Por: Daniel Sticco
Después de 43 días de insistir con posturas intransigentes y sin surgir una idea diferente a la rechazada por el juez y los holdouts para enfrentar el cumplimiento de una sentencia judicial adversa, apareció el intento de un aporte del sector financiero privado nacional para evitar un nuevo default, pero a último momento la iniciativa fue desestimada por el Gobierno y se aproxima la cesación de pagos, sin adjetivaciones (técnico, selectivo, inducido, express).
Fue justamente el sector al que repetidamente se lo cuestiona por supuestas abultadas ganancias, por su “gen especulativo y poco propenso a atender las necesidades de la economía real”, argumentan a menudo, el que una vez más intentó poner el pecho a las balas, pensando no sólo en el perjuicio que le ocasionaría a sus activos un nuevo default de la Argentina, sino fundamentalmente a la sociedad en su conjunto en términos de actividad, inflación, devaluación, desempleo y mayor aislamiento internacional. Los costos serán enormes, e impredecibles, por eso no se puede descartar una salida de este laberinto en pocos días, o semanas.
La industria bancaria representa sólo el 5% del PBI interno, pero una crisis financiera por descapitalización y pérdida de liquidez generaría singulares perjuicios sobre el 95% restante. Por tanto, si bien la reacción desesperada de último momento de la banca privada nacional puede atribuirse a una clara defensa de intereses corporativos, porque no tiene las espaldas que caracteriza a la banca extranjera y también a la pública (por su capacidad de obtener asistencia ilimitada del Tesoro nacional), no debieran desestimarse las consecuencias sobre una economía real ya jaqueada por la aceleración de la inflación, la profundización de la recesión, con su consecuente impacto sobre la angustia de las familias argentinas, y la vuelta de las tensiones cambiarias.
Nada de eso cambiará a partir de hoy, ni hubiera cambiado si se anunciaba un acuerdo en los términos de la iniciativa que presentó Adeba, porque en la medida en que sólo se intentaba comprar tiempo para llegar al 1 de enero de 2015, cuando desaparecerán los infundados temores a las derivaciones de la aplicación de la cláusula RUFO, la pasividad de la política económica seguirá con el “más de lo mismo”: creciente déficit fiscal, atraso cambiario para no avivar el fuego de la inflación, deterioro del superávit comercial y por tanto postergación de las inversiones privadas, y también las del sector público, y consecuentemente debilitamiento del consumo, por las pérdidas de oportunidades laborales, caída de las horas trabajadas y mayor desempleo.
Los últimos seis meses han dejado claro que Economía pareció comprar tiempo con la devaluación de enero para poder recuperar grados de libertad en el frente externo y mejorar el clima de negocios, pero no lo aprovechó. Por tanto, no existen razones de peso para pensar que ahora si se acordaba, o se acuerda en semanas sea diferente. En particular, porque el salvavidas de último momento para evitar un nuevo cuadro de default vino de la mano del sector privado, aunque con alguna ayuda del presidente del Banco Central de la República Argentina, y no de la creatividad e ingeniería de los equipos de Economía, que sólo fue capaz de alimentar el relato, y no lo abandonó el día D.
Perjuicio severo
Se agregó otra mancha al deterioro de la institucionalidad porque se ratificó el rechazo a un fallo desfavorable de una sentencia judicial por parte de una jurisdicción extranjera que eligió el propio país. Esto va más allá de si la resolución no fue justa, ni equitativa, ni avalada por organismos internacionales y presidentes de países amigos. Nadie dijo explícitamente que es de buena gente no acatar los fallos de la justicia, y menos cuando fue avalada en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones y la Suprema Corte, de un país que voluntariamente propuso otro.
Me pregunto, ¿con este precedente, aún cuando se pueda resolver en días o semanas, sin llegar hasta el 1 enero de 2015, qué inversor del resto del mundo estará dispuesto a confiar sus ahorros a un país que ha mostrado no cumplir con las garantías de emisión de deuda en caso de conflicto de intereses?.
YPF lanzó una emisión de bonos por 5.000 millones de dólares para avanzar con su plan de inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, pero sólo pudo colocar 1.000 millones, y ahora seguirá trunco, o condicionado a aportes de los jubilados, con uso de fondos de la caja de la Anses, el Banco Nación y otras fuentes oficiales, que pueden fondear sus desequilibrios con emisión monetaria.
La generación del ahorro doméstico ha sido singularmente debilitada desde la aplicación del cepo cambiario a fines de 2011 y si bien es relevante en su stock, en un proporción largamente superior a 100.000 millones de dólares, no se advierten señales de política económica de cambio para tentarlos a que sean volcados a la actividad productiva. Todo lo contrario: aumentan los controles de precios, el aumento de la presión tributaria, el atraso cambiario y la descalificación de los sistemas judiciales del resto del mundo, y ahora, con el nuevo escenario, alimentará la fuga del sistema institucionalizado.
Con ese precedente, hablar de apetito inversor por parte de empresas y bancos extranjeros, parece constituir una parte más del relato y de las expresiones de buenos deseos de los interesados: Gobierno nacional y provincial y asesores financieros, más que en factores fundamentales sustentados en un clima de negocios no sólo favorable por el potencial de las riquezas subexplotadas de la Argentina, sino también por una demorada revalorización de las garantías constitucionales ofrecidas.
Los economistas sabemos muy bien que en la economía, como en cualquier orden de la vida, se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias. Con el default sucede otro tanto, se sabe cómo y cuándo se ingresa, pero no su extensión y efectos. Si realmente el escenario que brindó Kicillof es el correcto, la reestructuración de la deuda pública vencida a hoy y de los vencimientos que se acelerarán en los próximos seis meses, no lo podrá resolver un Gobierno débil y en retirada. Por eso, el consenso de los analistas descuenta una salida inmediata, para que, al menos, la recesión no sólo no se agrave a un rango de más de cuatro por ciento en lo que resta del año, sino para que no se extienda también hasta el 2015.