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Con default o sin default, el daño ya está hecho

Después de 43 días de insistir con posturas intransigentes y sin surgir una idea diferente a la rechazada por el juez y los holdouts para enfrentar el cumplimiento de una sentencia judicial adversa, apareció el intento de un aporte del sector financiero privado nacional para evitar un nuevo default, pero a último momento la iniciativa fue desestimada por el Gobierno y se aproxima la cesación de pagos, sin adjetivaciones (técnico, selectivo, inducido, express).

Fue justamente el sector al que repetidamente se lo cuestiona por supuestas abultadas ganancias, por su “gen especulativo y poco propenso a atender las necesidades de la economía real”, argumentan a menudo, el que una vez más intentó poner el pecho a las balas, pensando no sólo en el perjuicio que le ocasionaría a sus activos un nuevo default de la Argentina, sino fundamentalmente a la sociedad en su conjunto en términos de actividad, inflación, devaluación, desempleo y mayor aislamiento internacional. Los costos serán enormes, e impredecibles, por eso no se puede descartar una salida de este laberinto en pocos días, o semanas.

La industria bancaria representa sólo el 5% del PBI interno, pero una crisis financiera por descapitalización y pérdida de liquidez generaría singulares perjuicios sobre el 95% restante. Por tanto, si bien la reacción desesperada de último momento de la banca privada nacional puede atribuirse a una clara defensa de intereses corporativos, porque no tiene las espaldas que caracteriza a la banca extranjera y también a la pública (por su capacidad de obtener asistencia ilimitada del Tesoro nacional), no debieran desestimarse las consecuencias sobre una economía real ya jaqueada por la aceleración de la inflación, la profundización de la recesión, con su consecuente impacto sobre la angustia de las familias argentinas, y la vuelta de las tensiones cambiarias.

Nada de eso cambiará a partir de hoy, ni hubiera cambiado si se anunciaba un acuerdo en los términos de la iniciativa que presentó Adeba, porque en la medida en que sólo se intentaba comprar tiempo para llegar al 1 de enero de 2015, cuando desaparecerán los infundados temores a las derivaciones de la aplicación de la cláusula RUFO, la pasividad de la política económica seguirá con el “más de lo mismo”: creciente déficit fiscal, atraso cambiario para no avivar el fuego de la inflación, deterioro del superávit comercial y por tanto postergación de las inversiones privadas, y también las del sector público, y consecuentemente debilitamiento del consumo, por las pérdidas de oportunidades laborales, caída de las horas trabajadas y mayor desempleo.

Los últimos seis meses han dejado claro que Economía pareció comprar tiempo con la devaluación de enero para poder recuperar grados de libertad en el frente externo y mejorar el clima de negocios, pero no lo aprovechó. Por tanto, no existen razones de peso para pensar que ahora si se acordaba, o se acuerda en semanas sea diferente. En particular, porque el salvavidas de último momento para evitar un nuevo cuadro de default vino de la mano del sector privado, aunque con alguna ayuda del presidente del Banco Central de la República Argentina, y no de la creatividad e ingeniería de los equipos de Economía, que sólo fue capaz de alimentar el relato, y no lo abandonó el día D.

Perjuicio severo
Se agregó otra mancha al deterioro de la institucionalidad porque se ratificó el rechazo a un fallo desfavorable de una sentencia judicial por parte de una jurisdicción extranjera que eligió el propio país. Esto va más allá de si la resolución no fue justa, ni equitativa, ni avalada por organismos internacionales y presidentes de países amigos. Nadie dijo explícitamente que es de buena gente no acatar los fallos de la justicia, y menos cuando fue avalada en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones y la Suprema Corte, de un país que voluntariamente propuso otro.

Me pregunto, ¿con este precedente, aún cuando se pueda resolver en días o semanas, sin llegar hasta el 1 enero de 2015, qué inversor del resto del mundo estará dispuesto a confiar sus ahorros a un país que ha mostrado no cumplir con las garantías de emisión de deuda en caso de conflicto de intereses?.

YPF lanzó una emisión de bonos por 5.000 millones de dólares para avanzar con su plan de inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, pero sólo pudo colocar 1.000 millones, y ahora seguirá trunco, o condicionado a aportes de los jubilados, con uso de fondos de la caja de la Anses, el Banco Nación y otras fuentes oficiales, que pueden fondear sus desequilibrios con emisión monetaria.

La generación del ahorro doméstico ha sido singularmente debilitada desde la aplicación del cepo cambiario a fines de 2011 y si bien es relevante en su stock, en un proporción largamente superior a 100.000 millones de dólares, no se advierten señales de política económica de cambio para tentarlos a que sean volcados a la actividad productiva. Todo lo contrario: aumentan los controles de precios, el aumento de la presión tributaria, el atraso cambiario y la descalificación de los sistemas judiciales del resto del mundo, y ahora, con el nuevo escenario, alimentará la fuga del sistema institucionalizado.

Con ese precedente, hablar de apetito inversor por parte de empresas y bancos extranjeros, parece constituir una parte más del relato y de las expresiones de buenos deseos de los interesados: Gobierno nacional y provincial y asesores financieros, más que en factores fundamentales sustentados en un clima de negocios no sólo favorable por el potencial de las riquezas subexplotadas de la Argentina, sino también por una demorada revalorización de las garantías constitucionales ofrecidas.

Los economistas sabemos muy bien que en la economía, como en cualquier orden de la vida, se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias. Con el default sucede otro tanto, se sabe cómo y cuándo se ingresa, pero no su extensión y efectos. Si realmente el escenario que brindó Kicillof es el correcto, la reestructuración de la deuda pública vencida a hoy y de los vencimientos que se acelerarán en los próximos seis meses, no lo podrá resolver un Gobierno débil y en retirada. Por eso, el consenso de los analistas descuenta una salida inmediata, para que, al menos, la recesión no sólo no se agrave a un rango de más de cuatro por ciento en lo que resta del año, sino para que no se extienda también hasta el 2015.

Desde el fallo de Griesa se dejó de generar riqueza por u$s100.000 millones

Ese es el lucro cesante desde el segundo trimestre de 2012, luego de que la Argentina sufriera el primer revés en la justicia de los EEUU en el pleito que iniciaron un pequeño grupo de bonistas que no aceptaron ingresar voluntariamente a los canjes de la deuda en default en 2005 y 2010.

El ejercicio es simple y muy conservador, dado que por el severo atraso cambiario el cálculo del PBI en dólares puede sufrir una depreciación sustancialmente mayor, en particular en comparación con el valor inflado pico de 635.000 millones, equivalente anual, que el Indec calculó para el cuarto trimestre de 2012 a precios de 2004 y luego redujo a 482.100 millones para los primeros tres meses de 2014, por efecto de la devaluación del peso en enero.

Después de una saludable recuperación de la actividad productiva y comercial desde 2003 hasta 2008 y con altibajos hasta 2011, el PBI mostró un virtual estancamiento en términos reales en adelante con 0,9% en 2012, casi 3% en 2013 y ahora se proyecta con caída entre un piso de 2%, sin default y máximo de 4 por ciento con nueva cesación de pagos.

Y si bien, gran parte del receso que hoy se manifiesta en pérdida de capacidad del sector privado para generar empleos y horas de trabajo; sostenida contracción del comercio exterior; caída de la tasa de inversión, con derrumbe de la inversión extranjera directa y disminución fuerte del poder de compra de la población, sea asalariada o jubilada, es consecuencia de un caprichoso e inexplicable cepo cambiario impuesto a fines de octubre de 2011, no hay duda de que esas restricciones se profundizaron desde que el juez Thomas Griesa dictara su fallo a favor de los holdouts a fines de febrero del año siguiente.

De ahí que si en lugar del estancamiento inicial que liberó a la Argentina de pagar el cupón de PBI en diciembre 2013 y también en igual mes del corriente año, la desaceleración de la actividad se hubiera frenado en la tasa tendencial o de ritmo del PBI potencial en torno a 3,5%, que es el disparador de ese premio a los bonistas que ingresaron a los canjes I y II, a fin de año el PBI sería unos 100.000 millones de dólares más alto al que se puede estimar hoy.

Claramente que en un país donde un día el ministro de Economía habla de “tipo de cambio de equilibrio de sustentabilidad macroeconómica”, para justificar la devaluación del 23 de enero último en más de 15%, para llevar el tipo de cambio oficial a ocho pesos por dólar, y seis meses después lo licúa con un ritmo inflacionario cercano a 20% en el período, al punto de provocar la octava caída interanual consecutiva de las exportaciones, el PBI en dólares puede volver a volar a la zona de los 650.000 millones, o derrumbarse a un rango de 350.000 millones, por decisión de una persona o, si se quiere, mini gabinete.

Golpe a todos los bolsillos
Pero en cualquier caso, no se podrá negar que gran parte de la sociedad argentina, como los sectores de la producción, el comercio y los servicios, vuelven a sufrir las consecuencias de haber extendido por más de doce años un estado de default que hasta hace apenas unos meses parecía camino a dejar atrás (acuerdo con empresas en el CIADI, pago generoso a Repsol por la expropiación de sus acciones en YPF, convenio muy benévolo con los acreedores del Club de París) y que ahora amenaza con multiplicarse, no sólo con los holdouts que cuentan con sentencia en firme a su favor, sino también con una parte de los bonistas que habían aceptado las reestructuraciones en 2005 y 2010, al cumplirse los 30 días de mora.

Y si bien podrá argumentarse que el próximo 31 de julio podría ingresarse en el cuarto default de la Argentina, aunque con un horizonte finito de poco más de cinco meses, hasta el 1 de enero de 2015, cuando expire la fatídica cláusula RUFO, me pregunto quién podrá garantizar que los bonistas reestructurados con legislación Nueva York no demanden a la Argentina también por cifras hipermillonarias y arrastre a todo el resto y por tanto que su arreglo se resuelva en horas?

De ahí que, de caer en una nueva cesación de pagos de parte de la deuda pública, por no haber mostrado diplomacia y habilidad para pedirle al juez Griesa que especifique que el pago de un fallo judicial constituye un mandato ineludible y que, por tanto, no puede vincularse a un “arreglo volunario” que dispare la cláusula RUFO, nadie podrá asegurar que su estado será acotado y transitorio y, menos aún sostener que “no pasará nada”.

La economía real no sólo se ha enfriado, sino que peor aún va ganando consenso entre los economistas profesionales, en particular los no vinculados a banderías políticas que pueden ser tentados por una retórica interesada, la expectativa de que de ingresar en un nuevo default, aunque sea parcial, o, peor aún se lo niegue porque se deposita el pago aunque nunca llegue a destino del acreedor, potenciará la recesión del primer semestre de 1,5 a 2% a una zona peligrosa de 3,5 a cuatro por ciento en el segundo, como ya indican los datos de la industria, la construcción, el comercio interior y también del comercio exterior.

La consecuencia de ese escenario no sólo será mayor destrucción de fuentes de empleo, por ahora disimulado con suspensiones parciales, sino también creciente pérdida de horas de trabajo y mayor deterioro del poder de compra de los salarios de bolsillo, junto a crecientes restricciones al acceso al crédito comercial con el resto del mundo que se contaba para impulsar emprendimientos productivos, obras de infraestructura e incluso financiar desequilibrios en las finanzas públicas de la nación y provincias.