La economía vista por el espejo retrovisor y el catalejo

Desde el 10 de diciembre se viven en la Argentina tiempos de cambios profundos, tanto en lo referente a las políticas que apuntan a la normalización de la economía, como a dar respuesta a viejos reclamos sociales en pos de una mejor distribución de los recursos en la sociedad.

Sin embargo, en esta primera etapa aparecieron los antagonismos, como River-Boca, optimistas-pesimistas, radicales-peronistas, populistas-liberales, y así la lista puede ser interminable, hasta llegar a otro extremos como hacer pronósticos sobre la base de mirar para atrás (espejo retrovisor) o hacia adelante (catalejo).

Claramente, la generalización del estado de emergencia, pese a haberse instalado en la crisis de 2001 y nunca se levantó, a las estadísticas públicas, la situación energética y ahora se propone al Congreso que también la declare para el sistema previsional, junto a más de cuatro años de virtual estancamiento de la economía y acumulación de severos vicios y alteraciones de las reglas de juego que derivaron en una singular indisciplina fiscal, con un exceso de gastos sobre un récord de recursos equivalente a más del 7% del PBI, un 20% de los ingresos corrientes, torna nada sencillo predecir el ciclo de los negocios y de la realidad social para el segundo semestre, y el arrastre para la elección de medio término, en 2017.

Más aún cuando se advierte a diario un claro conflicto de intereses entre quienes por un lado reclaman urgentes medidas para erradicar la pobreza y revertir la destrucción de empleos, y al mismo tiempo se oponen a que se aplique una política monetaria austera para atacar la inflación y se ajusten las tarifas que durante más de una década estuvieron casi congeladas para un selecto grupo de la población, como camino para reducir el abultado rojo fiscal, fuente generadora de pobreza, como si los precios y salarios de la economía no se hubiesen multiplicado, en promedio, por 15 en ese período.

Lo mismo puede decirse de quienes en el último lustro estuvieron alertando sobre los riesgos que implicaba fomentar el consumo a niveles muy superiores a las reales posibilidades de la sociedad en su conjunto, por la vía del atraso cambiario, la administración de los precios y el congelamiento de las tarifas con subsidios que sólo aseguraban el descalabro de las finanzas públicas y el agotamiento de las reservas energéticas, porque en paralelo no se incentivaba genuinamente la inversión y menos aún las exportaciones; ya que se conmueven al ver que la demanda interna se contrae, más de los sectores de medios ingresos que los más rezagados, porque estos recibieron diversas fuentes de compensación de las medidas adoptadas.

Los pronósticos empiezan a mostrar una singular brecha

Ese escenario comienza a percibirse en la brecha entre las estimaciones de los economistas, por cuanto muchos, al parecer guiados por extrapolar al futuro las experiencias del pasado, y los datos de actividad del primer cuatrimestre, ya se animan a considerar que en el primer año de Gobierno no se podrán cumplir con las metas fundamentales de bajar la inflación, reducir el déficit fiscal y recuperar la senda del crecimiento que anunciaron el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. E incluso arriesgan un arrastre negativo que podría afectar el resultado electoral para el oficialismo.

Para eso se valen de poner en el haber las medidas que tienden a sumar ingresos o restar gastos al Tesoro nacional, como la reducción de los subsidios económicos, tarifas de los servicios públicos, baja de la tasa de interés del crédito externo y en el debe las pérdidas de recursos con la baja de las retenciones a los granos, industrias y minería; la restitución de coparticipación a provincias y el aumento de las erogaciones con la ampliación de los subsidios familiares, tarifa social y a las tasas de interés de los sectores afectados por las inundaciones, más los nuevos para reimpulsar el mercado automotor e inmobiliario; y la devolución de impuestos a los asalariados con ingresos superiores al promedio, con la suba del máximo no imponible retroactivo a enero, entre otras medidas.

Por el contrario, otros, más apegados a la ortodoxia y que saben que las medidas de política monetaria se manifiestan en un plazo no menor a 8 a 10 meses, como corrobora que la aceleración de la inflación a un rango del 40% tuvo tanto que ver por la expansión un año antes de la cantidad de dinero a ese ritmo, y de ese modo alimentó un atraso cambiario que no se pudo sostener; advierten que el aparente equilibrio, o incluso desbalance negativo entre las medidas adoptadas de transferencias de ingresos a la producción y los sectores más postergados, redundarán en unos casos más rápidos que otros en aumento del consumo, la inversión y también las exportaciones, que contribuirán a generar beneficios fiscales netos.

Además, presuponen, que un ordenamiento de las finanzas públicas, con eliminación de focos de corrupción, despilfarros e incompetencias, redundará en singulares eficiencias que harán un significativo aporte a la baja del déficit fiscal. Eso ya se puede ver con nitidez en la ejecución presupuestaria de los primeros cinco meses por parte de la Administración Central. Naturalmente, en este grupo se inscriben los economistas del amplio gabinete de Gobierno, pero también muchos de los respetados analistas de la City, de jerarquía similar a los que, por ahora, no creen en un punto de giro saludable en el segundo semestre.

En menos de seis meses se podrá comprobar quiénes estuvieron más acertados en sus pronósticos, los que no se pudieron despegar del espejo retrovisor, o quienes se arriesgaron a utilizar el catalejo para descubrir la luz al final del túnel de la economía.

Después de 25 años, nuevo intento de erradicar viejos vicios

Como en 1991, con un Gobierno peronista, ahora con una coalición amplia, luego de un ordenamiento inicial de parte de los grandes desequilibrios heredados, se vuelve a poner el norte en solucionar una histórica deuda social, como es el caso con gran parte de los jubilados y pensionados, pese a que todos la conocían pero muy pocos se ocuparon no sólo de ponerle fin, sino de evitar generar situaciones de reincidencia en semejante flagelo.

Las diferencias no son menores. Entonces la solución propuesta fue la entrega a los jubilados afectados por el recurrente vicio de subestimar el cálculo del haber mensual, y más aún en el caso de los pensionados, y se pagó una pequeña parte en efectivo y el saldo en un bono de la deuda pública a 16 años de plazo, con seis de gracia y se buscó estabilizar los precios con un régimen de cambio fijo.

De ahí surgió en los 90 una singular ganancia financiera para los inversores de largo plazo y un perjuicio singular para quienes no tenían espaldas y años de vida, para cobrar la totalidad de la reparación propuesta por el Poder Ejecutivo y avalada por el Congreso de entonces.

Ahora, las nuevas autoridades optaron por proponer a los legisladores una solución integral a favor exclusivamente de los jubilados y pensionados , ya que comprende no sólo a quienes lograron sentencia en firme a su favor en contra del estado nacional, sino a todos los que legítimamente tienen derecho a cobrar sus haberes conforme a sus aportes y contribuciones patronales al sistema previsional; y además con una compensación inicial de la mitad de la deuda reconocida judicialmente y la estimada para los beneficiarios que iniciaron un reclamo por esa vía pero aún no lograron sentencia, y el saldo en 48 cuotas mensuales ajustables por el índice de movilidad jubilatoria, sin períodos de gracia; y un reajuste de haberes para el resto de modo inmediato.

Otra diferencia sustancial en lo que se considera puede constituir un paso fundamental hacia la “normalización de la economía” es que se comenzó con la unificación del sistema cambiario, y se pasó a un régimen flotante, como predomina en el mundo, con metas de inflación descendente, junto con la cancelación de la deuda pública con los holdouts y el regreso al mercado internacional de financiamiento para emprendimientos del sector público y privado, y el rebalanceo tarifario junto a un sistema de tarifa social para los servicios de consumo de energía, gas, agua y transporte, que apunta a depurar el destino de los recursos tributarios.

Sobre esa base algunos economistas comienzan a proyectar para el fin del segundo semestre una alta probabilidad de punto de giro en la inercia recesiva que dejaron las abultadas hipotecas del gobierno anterior, a partir de una nueva corriente de capitales fomentada por el cambio de las reglas internacionales sobre secreto bancario de activos de residentes en otros países, y por el reimpulso al consumo que generaría la reactivación y el mayor ingreso disponible para más de uno de cada cuatro jubilados, si se aprueba el proyecto de ley ómnibus de Sinceramiento Fiscal y el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.

La Argentina aún no refleja una vocación exportadora

La liberación del mercado de cambios y la casi total eliminación de las retenciones parecen escasos atributos para provocar un rápido impulso de las exportaciones de manufacturas industriales no agropecuarias, pese a que, por los efectos de los ajustes de precios y salarios, el mercado interno perdió vitalidad en el primer cuatrimestre y de ese modo dejó más capacidad ociosa disponible para cubrir con operaciones de ventas al resto del mundo.

Más allá del receso que afecta a Brasil, principal socio en el Mercosur, a quien van dirigidas actualmente un 17% del valor total de las ventas externas de la producción nacional, la sustancial mejora del tipo de cambio y la recuperación de los precios internacionales de las materias primas no han significado un impulso en la estructura de las exportaciones, salvo casos aislados de algunas empresas automotrices que han logrado calidad y costo de producción de clase mundial, lo que les ha permitido, a su vez, penetrar en otros países, incluidos los Estados Unidos, y algunas firmas del sector de productos químicos y agroquímicos.

Al menos eso es lo que mostraron los últimos datos del comercio exterior argentino al cierre del primer cuatrimestre, donde, a excepción de los productos primarios y en menor medida sus manufacturas, la mayor parte de los rubros acusaron apreciables bajas en comparación con los ya débiles niveles del año anterior, superior a la que cabría esperar por la disminución de los precios internacionales en un promedio de 13%, por la incapacidad de reacción del sector industrial. Continuar leyendo

Entre la realidad y los pronósticos de los economistas

El cambio que propuso y propone el Gobierno no sólo se manifiesta en el estilo de comunicación sobre la herencia, o mejor dicho las hipotecas recibidas, y sobre los reaseguros que fue tomando para atenuar el impacto de las medidas de “normalización” de la economía, sino también en la gestión de las grandes empresas y bancos.

Ya no seguimos tanto a pie juntillas los pronósticos y escenarios que plantean los economistas externos, aunque no prescindimos de ellos, sino que ponemos más el acento en mirar los datos de la realidad, tanto de nuestros números como de los clientes”, destacaron en un encuentro privado banqueros de fuste, y en otro hicieron lo propio encumbrados empresarios. Continuar leyendo

Otra vez una ley laboral desgasta a un gobierno no peronista

El Gobierno nacional sigue pagando los costos de haber elegido el gradualismo para disciplinar las finanzas públicas y ordenar la cataratas de regulaciones y subsidios que afectan a muchos y benefician a pocos, mientras que en algunos casos ha optado por reforzar prácticas nocivas, como dar preferencias a inversiones de unos en detrimento de otros, y en extender un régimen de “precios cuidados” que dice exitoso, pero que no está probado haber contribuido a bajar la inflación y reducir la pobreza, cuando las causas de la inflación pasan por otro costado.

Ya a cinco meses de Gobierno no hay excusas para no hacer un balance claro de las hipotecas recibidas, no tanto para liberarse de culpas, sino para explicar a la sociedad en su conjunto el por qué de algunas decisiones “antipáticas” pero necesarias para poder iniciar el esperado camino de la reactivación, las inversiones generadoras de empleos y conducir a una drástica baja de la inflación, con políticas propias de países exitosos, incluidas la cobertura de ingresos a casi la mitad de la población que no tiene resto para esperar a que maduren esas iniciativas.

Confiar en que con el anuncio cada mes de medidas que ponen más el acento en los aumentos autorizados de precios de bienes y servicios, públicos y privados, que en la reducción de los costos laborales y la disminución de la presión tributaria sobre la aún baja proporción de la economía formal, al tiempo que se emiten señales contradictorias en la regulación de las tasas de interés, cobrarán impulso las inversiones productivas, es desestimar el efecto negativo sobre las expectativas de que “todo aumenta y seguirá aumentando”, mientras crece el descontento en parte de la sociedad no menor que aún no ha visto recompuesto sus salarios, y más aún de los trabajadores informales, autónomos y monotributistas, que casi siempre se los deja afuera, y cuando se los intenta incorporar para aliviar su situación de ingresos se aclara que deberán esperar la sanción de proyectos de ley que no se sabe cuánto tiempo demorará su tratamiento en las cámaras legislativas, como el paquete de medidas anunciado para las pymes.

Finanzas públicas poco claras
Aún la sociedad no conoce casi nada sobre la realidad fiscal, más allá de datos agregados que poco aportan a brindar transparencia en el manejo de las finanzas públicas, como cuántos empleados tiene hoy la administración pública en condición de personal efectivo en relación de dependencia y el registro de asistencia a sus tareas habituales; total de contratados y casos que aparecen en la nómina pero que nunca asistieron a una partición pública.

Tampoco se conoce cómo ha evolucionado la nómina de proveedores y concentración de los contratos de obra pública; y ni que hablar sobre la evolución mensual de la estadística de perceptores de los innumerables planes de asistencia social y los giros discrecionales de fondos a las provincias “amigas”.

Muy pocos discuten la influencia del déficit de 7% del PBI que arrastran las finanzas públicas en la determinación de una alta tasa de inflación, porque provoca enormes necesidades de financiamiento del Banco Central con emisión. Sin embargo, aún el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, no ha brindado un conferencia de prensa para explicar qué encontró en su área, y qué políticas decidió instrumentar para explicar cuáles son los lineamientos y metas cuantitativas para reducir el rojo fiscal a la meta cercana a 5% del PBI que anunció el ministro Alfonso Prat-Gay.

Mantenerse a la defensiva, y esperar a que se manifiesten desvíos negativos, porque la economía se demora en reactivar, y por eso se tienen que instrumentar concesiones que deriven en incremento del gasto social, y aumentar la presión tributaria, como ocurrió con el caso de los cigarrillos a comienzo de mayo, sólo contribuirá a perder puntos, como en estos días ocurre con el mercado laboral, pese a que parecía de manual que un gobierno no peronista iba a enfrentar su primer embate en ese frente.

Así le ocurrió al presidente Raúl Alfonsín en 1984, a poco de asumir, cuando su proyecto de ley de reordenamiento sindical (mejor conocido como “Ley Mucci” debido a que su impulsor fue el entonces Ministro de Trabajo, Antonio Mucci) no fue aprobado; y luego sufrió algo parecido el presidente Fernando de la Rúa con su Ley de Flexibilización Laboral, aprobada en 2000 en la Cámara de Diputados con apoyo de la Alianza y el rechazo del PJ, y en abril de ese año el Senado la convirtió en ley con el apoyo de algunos senadores peronistas, porque tras la sanción de la norma, Hugo Moyano, entonces jefe de la CGT disidente, denunció que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había dicho que para los senadores del PJ tenía “la Banelco”, en alusión al pago de supuestas coimas.

El despertar de un sueño que se creyó que no era tal

Durante dos períodos presidenciales muchos argentinos disfrutaron de un sueño placentero que les mostraba estar participando de un Estado ideal, de baja inflación y alto crecimiento sustentable de la economía, porque generaba empleos y de ese modo aseguraba la continuidad de la fiesta del consumo, y no existían costos de vivir en default parcial de la deuda pública permanente, y tampoco por la pérdida o el achicamiento de mercados externos, porque el cepo cambiario reducía las importaciones y se creía que así se contenía la fuga de capitales.

Sin embargo, gran parte de la población que no llegó a vivir ese sueño y que, por el contrario, se mantuvo despierta (aunque muchas veces dudaba de ese Estado porque advertía que estaba sumergido en una pesadilla), un día pudo decidir que era tiempo de cambio y por tanto se debía no sólo comenzar a reencauzar la economía para revertir una insoportable realidad social de una singular legión de excluidos que nunca aparecía en la siesta profunda en la que estaban muchos de los votantes: 30% de pobres, producto de más de 11% de la oferta laboral desempleada y creciente desaliento en el mercado de trabajo que había marginado a casi un 3% de la población, un 6% de la oferta laboral total que pasó a formar parte de los “desalentados”.

Frente a ese escenario el nuevo Gobierno se propuso seguir una hoja de ruta compleja, porque optó por medidas de shock para unos casos, que resultaron exitosas, y por el gradualismo para otros, con saldo parcial.

En el primer caso se ubicaron las medidas para salir del cepo cambiario, eliminar la mayor parte de las retenciones a las exportaciones, cerrar un rápido acuerdo con los holdouts para superar un pleito judicial después de casi 10 años con pago en efectivo, subir las asignaciones familiares y corregir parte de las distorsiones que generaba el congelamiento del mínimo imponible de Ganancias sobre los salarios de una pequeña parte de los asalariados y menos aún de jubilados y pensionados.

Mientras que en el segundo caso se situaron los aumentos de las tarifas de luz y gas, principalmente para sincerar los cuadros tarifarios en la limitada, pero amplia, área del Gran Buenos Aires; luego las correspondientes al transporte público de pasajeros para la misma región, y luego el agua, a lo que se agregó el sostenido aumento del precio de las naftas, aun en momentos en que baja la cotización internacional del barril del petróleo.

Hacen, pero no se ve
Y si bien el Gobierno nacional implementó la creación de la tarifa social para todos esos casos, con una cobertura que abarcó a más de tres millones de familias, a excepción de los combustibles, y elevó el alcance de las asignaciones familiares, de efecto inmediato, que se agregó a la estacional suba semestral de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo, la sensación generalizada y la prédica diaria de los principales formadores de opinión, con muy pocas excepciones, es que “el Gobierno hizo una fenomenal transferencia de ingresos a los sectores más fuertes, como los empresarios del campo, la industria y la minería, mientras aún no le dio nada a los sectores postergados”, como los trabajadores, los desempleados de antes y los nuevos que se dispararon por el efecto de dichas medidas.

No sólo eso, la elección del gradualismo para los aumentos espaciados de las tarifas de los servicios públicos, los combustibles y también los servicios privados, junto con las autorizaciones de alza de los precios todavía “administrados”, como la medicina prepaga, la televisión por cable y otros, han provocado el resurgimiento de expectativas fundadas de un cuadro inflacionario sostenido que no sólo impide al Banco Central delinear un sendero de baja de las tasas de interés al nivel compatible con una meta de 25% de inflación, y con ello demorar el esperado ingreso de capitales de inversión productiva, sino que, peor aún, ha disparado decisiones de despidos en algunas industrias, en particular en las ramas de la construcción y de la altamente dependiente del ritmo de la economía de Brasil y del valor del petróleo en el mundo.

Con ese escenario, ya hay economistas que vaticinan enormes dificultades para que el Gobierno no sólo logre cumplir la meta de 25% de inflación, sino la de bajar el déficit fiscal a un 5% del PBI, casi el doble del promedio mundial.

Sin embargo, desde el presidente Mauricio Macri hasta sus ministros y secretarios de Estado se muestran confiados en que el cuadro cambiará radicalmente en el segundo semestre, porque ya habrán cesado los ajustes de tarifas y combustibles y los asalariados registrados volverán a contar con “ingresos nuevos” para “precios nuevos”.

No obstante, para llegar a esa instancia no sólo faltan transitar dos largos meses, sino que aún queda pendiente una respuesta de alivio para quienes están desempleados y diariamente se suman otros, más los sectores carenciados de menos de 18 años y de más de 60, que no están en condiciones de concurrir al mercado de trabajo.

Subestimación del pasado y sobrerreacción del presente
Durante los últimos cuatro años la economía no generó empleos privados netos, y el sector público, pese a haber creado una enorme cantidad de puestos por año, no llegó a absorber a la totalidad de las más de 230 mil personas que anualmente deberían haberse sumado al mercado de trabajo, para no agravar el desempleo, por lo que quedaron sin respuesta en ese período más de quinientas mil personas en todo el país.

Sin embargo, el sueño en el que estaban muchos de los beneficiarios de un modelo que dejó pesadas hipotecas por todos lados hizo que ese fenómeno no adquiriera la entidad que ahora ha tomado la denuncia sindical de más de 127 mil despidos en tres meses, mientras que nada se dice de los esfuerzos que está haciendo la mayor parte de las empresas para sostener e incluso incrementar levemente la nómina.

De ahí que se aliente desde las fuerzas de oposición a tomar medidas antiempleo, porque incluso en los casos en los que no se prevean despidos ni reacciones anticipadas en esa dirección, se deberán incrementar las previsiones contables, con el consecuente impacto alcista sobre los costos laborales y, por tanto, de subas de precios, esto es, de la inflación.

No es fácil despertarse de un largo sueño y encontrarse con una realidad que durante años se negó a gran parte de la sociedad, porque se consideró que vivía de “sensaciones”, y reaccionar rápidamente para no caer en estado de angustia. Y menos aún, recuperarse de una larga pesadilla.

El Gobierno todavía está a tiempo de abandonar el gradualismo y disponer de una vez todas las correcciones tarifarias que considere que restan y, al mismo tiempo, acordar con empresarios y sindicatos medidas de emergencia para compensar a los trabajadores y a la sociedad del impacto real de esas acciones sobre los sectores carenciados y con ingresos inferiores al promedio nacional, para esperar inmediatamente después un cambio de las tendencias inflacionarias como ocurrió en los primeros meses del Plan Austral, en junio de 1985; de la convertibilidad, en 1991 e incluso luego de la crisis de fines de 2001, principios de 2002.

Quienes aseguran que ya se está en la última etapa de los aumentos y que se quiere evitar un daño social, por eso no se encara una drástica reducción del desequilibrio fiscal, que es una de las claves del desmadre de los precios, no advierten que no sólo muchos economistas dudan del logro de una baja efectiva de ese déficit, sino que, peor todavía, aventuran un nuevo aumento de la presión tributaria.

Esa línea fue abonada al cierre de abril, cuando el ministro Alfonso Prat-Gay anticipó a la prensa la decisión de disponer una drástica suba del impuesto a la venta de cigarrillos, bajo el argumento de buscar recursos para asistir a las provincias, cuando es posible esperar enormes ahorros con sólo no validar los sobreprecios denunciados en la obra pública pendiente de pago y en los nuevos proyectos de obras de infraestructura, así como eliminar de la nómina los empleos y los subsidios inexistentes, sólo registrados para alimentar las fuentes de corrupción que también se denuncian a diario en los tribunales.