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Menos reservas y más deuda pública

La vulnerabilidad que ofrece el sector externo de la economía nacional tiene diversas facetas. La más difundida es la que surge de observar el acelerado deterioro del saldo de la balanza comercial y también de la turística con el resto del mundo, cuyo principal origen es la caprichosa apreciación del peso, o, lo que es lo mismo la pérdida de competitividad cambiaria de la producción nacional y el subsidio a todos aquellos que quieren viajar a consumir en el exterior.

Pero también se percibe con singular nitidez la creciente vulnerabilidad externa, pese al severo atraso de la estadística oficial de la deuda pública, en el notable deterioro de la relación de esos compromisos del agregado de los gobiernos nacional, provincial y municipal con el nivel de reservas en divisas del Banco Central.

Como primer ejercicio basta con considerar las reservas brutas de la autoridad monetaria, incluida toda la cosmética que se le fue agregando en el último año, comenzando por los crecientes atrasos en los pagos de importaciones, en las autorizaciones a las empresas de capital extranjero al giro de dividendos, y el canje de monedas con China por hasta el equivalente a USD 11.000 millones. A mediados de la profunda crisis de 2002 esa proporción era de casi 10 veces. O dicho de otro modo, la posición en divisas permitía pagar apenas el 10% de la deuda pública.

Desde entonces y hasta 2008, la normalización de la economía, con el logro de los siempre ponderados superávit gemelos, de las finanzas públicas y del sector externo, favorecidos por el comienzo de los canjes de deuda; la suba de los precios internacionales de las materias primas y la baja de las tasas de interés en los EEUU, las reservas se multiplicaron por más de cinco veces en seis años, mientras que la deuda bajó en unos USD 5.000 millones. De ahí surgió una relación entre esas dos variables de uno a tres.

Semejante logro se sostuvo por poco más de tres años, hasta que el 30 de octubre de 2011, el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, le propuso a la presidente Cristina Kirchner imponer un cepo cambiario para intentar contener la sangría de capitales que a la postre trajo más costos que beneficios, porque provocó un singular perjuicio al comercio exterior argentino, y con ello a la posición de reservas, al abusar de las políticas restrictivas y desaliento a la inversión productiva.

Claramente que si desde fines de 2011 se depuraran las reservas del Banco Central de la cosmética que introdujo el cepo cambiario, porque generó deudas de los importadores por más de USD 6.000 millones; más atrasos en los giros de dividendos por parte de las empresas de capital extranjero; y desde hace poco más de un año del canje de monedas con China por un total equivalente a USD 11.000 millones, la relación actual con la deuda pública se achica a menos del cinco por ciento, o la inversa, se amplía a una 20 veces.

El viento de frente, sólo una excusa
Si bien, pocos meses después aparecieron vientos de frente para la marcha de la economía argentina”, como fueron el cambio del ciclo alcista de los precios de las materias primas, y más recientemente el ingreso en recesión de los principales socios comerciales, como Brasil y Venezuela, al tiempo que China desaceleró bruscamente su tasa de crecimiento, y con ello el apetito por alimentos argentinos, lo cierto es que el tremendo deterioro de la relación entre una deuda pública que se disparó camino al cielo, de la mano de un desbocado gasto público sin contrapartida en recursos genuinos, pese a que alcanzaron niveles récord en términos reales, y reservas en divisas cada vez más menguadas, tuvo su origen en singular desaciertos de política económica.

De este modo, un ejercicio conservador, que consiste en partir del último dato oficial de nivel de deuda pública, correspondiente a fines de diciembre de 2014, más las emisiones de bonos hasta hoy, y dividirlo por el total de reservas en divisas, arroja una relación de 8 a 9 veces, esto es la más alta desde la crisis de 2002. Claramente, las proporciones se achican notablemente si se compara sólo la porción de la deuda pública externa.

Sin embargo, esa simplificación carece de sentido para analizar la vulnerabilidad externa al fin de un ciclo de ocho años de Gobierno de Cristina Kirchner, porque a ese estadio se llegó por haber hecho uso y abuso de la utilización de las reservas en divisas y sus rentas no sólo para afrontar compromisos externos e internos nominados en moneda extranjera, como fue a comienzos de octubre para pagar el rescate final del BODEN 2015 por USD 5.900 millones, sino también el creciente exceso de gasto público, que derivó en un déficit global de las finanzas públicas de un 10% del PBI.

La peor consecuencia de semejante desequilibrio es el severo deterioro del tejido social, porque con inflación firme en el rango de 25 a 30%, desaliento a la inversión y cepo cambiario que alimenta la fuga de capitales y traba el ingreso del resto del mundo, no sólo impidió al sector privado generar empleos netos, sino que agravó las situaciones de pobreza a una proporción cercana a un tercio de la población.

La doble vía de Kicillof

El ministro de Economía debió repartir su agenda en las últimas semanas entre las funciones que le demanda una de las carteras más demandantes del Poder Ejecutivo Nacional y la campaña para pasar a ocupar a partir del 10 de diciembre una función legislativa como primer diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lo curioso, aunque no tan curioso, es que sus acciones en la gestión se dan de bruces con los postulados que usa como bandera para acceder a una banca.

Los resultados de las acciones como viceministro primero, desde diciembre de 2011, y luego como ministro de Economía, desde noviembre de 2013, son contundentes en mostrar un virtual estancamiento de la generación de riqueza y destrucción de empleos netos; el paso de los superávit gemelos: de las finanzas públicas y el comercio exterior, a déficit simultáneos en los dos frentes, y, lo que es peor, se han acrecentado los bolsones de pobreza. Continuar leyendo →

La pobreza del Indec

Una mancha más apareció en el organismo oficial de estadística de la Nación, luego de que el director del Indec, Norberto Itzcovich, revelara la incapacidad de la entidad para calcular las tasas de pobreza e indigencia, pese a que más de 170 países lo hacen y entregan sus datos a Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Cepal, la Organización Internacional del Trabajo y otros.

Hace más de un año que el Instituto de Estadísticas y Censos dejó de elaborar los índices de pobreza del país. Para justificar la insólita situación, su director, Norberto Itzcovich, publicó una columna de opinión titulada “La verdad sobre las mediciones de la pobreza” en defensa de la decisión, argumentando que “si la experimentamos con todas las combinaciones posibles en lugar de probar la sensibilidad de una de estas opciones a la vez (se refiere a diferentes opciones estadísticas), terminaríamos con una lista de 6.000 posibilidades por índice de pobreza. Para propósitos prácticos, es evidentemente imposible producir 6.000 estadísticas de pobreza cada vez que uno trata de responder a la pregunta de cuánta pobreza hay… Por lo tanto, la implicación principal para el análisis no es que hay 6.000 respuestas. Por el contrario, creemos que la conclusión es que a fin de hacer la estimación de la pobreza significativa, es necesario proporcionar una cuenta completa y explícita de las opciones metodológicas y sus supuestos”.

Claramente, se trató de una defensa de la respuesta que ante la pregunta sobre ¿cuántos pobres hay en la Argentina? dio el ministro de Economía, Axel Kicillof. “es estigmatizante”.

Sin embargo, la justiticación de Iztcovich parece extremadamente débil, porque no sólo en el resto del mundo las direcciones de estadística han encontrado la forma de concentrarse en la mejor combinación de estadísticas consensuadamente acordadas en seminarios y foros académicos internacionales, para que los datos que se obtengan sean comparables entre países, sino porque en su larga carrera en el organismo avaló durante muchos años los indicadores oficiales de pobreza.

Ciertamente, siempre hay espacio para avanzar en el diseño de estadísticas complementarias y superadoras que posibiliten obtener no sólo la mejor fotografía, sino también poder ver la película de la situación socioeconómica de cada geografía nacional, para poder diseñar las mejores políticas orientadas a exterminar con el flagelo de la pobreza, cuyo principal impulsor es la inflación.

Pero manifestar el director del Indec que el organismo carece del instrumental básico para poder medir trimestralmente los índices de pobreza e indigencia como lo hacía hasta 2013, significa denunciar que en menos de un año y medio el ente sufrió una brusca devaluación de sus capacidades profesionales y tecnológicas, que reafirma las dudas de los economistas profesionales y también de gran parte de la población, sobre la solidez del cálculo de otros indicadores singularmente complejos como son los del Estimador Mensual de Actividad Económica y trimestral del PBI, además de las series de precios, o de distribución del ingreso, y ni que hablar de la estimación de la variación de los salarios, incluso en el segmento en negro de la economía, el cual por definición opera oculto a los organismos de control y fiscalización, o no?.

Sostener que en el Indec el director no cuenta con los instrumentos y capacidades para determinar la mejor forma de cálculo de la pobreza, o de al menos copiar los procedimientos mundialmente aceptados para hacerlo, es como asegurar que en un restaurante formalmente habilitado no se pueda pedir un huevo frito porque el chef no sabe cómo romper un huevo sin que se le mezcle la yema con la clara en la sartén.

Más simple es pensar que el director del Indec se vio sorprendido por los resultados obtenidos a partir de los precios promedio de la economía, pese a estar atenuados por el sistema de “precios cuidados”, y debió aplicar el principio de revelación, el cual indica que si un dato es peor al que se esperaba se lo oculta, porque de otro modo se lo utilizaría para descalificar mediciones alternativas hechas por el sector privado o partes interesadas de la oposición al Gobierno.

Dólar e inflación en camino a victorias a lo Pirro

La política económica, si se puede calificar de tal a la acción concentrada en que no se dispare el dólar libre y por esa vía no se reactive la inflación, le está aportando al Gobierno nacional una clásica “victoria a lo Pirro” en perspectiva.

Cabe recordar que Pirro reinaba en Epiro en 281 a C. cuando la ciudad de Talento le solicitó ayuda contra Roma. Entonces acudió con 25.000 hombres y enfrentó al cónsul Valerio Levino. Los elefantes, que los romanos aún no conocían, decidieron la batalla y las legiones, diezmadas, dejaron sus posiciones al fin de la jornada. Pero, al amanecer, el rey comprobó sus propias bajas: más de 4.000 hombres y sus mejores jefes muertos; su caballería puesta en fuga. “Otra victoria como ésta y estoy perdido” se quejó amargamente a sus generales. Continuar leyendo →

Con default o sin default, el daño ya está hecho

Después de 43 días de insistir con posturas intransigentes y sin surgir una idea diferente a la rechazada por el juez y los holdouts para enfrentar el cumplimiento de una sentencia judicial adversa, apareció el intento de un aporte del sector financiero privado nacional para evitar un nuevo default, pero a último momento la iniciativa fue desestimada por el Gobierno y se aproxima la cesación de pagos, sin adjetivaciones (técnico, selectivo, inducido, express).

Fue justamente el sector al que repetidamente se lo cuestiona por supuestas abultadas ganancias, por su “gen especulativo y poco propenso a atender las necesidades de la economía real”, argumentan a menudo, el que una vez más intentó poner el pecho a las balas, pensando no sólo en el perjuicio que le ocasionaría a sus activos un nuevo default de la Argentina, sino fundamentalmente a la sociedad en su conjunto en términos de actividad, inflación, devaluación, desempleo y mayor aislamiento internacional. Los costos serán enormes, e impredecibles, por eso no se puede descartar una salida de este laberinto en pocos días, o semanas.

La industria bancaria representa sólo el 5% del PBI interno, pero una crisis financiera por descapitalización y pérdida de liquidez generaría singulares perjuicios sobre el 95% restante. Por tanto, si bien la reacción desesperada de último momento de la banca privada nacional puede atribuirse a una clara defensa de intereses corporativos, porque no tiene las espaldas que caracteriza a la banca extranjera y también a la pública (por su capacidad de obtener asistencia ilimitada del Tesoro nacional), no debieran desestimarse las consecuencias sobre una economía real ya jaqueada por la aceleración de la inflación, la profundización de la recesión, con su consecuente impacto sobre la angustia de las familias argentinas, y la vuelta de las tensiones cambiarias.

Nada de eso cambiará a partir de hoy, ni hubiera cambiado si se anunciaba un acuerdo en los términos de la iniciativa que presentó Adeba, porque en la medida en que sólo se intentaba comprar tiempo para llegar al 1 de enero de 2015, cuando desaparecerán los infundados temores a las derivaciones de la aplicación de la cláusula RUFO, la pasividad de la política económica seguirá con el “más de lo mismo”: creciente déficit fiscal, atraso cambiario para no avivar el fuego de la inflación, deterioro del superávit comercial y por tanto postergación de las inversiones privadas, y también las del sector público, y consecuentemente debilitamiento del consumo, por las pérdidas de oportunidades laborales, caída de las horas trabajadas y mayor desempleo.

Los últimos seis meses han dejado claro que Economía pareció comprar tiempo con la devaluación de enero para poder recuperar grados de libertad en el frente externo y mejorar el clima de negocios, pero no lo aprovechó. Por tanto, no existen razones de peso para pensar que ahora si se acordaba, o se acuerda en semanas sea diferente. En particular, porque el salvavidas de último momento para evitar un nuevo cuadro de default vino de la mano del sector privado, aunque con alguna ayuda del presidente del Banco Central de la República Argentina, y no de la creatividad e ingeniería de los equipos de Economía, que sólo fue capaz de alimentar el relato, y no lo abandonó el día D.

Perjuicio severo
Se agregó otra mancha al deterioro de la institucionalidad porque se ratificó el rechazo a un fallo desfavorable de una sentencia judicial por parte de una jurisdicción extranjera que eligió el propio país. Esto va más allá de si la resolución no fue justa, ni equitativa, ni avalada por organismos internacionales y presidentes de países amigos. Nadie dijo explícitamente que es de buena gente no acatar los fallos de la justicia, y menos cuando fue avalada en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones y la Suprema Corte, de un país que voluntariamente propuso otro.

Me pregunto, ¿con este precedente, aún cuando se pueda resolver en días o semanas, sin llegar hasta el 1 enero de 2015, qué inversor del resto del mundo estará dispuesto a confiar sus ahorros a un país que ha mostrado no cumplir con las garantías de emisión de deuda en caso de conflicto de intereses?.

YPF lanzó una emisión de bonos por 5.000 millones de dólares para avanzar con su plan de inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, pero sólo pudo colocar 1.000 millones, y ahora seguirá trunco, o condicionado a aportes de los jubilados, con uso de fondos de la caja de la Anses, el Banco Nación y otras fuentes oficiales, que pueden fondear sus desequilibrios con emisión monetaria.

La generación del ahorro doméstico ha sido singularmente debilitada desde la aplicación del cepo cambiario a fines de 2011 y si bien es relevante en su stock, en un proporción largamente superior a 100.000 millones de dólares, no se advierten señales de política económica de cambio para tentarlos a que sean volcados a la actividad productiva. Todo lo contrario: aumentan los controles de precios, el aumento de la presión tributaria, el atraso cambiario y la descalificación de los sistemas judiciales del resto del mundo, y ahora, con el nuevo escenario, alimentará la fuga del sistema institucionalizado.

Con ese precedente, hablar de apetito inversor por parte de empresas y bancos extranjeros, parece constituir una parte más del relato y de las expresiones de buenos deseos de los interesados: Gobierno nacional y provincial y asesores financieros, más que en factores fundamentales sustentados en un clima de negocios no sólo favorable por el potencial de las riquezas subexplotadas de la Argentina, sino también por una demorada revalorización de las garantías constitucionales ofrecidas.

Los economistas sabemos muy bien que en la economía, como en cualquier orden de la vida, se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias. Con el default sucede otro tanto, se sabe cómo y cuándo se ingresa, pero no su extensión y efectos. Si realmente el escenario que brindó Kicillof es el correcto, la reestructuración de la deuda pública vencida a hoy y de los vencimientos que se acelerarán en los próximos seis meses, no lo podrá resolver un Gobierno débil y en retirada. Por eso, el consenso de los analistas descuenta una salida inmediata, para que, al menos, la recesión no sólo no se agrave a un rango de más de cuatro por ciento en lo que resta del año, sino para que no se extienda también hasta el 2015.

Un paso adelante que exige dar otros más

La decisión de la Presidente de cambiar el tono del discurso, pero sobre todo de desistir de cometer desacato, como había dicho el ministro de Economía cuando anunció que “habían tomado todos los recaudos para ofrecer un canje de bonos bajo legislación argentina y pagar en Buenos Aires”, y revertir el anuncio del jueves de su Jefe de Gabinete de que no enviaría a Nueva York a funcionarios y abogados para negociar con los holdouts bajo el paraguas del juzgado de Thomas Griesa, y anunciar formalmente la decisión de pagar las deudas a todos los bonistas, se inscribe en la línea que nunca se debió apartar: el respeto de las instituciones, nacionales y extranjeras.

Se podrá discutir si fue un giro con convicción o simplemente por necesidad para no agravar la recesión y provocar un default en cadena de la Nación, las provincias y también municipios y empresas, pero es innegable que se reaccionó positivamente a tiempo.

Se trata de un paso fundamental para coronar un proceso que se fue acelerando para dar solución a una de las asignaturas pendientes que impidieron al Gobierno, pero también a las empresas, acceder a condiciones de financiamiento internacional menos onerosas. Empezó con las compañías que demandaban al país en el CIADI; siguió, luego de dos años desde la confiscación de las acciones de Repsol en YPF, con el acuerdo de pagar esos papeles con nuevos títulos de la deuda; a posteriori, en cuestión de dos meses, se cerró un convenio para dejar atrás el largo período de cesación de pagos con el Club de París, con pagos en efectivo en cuatro años y ahora, en pocos días, se prevé transitar el último tramo del “puente”, como definió Mario Blejer, para poder acceder a las condiciones ventajosas que caracteriza al mercado de crédito externo y atraer capitales para inversiones productivas de largo plazo, muchos de los cuales son de residentes y están en blanco en el país, pero fuera del circuito financiero.

Proceso no exento de costos elevados
Sólo en el último año la generación de riqueza por el conjunto de los residentes pasó de crecer a una tasa de 9,3% al año, según el EMAE del Indec, a caer a un ritmo de 2,5% en mayo, conforme la estimación de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Significó la pérdida de unos 50.000 millones de dólares, cualquiera sea el tipo de cambio que se utilice, oficial o libre, porque en ese período ambas paridades corrieron parejas.

Con esa perspectiva, los 1.330 o 10.000 millones de dólares que se pagarán en 5 o 10 años a los bonistas que no aceptaron los canjes de deuda en 2005 y 2010, los cuales se suman a los 9.000 millones que se agregaron con los acuerdos con Repsol y el Club de París, también a plazo, no parecen tan dramáticos como aparentan cuando se los coteja con los casi 29.000 millones de dólares de reservas de divisas en el Banco Central el último jueves.

Además, se observaron costos tangibles, no sólo en términos de la caída de reservas del Banco Central en unos 10.000 millones de dólares, sino, peor aún, de pérdida de oportunidades para unos 200.000 trabajadores, más la destrucción neta de otros 100.000 empleos, y recortes de salarios para quienes sufrieron los recortes de la jornada laboral, sea por suspensiones o el fin de las posibilidades de hacer horas extras, en las industrias automotriz, la construcción, inmobiliarias, el comercio y también en el agro y la minería.

Ese cuadro agravó las ya debilitadas finanzas públicas, porque perdió brío la capacidad de recaudar impuestos, mientras el gasto público siguió su carrera ascendente, sacándole más distancia al crecimiento de los recursos genuinos amparado en el financiamiento inflacionario y provocando un peligroso incremento del déficit cuasi fiscal, esto es del rojo de las cuentas del Banco Central.

Programa integral de política económica
De ahí que, en simultáneo con las negociaciones que ya el viernes comenzaron los funcionarios y abogados del Gobierno con los representantes de los holdouts, y su acercamiento al juzgado de Thomas Griesa, es deseable que el equipo económico encare un plan integral de ordenamiento de todas las variables macroeconómicas relevantes, siguiendo los estándares internacionales, sin inventos, orientadas a desarmar la maraña de subsidios; el cepo cambiario; los ineficaces y dañinos precios cuidados, administrados y congelados; la depuración de los gastos improductivos y clientelares en la administración pública, y ajustar por inflación real desde diciembre de 2001 los mínimos no imponibles de Ganancias para los trabajadores, asalariados y más aún independientes, junto a la reglamentación de los ajustes por inflación de los balances de las empresas.

Sólo en los últimos doce meses si se hubiese evitado con una visión integral de la macro y micro economía el paso del crecimiento del PBI a un ritmo de 9,3% a una caída de 2,5%, y en su lugar la actividad se hubiera expandido a un rango de 4% y con menor inflación, se podrían haber generado las condiciones para reducir de 48 a 42% del PBI la presión fiscal y bajar la inflación del 27 a 20% o menos, en lugar de haberse duplicado. En ese hipotético escenario, se hubiesen generado las condiciones para reimpulsar la inversión productiva, con su consecuente efecto multiplicador sobre el empleo y la mejora real de los salarios.

Aún se está a tiempo de encarar ese proceso y provocar un cambio de expectativas en muy corto plazo, como se insinuó en Wall Street mientras en la Argentina se conmemoraba el Día de la Bandera.

Salvo Brasil, que muestra dificultades para crecer a una tasa mayor a 2% al año, el mundo sigue ofreciendo amplias oportunidades para la Argentina, sea en términos de acceso al crédito a tasas menos onerosas que las de los últimos meses, ya que el índice de Riesgo País puede caer de un rango de 800 puntos básicos de hace una semana a menos de 300 en corto plazo; sea para atraer capitales de inversión productiva de largo plazo; sea para encarar acuerdos comerciales bilaterales con naciones que mantienen vigorosas tasas de crecimiento como los países asiáticos, altamente demandantes de alimentos, pero también de conocimiento y de productos industriales.

De ahí que pareciera que llegada a esta instancia en que se probó el estado de casi pánico que genera caminar al filo de la cornisa y con pendiente negativa, llegó la hora de seguir dando pasos para adelante, dirigidos a la búsqueda de la recuperación plena de todas las instituciones, desde la aceptación del Congreso como ámbito de debate de las políticas públicas, no simplemente de la presentación sin derecho a discusión y aceptación de quitas y agregados como ocurrió con el Presupuesto 2014 y las negociaciones de la deuda pública; pasando por el reconocimiento de los fallos judiciales, locales e internacionales sin atajos; hasta el rol de independencia del Banco Central como garante de la estabilidad de los precios, para proteger de modo efectivo el valor de la moneda y con ello de los salarios y patrimonios de las empresas; junto a la transparencia de las mediciones y difusión de los datos del Indec de la realidad económica y social, además de la necesaria recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, sin asfixiar la capacidad de pago de los contribuyentes, para no generar el camino a otro cuadro extremo de incapacidad de pago de la deuda pública; y una efectiva apertura al mundo de los negocios, tanto en términos de importaciones como de exportaciones.