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Noviembre fue peor que octubre pero será mejor que diciembre

Los indicadores del Indec de la actividad económica, tanto del PBI, el comercio exterior, como de las finanzas públicas y marcha de los precios, mostraron en el último mes un inquietante deterioro, y contradijeron con contundencia al denominado “relato oficial”.

La industria ya no crece 4 o 5%, como acusó en mayo y junio, sino que ahora cayó 4,9%, y se aleja inexplicablemente de las estimaciones menos contractivas que calculan las consultoras privadas.

El saldo de la balanza comercial mantiene el signo positivo, pero revela mes a mes el efecto absorbente del resultado crecientemente deficitario de la cuenta energía y combustibles.

La Secretaría de Hacienda resalta mes a mes el rol de la actividad económica y las políticas activas del Gobierno, pero las planillas que consolidan los ingresos y gastos del conjunto del sector público nacional (no incluye a provincias y municipios) mostraron en el último mes que pese a contar con una asistencia extraordinaria del Banco Central de la República Argentina y de la Anses, el déficit fiscal, tanto primario (antes del pago de intereses de la deuda), como financiero o final, se acrecentó a niveles que comienzan a encender señales de alarma: más de 3% del PBI en 11 meses, pero con un ritmo en el último mes a más de 7% del PBI oficial.

El predicado en forma recurrente desendeudamiento del Estado ya no se sostiene, ni en el lo referente a los compromisos internos (crecientemente con el Banco Central, la Anses y otros organismos descentralizados, aunque en el relato se los minimiza, porque se considera un Pagadiós), como ahora, desde el tercer trimestre, también en moneda extranjera.

Y en materia de inflación, frente a una tasa inferior a 11% anual que el Indec informa mes a mes, y menos de 8% en el caso de los supermercados y shopping, el organismo oficial de estadística calculó para la estimación de las cuentas nacionales (PBI, consumo e inversión) que se aceleró en el tercer trimestre a casi 18% para el promedio nacional y superó 27% en el caso de la variación del índice de precios implícitos en el gasto del agregado del sector público nacional.

Por qué el año termina con indicadores más devaluados
Porque la negación de la realidad social, afectada por desconocer la inflación y sus efectos perniciosos sobre los sectores de la población de menores ingresos, incluyendo los cuadros menores de las fuerzas de seguridad que provocaron un levantamiento que terminó en desmanes, saqueos durante un par de semanas, y pese al virtual arreglo salarial y refuerzo de la vigilancia, no impidió que disminuyeran al mínimo los pedidos de reposición de mercadería. Es su único capital.

Como resultado de ese fenómeno, las industrias y distribuidoras proveedoras a los canales de consumo masivo vieron mermar sensiblemente sus ventas respecto de lo esperado, y más aún en comparación con las de un año antes.

Porque la negación de la crisis energética, pese a los esfuerzos por disimularla con abultadas importaciones de gas y otros combustibles y cortes más allá de lo programado a las empresas industriales, para poder proveer a improvisadas incorporaciones de usinas térmicas para proveer de energía eléctrica a los hogares, no sólo afectó el ritmo fabril, sino también el consumo de las familias en varias ciudades, en este caso por temor a perder todo frente a una amplia ola de apagones, en particular en el ámbito de la ciudad y Provincia de Buenos Aires, como en Rosario y otras localidades del interior del país.

Porque el desmedido incentivo al consumo, ahora con la extensión de los asuetos en la administración pública, por la Fiesta Navideña y los festejos del fin de año (hay algo por festejar, más allá de quienes están convencidos de haber sido partícipes gozosos de la “década ganada”?), arrastrará a varios servicios y empresas grandes y medianas, con el consecuente impacto contractivo de la producción y la inversión, así como del flujo del comercio exterior.

Porque la fracasada pero ahora repetida política de minidevaluaciones diarias del peso, a un ritmo largamente superior a la tasa de interés, incentiva la demanda de divisas por parte de los importadores, turistas y empresas que logran autorizaciones para cancelar deuda externa y girar utilidades al resto del mundo, mientras que, por el contrario, desalienta las liquidaciones por parte de exportadores y turistas que visitan la Argentina. Sólo con fugaces políticas para atraer dólares las reservas del Banco Central lograron detener la hemorragia, pero no sirven para curar las heridas en ese plano.

Porque haber acelerado el ritmo de devaluación a más de 6% por mes, a una tasa equivalente a 108% al año, tuvo su impacto inmediato en la profundización de los aumentos sostenidos y generalizados de los precios de la economía.

Porque con semejante deterioro de los indicadores de consumo, inversión y producción, el aumento esperado de la recaudación tributaria en diciembre volverá a estar crecientemente por debajo del desempeño del gasto público, con lo que se potenciará el rojo de las cuentas públicas.

El 3 de enero, como promete el Jefe de Gabinete de Ministros, se presentarán las 200 metas de Gobierno para el próximo bienio, un período que hoy luce extremendamente lejano, sino no se acepta la necesidad de diseñar y anunciar un plan integral de contención de la inflación con medidas de fondo que ataque las verdaderas causas, en lugar de los probados y repetidamente fracasados, controles, acuerdos o precios administrados, porque sólo buscan ocultar las consecuencias. En ese escenario, diciembre no sólo será peor que noviembre, sino que estará condenado a ofrecer mejores indicadores a los que arroje el primer mes del nuevo año.

La suba del gasto ya superó al aumento de impuestos

Se trata de una carrera peligrosa cuyo efecto perverso no sólo se manifiesta en un creciente rojo fiscal, que fuerza a un incremento de la emisión de dinero para pagarlo y la aceleración consecuente de la inflación, porque no hay voluntad de los agentes económicos por demandar pesos y por eso fuga hacia el dólar, sino, peor aún, en la pérdida de puestos de trabajo y mayor exclusión social. No es casual la aparición de saqueos en algunas provincias y la tremenda pérdida de votantes que registraron los candidatos del Gobierno en las últimas legislativas.

Con las firmas del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el Gobierno amplió hace una semana en $18.000 millones el gasto público de este año. Es para atender los pagos de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares tanto de la ANSeS como de las Cajas de las FFAA, Policía Federal, Prefectura, Servicio Penitenciario y Poder Judicial, y pensiones no contributivas de Desarrollo Social. Es equivalente, en el mejor de los casos, al doble del monto que se proyecta recaudar con el salto de los impuestos internos para los bienes suntuarios, como autos de alta gama, embarcaciones, aeronaves y motos, de 10% a un rango de 30% en un primer tramo y 50% en el más alto.

Podrá argumentarse que el impulso del gasto público en septiembre, con un incremento de más de 43% en comparación con un año antes, no es extrapolable para los meses siguientes, porque estuvo alentado por un fenómeno estacional, como fueron los momentos previos a las elecciones legislativas. Aunque no hay duda de que se está expandiendo en más de 4 a 5 puntos que la inflación real y que la suba del cobro de impuestos.

Pero no puede objetarse que la disminución en los últimos meses de las tasas de crecimiento de los recursos tributarios, sea porque perdieron competitividad las exportaciones, sea porque las empresas ahora acusan caída de la rentabilidad y por eso tributan menos Ganancias, sea porque el empleo dejó de crecer y las horas trabajadas por la nómina estable bajan, y por tanto se atenuó el aumento de los aportes personales, ha ido ampliando la brecha negativa con la dinámica del gasto público.

Prioridades invertidas
Sin embargo en las primeras dos semanas y media de cambio de estilo que impuso el nuevo jefe de Gabinete de Ministros no se advierte que semejante desbalance, que es la génesis del resto de los desequilibrios que afectan a la economía en su conjunto, a la mayor parte de la sociedad en particular, constituya uno de los temas de la agenda inmediata a comenzar a resolver ya.

Por el contrario, las primeras medidas de política económica, como la destinada a elevar la presión tributaria para los bienes suntuarios, o acordar con Repsol una fórmula de pago por la expropiación del 51% de las acciones que tenía en YPF, no son ni de implementación y efecto inmediata, ni de efecto rápido en términos de ahorro de divisas e ingreso de capitales para inversiones de riesgo, ni tampoco van camino a atenuar el ritmo inflacionario. Tampoco cabe esperar respuestas rápidas de Rusia, China y Brasil al pedido de créditos para apuntalar las reservas del Banco Central que encaran los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Axel Kicillof.

Menos aún cabe esperar un freno a la demanda de dólares por parte de turistas interesados en hacer viajes al resto del mundo, porque la suba neta de la alícuota del anticipo a cuenta de impuestos está lejos de tener un impacto relevante, dado el contexto inflacionario, las tasas de interés reales negativas y la reticencia a medidas de shock que conduzcan a restablecer una gradual recuperación de la confianza, clave para frenar el drenaje de reservas en el Banco Central.

Poner el acento para atacar la inflación en la concertación social y el análisis de las hojas de balances de cada uno de los integrantes de las denominadas cadenas de valor de cada sector productivo de la Argentina, para detectar cuellos de botellas y acciones monopólicas y políticas de suba de precios por parte de empresas con posición dominante, es negar las reales causas de la inflación a ritmo de más de 25% anual en el promedio del último cuatrienio.

Mientras no cambie esa estrategia, la huida del dinero y refugio de muchos agentes económicos en la compra de dólares o de bienes y servicios dolarizados, las cuales son consecuencias de los desequilibrios fiscal, monetario y cambiario, persistirá la hemorragia de reservas del Banco Central, se agravará la destrucción de puestos de trabajo y será creciente exclusión social, por caída de la inversión productiva en un clima de incertidumbre, donde lo único que aparece como cierto el sostenido aumento de los impuestos en busca de financiar el impulso que mantiene el gasto público.

En el Gobierno culpan a los bancos de todos sus fracasos

En la última semana, el jefe de bloque del oficialismo en la Cámara alta, el senador Miguel Ángel Pichetto, en la 34ª Convención Anual del Instituto Argentino de Finanzas, y el titular de la AFIP lanzaron dardos contra el sistema financiero, en disconformidad con la forma y criterios con las que encaran su actividad, porque consideran que no contribuyen con el crecimiento de las empresas y con el rol esencial de canalizar el ahorro de las empresas y familias a la inversión y el consumo como deberían hacerlo.

Previamente, desde el ala económica, con el viceministro Axel Kicillof a la cabeza, y desde el propio Banco Central, la presidente de la entidad Mercedes Marcó del Pont, entre otros, justificaron la imposición de líneas de crédito subsidiadas para la inversión productiva, como el Crédito del Bicentenario y las destinadas a las PyME con un piso de 10% del total de depósitos que capten, por la reticencia de la banca de prestar para la producción.

En esa línea, el senador Pichetto dijo que “hay que replantear el rol de los bancos, porque no están prestando todo lo que le pide al sector productivo, porque dicen que las empresas no ofrecen suficientes garantías, que no califican, y eso no es siempre así”.

Incluso fue más allá el senador por el FpV y remarcó ante la atónita mirada de más de 200 ejecutivos de finanzas y medios periodísticos que “ha sido una imbecilidad creer que el Banco Central de la República Argentina debía ser independiente del poder político y por tanto tener una autoridad superior a la del propio Poder Ejecutivo Nacional”.

Luego fue el turno del titular de la AFIP al destacar, primero en una entrevista casual que le hice en su ingreso a Aeroparque en la avanzada noche del sábado y luego el martes en conferencia de prensa para anunciar la recaudación de septiembre, que “los bancos no han colaborado una vez más para alentar la adhesión a la Ley de Exteriorización de Moneda Extranjera fuera del país, porque se ampararon infundadamente en que podían violar la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.

Saludable limitación de las normas prudenciales
En todos los casos, se omitió hacer mención a que gran parte, por no decir todo, del comportamiento cauteloso de las entidades responde a la catarata de medidas prudenciales que desde hace más de 20 años se fueron implementando en el país para que no se repitieran las crisis financieras con cierre de entidades y asistencia hipermillonarias por parte del Banco Central, como ocurrieron en los ’80. De hecho, la propia presidente de la Nación, Cristina Kirchner, ha resaltado en repetidos discursos y por cadena nacional la fortaleza del sistema financiero que se vio reflejada en la ausencia de cierres en las crisis de 2001 y 2002, y más reciente de 2008 a 2009, con la caída del banco de inversión Lehman Brothers, en los EEUU.

Se trata de normas prudenciales y preventivas, para resguardar al extremo los fondos que los confían los ahorristas, familias y empresas argentinas, principalmente, que en el mercado se conocen como Basilea II, III y las más recientes IV, las cuales exigen evaluar adecuadamente las garantías que ofrecen los potenciales tomadores de crédito, la capacidad de flujo de fondos para repagarlo, previo análisis del destino real de los recursos, para que no sean desviados a operaciones ilegales, como lavado de dinero, vínculos con el financiamiento al terrorismo, entre otras atrocidades.

Sin embargo, lejos están de tomar en cuenta todas de esas consideraciones instrumentales y el propio artículo 14 de la ley 26.860, promulgada el 31 de mayo de 2013, que estipula: “Ninguna de las disposiciones de esta ley liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria”, que explican la actitud precavida de los banqueros.

Es más, sobre el final de ese artículo, el legislador habilitó a las entidades a tomar recaudos adicionales, antes de aceptar la exteriorización de capitales fuera del país al destacar que “las personas físicas o jurídicas que pretendan acceder a los beneficios del presente régimen deberán formalizar la presentación de una declaración jurada al respecto; ello sin perjuicio de cualquier otra medida que resulte necesaria a efectos de corroborar los extremos de viabilidad para el acogimiento al presente”.

Sobre esa base, y ante la supuesta falta de respaldo de la documentación presentada por quienes querían regularizar su situación tributaria “muchos bancos terminaron reportando la mayoría de las operaciones de blanqueo para cubrirse de futuras investigaciones sobre lavado de dinero, lo que podría derivar en multas para las entidades de uno a diez veces el monto del dinero exteriorizado. La medida era inevitable, porque la experiencia del sector es que sólo 30% de las operaciones de blanqueo se podrían justificar el día de mañana”, justificaron analistas del sector.

¿Qué hay detrás de la embestida contra los bancos?

Desde un tiempo a esta parte se ha hecho reiterado en el relato presidencial y, por extensión en el de funcionarios del área económica, la crítica a las ganancias que registran los bancos. “Deben subordinarse al proyecto de desarrollo con inclusión social”, avanzó el viceministro Axel Kicillof.

No sólo como ocurrió con el campo, agricultura con altas retenciones y ganadería con desincentivo a exportar, y con la megaminería en Santa Cruz, ahora también se busca allanar el camino para sacar una tajada de las ganancias de los bancos, y también de las rentas financieras.

Se sabe que en economía se habla con singular ligereza de los números en forma absoluta (millones de pesos) o relativa (porcentaje), según sea funcional al relato oficial. Eso es lo que sucede con los bancos: ¡ganan miles de millones de pesos!, pero ¿respecto de qué? ¿Se la compara con el activo; o con el patrimonio, qué sucede si se coteja en términos reales?

Claramente eso no interesa y sólo se advierte voracidad fiscal para pagar los gastos crecientes en un año electoral, porque el cobro de los impuestos tradicionales ya no alcanza.

El economista Juan Carlos de Pablo hizo en su newslettter, Contexto, un par de preguntas incómodas, porque resalta que “como aprendí en la facultad, lo óptimo es lo mejor de lo posible, no lo mejor de lo mejor”. Esas preguntas aún no encontraron respuestas por parte de los impulsores del impuesto a la renta financiera que se quiere crear, que suena como muy progresista, pero que en una Argentina con alta inflación encuentra severos escollos.

“Primera pregunta: los depósitos que devengan interés, como los de caja de ahorro y plazo fijo, reciben tasas de interés nominales mucho menores que la tasa de inflación bien medida. En otros términos, el poder adquisitivo interno de los depósitos disminuye sistemáticamente a lo largo del tiempo. ¿Cobrarle impuesto a las ganancias a los depósitos, es decir, aumentar todavía más la negatividad de la tasa de interés? Me parece que el dólar blue se va a enterar de que algo está pasando”, observa De Pablo.

“Segunda pregunta: los títulos públicos están exentos del pago de impuestos. ¿Le cobrarán impuesto a las ganancias a dichos títulos? En el caso de los ya emitidos es fácil, registrarán una caída en las cotizaciones. Pero como la vida sigue habrá que emitir nuevos títulos. ¿Alguien puede creer que, cuando haya que pagar impuesto a las ganancias, el Estado podrá emitir títulos públicos sin tener que aumentar la tasa de interés? Pero si esto es así, ¿cuál es la base imponible sobre la cual recaerá el impuesto a las ganancias?

En otros términos, ¿cuál es la dimensión de la “renta financiera”, sobre la cual se podrán cobrar nuevos impuestos?”, plantea el economista y catedrático desde hace más de 40 años.

Letras de Tesorería
Frente a un previsible claro fracaso del impuesto a la renta financiera, sea que se implemente sobre un mercado muy chiquito, sobre todo si se excluyen a los títulos públicos y a los depósitos de menos de $100.000, sea que se desista, es entonces probable que las autoridades económicas necesitadas de obtener recursos adicionales para poder financiar un gasto que caprichosamente acelera el ritmo de crecimiento en un año electoral estén pensando en reeditar las viejas Letras de Tesorería.

Ya he comentado cómo los adelantos transitorios del Banco Central a la Tesorería alcanzaron dimensiones que no se pueden sostener y menos aún ampliar. El impuesto inflacionario ya ha comenzado a hacer mella sobre la actividad económica, al erosionar la capacidad de consumo de las familias, en particular de bienes tradicionales, como carne, pan y tomate.

Subir los encajes bancarios o intentar absorber fondos del sistema financiero a través de la licitación de Letras y Notas del Banco Central, sólo conduciría a aumentar las tasas de interés y con ello a afectar aún más las decisiones de consumo e inversión de las empresas y familias.

De ahí que, abortado el camino de la creación de impuestos y frente al fallido intento que amenaza constituirse un improvisado mecanismo de exteriorización de capitales en moneda extranjera, sólo queda la creación de un “bono patriótico” o la emisión de Letras de Tesorería. ¿Quiénes serían los principales suscriptores? Los bancos. No tanto por evaluaciones de riesgo, oportunidades de inversión y diversificación de cartera, sino simplemente por presiones “ad hoc” de funcionarios de turno.

Esa movida se advierte detrás del relato oficial, desde la Presidente, hasta su viceministro de Economía y secretario de Comercio Interior, cuando aluden a las “ganancias” que registran los bancos y a que “deben subordinarse al crecimiento con inclusión social”.

Como ocurrió en su momento con las AFJP o la estatización de YPF, entrando por la ventana, se trata de predisponer a los legisladores para que voten proyectos de ley que pueden lucir razonables, pero que esconden objetivos muy distantes a los que se publicitan: financiar el verdadero rojo fiscal y direccionar la inversión pública.

Mucho daño para un pobre resultado
Ya, a través del Banco Central, por influencia del viceministro de Economía, se avanzó sobre las limitaciones de los cargos y comisiones, las cuales reducirán en unos $2.000 millones las ganancias anuales presupuestadas para el conjunto de las entidades, dado que la medida opera sobre el 7 a 10% de las utilidades de la banca, según el caso.

El impacto favorable sobre el consumo de las familias bancarizadas sería muy escuálido, si se tiene en cuenta que el efecto mensual sería del orden de apenas $165 millones por mes, frente a un gasto promedio para cada mes que se ubica en torno a 131.000 millones de pesos.

Por el contrario, podría tener mayor perjuicio sobre un mercado que no logra equipararse no sólo al de las economías desarrolladas, sino al de sus vecinas, por el desaliento al ahorro privado que genera convivir con alta inflación y las repetidas confiscaciones desde los ’70 a esta parte.

Llegado a este punto, me pregunto: ¿habrán evaluado las autoridades de Economía cuánto ganaron las familias en términos de tiempo, pero también de costos y seguridad física al no ir innecesariamente a su banco, por haber sido inducidas a través de altos cargos para operar con un cajero personalizado, a incursionar en la banca hogareña, a través de su computadora para confirmar la acreditación de la jubilación o el salario, hacer pagos de servicios públicos y privados, transferencias para pagar las expensas o la cuota del colegio de los chicos, o hacer un uso más intensivo del cajero automático más cercano para extraer efectivo?

En la Argentina existen variados ejemplos de que los cambios de hábitos que claramente conducen a una mejor calidad de vida se hacen más rápido cuando tocan al bolsillo, que cuando se basan en simples acciones de comunicación.

Otra vez, cómo surge el valor del dólar libre

En menos de seis meses volvieron a aparecer declaraciones de funcionarios públicos sobre quién determina el valor del dólar libre. En la última semana fue el turno del viceministro de Economía, Axel Kicillof, cuando dijo que “nuestro sistema financiero se ha dedicado más a la timba que a (financiar) la producción y el consumo” y que los “bancos deben subordinarse al objetivo central (del Gobierno) que es el crecimiento con inclusión social”. Y además, los acusó públicamente de “tener vasos comunicantes con el mercado ilegal del dólar”.

Es que tras un veranito, donde a través de la capacidad del Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, de inducir a los principales operadores de las casas de cambio para que se abstengan de operar, la cotización del dólar libre perforó el piso de los $8 por dólar, en julio se reactivó la demanda del billete y su precio volvió a volar sobre los $9 por dólar. Hasta que nuevamente se ensayó un nuevo feriado virtual para inducir a una nueva baja del billete.

En ese escenario es que surgió la denuncia oficial de que los bancos son responsables de “tener vasos comunicantes con el mercado ilegal del dólar”, aunque no se demostró con datos concretos, pese a la abundancia de estadísticas del Banco Central y de las certezas que tiene la Secretaría de Comercio de quiénes son los principales actores en el mercado paralelo.

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