Al asumir la presidencia, Roque Sáenz Peña se dispuso resolver el grave problema electoral que el país arrastraba desde la sanción de la Constitución en 1853. Años de fraude, trifulcas, policías bravas y muertes complicaban el normal desarrollo de una democracia que pretendía ser moderna. El radicalismo yrigoyenista por un lado, los conservadores lúcidos como el presidente Peña y su ministro Indalecio Gómez por el otro, y los aires novedosos europeos con las reformas electorales de Dinamarca, Francia, Bélgica o España que llegaban a nuestro país como clima de época, actuaron para profundizar la democracia en el marco de la República de 1853.
Tres leyes resolvieron, en esta etapa el problema electoral, la 8129, la 8130 y la 8174.
La reforma comprendió a las tres o, para decirlo de otra manera, las tres leyes fueron la reforma. Cada una de ellas encerraba un valor y una trascendencia tal que no pueden ser vistas individualmente. La 8129 vino a resolver el grave problema de los padrones electorales. Antes de esta ley los mismos eran confeccionados por militantes de los gobiernos provinciales y en la Capital el gobierno nacional. Durante los tres domingos anteriores a las elecciones, agentes del gobierno, inscribían en los atrios de las Iglesias a todo aquel que concurría con su libreta cívica o la de algún muerto y se anotaba. El negocio de compra y venta de libretas como la violencia abierta definía quienes lo hacían y quienes no.
Cayetano Ganghi, un italiano que vivía frente a la Plaza Flores, disponía de alrededor de tres mil libretas que ofrecía al mejor postor. Esta ley acabó con los Ganghis, el clientelismo y los punteros violentos pues puso en manos del Ejército la confección de los padrones que venía realizando desde la implantación del Servicio militar obligatorio en 1901 encargándole la custodia del acto electoral. El Ejército de esa manera emitió una Libreta de Enrolamiento, documento de identidad intransferible e imposibilitada de ser vendida por la necesidad de su uso diario. Sobre ese padrón se constituiría el padrón cívico a cargo de los Jueces Federales, ley 8130.
En síntesis el Ejército y la Justicia Federal venían a sustituir a los gobiernos electores o partidos del Estado que con sus punteros, clientes o matones resolvían de un solo golpe o de varios el asunto electoral. Es importante reiterar que se trataba de partidos que apoderados del Estado hacían uso de él destruyendo de esa forma la vida política partidaria. Bien lo decía un intelectual de la época, Juan Carlos Cruz, en el diario La Nación: “Los objetivos de estas leyes es combatir los gobiernos electores y reforzar los partidos políticos organizados. La connivencia con un gobernador elector no será entonces indispensable”
Finalmente, la Ley 8871, del voto secreto, universal, obligatorio y lista incompleta que posibilitaba el acceso a las Cámaras de la primera minoría se orientaba también a recrear la vida política partidaria.
La situación actual
Hoy, como antes de la Ley Sáenz Peña, la vida política partidaria independiente del Estado no existe. Solo los partidos de izquierda guardan una organización sobre la base de ideas fuertes y definitivas. Como afirmaba Joaquín V. González, los partidos se unen tras una idea y no por medio de una ley. El radicalismo algo ha recuperado de su postración tras la caída del 2001. El peronismo solo existe como un partido del Estado. Razón por la cual se resiste a cualquier reforma.
Los electores son los gobiernos que, a través del clientelismo, orientan al votante por medio de maneras y estilos repugnantes. Ciertamente el ciudadano podría tomar lo que le regalan y luego en el cuarto oscuro poner el voto desde otra perspectiva. Pero en términos generales eso no ocurre. La red de fiscales abonados por los partidos del Estado ha constituido una oligarquía política que se eterniza en el poder encontrando de esta forma un modo de vida.
Una de las medidas urgentes -pero no la única- es acabar con los fiscales y matones que atropellan al pueblo llano. El voto electrónico es una posibilidad pero hay otras. Está bien para comenzar. Las reelecciones eternas son otra peste política. El proceso electoral no debe estar en manos del Ministerio del Interior. Sino que como hizo la ley 8130 que puso en manos de jueces federales la confección del padrón cívico en cada región o provincia ahora debe quedar en manos de la Justicia Electoral bajo supervisión del poder Legislativo.
Sin embargo, ninguna de estas reformas recrea la existencia de los partidos. A lo largo de nuestra historia, el poder político y cultural ha ocasionado un serio daño a la iniciativa civil y un marcado retraimiento de la sociedad y su capacidad para organizarse independientemente del Estado.