Por: Daniel Sticco
Atrás parecen haber quedado los tiempos en que los acuerdos de precios se celebraban con carácter transitorio para intentar estabilizar la economía y recuperar la solvencia macroeconómica, luego de desajustes de arrastre o auto infligidos.
Ahora, concretamente desde el 20 de noviembre, pareciera que la lógica es la opuesta: los acuerdos de precios se hacen para coordinar los aumentos permitidos, no ya para estabilizarlos: hasta 7,5% en enero luego de ajustes de más de 20% en varios segmentos “descuidados” por el impacto de la devaluación, y de 6% para febrero, pese a intentos de más de 12%, en combustibles, mientras que para los artículos que forman parte de la canasta escolar se autorizó un salto de 258% en un año, mientras que la “ayuda escolar” se la ajustó “sólo” 200% y las jubilaciones 11,31% para un semestre.
La lista de aumentos de precios autorizados, tras largas reuniones del secretario de Comercio con los representantes de gran parte de los sectores de la producción, el comercio, la construcción, y ahora también de los laboratorios y farmacias, parecieran ir todos en la misma dirección: los aumentos tienen que mantenerse en el rango de un dígito mensual, más cerca de 10 que de 1 por ciento. Luego se culpa a los empresarios de desestabilizadores, especuladores, etc.
De ese modo, el Gobierno pareciera encaminado a superar récord tras récord: primero fue el ascender a los primeros planos del mundo en materia de inflación, afirmarse también en ese rango en el caso del índice de riesgo país, y más alto en el de prima de seguro por no pago de un crédito; luego, en diciembre, fue la escalada del déficit fiscal a un pico de dos dígitos porcentuales del PBI: 11% a nivel primario y 13% financiero (aunque fueron disimulados por las asistencias financieras del Banco Central, la Anses y el PAMI); después le siguió el liderazgo en pérdida de reservas en divisas por parte del Banco Central, a contramano del resto del mundo, y ahora parece buscar la primacía en licuación del poder de compra de los salarios y las jubilaciones.
Y así van pasando los días en el que el jefe de Gabinete anuncia la agenda de reuniones con cámaras empresarias para cerrar acuerdos de precios: nuevamente con los constructores, la carne, los medicamentos, mientras se anuncian escalonadamente incrementos en el gasto público: subsidios, jubilaciones, se presiona a los bancos para que se desprendan de dólares y también de tenencias de títulos públicos nominados en dólares, sin medir las consecuencias sobre la baja de las paridades, y se impulsa la suba de las tasas de interés.
De austeridad y recorte de gastos desbordados, como los subsidios a los servicios públicos que consumen sectores de altos ingresos, o de poner límite a los salarios de los nuevos cuadros jerárquicos en la administración pública, o de precios convalidados en la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de los organismos oficiales, no se habla.
La consecuencia es más incertidumbre, restricciones a la producción nacional y aceleración de la inflación, con un claro norte fiscal: a más precio más recaudación, parecen razonar algunos cuadros técnicos, entusiasmados con haber cobrado por esa vía en 2013 el equivalente a 5% del PBI, esto es: más del 11% del total de los ingresos tributarios que recibieron nación, provincias y municipios.
Enero con menos producción y menos trabajo
Los primeros datos de actividad de enero dieron cuenta de una caída de 3,8% en el promedio de las ventas minoristas en cantidades, según datos de CAME, 25% de baja de las entregas de autos nacionales a las concesionarias por parte de las terminales y 16% de las de importados, respecto de un año antes.
El único dato aparentemente positivo que hasta ahora dejó enero fue la reanimación de la recaudación de impuestos, con un incremento también interanual de 37,5%. Pero ese salto estuvo claramente influido por el traslado de vencimientos que habitualmente ocurrían en diciembre y que provocó que en ese mes apenas creciera poco más de 22%. De ahí que si se considera en forma agregada el aumento del bimestre fue de 30,1%, unos cinco puntos porcentuales menos que la tasa real de inflación que para ese período midió el consenso de las consultoras privadas.
Por tanto, pareciera que es tiempo de dejar de gastar tanta energía en regulaciones e impedimentos a las actividades productiva, comercial, financiera y movimiento de las personas al resto del mundo, habida cuenta de la catarata de indicadores que ponen al desnudo sus fracasos, derivan más temprano que tarde en creciente costo social en términos de empleos e ingresos.
Si no se sabe, siempre se está a tiempo de contratar a expertos, o de al menos intentar copiar las políticas que siguen la mayor parte de los países vecinos, excepto Venezuela, o mejor aún de las naciones altamente desarrolladas, que crecen en forma regular y con baja inflación, y logran excedentes de divisas con atractivo flujo de inversiones productivas.