medida presidencial respecto de su persona. Luego, por supuesto, la influencia de la jurisprudencia hará posible que la iniciativa del presidente cese no solo para ese particular damnificado sino para todos los que aleguen estar en su misma condición.

Pero allí no hay ninguna guerra. Lo que está pasando es el funcionamiento normal de la Constitución. Es lo que ocurrió con la Ley de Medios y con la “democratización de la Justicia”: las iniciativas están paradas porque hay particulares que las discuten y que lograron o declaraciones de inconstitucionalidad o medidas cautelares que los protegen.

Presentar proyectos para restringir o suprimir las medidas cautelares o para dificultar el control de constitucionalidad de las leyes, son todos intentos de pretender volver a instaurar un sistema de gobierno absoluto, previo a la civilización del Estado de Derecho.

En cuanto a las actuaciones de la justicia federal penal -si bien, como dijimos, ésta sí tiene la obligación de actuar de oficio cuando entra en conocimiento de la comisión de un delito- las causas en trámite (casos de corrupción, de lavado de dinero, de desvío de fondos de la obra pública, de enriquecimiento ilícito, etc.) también fueron activadas por personas, sean estas particulares o diputados representantes del pueblo que han creído conveniente llamar la atención de los jueces para que éstos verificaran el uso de los recursos del Estado, que no son -obviamente- de propiedad de los bolsillos de quienes gobiernan, sino de toda la sociedad.

De modo que la postura de la Presidente y, en general, de todos los aplaudidores profesionales que integran su administración, acerca de que el Poder Judicial les ha declarado una guerra porque quiere “gobernar” en su lugar, es, como mínimo, una burrada; un indicio de que no tienen la más pálida idea de cómo está preparado el sistema para funcionar, y, como máximo, un intento directo, pero enmascarado, de replicar a los gobiernos absolutos de los siglos XV o XVI.

La Presidente pretende replicar en el país la organización militar que ella le da a su propio partido. Pero fuera de aquella estructura hay otra gente que no está dispuesta a someterse a su mando indiscutible como si lo están sus militantes y sus seguidores. No hay problemas en que voluntariamente ellos hayan elegido esa manera de vivir y de entender las relaciones humanas. El problema consiste en que se lo quieran imponer por la fuerza a todos. Los que no están de acuerdo con esa organización social tendrán siempre a la Constitución y a los jueces para defenderse. Y eso no quiere decir que el Poder Judicial este en guerra con el Ejecutivo. No hay nadie en guerra con la presidente. Es ella la que se la ha declarado a todos los que osen no obedecerla. El problema es que así podrá vivir dentro de su partido. Pero no tiene derecho a imponer esas maneras y esos perfiles a quienes no se han afiliado para ser sus seguidores.

Un fallo acelerado que deja muchos interrogantes

Cuando me llamaron para avisarme que el juez Rafecas había desestimado la denuncia de Nisman/Pollicita lo primero que pensé fue: “¿Ya…? ¿Tan rápido..?”

Y no caben dudas de que de los muchos interrogantes que el fallo deja la celeridad con que fue dictado es la primera.

Una denuncia tan pesada, a la que se adjuntaba un resumen de 900 horas de grabaciones (el total de las escuchas alcanzaba a las casi 5000 horas) invitaba a presumir que el juez iba a invertir más tiempo en estudiarla. ¿Escuchó Rafecas cada uno de aquellos diálogos?, ¿se formó de ellos una idea de primera mano? No lo sabemos.

Sigue luego el razonamiento central del fallo: no hubo delito porque este no llegó a consumarse, dado que el Memorándum de Entendimiento no se convirtió nunca en operativo. Se trata de una conclusión ambigua. En primer lugar, los delitos tienen -y el juez Rafecas claramente lo sabe- una instancia de tentativa cuando, en efecto, no llegan a consumarse, aun cuando se hubieran puesto en movimiento todos los pasos necesarios para que así ocurriera. Si el asesinato de un francotirador no se consuma porque inesperadamente la víctima se agacha para atarse los cordones de los zapatos, no puede exculparse a quien jaló el gatillo: no será culpable de asesinato, pero sí de asesinato en grado de tentativa.

El encubrimiento es un delito susceptible de ser cometido en grado de tentativa. Así, si una persona dispone de todos los medios para esconder al autor de un crimen pero luego por razones ajenas al encubridor la maniobra falla, de todos modos el delito debe perseguirse en grado de tentativa.

Aquí son muchos los que coinciden en que el Memorándum no operó -y por lo tanto el encubrimiento no prosperó- porque el régimen iraní no ratificó el acuerdo. Pero para ese momento el Gobierno argentino ya había hecho todo lo necesario para que la cobertura fuera efectiva. Si luego no se consumó porque Irán no le dio rúbrica legislativa al tratado eso es algo ajeno a la responsabilidad del que había hecho todo por intentarlo.

La especulación política también se ha metido en el análisis de las últimas horas dada la proximidad del discurso de la Presidente para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. Muchos están convencidos de que si ese momento llegaba sin que la denuncia de Pollicita estuviera desestimada, la Sra. de Kirchner estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de embarrar de tal modo la situación que todo se transformara en un gigantesco aquelarre.

Hay quienes dicen que, ante esa posibilidad, el juez Rafecas decidió acelerar los tiempos y rechazar la posibilidad de investigar. De nuevo, nunca lo sabremos.

Pollicita a su vez va a apelar la decisión y la cuestión será derivada a la Camara para que esta se expida. El fallo también incluye una derivación de las escuchas para que se investigue en especial el papel del agente Bogado, que ya formaba parte de la denuncia original del Dr. Nisman.

Un punto oscuro del fallo en su parte resolutiva llamó la atención. En el punto 3, el juez Rafecas dispone, de ser necesario, la habilitación de la “feria judicial” para la notificación del fallo. ¿Feria judicial? ¿En febrero? El juez, en una llamativa entrevista que le concedió a C5N, atribuye la cuestión a un “error material” por un típico copy/paste preestablecido en la computadora del Juzgado. Pero muchos se preguntaron si el fallo no fue redactado ni bien murió Nisman, en pleno mes de enero.

Frente a una apelación del fiscal actuante, la Cámara tendrá un par de opciones. Podrá devolver el expediente a Rafecas para que, al menos, ejecute algunas de las 60 medidas de prueba pedidas por Pollicita antes de volver a desestimar el asunto, o considerar que el juez ya emitió su opinión sobre el fondo de la cuestión, por lo cual podría derivar la investigación a otro magistrado que designe. La Cámara tiene dos salas. Cuando Pollicita apele, sabremos cuál entenderá en el asunto.

Ahora resta saber qué impacto tendrá la decisión en el ánimo presidencial de hoy. El jueves, en el acto de jura de los nuevos ministros, la Casa de Gobierno tenía un ambiente festivo. Todo el mundo se reía como si realmente hubiera algo para festejar. El propio Capitanich, que dejaba su cargo en medio de un resonante fracaso, rayano casi en el ridículo y en el hazmereír de muchos, se reía a carcajadas. Hasta Boudou y Aníbal Fernández de reían desembozadamente. Más circunspecto aparecía Wado de Pedro, el convencido de que el Gobierno debe instaurar el perfil de país que tenían en mente los Montoneros y que ahora será el nuevo secretario general de la Presidencia.

No hay demasiados motivos para sospechar que el fallo actuará como un bálsamo para la Presidente y que ahora, liberada de aquella carga, estará dispuesta a transitar ocho meses de concordia antes del traspaso del mando. Nada. Ni un paso atrás. Será mejor dinamitar todo antes de ofrecer una mano de diálogo. Enfrente no están otros argentinos tan temporales como ella esperando para continuar la rutinaria tarea de administrar el Estado. No. Ni la presidente se considera una mera administradora temporal del Estado, ni los que están enfrente son otros argentinos tan bien intencionados como ella. La Sra. de Kirchner se considera a sí misma la protagonista de una epopeya; de una epopeya enfrente de la cual no hay otros argentinos, sino enemigos acérrimos.

Contrastes de la vida argentina

El contraste que se advierte en la Argentina de estos días respecto de la diferencia de trato entre quienes pertenecen a la casta desigual del Estado y la gente común es sencillamente notable. Parece mentira que un país organizado institucionalmente exactamente al revés (es decir, en donde los ciudadanos deberían ser los que le piden explicaciones a los funcionarios) esté siendo el escenario de citaciones de particulares al BCRA para advertirlos de que el Estado sabe las operaciones financieras que están realizando, aun cuando esas operaciones sean perfectamente legales.

Es lo que denuncia Marcelo Bonelli en un reciente artículo de Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las ordenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el Gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa.

Es preciso recordar que esas operaciones son perfectamente legales según la ley argentina. Lo que estaría ocurriendo sería la aplicación de una teoría “Moreno” según la cual no se convierten en ilegales determinadas conductas (por ejemplo hacer publicidad de ofertas en los diarios) sino que, de palabra, y por vía del amedrentamiento, se busca su disuasión.

Se trata de un escenario que causa escalofrío: funcionarios públicos citando a ciudadanos privados para advertirles que están al tanto de lo que hacen en su vida, aunque lo que hagan sea legal. Algo parecido a “sabemos a qué colegio van tus hijos, así que pensá lo que haces”. De terror.

Mientras, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial; una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad… Es una clara persecusión política”.

Estas declaraciones se conectan con el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío al domicilio legal de la firma Hotesur, la propietaria del hotel Alto Calafate que pertenece a la presidente de la nación. En el mismo procedimiento el juez requirió información contable/legal a la IGJ y datos impositivos a la AFIP. La averiguación se hace en el marco de una denuncia hecha ante su juzgado por Margarita Stolbizer a raíz de la investigación periodística del diario La Nación y del programa PPT de Jorge Lanata.

Quienes se apersonaron en el domicilio de la calle Lavalle en pleno centro de Buenos Aires (denunciado como domicilio legal por Hotesur) solo encontraron un departamento vacío y algunas cartas dirigidas a la empresa tiradas por debajo de la puerta. No había nada ni nadie.

La compañía adeuda a la IGJ balances y actualizaciones de la composición del Directorio desde 2009, sin que se registren, aparentemente, pagos de multas o intimaciones emanados de la repartición. El juez está pidiendo, también explicaciones por ello.

Frente a esto, el jefe de Gabinete, con unos términos y una actitud como de sentirse totalmente ofendido, denuncia un complot golpista de los jueces contra el gobierno. Pero, perdón, Capitanich: Hotesur denunció como domicilio legal de la empresa un departamento vacío, el vicepresidente denunció como su domicilio un médano, los antecedentes de los balances de Hotesur y de la composición de su directorio no están… ¿cuál es el golpismo? ¿No será que los funcionarios del gobierno han accedido a un estadio privilegiado respecto de las reglas a las que está sometida el resto de la ciudadanía, estadio  por el cual pueden vivir de acuerdo a normas diferentes a las que tiene que vivir la gente común y que éste procedimiento vino a traer a la superficie de manera dramática?

Seguramente Capitanich ignora que entre las principales funciones del Poder Judicial está la de controlar la legalidad de la actividad de los otros poderes y también la de vigilar la aplicación igualitaria de la ley.

¿De qué golpismo habla el jefe de Gabinete? ¿Acaso sugiere que los funcionarios y todo lo que ellos hagan debe estar blindado a la acción de la Justicia, porque cualquier intervención de ésta contra ellos debería reputarse como automáticamente “golpista”? Si fuera así el jefe de Gabinete estaría admitiendo que los funcionarios del gobierno están por encima de la ley, porque cualquier acción tendiente a verificar si la cumplen debería interpretarse, por ese solo hecho, como destituyente.

Según esta visión los funcionarios, desde la presidente para abajo, no serían ser susceptibles de ser investigados porque el mero hecho de ser funcionarios implicaría que cualquier acción judicial intentada contra ellos debería ser interpretada como la herramienta de un golpe. Si eso no es la consagración más medieval de la desigualdad se le parece mucho.

Mientras, a los ciudadanos privados que llevan a cabo operaciones legales se los cita para hacerles saber que el gobierno “sabe lo que hacen”.

Investigar a un funcionario desde la Justicia es protagonizar un golpe; ahora, amedrentar a ciudadanos que no han violado la ley, constituye un comportamiento compatible con la democracia. Genial.

El nivel de inversión (en el sentido de estar al revés) que tiene la Argentina es francamente notable. El país se había organizado para que las cuentas y las explicaciones fueran pedidas por los ciudadanos al poder, pero ahora hemos caído en un sistema en donde el funcionario debe estar exento de cualquier tipo de investigación y los ciudadanos sometidos a todo tipo de escudriñamiento.

Confusiones esenciales

La biografía no autorizada de la Presidente escrita por la periodista Laura Di Marco entrega varios costados interesantes sobre la personalidad de la Sra. de Kirchner pero también sobre cómo la Argentina define determinadas cuestiones y sobre cómo y por qué califica de tal o cual modo a las personas.

En el capítulo dedicado a la génesis de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Laura cuenta que la iniciativa había surgido en el ámbito académico bastantes años antes del interés del Gobierno por implementarla. Tanto antes que sus orígenes se remontan a los finales de la década del 90, cuando la diputada Carrió presentó la idea basada en los estudios de Rubén Lo Vuolo y Alberto Barbeito.

La Presidente siempre se mostró contraria a su implementación bajo el argumento de que se trataba de una medida “asistencialista” y que, a esos fines, eran mejor los planes Jefes y Jefas de Hogar que manejaba su cuñada, Alicia Kirchner.

Sin embargo, el 9 de Septiembre de 2009 todo aquello iba a cambiar. Ese día apareció en la portada de La Nación un artículo que se basaba en un reportaje a la Dra. Roxana Kreimer bajo el título “La violencia social y el delito son frutos de la desigualdad”.

El artículo captó la atención del entonces ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, que ni lerdo ni perezoso citó a Kreimer a su despacho. En ese encuentro, la filósofa le soltó la definición sobre la que basa la edificación de toda su teoría, volcada en el libro “Violencia Social y Desigualdad”. Kreimer le dijo a Alak que “no es la pobreza, la falta de educación o el desempleo lo que determina el mayor o menor grado de inseguridad en los países, sino la desigualdad social. Las sociedades de consumo proponen, en lo formal, las mismas metas para todos, pero, en la práctica, solo algunos las pueden alcanzar. La frustración, la violencia y el delito son los frutos de esa desigualdad.”

Alak confesó que la Presidente era muy afín a “este tipo de miradas” y que él estaba trabajando en un plan de seguridad “que no podía llevar a cabo” por razones políticas”, pero que su idea le parecía muy acertada y muy buena para encarar una temática tan controvertida.

Más allá de cómo continuó la historia -la AUH fue sancionada un mes después en octubre de 2009 por el decreto 1602/09- surgen varias conclusiones de esta historia que podrán parecer simples pero que tienen interesantes costados cómo para descubrir el proceso decisorio de la Argentina.

En primer lugar, salta a la vista que el Gobierno no tenía (ni tiene) ningún plan conexo prácticamente respecto de ninguna cuestión. Todos son arrestos individuales, movidos por la moda, las encuestas o “lo que dice la gente”. El propio Alak decía en esa reunión con Kreimer que él tenía una idea respecto de la seguridad pero que no la podía implementar por motivos políticos.

En segundo lugar, llama la atención cómo una iniciativa importante del Gobierno (para algunos la más importante que tomó la Sra. de Kirchner) fue finalmente gatillada por un artículo de un diario. Es decir, no respondió a una estrategia pensada dentro de un marco interconectado de ideas y tácticas para encarar y resolver un problema, sino que fue un espasmo eventual, que podría no haber sucedido nunca si La Nación no entrevistaba a Kreimer.

En tercer lugar, da cuenta de cómo el país suele encandilarse con personas y corrientes con una facilidad pasmosa, con la misma facilidad que tiempo después las deja de lado. También es curioso ver cómo la sociedad (o cierta clase dirigente) tiene la alegre discrecionalidad de colgarle el mote de “eminencia” a ciertos personajes que luego llevan esa cucarda por efecto de la repetición impensada del adjetivo, que queda adicionado a sus personas como las palabras que aprenden los loros quedan pegadas a su memoria irracional. El alto impacto que acusó Kreimer en Alak se encuadra dentro de este misterio.

No sabemos de dónde obtuvo la Dra. Kreimer su prestigio, pero si debiéramos inferir su versación de la frase que pronunció como si fuera una sentencia frente al ministro, la conclusión no sería muy halagüeña. En efecto, Kreimer dijo aquella mañana que “el grado de inseguridad de los países no depende de la (…) educación, sino de la desigualdad social (…) la sociedad de consumo propone, en lo formal, las mismas metas para todos, pero, en la práctica, solo algunos las pueden alcanzar” generándose de ese modo el caldo de frustración que genera en violencia y delito.

No sabemos de dónde ha sacado esto la Dra. Kreimer, pero sí sabemos que ha leído una historia, una filosofía del Derecho y una sociología económica o muy errada o muy sesgada.

Es una mentira total que “las sociedades de consumo” -si lo quieren más claro, que la “democracia liberal”, o, más claro aún, que el “capitalismo”- propongan “las mismas metas para todos”. Ese concepto, que es el embrión de toda la idea que Kreimer desarrolla después, es completamente errado. La democracia liberal o el capitalismo lo que proponen es la misma “caja de herramientas” para todos y el mismo “manual de instrucciones”. Esto es, los mismos derechos y la misma ley, igual, única y general para todos. A partir de allí lo que cada uno de nosotros haga con la “caja de herramientas” (el uso libre y combinado de los derechos de que disponemos) dentro del marco de legalidad general, será una cuestión nuestra y también una manera de diferenciarnos en la vida, de acuerdo a nuestras personalidades, a nuestros gustos, a nuestras preferencias y prioridades. Es una completa falacia decir que el sistema capitalista promete las mismas metas para todos y que cuando esas metas, en la práctica, no se cumplen de manera pareja para todos la gente se frustra y empieza a robar y a matar a congéneres por la calle. Eso es un disparate.

Los seres humanos no son robots que tengan objetivos por duplicado, copiados con carbónico, porque si eso fuera así, el sistema capitalista sería acusado justificadamente de no reconocer la variedad de las personalidades y de las preferencias humanas y de pretender estandarizar las metas de todos.

La democracia liberal es un sistema multicolor que permite la libre elección de un plan de vida. Qué brinda un “manual de instrucciones” (el orden jurídico) general e igualitario para todos y una “caja de herramientas” (los derechos y garantías de la Constitución) para que cada uno podamos darle forma a nuestra vida (y a nuestras “metas”) dentro del marco de prioridades personales de cada uno. La democracia liberal está muy lejos de ser un sistema que estandarice las metas de todos. La riqueza y vivacidad de su sistema de vida radica justamente en esa diversidad.

Pero para que el “manual de instrucciones” sea entendido y la “caja de herramientas” sea útil, se debe educar a la sociedad. Educarla en los valores de la libertad y de la honradez de modo que las diferencias de “metas” sean tomadas como la consecuencia de un sistema de elecciones, libre, individual, por el que cada uno se ha inclinado en la vida siguiendo sus gustos y preferencias y no como el resultado de la maldad intrínseca de un sistema que me ha llevado al fracaso.

Si el sistema educativo trasmite esa concepción envidiosa del mundo, entonces será ése, y no el sistema capitalista, el embrión del mal. En efecto si los chicos desde muy chicos no reciben el mensaje de que viven en una sociedad que les permite elegir lo que quieren ser y cómo quieren serlo, usando un sistema de derechos y garantías dentro de un orden legal justo, sino que, al contrario, son educados bajo la idea de que viven en una sociedad injusta por definición que debería entregar el mismo “output” para todos y que, como no lo entrega es discriminatoria en favor de unos y en perjuicio de otros, obviamente se está creando un germen de resentimiento que muy posiblemente genere violencia y eventualmente delito (también teniendo en cuanta las diferentes personalidades de los seres humanos y la diferente manera que tenemos todos de absorber aquellos mensajes de cizaña)

Pero, de nuevo, lo grave aquí es que una intelectual de aparente renombre elabore teorías alambicadas que parten de una premisa completamente errónea y que el Gobierno le dé predicamento sin analizar lo que se está diciendo. Para la Dra. Kreimer -y evidentemente para Alak y la Sra. de Kirchner- la no violencia en comprable por plata y el delito no existiría si “las metas” de todos estuvieran igualadas. Esa sí que es una banalización del problema y una visión “consumista” de la vida.

No hay dudas que el mejor camino para prevenir el delito, la violencia y otras tantas calamidades humanas es la educación y no la plata, o, si quieren, “la plata” pero  invertida en educación buena (esto es, de nada vale tirar millonadas de dólares -como de hecho ocurre en la Argentina que dedica el 6,5% del PBI al presupuesto educativo- si las premisas trasmitidas son aquellas basadas en la envidia y el resentimiento).

Los chicos desde chicos deben ser educados en el espíritu sano, libre, igualitario y diferente de la Constitución para que aprendan que cada uno es dueño de su destino. Que la ley es pareja, que las metas personales son diferentes, que los derechos son iguales y que la Justicia es imparcial. Por supuesto que todo eso (los derechos iguales, la ley única, la justicia imparcial) debe ser cierto en los hechos, pero no es  diciéndoles a  los chicos que  la democracia liberal  “asegura”  las mismas  metas  para  todos y que eso es una falacia -como dice la Dra. Kreimer- , porque eso es definitivamente mentira. Al contrario, la democracia liberal quiere que todos tengamos metas distintas y que eso haga que la vida tenga sentido para cada uno, como seres únicos e irrepetibles que somos.

Un proyecto olvidado que podría salvar a Boudou

El caso del vicepresidente Amado Boudou puede llegar a traer a colación -en un tiempo más cercano que lejano- una cuestión que desde hace un tiempo pareció salir de las noticias argentinas y olvidarse de los comentarios periodísticos, pero que sigue estando pendiente de resolución, respecto de la cual el gobierno no ha bajado sus pretensiones y que el Senado tiene en carpeta para aprobar.

Nos referimos a la limitación de la responsabilidad del Estado, cuyo proyecto surgió el año pasado y causó -como no podía ser de otra manera- un enorme revuelo jurídico y periodístico y que, pasado ese tsunami, quedó allí, metido en la nube del olvido con la que muchas veces el gobierno especula para obtener lo que se propone.

Según ese proyecto, el gobierno se propone deslindar la responsabilidad de los funcionarios por hechos cometidos durante su gestión, en una confesión lisa y llana de que la estructura del Estado es finalmente utilizada para privilegiar la situación personal de personas físicas y no el bien general.

La palabra “Estado” es utilizada frecuentemente en general por los gobiernos poco afectos a respetar las instituciones republicanas como un escudo para trasmitir la idea demagógica de que lo que se persigue desde la función pública es el bien de todos cuando en general esa superestructura es utilizada para beneficiar y privilegiar la situación personal de personas tan “privadas” como nosotros, tan “de carne y hueso” como nosotros, pero que se diferencian de nosotros precisamente por el hecho de que ellas están sentadas en las poltronas del Estado y nosotros no.

Ese pequeño detalle muchas veces trata de esconderse para no dejar ver el procedimiento por el cual se crea una verdadera casta desigual que se mueve en otro nivel diferente al nuestro, que disfruta de otro tipo de vida diferente a la nuestra y que está sujeta a otras reglas -más favorables- diferentes de aquellas a las que estamos sujetos nosotros.

Con este proyecto, el kirchnerismo ha innovado en el sentido de ser ya desembozado frente a la sociedad y descargarse con una ley que directamente les saque la responsabilidad de encima a los funcionarios por los actos que cometen mientras ejercen la función pública. Aquí la máscara de entelequia con la que suelen adornar al “Estado” para confundirlo con el gobierno e incluso con la Patria, ya cae definitivamente para decir: “Señores, los que no vamos a responder por los actos que cometemos somos nosotros, los funcionarios”.

Se trata de un círculo perfecto de impunidad que obviamente solo pueden completar los privilegiados que se sientan en los sillones del Estado. Ningún particular tiene la facultad de dictarse para sí mismo una ley que lo exima de las responsabilidades por sus actos. Los funcionarios sí. Ellos son el Estado. Ellos tienen el poder legislativo para regular nuestra vida y la de ellos. En la nuestra, para imponernos obligaciones, cargas y deberes; en la de ellos, para eximirse de responsabilidades.

Si ese proyecto llegara a transformarse en ley podría tener un enorme impacto en el caso Boudou. Si bien en principio de lo que se habla allí es de la responsabilidad civil del Estado, la inexistencia de responsabilidad civil de Boudou en el caso Ciccone podría tornar abstracta la cuestión penal por la que el vicepresidente fue indagado el lunes. Y como en derecho penal rige el principio de la ley más benigna a favor del acusado, la aprobación en el Senado de la ley de “irresponsabilidad del Estado” (léase de sus funcionarios) podría tener un impacto importante en la situación procesal del vicepresidente.

Si Boudou no resulta civilmente responsable por lo actuado en Ciccone, mal podría haber cometido un delito. La cuestión caería dentro del amplio marco de discrecionalidad que los funcionarios pasarían a tener una vez aprobada esta ley. A esta altura es importante recordar que el vicepresidente viene insinuando veladamente que en algún momento revelará los costados “políticos” de la operación, como dando a entender que el plan de quedarse con empresas privadas consideradas “estratégicas” formaba parte de la matriz central del pensamiento y de la táctica de gobierno del kirchnerismo. En ese marco, con la ley de “irresponsabilidad del Estado” sancionada, Boudou podría argumentar que lo suyo fue una decisión política por la cual no le cabe responsabilidad.

Pero más allá de las implicancias para Boudou, lo que debería quedar claro frente a la sociedad es que el gobierno ha tenido la desfachatez de prepararse para sí mismo una ley de impunidad con la pretensión de hacerle creer a la gente que desde el Estado se la defiende. No hay mentira más flagrante frente a un proyecto que, en este sentido, pone las cosas en blanco sobre negro, bien claras: el gobierno pertenece a la escuela que cree que quien gana unas elecciones se apodera del Estado y tiene derecho a confundir la esencia de la nación con las personas de carne y hueso que acceden a los cargos. Desde allí como ellos son la Patria tienen derecho a hacer cualquier cosa y, quien se interponga, es un enemigo del país.

Esta secuencia, que ha estado clara desde el nacimiento del kirchnerismo en 2003, por este proyecto se blanquea inescrupulosamente. El gobierno nos dice que tiene el poder para sancionar normas que consagren el privilegio de los funcionarios por sobre los ciudadanos comunes y que lo va a hacer. Todo eso al mismo tiempo en que dice que es la representación de los ciudadanos comunes y en especial de aquellos más desposeídos , que menos tienen y que en peor situación están.

No hay dudas de que el vicepresidente Boudou se aprovechó de su función para beneficiarse personalmente o que trazó un plan para lograr ese cometido quedándose con la fábrica de hacer billetes, algo que claramente está muy lejos de poder ser hecho por un particular común, liso y llano.

No hay dudas de que la administración trató de tapar todo ese accionar sancionado por ley del Congreso la estatización de Ciccone, comprometiendo recursos públicos, aunque luego se haya cometido el doble crimen de no pagarle a nadie.

Muy bien, todo ese manejo, solo posible a la sombra de los mecanismos que permite el manejo del Estado, puede quedar impune por la sanción de una ley que sencillamente dice que, precisamente, el Estado (sus funcionarios) no es responsable por los actos que produce. ¿Qué delito puede haber cuando no hay responsabilidad? Esa buena noticia puede estar a la vuelta de la esquina en los expedientes de Boudou.

El truco de los perejiles

El viejo truco de emprenderla contra los giles para hacer un poco de ruido que deje conformes a los que reclaman mientras, por el otro lado, se deja vivitos y coleando a los responsables principales de los hechos. Esto es lo que parece haberse operado en el juzgado de Casanello con el procesamiento de Leonardo Fariña y Federico Elaskar.

Resulta obviamente más fácil caerle a estos dos “perejiles” que profundizar una investigación sobre el empresario patagónico de las “cavas” domésticas que quién sabe adónde puede terminar.

Empecemos por recordar que, de la carátula del expediente original, el nombre de Lázaro había sido eliminado por presión de la Procuradora General Gils Carbo, la soldado de la presidente que según sus propias palabras se puso “ su disposición” al asumir su cargo.

La militante de Justicia Legítima movió sus fichas para que en la portada del expediente solo quedaran los nombres del valijero Fariña y del arrepentido de sí mismo Elaskar. Solo la presión de la información pública hizo que el nombre de Báez no pudiera seguir ausente del título de aquel expediente.

De todos modos -dado lo que ahora conocemos- la decisión de sacar al dueño de Austral Construcciones del centro de la investigación ya estaba tomada.

Fariña y Elaskar están procesados por el lavado de casi 60 millones de dólares en una causa que involucró la participación de una cadena de empresas fantasma y que recorrió Panamá, EEUU y Suiza.

El valijero declaró públicamente que él trabajaba para Báez y que ese dinero no le pertenecía a él sino al empresario patagónico. El mediático ex esposo de Karina Jellinek también dio a entender que Báez tampoco era el último eslabón de la cadena en esa generación turbia de fondos.

Es esa escalera ascendente en la averiguación del origen de los fondos la que la Justicia se niega a escalar.

Hay documentación que a esta altura es pública y que ha circulado desde la televisión hasta las manos del fiscal Campagnoli que deja a los procesados de ayer a la altura de unos nenes de pecho cuando se compara su involucramiento con el de otros peces gordos.

Resulta obvio que Fariña y Elaskar han puesto a disposición su “trabajo” (uno su caradurez sin límites y el otro su ingeniaría financiera) para canalizar ciertas operaciones que permitieran sacar dinero al exterior y para volcarlo al circuito legal, pero que no son ni los cerebros ni los generadores de los hechos que terminan produciendo estas avalanchas de fortunas.

La Justicia debería investigar el origen final de los fondos. Casanello se apoya justamente en esos vericuetos para justificar por el momento el no procesamiento de Báez. Pero si la investigación va a continuar algún día por el sendero del sentido común, no caben dudas de que el hilo debería desenredarse hacia las actividades que generaron esos dineros.

Luego, por su puesto, está la ingeniería que constituye empresas aquí y allá par confundir y hacer dificl la trazabilidad de la ruta. Pero el núcleo central de la investigación debería consistir en averiguar qué produjo esas fortunas.

Y es allí donde la investigación a Lazaro Báez puede volverse vidriosa. El empresario patagónico, que era oficial de cuentas del Banco de Santa Cruz, tenía una amistad muy cercana con los Kirchner, fundamentalmente con Néstor. Fue el ex presidente el que lo sacó del Banco para aprovechar todo el conocimiento que Báez tenía de la gente con deudas en Santa Cruz.  Con esa base de datos Kirchner se constituyó en un financista paralelo al sistema financiero oficial de la provincia. Hasta aquellos días se remonta su amistad.

Cuando Kirchner llega al gobierno, Báez se transforma milagrosamente en un empresario de la construcción con una capacidad admirable para ganar licitaciones.

Si bien Casanello fundamentó su decisión respecto de Elaskar y Fariña en el hecho de que se trata de operaciones realizadas en el mercado local y que, respecto de Báez, aún está esperando información internacional, lo cierto es que unas operaciones (las de expatriación de capitales en la que está acusado Báez) no podrían ser posibles sin las otras.

La señal dada ayer por la Justicia ayer parece dar validez a la versión más farándulezca de los episodios sin vocación por profundizar los costados más oscuros del caso.

Cuando los nombres de Fariña y Elaskar saltaron al dominio público, el gobierno hizo un esfuerzo muy notorio para llevar el caso a los programas mediáticos de chimentos, aprovechando la aparición de algunos personajes que tenían que ver con el mundo del espectáculo como la mujer de Fariña, Karina Jellinek, o Ileana Calabró, la esposa de Fabián Rossi, uno de los involucrados en los trámites de constitución de empresas en el exterior que llevaba adelante “la Rosadita” de Elaskar.

Pero la Justicia no debería “comerse ese amague” y, al contrario, debería tratar de profundizar la línea de investigación que intente descubrir dónde se originaba el dinero que Báez confiaba a Fariña y Elaskar para que lleven de un lado a otros en una maraña financiera-legal que, sobre todo Elaskar, daba muestras de manejar con maestría.

Más delirios

Los confines del asombro parecen no tener límites. Es la sensación que uno siente cuando habla la Presidente. Es obvio que alguien está muy equivocado en la Argentina. Y la cosa va quedando cada vez más clara: es ella o nosotros. Las dos visiones de la Argentina y del mundo no pueden ser tan opuestas y al mismo tiempo verdaderas ambas. Una de las dos es una ilusión óptica y la otra, aunque no la verdad revelada, una aproximación mucho más verosímil a la realidad.

La señora Cristina de Kirchner, ayer, en Misiones, avanzó al punto de decir -ni sugerir, ni insinuar, decir- que los medios informativos esconden a propósito las noticias internacionales para evitar que la gente se de cuenta del país maravilloso en el que está viviendo… Si, si, así como lo leen: que la prensa oculta lo de afuera para que no podamos medir la genialidad que tenemos aquí…

El país que incrementó en 60% en los últimos diez años su población en villas miseria; el país que no tiene agua potable en una provincia que nada en agua como Formosa; el país en donde cada vez hay mas chicos que no estudian ni trabajan; el país en donde la desidia, la apatía y la abulia se ha instalado en millones de mantenidos a fuerza de planes estatales miserables; el país que ha caído al sexto lugar regional en recibir inversión extranjera; el país que era exportador de energía y que ahora la debe importar a razón de 13 mil millones de dólares; el país que podría alimentar a 400 millones de personas pero en donde los chicos se mueren por desnutrición; el país que vive bajo el cepo cambiario; el país que -por ese mismo motivo- prohíbe el ahorro y que está a punto de levantar barreras aun más altas para ejercer el derecho constitucional de salir del territorio, convirtiendo por lo tanto a ese derecho en una prerrogativa de privilegiados como los funcionarios o los ricos; el país que hace 10 años vive bajo emergencia económica declarada por ley; el país que ha tenido conflictos con prácticamente todo el mundo, que está a punto de caer en default nuevamente; el país que debe mentir sus estadísticas oficiales para no admitir que la inflación llega al 30% anual; el país que financia sus gastos con la plata futura de los jubilados; el país que quebró su Banco Central; el país donde no es seguro salir simplemente a la calle; ese país, la señora de Kirchner dice que es “maravilloso” y que es la maldad de la prensa la que no quiere admitirlo al punto de ocultar las espantosas noticias internacionales para evitar que la gente compare la joya que tiene en casa. Es lisa y llanamente increíble…

Pero hay más. La Presidente lamentó que el presupuesto no fuera aprobado por unanimidad y reprendió a la oposición por votar en contra; por tener una idea del arreglo económico-financiero de la Nación distinto al de ella.

Se trata de una reconfirmación de la cosmovisión totalitaria que tiene la presidente del poder. Cristina dijo que hay “cosas que no podemos seguir discutiendo porque tenemos la obligación de ponernos de acuerdo…” ¿Ponernos de acuerdo en que la inflación es inferior al 10% , señora Presidente?, ¿ponernos de acuerdo en que vamos a crecer a más del 6% o que fue cierto acaso el crecimiento del último lustro que su gobierno dibujó?, ¿en eso quiere que nos pongamos de acuerdo? ¡¿Pero con qué cara los legisladores que saben que todo eso no es más que una sarta de mentiras levantarían la mano para darle el gusto a usted!?

La Presidente encomiando su gestión dijo que “todo lo que hicieron” lo hicieron teniendo “un poder y medio”, en una queja directa por no disponer -según ella- de una mitad del Congreso y de la Justicia. ¿Pero qué esta sugiriendo?, ¿tener la suma del poder público que la Constitución prohíbe en su artículo 29?, ¿acaso se esta inculpando sola del delito de “infame traidora a la Patria”?, ¿o está sugiriendo, tal vez, que una verdadera evolución de Derecho consistiría en volver a los poderes reales absolutos de la Edad Media?

La psicología ha estudiado los casos de delirios como aquellos en donde las personas creen vivir una realidad ajena a la real. Las víctimas de este mal viven en una burbuja delirante que los convence de que las cosas son como ellos las ven. La patología puede ser espasmódica o durar lapsos más largos. Pero en todos los casos existe un convencimiento de que lo que se cree como real, es real. En ese sentido, el delirante se diferencia del cínico que sabe a ciencia cierta que lo que dice es mentira pero que lo sostiene contra viento y marea para lograr lo que se propone, incluyendo la caída en contradicciones groseras y evidentes que luego aceptará o negará según también le convenga.

Ambos casos son gravísimos porque suponen la toma de decisiones sobre parámetros falsos. Y la salida de ese pantano debe ser más o menos rápida para no profundizar las descabelladas consecuencias que traería aparejada su continuidad.

Que la Presidente diga seriamente que esperaba la aprobación unánime del presupuesto y que manifieste su descontento porque las distintas corrientes representadas en el Congreso hayan tenido la peregrina idea de oponérsele habla de un ensoberbecimiento con el poder francamente peligroso. Que la señora de Kirchner realmente crea que los noticieros de los medios ocultan lo que ocurre en el exterior para evitar que la gente lo compare con las maravillas internas, habla de paranoia enfermiza y que veladamente proponga la unificación de los tres poderes en uno solo es directamente un acto revolucionario contrario a la Constitución, al Estado de Derecho y a la institucionalidad democrática.

La Argentina vive tironeada por dos mundos. En uno de ellos la Presidente cree estar al frente de uno de los países más felices y mejor realizados de la tierra. En el otro, la realidad de la escasez, la desigualdad, la ignorancia, la abulia y la ausencia del Derecho dan forma a una Argentina que no tiene nada que ver con aquella que el mundo parecía venerar hace tan sólo un siglo.