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El cepo cambiario impidió generar 1,5 millones de empleos

Un INDEC nada confiable registró en el tercer trimestre de 2015 la menor tasa de desempleo en 28 años, con un muy sospechado 5,9% de la oferta laboral de casi 19 millones de personas, sobre todo por qué se sustentó en el estancamiento de la participación de la población en el mercado de trabajo, por la generalizada ausencia de las oportunidades de obtener una ocupación rentada en el ámbito privado.

Las excepciones fueron gran parte de las administraciones públicas nacionales, provinciales y municipales que amparadas en el paraguas de “gobiernos populistas”, justificaron su rol de convertirse en bolsa de trabajo, como ocurría en los 70, pese a que sus finanzas hacían agua, esto es acumulaban crecientes déficit fiscales: gastaban mucho más de lo que podían recaudar con, impuestos, tasas y contribuciones y con las altas tasas de inflación.

Curiosamente, la última vez que el INDEC midió un desempleo menor a 5,9% de la oferta laboral fue en 1987, cuando comenzó a gestarse el camino a la hiperinflación en menos de dos años, porque el Gobierno de turno se resistió a validar las generalizadas recomendaciones de los economistas externos de encarar el encuadramiento de las finanzas públicas, esto es hacer una racionalización del empleo ocioso, y generar, paralelamente, condiciones de incentivos a la inversión productiva, para crear puestos productivos de calidad.

Un fenómeno similar parece asistirse en estos días previo a la definición de quién conducirá los destinos del país en los próximos cuatro años con los temores infundados, de propios y extraños, a levantar de una vez el cepo cambiario y con ello a sincerar el mercado de cambios, volver a encuadrar las finanzas públicas y con ello reducir fuertemente la inflación, con un plan integral que orientado a recuperar la solvencia macroeconómica y social, y por tanto a favor de la empresa y de los trabajadores, permita retomar la senda del crecimiento sustentable y, por tanto, sostenido, con fuerte aliento al aumento de la participación de la población en el mercado de trabajo de menos del 45% al 55%, como promedia en el mundo.

La contundencia de la historia reciente
Claramente, no se puede asegurar qué puede ocurrir si se toman medidas de shock, en lugar de adoptar políticas gradualistas que puedan sonar como música grata para los oídos de quienes quieren disfrutar de un escenario insostenible, como los que acceden a puestos públicos altamente remunerados sin una correspondiente prestación de servicios acorde; los empresarios que reciben beneficios de producir en condiciones cuasi prebendarias y protegidas, y los que con políticas ad hoc quedaron exentos de la creciente confiscación de los salarios que provoca un régimen de Impuesto a las Ganancias que grava de modo desigual a quienes tienen un ingreso y estructura familiar similar, porque se determina según cuánto ganaba antes de agosto de 2013, entre otros.

Pero, por el contrario, de las propias estadísticas devaluadas del INDEC se puede comprobar que desde que se instrumentó el cepo cambiario, a fines de octubre de 2011, con la exigencia de aprobaciones discrecionales de las Declaraciones Juradas de Necesidades de Importación; límites para acceder a la compra de dólar ahorro a precio subsidiado; cupos a las exportaciones de alimentos; y reducción acelerada de los límites para pagar importaciones por día de USD 500 mil hasta 2013; USD 300 mil desde 2014; se achicó a USD 150 mil a fines de octubre, 15 días después se contrajo a USD 75 mil y ahora a sólo USD 50 mil diarios, la economía perdió vitalidad y con ello la posibilidad de generar empleos privados.

Así, un Gobierno que se dice “populista” tomó medidas para evitar la sostenida fuga de capitales, por desaprobación de los agentes económicos de sus crecientes políticas regulatorias y de aumento de la presión tributaria, que derivaron en una brusca desaceleración de la creación de riqueza y con ello de empleos productivos, en lugar de otras que atendieran a los genuinos reclamos para recrear la confianza interna y externa.

El PBI que tras la depresión de 2002 registró tasas de incremento promedio cercanas a 7% por año, incluido el freno que impuso la crisis financiera internacional en 2008 y 2009, acumuló desde 2012 una suba agregada de 6,4%, siempre según el INDEC, porque para el consenso de las consultoras privadas literalmente se estancó.

Mientras que el empleo pasó de crecer en 3,5 millones de puestos netos desde el tercer trimestre de 2003 hasta similar período de 2011, con un promedio acumulado por año de 292 mil personas; en el último cuatrienio se atenuó a sólo 256 mil, con una media por año de 64 mil puestos netos, principalmente en el sector público.

Y frente a los temores, también infundados, sobre que la salida del cepo cambiario provocará una fuerte depreciación de los salarios en dólares, como si en la Argentina esa fuera la moneda que domina las transacciones por más de 900 mil millones de pesos por mes, no parece ocioso insistir con que los ingresos ya fueron devaluados por un Banco Central que llevó en pocos meses la relación de convertibilidad de la base monetaria por cada dólar en las reservas informadas de 15 a más de 21 pesos, esto es el doble de la artificial paridad administrada de $9,70 por dólar; y que la mejor manera de elevar los ingresos reales de trabajadores y jubilados, es con la generación genuina de empleos productivos y aumento de la productividad en el uso de los recursos humanos y de capital.

Singular potencial para superar la crisis
Un simple ejercicio de simulación determinó que si en lugar de haberse puesto el cepo cambiario e intensificado las medidas regulatorias y fomentado la vuelta a tasas de inflación de dos dígitos, se hubiesen seguido políticas acordes con las que aplican en la mayoría de los 220 países, el PBI podría haber adquirido un curso crucero en torno a 4% crecimiento, que para las potencialidades y grados de capacidad ociosa que registraba la Argentina en 2011 y que se intensificaron desde entonces en la puesta en valor de los recursos naturales, humanos y financieros, es muy austero.

Con esa tasa de crecimiento, y estimando una elasticidad empleo/PBI de 0,6, esto significa que por cada punto porcentual de aumento de la generación de riqueza los puestos de trabajo se elevan a ritmo de 0,6 puntos porcentuales, la economía habría abierto oportunidades laborales efectivas a casi 1,8 millones de personas, en lugar de las apenas 300 mil que efectivamente se lograron, según surge de la proyección al total país de los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares.

Es decir, el cepo vedó la posibilidad de trabajar a unas 1,5 millones de personas, y con provocó la irrupción de la pobreza y la exclusión social a niveles alarmantes, más aún en una nación que tiene una singular potencialidad para producir alimentos, pero también de otros bienes y servicios diversos.

Caer en la trampa de demorar la salida del cepo, como de los tremendos desbarajustes fiscales, tarifarios, monetarios, y del tremendo deterioro de la infraestructura socioeconómica básica, tomando todos los recaudos de medidas paliativas plenas para los sectores más afectados de la sociedad, un 60% de la población total, sólo asegura negar oportunidades laborales a muchos argentinos y también a extranjeros que aún hoy vienen a esta tierra a recibir educación especializada y atención médica gratuitas y disparar la tasa de desempleo a niveles de dos dígitos.

Descuido del Indec reveló la chatura del mercado laboral

Los economistas definen como mercado al lugar físico o virtual al que concurren los oferentes y demandantes de un producto o servicio y buscan cerrar trato por un precio libre, administrado, regulado o fijo, pagadero en moneda o con mercancías o servicios.

Para conocer el pulso del mercado de trabajo el Indec dispone de varios índices: uno es el que intenta reflejar la variación mes a mes del precio en los tres segmentos de la franja asalariada: privada en blanco, privada no registrada, y en el sector público, el cual siempre sube más que la inflación; otro es el de la Encuesta Permanente de Hogares que difunde trimestralmente, la cual en el último dato mostró una baja récord del desempleo, pese a que volvió a contraerse la oferta de trabajadores y mantenerse virtualmente estancada la demanda; y el tercero es el Índice de Demanda Laboral Insatisfecha, el cual da cuenta de qué proporción de empresas, privadas y del Estado, buscan cubrir puestos y qué porcentaje de insatisfacción registran.

A diferencia de los dos primeros índices mencionados, en el caso de la DLI el organismo oficial detectó para el segundo trimestre 2015 un comportamiento casi alineado a las mediciones privadas de actividad económica que coinciden en estimar un virtual estancamiento, después de haber alcanzado un nivel pico en el segundo trimestre de 2011, esto es antes de que se impusiera el cepo cambiario para las importaciones, el mercado inmobiliario, el giro de dividendos al exterior por parte de las empresas de capital extranjero, y parcialmente para ahorro de las personas físicas.

Por eso puede decirse sin temor a equivocarse que “un descuido del Indec reveló la chatura del mercado laboral”, porque en otros muchos indicadores da cuenta de datos que no se comprueban en la realidad.

Son los casos de la tasa de inflación, que insiste en que se ubica en la mitad de la que miden las consultoras privadas, pese a que es fácilmente comprobable, como arrojó una contundente investigación de precios que hizo Infobae en las propias bocas de supermercados; y que se puede replicar con los servicios públicos y privados; del intercambio comercial con el resto del mundo, porque mantiene en el informe abierto a la prensa un debilitado superávit, esto es un nivel de exportaciones que todavía supera al de importaciones, pero en la “base de usuarios” que se accede por suscripción paga, da cuenta de que ya hace varios meses que el resultado del capricho de atrasar el tipo de cambio y encarecer notablemente el valor de la producción nacional de bienes y servicios arroja un saldo deficitario: salen más divisas que las que ingresan; o con el saldo de la balanza del turismo internacional, el cual el déficit mensual se ubica en la quinta parte del que informa trimestralmente el Banco Central de la República Argentina a través del Balance Cambiario; y también en las Encuestas de Supermercados y Centros de Compras, las cuales registran mes a mes crecimiento a tasas de dos dígitos porcentuales en la serie ajustada por inflación, a partir del artilugio recurrente de ampliar la cantidad de establecimientos que le aportan sus datos de facturación y de la subestimación de la variación de los precios, para tornarlos congruentes con los que utiliza para el cálculo de la inflación.

Sólo 3 de 21 sectores aumentaron la búsqueda laboral en cuatro años
El indicador del Indec de demanda laboral insatisfecha en la Argentina, correspondiente al segundo trimestre, reveló que casi exactamente un tercio de las “empresas, organismos públicos o cualquier otra organización que actúe como demandante de sus servicios, expresado mediante avisos en los diarios o internet, carteles en la vía pública, búsquedas de boca en boca, etc.”, que “se obtiene de la muestra de empresas utilizada en la encuesta del Índice de Salarios”, realizó búsqueda de personal y sólo 5,9% no cubrieron las necesidades. Cuatro años antes, previo a la imposición del cepo cambiario, la proporción de empleadores que intentó cubrir vacantes o o incorporar trabajadores netos había alcanzado a 40,1%, el más alto desde que debutó el indicador, en 2011.

El retroceso fue generalizado, habida cuenta de que de 21 grandes sectores clasificados por actividad sólo tres superaron el récord previo para el segundo trimestre: fueron los casos de los servicios financieros que ampliaron la proporción en siete puntos porcentuales a 61,2% del total; el agro en seis pp, a 24,2% de las empresas y los servicios de correos y telecomunicaciones en tres pp, a 39,3 por ciento de las firmas del rubro.

En el resto de los casos, el Indec detectó un severo repliegue en la cantidad de empresas que salieron a buscar personal, a contramano de lo que cabría esperar en un escenario de bonanza como muestran la mayoría de los indicadores oficiales y los discursos de los ministros de Economía e Industria. En el caso de la construcción, que el organismo informó poco más de una semana atrás que alcanzó niveles récord, ahora reveló que sólo una de cada cuatro empresas hizo búsquedas de trabajadores, cuando en el anterior pico de actividad, en el segundo trimestre de 2011 lo hacían poco menos de una de cada tres desarrolladores.

Esa revelación es congruente con la encuesta que hizo EY entre 110 ejecutivos de empresas, que se presentó en la 36 Convención Anual de Ejecutivos de Finanzas, en Bariloche, la cual determinó que por la incertidumbre política y la inseguridad jurídica que provoca una economía excesivamente regulada y con varios cepos sólo se ejecutan uno de cada cinco proyectos de inversión, y están limitados a montos en torno a 50 millones de dólares, el resto se mantiene en carpeta a la espera de mejores vientos incentiven la generación de empleos productivos, sin retenciones ni cupos a las exportaciones; precios administrados; atraso cambiario y creciente presión tributaria.

Si bien constituye una mala noticia dar cuenta de la cruda realidad que afecta a muchas familias argentinas que ven obstaculizadas las posibilidades de cubrir sus expectativas de acceder a un empleo remunerado, al menos aparece como positivo que el Indec revele una fotografía sin retoques para mejorar la imagen, porque debiera impulsar a los decisores de políticas económicas y de empleo, actuales o futuros, a revisar sus programas y estrategias, para contribuir a revertir ese proceso de postergación de las oportunidades laborales.

La recaudación de la AFIP plantea interrogantes

Una vez más, en agosto el aumento de la recaudación tributaria superó con creces a la tasa de inflación y a la variación promedio de los salarios en una magnitud que no se corresponde con ningún indicador genuino de la actividad agregada.

En la habitual conferencia de prensa, el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, justificaron la brecha de más de seis puntos porcentuales entre el crecimiento de los recursos tributarios y cualquier índice de precios, en el dinamismo de la actividad, y mencionaron el impulso de la construcción que alcanzó récord en julio, según el Indec.

Sin embargo, curiosamente, los funcionarios no hicieron mención ni explicaron por qué si la construcción está en apogeo, como suele ocurrir en los años de elecciones nacionales, el relevamiento de expectativas del Indec para agosto arrojó como resultado un predominio de empresas que reducirían el empleo por sobre las que lo incrementaría, habida cuenta de que nadie destruye empleos en plena bonanza, y menos aún, como ocurre en la obra pública aún, cuando quedan meses en que debería sostenerse el impulso.

Tampoco atinaron a explicar, y confieso que tampoco fue motivo de inquietud por parte de colegas periodistas, por qué si la actividad está tan pujante, dado que de la brecha entre la variación de la recaudación y la inflación se desprende una expansión del PBI del 5%, el consumo real promedio por establecimiento en supermercados volvió a bajar, y el patentamiento de automotores acusó caída en agosto de más de seis por ciento.

Pero no sólo eso. Un análisis de la serie histórica por año desde 2005 a 2014 de las variaciones del cobro total de IVA y del impuesto al cheque revela una brecha promedio entre esos dos tributos de más / menos cuatro puntos porcentuales, pero en agosto último ese gap se amplió a casi 20 puntos porcentuales y en los primeros ocho meses fue de once puntos.

De ahí se desprende, a primera vista, que en el desempeño del IVA habría gravitado un vencimiento de pago más que un año antes, dado que no se liquida diariamente, como ocurre con los débitos y créditos bancarios; o se le pidió a alguna mano amiga un anticipo a cuenta; o bien la economía está atravesando por un período de auge fenomenal que las estadísticas del Indec no llegan a captar en plenitud porque parte del crecimiento se generaría en la economía informal -aunque sí percibe el organismo ese efecto cuando elabora el Índice de Salarios- para eludir los insoportables controles de precios y tipo de cambio oficial administrado; o alguna falla en el sistema informático que suma algo más que la recaudación del mes calendario.

La bonanza de la Anses
Y así como la variación que mes a mes viene mostrando el cobro de impuestos vinculados con la actividad productiva y comercial crece mucho más que lo justificable por cualquier indicador oficial, y más aún privado, también aparece como incongruente el singular aumento de más del 35% de lo ingresado a la Anses por aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, con la suba del 29% que midió el Indec en el Indice de Salarios, porque la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec dio cuenta de un virtual estancamiento de la tasa de empleo.

No obstante, de las declaraciones a la prensa de Ricardo Echegaray se desprendió que la Anses debería haber cobrado aún más por aportes y contribuciones porque “del análisis de la variación de los pagos de algunas empresas surge que estarían liquidando menos salarios de lo que informaban en otros meses”. Al parecer, los asesores del funcionario no atinaron a comunicarle que por la retracción de la actividad productiva y comercial muchas empresas se vieron forzadas a disponer suspensiones transitorias de personal, previa supresión de las horas extras, como son los casos de la industria terminal automotriz, el sector siderometalúrgico, el comercio y también en algunas constructoras e inmobiliarias, pese a que no se manifiesta en los resultados informados del desempeño del total de los recursos tributarios.

En el caso de Ganancias, si bien mantiene una suba sostenida muy superior a la inflación y al promedio del resto de los tributos, porque impacta en pleno el impuesto inflacionario por la caprichosa decisión del Gobierno de no autorizar actualizaciones generales, para asalariados, autónomos y monotributistas, de las escalas y deducciones al ritmo de la inflación, y tampoco permitir a las empresas el ajuste de sus balances, empezó a desacelerar la tasa de expansión.

Con todo, la mala noticia es que pese a la singular ingeniería del sistema tributario que permite mostrar mes a mes como crece la presión tributaria sobre los contribuyentes, los recursos continúan resultando insuficientes para cubrir la explosiva política de gasto público, la cual pese a determinar un déficit proyectado para el año de más de 7% del PBI, comenzó septiembre con un agregado de 841 millones de pesos, por la decisión unilateral de los ministros Axel Kicillof y Aníbal Fernández.

En medio de un desbarajuste no se puede ganar competitividad

“Para que una economía crezca y pague sus compromisos debe crecer, ser competitiva y evitar ajustes que deterioren su capacidad de pago”, escribió el lunes último Alejandro Vanoli en Twitter, utilizando un canal de comunicación poco común en el mundo para un presidente del Banco Central.

Dicho así parece una receta muy sencilla, casi de sentido común, que no requiere haber pasado por los claustros universitarios y mucho menos haber hecho cursos de especialización y masters en economía, microfinanzas y managment, para comprender por qué es así, y no hay otro modo.

Pero estamos en la Argentina, y la autoridad monetaria que se hace tiempo para comunicarse por la red social con sus seguidores, no necesariamente con sus pares, y probablemente menos con sus vecinos de Economía, no se ha dedicado a analizar por qué hace ya varios años, como mínimo cuatro, que las empresas radicadas en el país no logran crecer y el propio Gobierno no les deja pagar la totalidad de sus compromisos, porque la política así lo ha decidido unilateral y discrecionalmente.

A eso y no a otra cosa han contribuido en primer lugar el cepo cambiario, las DJAI y otras restricciones que desde fines de 2011 se dispusieron para el movimiento de divisas por parte de la economía real, y la continuidad de la no actualización de los balances por inflación, mientras que en los últimos tiempos se sumaron mayor flexibilidad para la venta de dólares para tenencia o ahorro de las familias, el atraso cambiario y tarifario, y la consecuente destrucción de oportunidades laborales.

Además, se fueron agregando otros factores que día a día contribuyen a ahondar la pérdida de competitividad de la producción nacional, tanto de los sectores con mayores ventajas comparativas con el resto del mundo, como el agro, en particular de explotación extensiva como la producción de cereales, oleaginosas y la ganadería, como más aún de la industria manufacturera, como la inflación en un rango de dos dígitos altos; consecuente suba de los salarios en una proporción similar, junto a la creciente presión tributaria, también a tasa de dos dígitos porcentuales, en tanto que el tipo de cambio sube a la mitad y hasta la tercera parte de esas variables.

Eso no es todo. La restricción energética lleva en este invierno en el que por el atraso tarifario y manejo discrecional, ya que gran parte de los sectores de mayores ingresos pagan por sus consumos mucho menos que los que están limitados por no tener acceso al sistema interconectado de luz y gas natural, y a los que se les corta el suministro, como a industrias, porque se las fuerza a operar con generación alternativa con mayor costo.

La lista podría ampliarse, pero creo que la descripción es suficientemente extensa y comprueba que ese coctel de discrecionalidad y la persistencia en varios rubros de precios administrados, han erosionado al extremo la competitividad y rentabilidad de la producción nacional, la cual se manifiesta no sólo en una sostenida aceleración del ritmo de caída de las exportaciones, y también de las importaciones, sin que eviten esos movimientos la extinción del superávit de la balanza comercial con el resto del mundo, sino también en la contracción del consumo de bienes durables y también no durables.

El Indec emite señales de alerta pero no se las toman en cuenta

La consecuencia de esa política ya no la puede ocultar ni el Indec, porque en la última Encuesta Anual de Hogares Urbanos, correspondiente al tercer trimestre de 2014, reveló que no sólo en el último año se destruyeron 409.000 empleos netos y sino también que hay más de 43% de los desocupados que llevan más de seis meses parados, según el último análisis del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES, y otra porción importante de ex ocupados que no aparecen en la estadística por haber abandonado la búsqueda de una nueva oportunidad laboral, al verse desalentandos por el continúo fracaso que provoca una economía cerrada y con baja inversión en capital físico.

Es más, expertos internacionales mostraron en un seminario organizado por el Banco Ciudad y el IAE que “una economía aislada del mundo y que desalienta la competitividad no permite promover el emprendedorismo, para generar empleos y mejores salarios, en base a la innovación e incorporación de tecnología de punta”.

Para peor, sin anuncios ni publicidad, la Secretaría de Finanzas actualizó la serie de la deuda pública que estaba limitada al primer semestre de 2014 al total del año, y mostró que a tono con el desequilibrio creciente de las finanzas públicas, creció en sólo seis meses en u$s22.800 millones, a un ritmo de casi 20% por año, sin que se observen en contrapartida mejoras relevantes en la infraestructura.

Por el contrario, el fuerte aumento de la deuda pública proyecta más necesidades financieras para su repago, con sus consecuentes efectos sobre las finanzas del sector privado, y consecuentemente sobre las posibilidades competitivas de las empresas, en particular las PyME que fueron las más afectadas desde que se impuso el cepo cambiario y las restricciones comerciales y financieras a fines de 2011, y se sostienen en la actualidad.

Pese a ese cuadro, hay algunos economistas, no sólo del oficialismo, sino incluso de algunas consultoras privadas, como Elypsis, que consideran que “el aumento de la pérdida de competitividad ya no es tal, porque la diferencia entre la tasa de inflación real y la de devaluación nominal del peso comenzó a ser neutralizada con la depreciación del dólar en el mundo”.

Y no sólo eso, sostienen que “los desequilibrios que enfrenta la economía, principalmente la falta de dólares, podrá corregirse a partir de 2016 con políticas gradualistas, a partir de la solución del financiamiento internacional con un acuerdo del próximo Gobierno con los holdouts, cualquiera sea el signo que triunfe en las elecciones presidenciales, dado el poder del presidente sobre cualquier aparato partidario”. Incluso, afirman que “el abultado desequilibrio fiscal, del orden de 5,5% del PBI, no genera impacto inflacionario, porque en la actualidad tiene efecto monetario neutro”.

Sin embargo, los mismos analistas observan que “la desaceleración de la inflación habría encontrado un piso en torno a 1,5 a 1,7% al mes, con 0,5% en los precios controlados y administrados y 1,8 a 2% en el resto”, mientras que el tipo de cambio oficial sube 1%. De ahí surge una brecha negativa de competitividad cambiaria cercana a 1% nominal y 0,5% real por mes, que se agrega a la que se arrastra en forma acumulativa desde hace cuatro años, con magnitudes elevadas y variables según los sectores de actividad.

La precariedad laboral se hizo presente

Más de tres años de insistir con fracasadas políticas de controles de precios, precios administrados, tarifas singularmente bajas al punto de provocar la descapitalización de las empresas prestadoras de servicios públicos, cepo cambiario, penalización a las exportaciones con retenciones que ayudaron a crecer a países vecinos en mercados tradicionalmente argentinos, prohibición de girar dividendos al exterior e insistir con la deshonra de fallos internacionales para el pago de la deuda en default, y continuar con el aumento de la presión tributaria, tanto sobre las empresas como los trabajadores, a través del creciente impuesto inflacionario, no han hecho más que agravar la recesión, quitar oportunidades laborales para los jóvenes que inercialmente quieren incorporarse al mercado de trabajo e incentivar la ocupación marginal.

Eso fue lo que detectó con singular nitidez, aunque no puede asegurarse con plena precisión, la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al registrar al cierre de 2014 un aumento de la población asalariada ocupada sin descuentos jubilatorio, esto es en negro, a poco más de un tercio, equivalente a 4,65 millones de personas. También se expandió la fuerza de trabajadores independientes en la marginalidad, a 2,57 millones de personas.

De este modo, sobre un total de 17,74 millones de personas que se estimó ocupadas en tareas remuneradas en el último trimestre de 2014 poco más de 7,2 millones lo hacían de manera precaria, porque no estaban cubiertas por aportes para una obra social, seguro de accidentes y ahorro para una jubilación. Se trata del 40,7% de aquel universo, la proporción más alta desde el segundo trimestre de 2013, cuando volvió a los índices de fines de 2010.

Pero la precariedad laboral no se limita sólo a esa franja de la población trabajadora, también involucra al 6,1% de los “subocupados demandantes”, esto personas que se emplean menos de 35 horas por semana, pese a que quieren y necesitan hacerlo por más tiempo, para poder acceder a una mejor calidad personal y familiar. Representan unas 1,06 millones de habitantes, a los cuales se suman 1,32 millones desocupados y otro tanto que no concurren al mercado de trabajo por el denominado “efecto desaliento”.

De ahí surge que la recesión, con inflación y crecientes trabas a la economía, el mercado laboral registra un estado de precariedad que afecta a más de 10 millones de personas, equivalente a 55,4% de la oferta total de trabajadores.

A tono con ese escenario, la Presidente de la nación dispuso ampliar el subsidio a través del Progresar para jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo, no sólo de $600 a $900 a partir de abril, sino también ampliar el espectro de alcance a los integrantes de familias cuyos ingresos no alcancen a tres salarios mínimos vital y móvil de $4.716 por mes, en lugar de uno, y también a los hijos de las empleadas domésticas.

Sin embargo, con esas políticas lejos de avanzar en la predicada “inclusión social”, se tiende a profundizar la marginación y el distanciamiento del resto del mundo, porque paralelamente no toman medidas conducentes a recrear la capacidad de las empresas de generar empleos a través de la inversión productiva y producción competitiva con el resto del mundo.

Un trabajo presentado por el economista Diego Giacomini en el Congreso Económico Argentino en el el espacio de EXPO EFI 2015 que habilitó por tercer año consecutivo la ExpoEFI2015, dio cuenta de que mientras desde 1998 a 2014 el PBI por habitante en la Argentina disminuyó 14%, en el promedio de los países de la región se elevó 72 por ciento.
No sólo eso, también mostró que si la Argentina hubiera tenido un crecimiento similar a la media de la región y tasas de inflación controlada en el rango de un dígito bajo, con políticas amigables para la inversión extranjera, el PBI por habitante hubiese pasado de los 14.000 dólares actuales a más de 30.000 al cambio oficial, o 23.000 a la paridad del mercado libre o contado con liqui.

Las últimas medidas, como el aumento del Progresar, o la segmentación de las retenciones sobre las exportaciones de cereales y oleaginosas en forma decreciente para productores de hasta 100 toneladas al año a un máximo de 700 toneladas, no invita a ser más productivo, porque quien aumente la cosecha recibirá menos devolución por tonelada y al mismo tiempo mantiene en situación de quebranto a más del 80% de la producción. Por el contrario, conducirán a consolidar un escenario de deterioro de la calidad del trabajo y consecuente aumento de las situaciones de pobreza e indigencia, en particular en las zonas de influencia de las economías regionales y las extensivas alejadas de los centros de distribución y consumo.

El peso se devalúa sí o sí

Desde que asumió la conducción del Banco Central, y el último martes lo ratificó en su presentación en el Senado ante la Comisión de Acuerdos para transformar su cargo en comisión por permanente durante seis años, Alejandro Vanoli reafirmó su postura de desalentar expectativas devaluatorias porque la inflación se está desacelerando. Y para no dejar dudas destacó “yo no me hago cargo de una devaluación que no hice. Me hago cargo de mi gestión, desde el 1 de octubre. La devaluación al inicio de mi gestión no fue un tema. Yo no la quiero hacer, no la he hecho. En este contexto, no sería una medida que mejore la competitividad”.

Y más allá de que es recomendable que un presidente del Banco Central no hable del valor de la moneda nacional, generalmente se alude a la devaluación cuando sube el tipo de cambio oficial de pesos por dólar y sus equivalencias en otras monedas, porque claramente se pasa a requerir mayor cantidad de la moneda nacional para obtener una divisa.

Sin embargo, poco se dice sobre que el peso se devalúa internamente día a día, a un ritmo de más de 2% por mes y casi 40% al año, porque las familias, las empresas y el propio Gobierno necesitan cada vez más cantidad de dinero para adquirir una cantidad fija de bienes y servicios.

No se trata de un juego de palabras, sino de una realidad cotidiana cuya incapacidad o desidia por resolverlo, porque se la niega, ha llevado a consolidar un escenario de singular deterioro de las variables monetarias, financieras y en particular reales, porque el fenómeno llevó a la recesión, el desaliento a la inversión y la consecuente destrucción de empleos y muerte acelerada de empresas incipientes.

Generalmente, cuando se deprecia el peso frente a cualquier divisa mejora la competitividad cambiaria, porque el valor de producción de los productos exportables se abaratan en términos de moneda extranjera, y se encarecen los bienes y servicios que se importan. De ese modo, mejora el resultado del intercambio y el excedente del intercambio posibilita acumular reservas, despejar las tensiones cambiarias y vuelve a apreciarse la moneda nacional sino se utilizan canales de compensación.

Esos canales de compensación, pocas veces utilizados como parte de la política exterior, pueden ser el pago de deuda externa; la flexibilización de los giros de divisas al resto del mundo sea por transferencias de utilidades, inversiones en el exterior para generar nuevas rentas futuras; o favorecer las compras de tecnologías de punta para mejorar la competitividad de las empresas y dar curso a obras de infraestructura demoradas por la recurrente restricción externa, entre otras alternativas.

Sin embargo, en la Argentina del cepo cambiario, con enamoramientos por la paridad cuasi fija, hasta que no da más, como ocurrió hace once meses, la devaluación de la capacidad de compra de la moneda nacional por el contexto de inflación acelerada, deriva en pérdida de competitividad de la producción nacional, mientras que las importaciones también caen por el cierre de la puerta de entrada, al no darle seguridad a los proveedores de la fecha de pago.

Baja sólo relativa
Se podrá insistir con que la inflación se está desacelerando, sea que se la mire por el desagio que le agrega el Indec mes a mes, sea por las estimaciones privadas e incluso de direcciones provinciales de estadística, como la de San Luis y el gobierno de la Ciudad, o por la dinámica de la nominalidad de los salarios, el gasto público en remuneraciones y jubilaciones, entre otras alternativas, respecto de los meses previos recientes, pero todavía se mantiene en niveles singularmente elevados.

Es probable que el ritmo de alza de los precios comience a atenuarse en comparación con los picos que se anotaron entre diciembre de 2013 y febrero de 2014, pero eso no cambiará la realidad de acumulación de un severo rezago del ritmo de ajuste del tipo de cambio respecto de la tasa de inflación, que continuará minando cualquier posibilidad de reanimación de la actividad productiva y comercial.

Los economistas saben bien que se pueden devaluar los costos de las empresas sin alterar la paridad del tipo de cambio oficial a través de la reducción de la presión tributaria; la eliminación de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial o su consideración como pago a cuenta de IVA o de otro impuesto; la extinción del impuesto al cheque; la inversión en infraestructura vial, portuaria y de servicios esenciales de luz, gas y agua, para generar economías externas y también de la baja nominal del costo del dinero y la eliminación de las retenciones sobre las exportaciones. Pero eso requiere de un severo recorte del gasto improductivo e ineficiente y disciplina fiscal en todos los ámbitos, principalmente nacional, pero también provincial y municipal.

Pero eso casi nunca se ha logrado, porque cuando se lo intenta aparece el rechazo infundado a las “políticas de ajuste”, pese a que se ha caído de un desbarajuste generalizado, cómo ocurrió en repetidas veces en los pasados 70 años, que derivaron hasta llegar a extremos de hiperinflación y depresión.

Por ahora sólo se pasó del estancamiento con inflación a recesión con más inflación, pero insistir con negar el precio de la devaluación del peso, sea en términos de poder adquisitivo de moneda extranjera, sea en términos de adquisición de bienes y servicios dentro de las fronteras, sólo conducirá a mayor contracción de la actividad productiva y comercial, con las consecuentes derivaciones en destrucción de empleos, deterioro de las cuentas fiscales que, como ahora, ya no se podrán solventar exclusivamente con emisión del Banco Central, sino también del retorno al canje de deudas y aumento del endeudamiento interno y externo.