La “muerte dudosa” del fiscal Alberto Nisman terminó con el sosiego veraniego y provocó una crisis política que desnuda la podredumbre del aparato estatal, en particular la relación entre los servicios “de inteligencia” y otros poderes del Estado, como los jueces federales y, obviamente, el Poder Ejecutivo. El oficialismo, que inicialmente había abonado la hipótesis del suicidio ahora sostiene que lo asesinaron, a partir de las afirmaciones hechas en su cuenta de Facebook por la propia Presidenta de la Nación.
Nisman se sumaría así a la lista de “suicidados” en los gobiernos pos dictadura: Echegoyen, Estrada, Cattáneo, Di Natale, Febrés. Más allá de estos casos pestilentes, los servicios de inteligencia constituyen instrumentos fundamentales de los estados capitalistas para infiltrar y operar de mil formas contra las organizaciones de la clase trabajadora y el pueblo y la izquierda. En nuestro país no es solo la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE), sino también los organismos respectivos de la Marina (SIN), la Fuerza Aérea (SIFA) y el Ejército (heredero del nefasto Batallón de Inteligencia 601 creado por la dictadura de Onganía y de recordado papel durante la dictadura genocida y participante activo del Plan Cóndor), los aparatos de espionaje criminal de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las superintendencias de Seguridad Federal y de Interior de la Policía Federal Argentina y divisiones similares en las policías provinciales. Según las listas entregadas al Archivo de la Memoria, el Batallón 601 tenía 4300 integrantes, la mayoría civiles, entre ellos Gerardo Martínez, uno de los burócratas sindicales preferidos de Cristina. Continuar leyendo