De todas las estrategias tendientes a cumplir la máxima de Máximo (“eventualmente entregaremos el gobierno pero no entregaremos el poder”) la que empieza a desarrollarse en la Justicia es, sin dudas, la más ambiciosa de todas las ya emprendidas (y algunas ejecutadas) por el kirchnerismo.

En efecto, ni el copamiento de la ex SIDE, los órganos de control, la Procuraduría General, gran parte de la administración central a través del nombramiento de miles y miles de empleados, de varias fiscalías y estamentos inferiores de la Justicia, se compara contra el intento de colonizar la Corte Suprema.

El primer round de esa batalla está por empezar a ejecutarse en los próximos días, cuando comience el debate en la comisión de acuerdos del Senado del pliego de Roberto Carlés para ser designado juez del tribunal máximo.

Como se sabe, la Constitución establece que ese acuerdo necesite de los 2/3 de los miembros presentes de la Cámara para que el postulante sea respaldado. Por otro lado, es de público conocimiento que los 28 senadores de la oposición han firmado un documento en el que se comprometen a no aprobar ningún candidato que el gobierno proponga en lo que le queda de mandato.

Un primer “lance” que el oficialismo se estaría tirando, dicen algunos, es repetir la estrategia “Reposo”. Esto es, mandar al frente -a propósito- a un impresentable para que sea efectivamente rechazado y con ello conmover la conciencia de algún senador de la oposición que no se atreva a rechazar dos candidatos consecutivos.

Esa táctica consistiría en tener, por detrás de Carlés, al verdadero candidato que el gobierno quiere colocar en la Corte (en este caso “candidata”), la jueza de Casación Ana María Figueroa, actualmente en Cuba, de vacaciones. Es lo que siempre sospechamos desde estas columnas respecto de Gils Carbo: ella era la destinataria final de la Procuración; Reposo fue una marioneta que se prestó a un juego humillante exponiéndose a que lo echaran a patadas para que, luego, un currículum más presentable fuera aprobado.

Otros entienden que no, que el sacapresos Carlés podría ser, en efecto, el candidato final y que la Casa Rosada estaría trabajando para hacer que de los 28 senadores opositores que firmaron el compromiso de no aprobar candidatos del gobierno den quorum pero misteriosamente se ausenten de la sesión una vez comenzada. Como la Constitución pide 2/3 de los miembros presentes, con 4 ausentes el oficialismo podría intentar tener el mínimo que precisa.

Otro conjunto de interpretadores considera que se puede estar frente a una combinación de todas estas opciones e incluso de un plan más ambicioso que tienda a aumentar el número de miembros del tribunal de cinco a nueve.

Resultaría una paradoja, porque el proyecto para reducir el número de jueces de 9 a 5 fue justamente una iniciativa de la entonces senadora Kirchner, que, ahora, por las razones políticas inversas impulsaría la idea contraria.

Si los senadores de la oposición que firmaron el documento de compromiso se mantuvieran fieles a él, entonces Carlés no será juez, y, por los mismos motivos, Figueroa tampoco. En ese caso el proyecto alternativo de aumentar el número de jueces cobraría más fuerza.

Para aprobar un proyecto como ese, el oficialismo no necesita mayorías especiales porque se trataría de un proyecto de ley común y silvestre, pero luego, obviamente, volvería a encontrarse con la dificultad de los senadores que firmaron el documento de compromiso y no podría designar los nuevos jueces para llegar a 9 miembros.

En ese caso, la especulación dice que el gobierno estaría en condiciones de argumentar que la Corte está en franca minoría (cuatro jueces activos contra nueve que la eventual nueva ley estaría disponiendo) y que por lo tanto es necesario nombrar conjueces.

Como se sabe, hace poco, el oficialismo aprobó en el Senado una larga lista de conjueces adictos con mayoría simple bajo el argumento de que, como justamente, no son “jueces” sino “conjueces”, entonces no se necesitaban los 2/3 de los miembros presentes.

Esta teoría fue discutida con fundamentos más que suficientes por varios constitucionalistas por el hecho de que lo que debe tomarse en cuenta es la función que esos jueces van a estar llamados a cumplir en el caso de que se los necesite: si van a sentarse en un escaño de la Corte, pues entonces precisan de los mismos requisitos que un juez de la Corte, por lo que un nombramiento con menos de los 2/3 de los votos no sería válido.

Naturalmente, como era de esperarse, los aprobaron de todos modos. Esos conjueces serían ubicados ahora en los sillones del más alto tribunal en el caso de que el proyecto de elevación del número prospere.

Obviamente de todos los planes tendientes a no entregar el poder, éste es el más importante, duradero y ambicioso. Si tiene éxito la próxima administración, escuchará como nunca el argumento de que la Justicia es un poder independiente y de que está allí para controlar y limitar la acción del Poder Ejecutivo. Delicias del kirchnerismo, que le dicen.