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Una “argentinada” francesa

En todas partes se cuecen habas, como dice el refrán. Pero no en todas partes hay castigos y reprimendas. En muchos países, por ciertas travesuras incomprensibles de algunos funcionarios, que usan los fondos públicos para divertirse, no hay perdón. En determinadas circunstancias pueden ser motivo de expulsión del poder.

Me refiero al caso Manuel Valls, autor de una “argentinada”. El día del partido, en Berlín, entre Barcelona y el Juventus, Valls, primer ministro francés, abandonó una Convención del Partido Socialista, al que pertenece, se fue a París y embarcó en un avión oficial, rumbo a la capital de Alemania, junto con sus dos hijos. No le pidió permiso a nadie, rompió con total impunidad un elemental código ético. Hasta ahora, la sociedad, enterada por los medios de comunicación, no lo ha perdonado. Ni creo que lo perdone fácilmente. En especial por la crisis que golpea al país, donde el Partido Nacional de Marine Le Pen viene ganando votos, muchos de izquierda, que ya no soportan más cierto estado de cosas. Valls es también autor de un Plan de Austeridad Pública de magnitud, muy severo en el uso de las cuentas del Estado, que ha quitado del trabajo a numerosos empleados gubernamentales, ha dado vuelta el sistema administrativo francés y se lo conoce por sus rápidas reacciones y desmesuras. Y es, además, un experto en “comunicación política”.

¿Cómo solucionó la ofensiva social? Dijo que pagaría el viaje de sus dos hijos. Esa salida no conformó a nadie. El daño ya estaba producido.

Parece que pisar la alfombra roja vuelve loca a cierta gente, la marea, la desconecta de la realidad, le da vuelta la cabeza, se sienten dueños del mundo. Todos los más altos funcionarios argentinos en la actual administración cristinista y en la anterior kirchnerista han violado normas elementales de ética pública. Jorge Capitanich, cuando era gobernador del Chaco, se hizo llevar en el avión oficial de la provincia a Panamá, junto con sus hija-. Explicó que les había prometido vacaciones porque las había desatendido por sus funciones. Muchos nos preguntamos : ¿A Panamá, cuya mayor atracción es la zona vieja de la ciudad y visitar las esclusas del Canal de Panamá, una obra gigantesca, obra de ingenieros norteamericanos en 1905?¿ O acaso a la Panamá que es paraíso fiscal? No hubo investigación periodística al respecto.

Fue un clásico en su momento. Cada vez que la Presidenta va o visitaba Calafate se hacía llevar por el avión presidencial los diarios del día. Y viaja de manera constante al sur en la aeronva oficiales o usando aviones alquilados a un costo colosal. Para ir a un encuentro internacional, los ministros Kicillof y Timerman usaron un avión oficial por un monto multimillonario. Boudou, el vicepresidente ha utilizado los mismísimos aviones oficiales para concurrir a actos políticos partidarios en el interior provinciano. Poco se sabe cómo viajan los ministros en estas semanas cuando concurren a abrazar a los candidatos del Frente para la Victoria en las provincias donde ganan las elecciones. En cierto momento se cuestionó a Karina Rabolini por usar indebidamente el helicóptero provincial.

Estas acciones tienen un nombre: impunidad. Como dijo el empresario Yabrán en su momento, en un diálogo televisivo, “impunidad es el poder”. O, si se quiere traducir ,” para tener impunidad hay que tener poder”.

¿Hay actos parecidos en otros países latinoamericanos o del Tercer Mund ? Los hay, pero eso no exime nuestros pecados.En Brasil el periodismo vigila e investiga. Así fue como cayeron ocho ministros por corrupción a partir de informaciones e investigaciones suministradas por el periodismo. El ex presidente Menem también usó los aviones y las infraestructuras de transporte estatales para movidas particulares. Es exactamente lo mismo de aquellos que confunden lo público con lo privado. Que se meten los fondos públicos en los bolsillos particulares. Desde el retorno de la democracia el único que se privó de esos usos y costumbres fue el ex presidente Alfonsín. Y en las décadas del sesenta las administraciones de Arturo Frondizi y Arturo Illia.

En algunos países el uso indebido de los bienes del Estado es castigado con penas extremas. Aquellos que hayan visto la primera temporada de la serie dinamarquesa ” Borgen” -que recomiendo muy especialmente para aprender cómo hacen política en los países nórdicos europeos- recordarán que un primer ministro danés pierde el poder inmediatamente que se supo que usó la tarjeta de crédito oficial para pagarle unas compras a su mujer en Londres. En el juego político el que publicó y se regodeó con la noticia fue el director de un medio periodístico amarillo. Pero la denuncia no pudo ser desmentida. Ese premier en caída no fue apartado de la política, siguió trabajando en ella, pero con la carga dolorosa de aquel traspiés.

Lo doloroso es que la sociedad argentina no reacciona o reacciona en pequeña dosis frente a tanta ruptura de normas de convivencia con la sociedad que son básicas.

A los trenes los lleva el diablo

Muchos confían en que un informe de la Auditoría General de la Nación pueda revertir el rumbo de los problemas pero los hechos, finalmente, indican que no es así, lamentablemente. Creada a partir de la reforma constitucional de 1994, la Auditoría, conformada por representantes del oficialismo y de la oposición política, aunque conducida por un dirigente que no es oficialista, rinde cuentas ante el Congreso de la Nación y allí termina sus revisiones en profundidad. No enjuicia. No puede proseguir más allá de entregar la conclusión de sus estudios. Es posible, entonces, que los parlamentarios usen los valiosos datos de los evaluadores o los archiven en un cajón, como ha sucedido en innumerables oportunidades. En general, los informes de la AGN demuestran las carencias del Estado, su falta de control en numerosas áreas y la desaprensión de muchos funcionarios públicos frente a situaciones que podrían resolver pero no lo hacen.

Últimamente se paralizó, por la presión de los auditores oficialistas, un informe técnico crítico de la compra de material rodante a China. En el original se advertía un presunto sobreprecio del orden del 21% en la adquisición de vagones. El gobierno nacional pagó casi dos millones de dólares por cada uno. Una vez que los profesionales de la institución concluyeron la evaluación, poniendo los puntos sobres las íes, y se firmó un reporte muy completo de los límites sobrepasados, los auditores oficialistas incorporaron modificaciones, sepultaron las conclusiones anteriores y aprobaron un informe sobre los “avances en las políticas ferroviarias llevadas a cabo, incluyendo modernización y mejoramiento de material rodante”. Fue una atrevida actitud a ver lo que era evidente.

Una maniobra más del gobierno que pone en crisis todo un largo esfuerzo de la Auditoría, siempre bienvenido. Esto lleva a preguntarse: ¿es respetada como debería la Auditoría General? ¿Qué papel cumple el control en la gestión de un gobierno? ¿No se debería profundizar más el control en una administración sospechada por muchos medios de comunicación de caminar en la frontera entre la normalidad y la corrupción?

Si algunos de los informes de la Auditoría se hubieran tenido en cuenta seguramente se hubiera evitado la tragedia de la estación Once, que costó 51 víctimas, donde todo el sistema ferroviario quedó bajo la lupa. Desde hace tiempo la Auditoría insiste -sus conclusiones siempre se incluyen en el sitio elauditor.info- en que hay un 100% de incumplimiento en el control técnico y en la reparación de locomotoras y vagones.

El “material rodante” de los ferrocarriles (vagones y locomotoras) debe ser sometido periódicamente a revisiones imprescindibles de distinto tipo “según las exigencias del contrato de concesión”. Lo más importante es todo lo que se refiere al “recambio de elementos relacionados con los frenos, el control de ruedas y ejes, más la revisión y reparación de elementos de acople”. Pero las inspecciones que llevó adelante la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) sobre la empresa TBA (Trenes de Buenos Aires) encontraron “durmientes envejecidos”, rieles con desgaste lateral” y “juntas vencidas que ocasionan fuertes golpes al paso de las formaciones en movimiento”.

La infraestructura, concluye la Auditoría, está deteriorada por falta de mantenimiento. Agregó que los “planes de mantenimiento” en vías y obras presentadas por Trenes de Buenos Aires (TBA) en años pasados fueron insuficientes: cubrían menos del 10% de toda la red a cargo de la empresa que se hizo cargo de todo.

El gremio ferroviario participa de las mismas conclusiones, porque también es víctima de la desidia. Por “incumplimiento en el mantenimiento” hubo 26 accidentes en el 2008. En el 2009 los descarrilamientos y colisiones llegaron a 41 y continuaron las falencias en las revisaciones preventivas.

TBA miró para otro lado. Pero las cuentas indican que entre el 2003 y junio del 2010 recibió casi 2.000 millones de pesos en subsidios del Estado nacional. Por su parte, la caja de la empresa Ferrovías, que se encarga de unir la estación de Retiro con Villa Rosa, en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, recibió 1.500 millones de pesos en ayuda estatal. Representaban el 66% de los ingresos por explotación en el recorrido. Entre el 2003 y el 2011 Ferrovías pidió al Estado que le aumenten las transferencias de dinero unas 17 veces.

El gobierno se precia de haber mejorado todos estos imponderables con los convoyes de origen chino. Lo hace después de diez años de montañas de subsidios en los que los concesionarios cambiaron poco y nada.

Toda esta irritante realidad en un año electoral, incluyendo el dato de que la autoridad que estuvo a cargo de los cambios fue Florencio Randazzo, dirigente justicialista y actual ministro de Interior y Transporte. Los actos de Randazzo son muy publicitados y aspira a ser candidato a la presidencia de la Nación en las próximas elecciones, compitiendo en las preferencias de la Casa Rosada con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli.

Hasta ahora ha conseguido el rotundo respaldo del grupo Carta Abierta, los intelectuales plegados al oficialismo ortodoxo que ven en Randazzo un “líder revolucionario”, alguien que proseguirá con el “modelo”. Convendría preguntar de qué “modelo” hablan cuando usan ese término.

El artículo fue publicado originalmente en el diario Río Negro.

“Sicarios mediáticos”

En los últimos días, la Presidente de la Nación y el ministro de Economía se han ocupado de denostar al periodismo. Esta actitud no es nueva ni en Cristina Fernández ni en Axel Kicillof ( “vení, vení chiquito”, lo convocó en la tarima del acto del sábado pasado). Es bueno recordar que, en vida del ex-presidente Kirchner, el matrimonio se solazaba utilizando el atril en la Casa de Gobierno para atacar a periodistas con nombre y apellido y plantarles su pasado (notas antiguas,
episodios desconocidos, trabajos, militancia o ideología) sin ningún tipo de pudor ni precaución. Atacaban a medios y los que en ellos trabajan con especial saña.

En esos casos utilizaban las carpetas en poder de los Servicios de Inteligencia para fundamentar mal o bien el ataque a las víctimas. Es decir, no sólo abusaban del poder sino que ponían a la luz, frente a todos, asuntos confidenciales en manos del Estado. En la mentalidad del matrimonio los periodistas mienten, son serviles obedientes de sus jefes. Digamos que los rechazan con especial furia. Sólo hablan, si es que hablan, con los periodistas obedientes.

Por eso se dijo durante mucho tiempo, en los diez años que nos preceden, que libertad de expresión hubo, pero lo que faltó fue el trato de cortesía elemental, la subestimación, a veces el insulto gratuito y el castigo vedándole a los que tenían entre ojo y ojo toda ayuda en materia de publicidad oficial cuando de manera paralela tenían programas de radio o de TV. Es decir que era una libertad de expresión recortada, bastardeada. Carecían de las consideraciones y montos espectaculares de publicidad (dinero del Estado ) que sí reciben los medios oficialistas (que son los menos leídos, los menos escuchados, los menos vistos). A falta de algunas críticas por parte de los partidos políticos de la oposición, los periodistas ingresaron en la categoría de “enemigos”. No hubo pruritos. Porque los militantes kirchneristas tomaban al pie de la letra y patotearon o despreciaron, o pegaron o escupieron de manera increíble, a los profesionales que no aceptaban bajadas de línea de la Casa Rosada.

Todo absolutamente diferente a Chile o Brasil . La titular del Ejecutivo de Brasil ha venido aceptado las investigaciones periodísticas para poder expulsar a ministros, banqueros y ahora empresarios de Petrobras. Eso no había ocurrido con Lula da Silva, que se erizaba cuando en algún medio ponían a sus funcionarios o a miembros de su familia en evidencias ilegales. La presidenta Bachelet no conoció el ” pacto de consideración y silencio ” de los medios en su primer año de gobierno y avanza en su camino o retrocede sin descalificar a los periodistas.

En el programa radial de Víctor Hugo Morales el lunes se despachó Kicillof, quien todavía no ha aclarado problemas serios generados en su gestión .

Dijo: “Los argentinos estamos cansados de tanta mala onda y tanta mala leche. Ver estas tapas de diarios enloquece. Son títulos repugnantes, estamos acostumbrados a las profecías de catástrofes que no ocurren”. Pero no explicó que el país está ahogado, necesitando dólares. Que la colocación de Boden fue un fracaso rotundo, que los vencimientos de la deuda externa en 2015 escalará hasta los 15.000 millones de dólares, poco más del 40 por ciento de las reservas totales que dispone el país. Que el cepo cambiario está produciendo desajustes importantísimos en la producción, que el empleo privado está paralizado, que sigue la emisión descontrolada y cubre numerosos subsidios, que la inflación cierra el año con casi 40 por ciento, que la pobreza llega al 10 por ciento de la población… Ahora bien, ¿ qué pueden hacer los periodistas más que informar? ¿ Creer acaso en las estadísticas del INDEC que viene mintiendo desde enero del 2007 ? ¿ O basarse en datos de consultoras privadas de confianza, que en su momento fueron castigadas injustamente por el ex-Secretario de Comercio Guillermo Moreno, por aportar información distinta a la del gobierno. Ahora Moreno -un especialista en el maltrato a los periodistas- deberá enfrentar a la Justicia por esas multas y su decisión arbitraria.

En el acto oficialista del sábado pasado la Presidente subió el tono en el cuestionamiento al periodismo y a los jueces. Los calificó de “sicarios mediáticos” a unos y a los jueces de  ”secuaces”, a su criterio, impertinentes por inmiscuirse en
los negocios privados de los funcionarios y en los actos de corrupción. No personalizó. Sí generalizó.

La histórica filóloga María Moliner, en su “Dicccionario de Uso del Español” define así al sicario: “es el asesino asalariado”. Impresionante y sintética definición. El término es muy usado en la actualidad en el mundo del negocio de la droga, donde están en juego cifras millonarias. Sicarios son los dependientes de los Grandes o Pequeños Jefes, que matan por encargo. Aquí, en la Argentina, por venganza, los sicarios se cobraron la vida de colombianos indeseables, que no habían devuelto algunas cobranzas o competían por la apropiación de determinado territorio. Hace no muchos años, en Colombia, sicarios de 13 o 15 años mataban sin contemplación y por encargue por no más de 50 dólares. En México los sicarios son los dueños del territorio del Distrito Federal hacia el norte y en la frontera con Estados Unidos no hacen diferencias entre sus víctimas, les da lo mismo mujeres que hombres. Varios de ellos son ex-policías o miembros de las fuerzas que combaten a los narcotraficantes.

En definitiva, y no por demagogia, la Presidente igualó a los periodistas críticos con asesinos a sueldo. Lo hizo por rechazo a las investigaciones que rozan el poder. Por hablar de la economía real, no la ideal. ¿Lo dice por cuenta propia o por los machetes que le pasan sus asesores? ¿ No mide la proyección de los calificativos que utiliza? Es un asunto preocupante porque los límites de una política activa no son respetados.

 

Una osadía descomunal

Algunos lo tomaron como tema de diversión. Otros se pusieron extremadamente serios (y los comprendo, porque en estas cuestiones no tengo sentido del humor). Y muchos callaron por temor a que se los acuse de discriminadores.

Pero al margen de cualquier respeto o falta de respeto, el pedido de subsidios para travestis de 8.000 pesos es de una osadía descomunal para el resto de una sociedad que tiene carencias de todo tipo y que está acosada por la inflación, la recesión y los pánicos por la inseguridad. Cuanto menos la cuestión es ofensiva para los que trabajaron toda su vida y cobran jubilaciones magras o se ven obligados a vivir de la consideración de sus hijos, amigos o conocidos que tienen el don de la piedad.

Los responsables son dos parlamentarias. Las dos oficialistas: María Rachid y Diana Conti. La primera trabajando en la Ciudad y la segunda en la Nación. Las dos con significativas trayectorias.

En 1996 Rachid fundó “La Fulana”, espacio comunitario para “Mujeres que aman mujeres”. En 2006 creó la Federación Argentina de Lesbianas. Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), que nuclea distintas organizaciones de diversidad sexual. Bregó tesoneramente para conseguir el matrimonio entre personas del mismo sexo y tuvo suerte, porque el Gobierno concedió todo y con una sonrisa… En 2010 accedió a la Vicepresidencia del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Pero renunció un año después.

Rachid reconoció a las pocas horas que habría que estudiar el total del monto del subsidio. Un gesto, una reacción, frente a la ofensa de muchos.

Conti, con orígenes en la izquierda activa, quien adhirió y supo comprometerse con la Alianza, ha llegado a decir que sí, sin dudas, ella es una stalinista y que nadie puede dudar de las actividades limpias de la Presidente de la Nación. La iniciativa legislativa firmada por Conti propone compensar a los transexuales y travestis, cuyos “derechos fundamentales fueron violados por motivos de su identidad de género”, con un subsidio mensual equivalente a la remuneración mensual de la categoría D, nivel O, planta permanente del Sistema Nacional del Empleo Público, lo cual bordea los 7.500 pesos.

A las dos parlamentarias parece inquietarles sólo la discriminación contra sus defendidos/defendidas. Nunca hablaron, que se sepa, de la discriminación contra los indígenas, o los chiquitos del norte con la piel oscura, o con los discapacitados, o con los extranjeros de países vecinos o lejanos, o con inmigrantes asiáticos o contra las bravuconadas que atacan a los judíos.

¿Y por qué debería haber subsidios de este tipo? ¿Con fondos del Estado, que no termina de cubrir las necesidades de los hospitales, que no construye las escuelas que se necesitan, que mantiene una infraestuctura de caminos vieja e ineficiente, causa de accidentes fatales, que no termina de reconocer que el impuesto a las ganancias es una carga fiscal al trabajo, que viene manejando subsidios más que millonarios ? ¿Fondos que son administrados arbitrariamente y sacándolos de sus funciones específicas, prohibido por la legislación? ¿Quién, como se decide? ¿No se puede pensar en otros subsidios, si es que el Tesoro puede, para importantes y decisivas necesidades?

El propósito final incluye atender a esas categorías sexuales porque  -dicen- después de los 40 años quedan marginados, física y monetariamente, según argumentos escuchados en las radios. No hablan de la necesidad de crear, para estos casos centros médicos de contención y protección, que en la Argentina parecen no existir.

Por supuesto que no son proyectos tirados de los pelos. Tiene un propósito, además de proteger a las mentadas “víctimas”, que es conseguir, sin falta sus votos cuando llegue el tiempo electoral. Además no son propuestas que caen en el vacío . En el Gobierno se las escucha y se las atiende.

Habría que exigir a todos los legisladores que rindieran cuenta de su trabajo y preguntarles, durante o al final de su mandato, qué estudiaron a fondo, qué proyectos presentaron, qué cambios positivos generaron. No basta con que publiquen un libro. Tienen que fundamentar lo que hicieron para que la sociedad vida mejor. Qué votaron o dejaron de hacerlo y los porqué. Y si se hacen responsables de sus actos.