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Del ajuste al desajuste

La baja de los subsidios es un viejo reclamo de la denominada ortodoxia de los economistas, que ahora el Gobierno justifica como racionalidad del consumo de los hogares.

Pero la quita dividida en tres etapas se queda nuevamente a mitad de camino, como ocurriera hace más de dos años cuando se intentó hacer un llamado a un renunciamiento voluntario, porque no incluye a la energía eléctrica.

De ahí que se avanza poco en la reducción de la brecha tarifaria que favorece a los porteños y a los habitantes de la provincia de Buenos Aires en comparación con lo que paga la mayoría de los residentes en las restantes provincias.

Menos aún se avanzará en reducir significativamente el gap entre el promedio de tarifa de gas y agua que abona el promedio de los argentinos respecto de los habitantes en los países vecinos, Europa o los EEUU.

Ni qué hablar de que no se atiende al reclamo de los economistas de las consultoras privadas, y también de gran parte de los partidos de la oposición al Gobierno nacional, de que la base de la rebaja de los subsidios a los sectores de medianos a altos ingresos debiera seguir dos objetivos esenciales: reducir el gasto público para achicar el exagerado rojo fiscal y transferir recursos de usuarios a las empresas para que puedan intensificar sus inversiones para mejorar la calidad de los suministros.

Para el ministro de Economía bajar el gasto es hacer un ajuste, por eso opta por el camino opuesto; esto es, profundizar el desajuste, porque el supuesto ahorro que se obtendría con la rebaja de los subsidios se destinará a intensificar los planes asistenciales, principalmente la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar, y en menor medida reforzar las finanzas de las empresas proveedoras de los servicios de gas y agua, aunque en proporciones no definidas.

Mientras que Kicillof y De Vido no consideran ajuste que para los consumos inferiores el monto a pagar de los servicios se duplicará en cinco mes y para los extremos se multiplicará por casi cuatro. Es cierto que en valores absolutos, los montos a pagar seguirán siendo paupérrimos respecto de otros consumos esenciales, como el transporte o el abono del celular.

De este modo, seguirán pendientes las medidas de racionalidad en el manejo del gasto público, entendido como tal que, al menos no crezca más que lo hacen los recursos tributarios. No hay economista o consultora privada que esté haciendo un llamado al recorte de las jubilaciones o de los salarios, como suelen esgrimir los ministros, sino simplemente atenuar la tasa de aumento nominal. Para que no queden dudas: si los ingresos suben 1.000 millones de pesos, lograr que el gasto, como extremo, no crezca más de 1.000 millones. De ese modo no bajará el déficit fiscal, pero al menos dejará de expandirse y elevar las presiones inflacionarias a través del financiamiento con emisión espuria por parte del Banco Central de la República Argentina.

Consumo racional

Se trata de una linda definición, pero pensar que quien tiene altos ingresos reducirá sus niveles de consumo de gas y agua porque la tarifa bimestral de gas podrá llegar a 500 pesos a fines de agosto es pensar que ese monto tiene un impacto relevante sobre sus presupuestos y que son individuos que lograron un buen pasar por haber dilapidado sus recursos.

Por el contrario, entre los consumos medios es posible esperar un uso más racional, pero si hubo despilfarro de gasto eso fue posible hasta 2011, comienzo de 2012, porque desde entonces, la aceleración de la suba de los precios, el freno de la actividad económica y, más recientemente, el encarecimiento del dinero, la reducción de oportunidades laborales y el recorte de la jornada laboral fueron forzando un manejo más cauteloso de los siempre menguantes presupuestos de las familias.

Si te fue bien, me ocuparé de que te vaya mal

Esa parece ser la consigna del Plan Económico día por día que el trio Capitanich, Kicillof, Fábrega levantó como bandera desde que asumieron el 20 de noviembre de 2013 al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Economía y el Banco Central.

A esa altura nadie dudaba, ni propios, ni mucho menos extraños, de que a la economía le estaba haciendo falta un “service” (la palabra ajuste no aparece en el diccionario del Gobierno) para no caer en un escenario de mayor desequilibrio de precios y aceleración del derrumbe de la actividad productiva y comercial.

Pero pasadas las primeras semanas de “luna de miel”, que casi como un rito sagrado le concede el mercado a los nuevos funcionarios, para que puedan ver desde las más altas esferas de sus carteras el paño que deben reordenar, se advierte que lejos de haber encontrado el rumbo para apuntalar lo que marchaba bien y enderezar aquello que se encaminaba mal, se tomó un sendero por el cual se han ido consolidando los desajustes, pero con el agregado de nuevos actores.

Pareciera que la nueva lógica es “ley pareja, ley rigurosa”: ¿si a la mayoría le estaba yendo mal, por qué algunos privilegiados como la construcción, las terminales automotrices y concesionarias y el sector financiero, tenían que seguir sosteniendo un creciente nivel de actividad?

Bajo esa visión se inscribirían las últimas inicitaivas, porque no sólo terminaron poniéndole freno, sino también le hicieron sentir el rigor de la angustia que venían sintiendo otros sectores por no poder alcanzar los objetivos y que palpen lo que significa caer en rojo respecto de lo presupuestado.

El sector público nacional fue pionero en mostrar ese camino, aunque -claro está- lo pudo disimular en este tiempo de carnaval con el ropaje que le brindaron las asistencias ilimitadas de pesos fabricados por el Banco Central y el remate de parte de la cartera de títulos públicos en poder de la Anses, aunque pertenezcan a más de 6 millones de jubilados y poco más de 10 millones de trabajadores registrados, y también algún con algún aporte forzoso del PAMI.

La consigna: ampliar la manta que tapa la realidad
Los indicadores oficiales de actividad productiva y comercial dieron cuenta de un acelerado desgaste de la capacidad de la economía para seguir generando más riqueza en forma generalizada, luego de que superada la depresión de 2002 se llegara a la etapa esperada del crecimiento sostenido y sustentable, tentativamente a partir de 2007.

Pero justo en ese momento se decide la intervención del Indec para deformar la real señal que emitían los precios de la economía y poder seguir con altas tasas de crecimiento y baja inflación, aunque los indicadores reales comenzaban a dar cuentas de grietas en las primeras y aceleración perturbadora en la segunda.

La historia de los últimos seis años es bien conocida, hasta que se llegó al 20 de noviembre de 2013 en el que el primer balance de situación por parte del flamante trío conductor de la economía advirtió que prevalecían algunos actores viviendo de fiesta: el sector turismo hacia el exterior, la rama terminal automotriz, el sector financiero, y otros, pese a todo, seguían con ímpetu: el consumo y la construcción.

Al primero se lo atacó con una brusca devaluación, aumento del pago a cuenta de impuestos de 20 a 35%, y la extensión del cargo financiero al componente de la demanda de billetes; al segundo con el impuestazo de Internos a la franja de alta gama, incluidas las motos, y las restricción de importaciones de productos terminados y también de partes; al tercero con el ataque a la composición patrimonial de activos externos y al resto con la estampida de las tasas de interés y la convalidación de alzas de precios para los “descuidados” y parciales de 6 a 8% en los “cuidados”, junto con el encarecimiento del transporte y de los pasos por puestos de peaje.

Todas esas acciones se hicieron en forma gradual a lo largo de los casi 90 días de conducción, y pareciera que aún no se han completado: resta la revisión de la política de subsidios a los servicios públicos que consumen los sectores de altos ingresos, una regla fiscal que ponga límite al aumento del gasto público y otra que reduzca la capacidad de asistencia del Banco Central, así cómo presentar un nuevo Presupuesto y Plan Monetario, para que los agentes económicos tengan claras señales hacia dónde se va.

El aparente sinceramiento de la inflación de enero es un progreso y es de esperar que se mantenga. Pero no fueron buenas señales que no se empalmara la serie con la anterior metodología de cálculo de la inflación y mucho menos que el Jefe de Gabinete dijera que “no hay motivos para modificar las pautas del Presupuesto 2014″.

Mientras nada de esto último ocurra, y se crea que un plan económico se puede armar día a día, la incertidumbre e inestabilidad de los mercados de bienes, trabajo, divisas y financieros, seguirán presentes y los desequilibrios macroeconómicos se extenderán a la micro, esto es a las empresas y a las finanzas de las familias, con lo que se achicará la brecha entre los pocos que estaban bien y los muchos que hace tiempo debieron ajustar sus cinturones.

El Gobierno sube el piso de inflación

Atrás parecen haber quedado los tiempos en que los acuerdos de precios se celebraban con carácter transitorio para intentar estabilizar la economía y recuperar la solvencia macroeconómica, luego de desajustes de arrastre o auto infligidos.

Ahora, concretamente desde el 20 de noviembre, pareciera que la lógica es la opuesta: los acuerdos de precios se hacen para coordinar los aumentos permitidos, no ya para estabilizarlos: hasta 7,5% en enero luego de ajustes de más de 20% en varios segmentos “descuidados” por el impacto de la devaluación, y de 6% para febrero, pese a intentos de más de 12%, en combustibles, mientras que para los artículos que forman parte de la canasta escolar se autorizó un salto de 258% en un año, mientras que la “ayuda escolar” se la ajustó “sólo” 200% y las jubilaciones 11,31% para un semestre.

La lista de aumentos de precios autorizados, tras largas reuniones del secretario de Comercio con los representantes de gran parte de los sectores de la producción, el comercio, la construcción, y ahora también de los laboratorios y farmacias, parecieran ir todos en la misma dirección: los aumentos tienen que mantenerse en el rango de un dígito mensual, más cerca de 10 que de 1 por ciento. Luego se culpa a los empresarios de desestabilizadores, especuladores, etc.

De ese modo, el Gobierno pareciera encaminado a superar récord tras récord: primero fue el ascender a los primeros planos del mundo en materia de inflación, afirmarse también en ese rango en el caso del índice de riesgo país, y más alto en el de prima de seguro por no pago de un crédito; luego, en diciembre, fue la escalada del déficit fiscal a un pico de dos dígitos porcentuales del PBI: 11% a nivel primario y 13% financiero (aunque fueron disimulados por las asistencias financieras del Banco Central, la Anses y el PAMI); después le siguió el liderazgo en pérdida de reservas en divisas por parte del Banco Central, a contramano del resto del mundo, y ahora parece buscar la primacía en licuación del poder de compra de los salarios y las jubilaciones.

Y así van pasando los días en el que el jefe de Gabinete anuncia la agenda de reuniones con cámaras empresarias para cerrar acuerdos de precios: nuevamente con los constructores, la carne, los medicamentos, mientras se anuncian escalonadamente incrementos en el gasto público: subsidios, jubilaciones, se presiona a los bancos para que se desprendan de dólares y también de tenencias de títulos públicos nominados en dólares, sin medir las consecuencias sobre la baja de las paridades, y se impulsa la suba de las tasas de interés.

De austeridad y recorte de gastos desbordados, como los subsidios a los servicios públicos que consumen sectores de altos ingresos, o de poner límite a los salarios de los nuevos cuadros jerárquicos en la administración pública, o de precios convalidados en la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de los organismos oficiales, no se habla.

La consecuencia es más incertidumbre, restricciones a la producción nacional y aceleración de la inflación, con un claro norte fiscal: a más precio más recaudación, parecen razonar algunos cuadros técnicos, entusiasmados con haber cobrado por esa vía en 2013 el equivalente a 5% del PBI, esto es: más del 11% del total de los ingresos tributarios que recibieron nación, provincias y municipios.

 

Enero con menos producción y menos trabajo
Los primeros datos de actividad de enero dieron cuenta de una caída de 3,8% en el promedio de las ventas minoristas en cantidades, según datos de CAME, 25% de baja de las entregas de autos nacionales a las concesionarias por parte de las terminales y 16% de las de importados, respecto de un año antes.

El único dato aparentemente positivo que hasta ahora dejó enero fue la reanimación de la recaudación de impuestos, con un incremento también interanual de 37,5%. Pero ese salto estuvo claramente influido por el traslado de vencimientos que habitualmente ocurrían en diciembre y que provocó que en ese mes apenas creciera poco más de 22%. De ahí que si se considera en forma agregada el aumento del bimestre fue de 30,1%, unos cinco puntos porcentuales menos que la tasa real de inflación que para ese período midió el consenso de las consultoras privadas.

Por tanto, pareciera que es tiempo de dejar de gastar tanta energía en regulaciones e impedimentos a las actividades productiva, comercial, financiera y movimiento de las personas al resto del mundo, habida cuenta de la catarata de indicadores que ponen al desnudo sus fracasos, derivan más temprano que tarde en creciente costo social en términos de empleos e ingresos.

Si no se sabe, siempre se está a tiempo de contratar a expertos, o de al menos intentar copiar las políticas que siguen la mayor parte de los países vecinos, excepto Venezuela, o mejor aún de las naciones altamente desarrolladas, que crecen en forma regular y con baja inflación, y logran excedentes de divisas con atractivo flujo de inversiones productivas.

¿Quién deprecia más la moneda nacional?

Al Jefe de Gabinete de ministros se le acaban los argumentos y cada mañana ensaya nuevas razones para explicar quiénes conspiran contra el valor del peso y de ese modo contra el bienestar de los argentinos.

Primero fue la cadena de valor de la carne, luego del trigo, se pasó al tomate, ahora a los medicamentos, por la presencia de “empresas monopólicas y oligopólicas que ejercen posición dominante y remarcan los precios en forma desopilante” (qué antigüedad), y también sumó a los narcos y el lavado de dinero.

Frente a ese diagnóstico siempre aparece una amenaza y, por supuesto, más regulaciones que generan el efecto contrario y ubican cada vez más arriba a la Argentina entre las naciones que más reprimen la vida económica de las personas y empresas, sin medir el costo en términos de capacidad de atraer inversiones y generar empleos. “Vamos a combatir el mercado marginal de cambios con la Ley”, dijo Jorge Capitanich en la mini conferencia de prensa de esta mañana.

Y eso es lo que falta en la Argentina, en particular de los últimos dos años y medio. Si se hubiera cumplido con la ley primera del sentido común de la solvencia fiscal que indica que “no se debe gastar más de lo que se recauda”, en particular cuando caprichosamente se decidió cancelar deuda barata con uno de reservas del Banco Central y uso y abuso de la emisión espuria de dinero, no se habría generado el caldo de cultivo del mercado marginal de cambios.

Pero no sólo eso, sobre el filo del cierre del mercado oficial de cambios la pizarra del Banco Nación subió la paridad entre el peso y el dólar para las transacciones comerciales y las financieras autorizadas, junto con la base para el dólar tarjeta, de 6,94 a 7,14, pesos por unidad, acumulando en la jornada un salto de 25 centavos, equivalente a 3,63% en día. Superó a la inflación Congreso de diciembre de 3,4 por ciento.

Es cuestión de tiempo
Claramente, en cualquier medición de corto plazo, tras un largo período de virtual intrascendencia, la suba de la cotización del dólar en el mercado libre de cambios, esto es la desvalorización de la moneda nacional, que tanto dice defender el Jefe de Gabinete, fue sensiblemente superior a cualquier cálculo extremo de alza de los índices generales de precios de la economía y por supuesto también al de la variación del tipo de cambio oficial que rige las operaciones comerciales, algunas financieras y la base para el turismo.

Pero esas brechas desaparecen si se toma un período más amplio, como por ejemplo desde el 10 de diciembre de 2007, cuando asumió el primer mandato la actual Presidente de la Nación. El tipo de cambio oficial de entonces de $3,138 sube a 11,71 pesos hoy si se lo ajusta por la inflación Congreso, la cual, de acuerdo con cálculos aislados de varias de las consultoras que alimentan esa fuente ubican en torno a 4,5 por ciento.

Y la razón principal por la que la inflación se fue empinando de menos de 8% al año hasta 2007, estabilizarse en un rango de 22 a 28% en los siguientes hasta 2013 y dispararse a más de 35% en la actualidad, con clara perspectiva ascendente si no cambia la política económica de fondo, es la pérdida del superávit fiscal: de más de dos puntos del PBI se fue consumiendo precipitadamente y hoy ya se ubica en un rango deficitario de 3 a 4% del PBI, en un contexto de presión tributaria récord (para los que pagan, por supuesto!).

En ese escenario, “los privados actúan en consecuencia, no son la causa de la depreciación de la moneda de los argentinos, para terminar comprando bienes a precios de remate, a costo de la producción y el empleo de los argentinos”, como intenta hacerle creer a la sociedad el Jefe de Gabinete.

Quién determinó que el tipo de cambio comercial saltara en apenas dos meses del nombramiento de los nuevos ministros en 18%, a un ritmo de 170 anual (bien dicho 63% de depreciación porque con 7,14 pesos se podrían adquirir en un año apenas 37 centavos de dólar en ese circuito) y que el dólar para el turismo volara en 33% (aunque 35% sea a cuenta de futuros impuestos, aunque su recupero en el mejor de los casos se obtiene dos meses después de terminado el año en curso, y por tanto se le aplica un desagio mínimo de 20 a 25%, según la inflación actual), fueron las nuevas autoridades económicas, no los monopolios, oligopolios y los narcos.

Es decir, dos variables que no la fijó ni el mercado libre, ni surgió del precio del tomate, el trigo, o de las acciones monopólicas u oligopólicas, ni de los narcos, sino que fueron instrumentadas por la autoridad monetaria y de la AFIP, forzaron una “desvalorización de la moneda nacional de 15% y 25% respectivamente, en apenas dos meses, aun ritmo anualizado de más de 60 por ciento.

Las causas están cada vez más claras, aunque se las desestime

De ahí que no se trata de seguir operando sobre las consecuencias de los desequilibrios macroeconómicos que se reflejan en la suba de los precios, la escalada del tipo de cambio, la pérdida de reservas y el freno del crecimiento de la actividad productiva, forzando el cierre de la economía y la imposición de nuevos cepos a las libertades individuales para disponer de las decisiones de gasto y forma de proteger los recursos que genera familias y empresas con su trabajo y emprendimientos.

Es tiempo de hacer un real diagnóstico de los desequilibrios macroeconómicos, en el orden fiscal, monetario, comercial, tarifario y laboral, para actuar sobre las causas. El consenso de los economistas lo ubican en el primer plano: exceso de gasto público respecto a la capacidad saturada de pago de impuestos, y su financiamiento con emisión espuria y uso de reservas del Banco Central.

De allí se deriva todo el resto y desde hace un año ha provocado la anulación de la capacidad de generación de empleos por parte del sector privado y el deterioro de la calidad de vida de la mayoría que conservó el empleo, como bien lo refleja la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, muchos trabajadores debieron resignar horas de trabajo, en particular en las industrias, comercio y transporte, y con ello vieron menguado sus capacidades de compra respecto de la que tenían un año antes. Justamente lo que dice que quiere evitar el Jefe de Gabinete.

No es cierto que ordenar la macroeconomía llevará a la marginación de 10 millones de argentinos. Ya hoy en Chaco apenas concurre al mercado de trabajo un tercio de sus habitantes, menos que doce años antes. Por el contrario, con un plan de sentido común y creíble, en poco tiempo se podrían restablecer las condiciones para atraer inversión extranjera de largo plazo, esto es ingresar divisas, generar incentivos para el ahorro en la moneda nacional y fomentar el crecimiento sustentable con un horizonte que lejos de oscurecerse cada día tienda gradualmente a despejarse. Muchos países lo hicieron, la Argentina no será la excepción si se lo propone fuera de cualquier ideología.

¿Y si liberamos y dejamos la matriz insumo-producto para otro día?

El jefe de Gabinete descubrió tardíamente que los economistas hace casi un siglo que conocen la importancia de las relaciones intersectoriales para conocer cómo se vinculan todas las actividades productivas, gracias a la obra de Wassily Leontief, que en 1973 fue reconocido con el Premio Nobel de Economía por su trabajo “El desarrollo del método input-output y su aplicación a los más importantes problemas económicos”, que se inspiró en el esquema propuesto por el fisiócrata François Quesnay en su Tableau Économique, y también la idea del equilibrio general de Léon Walras y el análisis de Karl Marx sobre la circulación entre los sectores de la producción y en el método de los Balances de la Planificación Soviética; sobre este último tema publicó en 1925 Die Bilanz der russischen Volkswirtschaft: Eine methodologische Untersuchung.

Pero Jorge Milton Capitanich no fue advertido que esa fotografía no sirvió para tomar medidas de política económica de coyuntura, por su complejidad y en particular por la velocidad de cambios que trajo la revolución tecnológica en los últimos 20 años y la multiplicidad de nuevos servicios sociales, personales y empresariales.

En la Argentina, la última matriz de insumo-producto es de 1997, la cual recoge parte de los efectos de la transformación productiva, comercial y de servicios que surgió tras la hiperinflación y el período de estabilidad de precios en los mejores tiempos de la convertibilidad, un escenario que poco tiene que ver con la actualidad, nada menos que 17 años después. Pero muchos economistas dudan de la forma en que se actualizó el trabajo que previamente habían hecho técnicos de alta talla del ahora inexistente Consejo Nacional del Desarrollo con base en 1973, esto es hace más de 40 años.

Muy lejos del mundo de fantasía
Y a la luz de los datos que cada mañana transmite el Jefe de Gabinete en conferencia de prensa, como que en la última década se crearon seis millones de empleos, o que el salario real medio de la economía aumentó más de 72% respecto de la inflación, o que en la Argentina 2014 más del 70% de la población tiene capacidad de ahorro y por eso esta temporada será récord de turismo interno, con más de 29 millones de personas que visitarán algún punto de descanso y diversión del país, pareciera que la matriz de insumo-producto que con tanta convicción toma como referencia se basa en las devaluadas estadísticas del Indec y en otras elaboradas ad hoc para abonar el relato.

Si los logros que resalta Jorge Capitanich fueran reales y por tanto comprobables no se entiende por qué hace casi dos meses la Presidente decidió cambios el equipo económico, en la presidencia del Banco Central y en la propia Jefatura de Gabinete. Es cierto que sólo se cambiaron nombres y las formas, no las políticas y la facilidad para desconocer la realidad, que transformó en pocos meses un sendero de crecimiento inestable en una recesión asegurada con alta inflación y menos reservas de divisas y energéticas.

Una vez más, la Argentina aparece entre las economías más cerradas del planeta y con mayor cantidad de impedimentos para el saludable desarrollo de la vida económica, con el consecuente deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los argentinos, porque se vedan las oportunidades para la inversión y la generación de empleos, el poder de compra se derrumba de modo acelerado como lo refleja la variación interanual del cobro del IVA por parte de la AFIP y aumenta la vulnerabilidad externa con la imparable hemorragia de dólares de las reservas del Banco Central.

Por tanto, en lugar de insistir con más regulaciones y políticas del parche, incompatible con el supuesto conocimiento de la matriz de insumo-producto del país, porque exigiría un plan integral, sería bueno que el equipo económico comience a analizar hacia dónde se encaminaría la economía y la calidad de vida del conjunto de los residentes si comenzara a desatar los nudos que en los órdenes cambiario, comercial, financiero y productivo fue haciendo en el último lustro, en particular en la segunda mitad de ese período, y pusiera cepos en los órdenes fiscal y monetario, como hacen la mayoría de los países del planeta.

En el mundo abundan los casos exitosos de crecimiento sustentable después de haber pasado por crisis severas, económicas, civiles y militares, que posibilitaron una mejora de la calidad de vida de sus habitantes, al apoyarse en el fortalecimiento de las instituciones básicas y tradicionales.

Por eso no se entiende la vocación por volver a experimentar con probadas recetas que fracasaron en los pasados cincuenta años y que sólo persisten en unas pocas naciones donde la falta de libertad económica es su mayor pasivo, como Cuba, Venezuela, Ecuador, Irán, Corea del Norte, Turkmenistán, Uzbekistán, Angola, o Bolivia, entro otras, que comparten el mismo grupo en la calificación de The Heritage Foundation. Según ese trabajo el promedio de riqueza de los países con alto índice de libertad económica es de u$s45.404 por habitante y por año, mientras que el de los altamente reprimidos fue en el último año de apenas u$s6.231, para la Argentina lo estimó en u$s18.112, más cerca del límite inferior que el superior.

La escalada del dólar, algo más que estacional

La historia Argentina es muy rica en reflejar la estacionalidad de la demanda de divisas por parte de turistas que programan sus vacaciones de verano en algún lugar del resto del mundo. También la estadística recoge los efectos de la recomposición de carteras que, tras el cierre del año viejo, hacen muchas empresas. Y, por supuesto, la clara demanda de divisas para atesoramiento que hacen los particulares, en particular aquellos que tienen capacidad de ahorro para mediano plazo, tras el cobro del medio aguinaldo o algún bonus de fin de año.

Pero este 2014 arrancó con otros factores impulsores, los cuales eran esperados en forma proporcionalmente creciente a la medida en que se fue devaluando la capacidad del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ahora en la luz del ministro de Economía Axel Kicillof para corregir los severos desequilibrios macroeconómicos que se fueron acumulando en los pasados dos años y algo más, esto es. desde que rige el cepo cambiario.

La reacción de muchos agentes económicos no es caprichosa
Pese a que la sociedad ha aceptado estoicamente el aumento persistente y sostenido de los impuestos, ayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ratificó que este año “vamos a salir a buscar agua en el desierto para cumplir con la meta de recaudación de impuestos”, al anunciar el aumento del cargo financiero a las empresas exportadoras que triangulan operaciones y, sobre todo, ratificar que se elevará la valuación de los inmuebles para el pago de Bienes Personales. Esto es más impuesto.

Por el contrario sigue ausente en el nuevo gabinete cualquier referencia al control del gasto público, pese a que crece a ritmo desenfrenado a más de 35% al año, cuando los recursos tributarios lo hacen a menos de 22%. El resultado es mayor dependencia del financiamiento del Banco Central con emisión, es decir, inflación.

Y en la Argentina de los últimos cincuenta años, con raras excepciones, la única alternativa de inversión de alta liquidez que posibilitó mantener el poder de compra de los ahorros de las empresas y familias fue el dólar. Ahora, naturalmente no es la excepción.

Por tanto, pretender fomentar la competitividad, conquistar mercados de exportación, mientras se fogonea la capacidad financiera y de inversión de las empresas y familias alentando la inflación, subiendo los impuestos y con un tipo de cambio oficial que corre de atrás, es una tarea no sólo infructuosa, sino que explica el acelerado enfriamiento de la actividad y, en algunos sectores como el mercado automotor, la caída de la producción a tasas de dos dígitos.

Ese cuadro explica la sostenida hemorragia de las reservas del Banco Central, las cuales se parecen cada vez más a un Pagadiós que a un reaseguro para hacer frente a inesperados acontecimientos externos, porque los adelantos al Tesoro Nacional de la autoridad monetaria ya representan más del 91% del valor de las reservas al tipo de cambio oficial y se reduce apenas a 58% al cambio libre.

De ahí que hasta tanto no aparezca un plan integral de reordenamiento macroeconómico, que sea capaz de recrear la confianza para reanimar la inversión, la creación de empleo privado y el ahorro en moneda nacional, a través de instrumentos probados, la desconfianza en la moneda no tendrá techo.