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Menos reservas y más deuda pública

La vulnerabilidad que ofrece el sector externo de la economía nacional tiene diversas facetas. La más difundida es la que surge de observar el acelerado deterioro del saldo de la balanza comercial y también de la turística con el resto del mundo, cuyo principal origen es la caprichosa apreciación del peso, o, lo que es lo mismo la pérdida de competitividad cambiaria de la producción nacional y el subsidio a todos aquellos que quieren viajar a consumir en el exterior.

Pero también se percibe con singular nitidez la creciente vulnerabilidad externa, pese al severo atraso de la estadística oficial de la deuda pública, en el notable deterioro de la relación de esos compromisos del agregado de los gobiernos nacional, provincial y municipal con el nivel de reservas en divisas del Banco Central.

Como primer ejercicio basta con considerar las reservas brutas de la autoridad monetaria, incluida toda la cosmética que se le fue agregando en el último año, comenzando por los crecientes atrasos en los pagos de importaciones, en las autorizaciones a las empresas de capital extranjero al giro de dividendos, y el canje de monedas con China por hasta el equivalente a USD 11.000 millones. A mediados de la profunda crisis de 2002 esa proporción era de casi 10 veces. O dicho de otro modo, la posición en divisas permitía pagar apenas el 10% de la deuda pública.

Desde entonces y hasta 2008, la normalización de la economía, con el logro de los siempre ponderados superávit gemelos, de las finanzas públicas y del sector externo, favorecidos por el comienzo de los canjes de deuda; la suba de los precios internacionales de las materias primas y la baja de las tasas de interés en los EEUU, las reservas se multiplicaron por más de cinco veces en seis años, mientras que la deuda bajó en unos USD 5.000 millones. De ahí surgió una relación entre esas dos variables de uno a tres.

Semejante logro se sostuvo por poco más de tres años, hasta que el 30 de octubre de 2011, el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, le propuso a la presidente Cristina Kirchner imponer un cepo cambiario para intentar contener la sangría de capitales que a la postre trajo más costos que beneficios, porque provocó un singular perjuicio al comercio exterior argentino, y con ello a la posición de reservas, al abusar de las políticas restrictivas y desaliento a la inversión productiva.

Claramente que si desde fines de 2011 se depuraran las reservas del Banco Central de la cosmética que introdujo el cepo cambiario, porque generó deudas de los importadores por más de USD 6.000 millones; más atrasos en los giros de dividendos por parte de las empresas de capital extranjero; y desde hace poco más de un año del canje de monedas con China por un total equivalente a USD 11.000 millones, la relación actual con la deuda pública se achica a menos del cinco por ciento, o la inversa, se amplía a una 20 veces.

El viento de frente, sólo una excusa
Si bien, pocos meses después aparecieron vientos de frente para la marcha de la economía argentina”, como fueron el cambio del ciclo alcista de los precios de las materias primas, y más recientemente el ingreso en recesión de los principales socios comerciales, como Brasil y Venezuela, al tiempo que China desaceleró bruscamente su tasa de crecimiento, y con ello el apetito por alimentos argentinos, lo cierto es que el tremendo deterioro de la relación entre una deuda pública que se disparó camino al cielo, de la mano de un desbocado gasto público sin contrapartida en recursos genuinos, pese a que alcanzaron niveles récord en términos reales, y reservas en divisas cada vez más menguadas, tuvo su origen en singular desaciertos de política económica.

De este modo, un ejercicio conservador, que consiste en partir del último dato oficial de nivel de deuda pública, correspondiente a fines de diciembre de 2014, más las emisiones de bonos hasta hoy, y dividirlo por el total de reservas en divisas, arroja una relación de 8 a 9 veces, esto es la más alta desde la crisis de 2002. Claramente, las proporciones se achican notablemente si se compara sólo la porción de la deuda pública externa.

Sin embargo, esa simplificación carece de sentido para analizar la vulnerabilidad externa al fin de un ciclo de ocho años de Gobierno de Cristina Kirchner, porque a ese estadio se llegó por haber hecho uso y abuso de la utilización de las reservas en divisas y sus rentas no sólo para afrontar compromisos externos e internos nominados en moneda extranjera, como fue a comienzos de octubre para pagar el rescate final del BODEN 2015 por USD 5.900 millones, sino también el creciente exceso de gasto público, que derivó en un déficit global de las finanzas públicas de un 10% del PBI.

La peor consecuencia de semejante desequilibrio es el severo deterioro del tejido social, porque con inflación firme en el rango de 25 a 30%, desaliento a la inversión y cepo cambiario que alimenta la fuga de capitales y traba el ingreso del resto del mundo, no sólo impidió al sector privado generar empleos netos, sino que agravó las situaciones de pobreza a una proporción cercana a un tercio de la población.

Obstáculos versus incentivos para generar divisas

La economía argentina ingresó a fines de octubre de 2011 en una trampa de la que pocos se atreven a salir, al menos de modo acelerado, porque temen encontrarse con un escenario peor: mayores daños sobre las empresas y más aún sobre muchas de las personas ocupadas en ellas.

Sin embargo, no se explica la existencia de esos temores, no sólo a la luz de la larga historia de más de 70 años con controles y restricciones en el mercado de cambios, sino del escenario que enfrentan más del 90% de las naciones que se desenvuelven con una única paridad cambiaria, esto es con un único precio para la misma mercancía, como explicó a comienzos de semana Luis Secco en Infobae. El análisis del economista no se fundamentó en una retórica interesada a favor de tal o cual agrupación política, sino en una radiografía que hicieron los expertos del Fondo Monetario Internacional el último año, pero que pocos han reparado en analizarla.

Uno de los principales temores que alertan economistas, ministros de economía de provincias y hasta ex presidentes y el actual presidente del Banco Central, es el impacto que sobre la inflación podría provocar una liberación del mercado de cambios para todas las transacciones comerciales y financieras, habida cuenta de la brecha de más de 60% entre el artificial tipo de cambio oficial y el libre, blue, paralelo, marginal, o ilegal, como prefiera leer el lector y de más del 40% con las paridades implícitas en las operaciones bursátiles, definidas como “contado con liqui” o MEP.

Llama la atención que esos expertos en la materia aún no hayan asimilado las diferencias entre el cambio en el nivel general de precios y la inflación, que es un aumento generalizado y sostenido, esto repetido semana a semana, mes a mes, en el conjunto de los precios de la economía.

Un aumento de una vez se produciría en algunos precios de la economía si la libre flotación del tipo de cambio de pesos por dólar fuera parte de un plan integral y consistente de política económica que comprendiera no sólo el mercado de cambios, sino también las políticas monetaria, fiscal, tarifaria y comercial, para revertir los abultados desequilibrios macroeconómicos acumulados desde que se impuso el cepo a fines de octubre de 2011, aunque no necesariamente todos originados en esa restricción.

Por el contrario, una suba generalizada y persistente de la mayoría de los precios de la economía sería el efecto que provocaría una salida gradual y por tanto parcial del cepo cambiario, porque sólo, en el mejor de los casos, podría derivar en la pérdida de dinámica de los desequilibrios macroeconómicos, que se sintetizan en una tasa de inflación y tasas de interés en el rango de dos dígitos porcentuales anuales, pero no los eliminaría.

Cuidan reservas que igual se consumen
Durante casi cuatro años la política económica se concentró en poner obstáculos a la generación de divisas, para “cuidar” las reservas del Banco Central, pese a que se fueron consumiendo con el pago de compromisos financieros impostergables, y con el algunas importaciones básicas, como de energía, determinada gama de autos, motos e insumos para la industria electrónica, pero no mucho más. Aunque se lo disimuló con el swap de monedas con China, por el cual se abultaron las reservas en más de u$s8.000 millones.

Ahora, los equipos técnicos de los candidatos a la presidencia, desde el caso extremo del oficialismo, hasta los de la oposición, reconocen la necesidad de romper el cepo cambiario, aunque la mayoría se inclina por una estrategia gradualista, por sus explícitos temores a generar más inflación, pobreza y recesión.

Poco o nada manifiestan esos técnicos de tener intenciones de eliminar de una vez los obstáculos y recrear los incentivos para generar divisas tanto a través del comercio exterior, con una paridad cambiaria libre, y por tanto flotante, sacar las retenciones y cupos a las exportaciones de alimentos donde el país históricamente sobresalió por sus ventajas competitivas que brinda una geografía singular; y también a través de la atracción de inversiones con políticas que fomenten la explotación de los amplios recursos ociosos: naturales, humanos y financieros; junto a normas claras y contundentes que tiendan al restablecimiento del equilibrio fiscal, para despejar las inquietudes sobre aumento de la presión tributaria y emisión de dinero para financiar déficit creciente y, por supuesto, salir del estado de default parcial con bonistas, modo de facilitar el recupero del financiamiento externo.

En el mundo hay bastas experiencias de casos que han logrado salir de situaciones traumáticas de cepos cambiarios, alta inflación y cierre de la economía en forma rápida y sostenida, para dar paso a un estadio de crecimiento saludable, con más inversión, empleo y reducción de la pobreza.

Se sabe que el cuadro actual difiere del caso extremo de la crisis de 2001 y eso se considera una restricción para seguir una política de shock como ocurrió al comienzo de 2002, pero la capacidad ociosa en la industria si bien no es de 50% es elevada, con un promedio de casi 30% y el desempleo no es del 20%, pero bien medido el 6,6% que informó el Indec se convierte en más de 11%, si la tasa de participación de la población en el mercado de trabajo no hubiese caído de 46,7% a 44,5 por ciento.

Juan Carlos de Pablo recordó en su Newsletter semanal Contexto que “Rudiger Wilhelm Dornbusch se inmortalizó con una monografía que publicó en 1976. “Expectations and exchange rate dynamics” (Journal of political economy, 86, 6, diciembre). En el referido trabajo explicó que cuando se produce alguna alteración en el sistema económico, algunos mercados ajustan con más velocidad que otros. En particular, el mercado cambiario ajusta de manera instantánea. Por ende, cuando se produce alguna alteración, la modificación inicial del tipo de cambio exagera la modificación final (se produce “sobreajuste”). Ejemplo: en la Argentina, luego del abandono de la convertibilidad, el tipo de cambio pasó de $1 a $4, pero luego no siguió a $8 sino que se redujo a $3”. En ese año, aún sin la intervención del Indec, la tasa de inflación no voló al 200% entre puntas, sino a 40,9% y en 2003 había caído a 3,7% anual.

De ahí que no se explica que los equipos técnicos de dos de los tres candidatos sostengan en público, y también en privado, que “la inflación bajará al rango de un dígito en 4 años”, más aún cuando reconocen que los desequilibrios actuales no alcanzaron aún la magnitud que mostraban en el momento de la crisis económica e institucional de 2001. Por tanto, no hay explicaciones lógicas para convivir con obstáculos tanto tiempo, porque no hay duda, por los abundantes antecedentes, que si se aplican incentivos para generar divisas los resultados virtuosos sobre la sociedad y la economía se verán más temprano que tarde, que si se persiste con vallas que sólo se prometen levantar gradualmente.

Se encarece lo abundante y se abarata lo escaso

La semana comenzó con la decisión del Banco Central de subir las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo, junto con el aumento de la garantía para las colocaciones hasta un millón de pesos, como mecanismo de desaliento a la demanda de dólares y de activos nominados en moneda extranjera. Mientras, persiste el atraso cambiario de la paridad oficial, como ancla de la inflación.

De este modo, la política monetaria y cambiaria se aleja cada vez más de la ortodoxia, pese a los enormes costos que en términos sociales y económicos esa estrategia ha generado en los últimos cuatro años, según muestran con contundencia los datos del Indec a través de la Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Anual de Hogares Urbanos; el Estimador Mensual Industrial; el Intercambio Comercial Argentino, entre otros. Ya se sabe, al ministro esos temas les parece estigmatizantes y ahora agregó que “les hacen mal a la gente”.

Resulta contradictorio, aunque no curioso y ni sorprendente, que mientras el Directorio del Banco Central discutía en sus habituales reuniones la suba de las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo a 23,5% anual, a apenas un punto porcentual, frente a una tasa de inflación que pese a descender por caminos no sólidos a 27 o 28% anual, avalaba la expansión de la cantidad de dinero en circulación, para financiar a un sector público que no tiene límite para gastar, aunque cada mes se amplía la brecha negativa con lo que cobra de impuestos.

La base monetaria comenzó julio con una desenfrenada carrera alcista, que la catapultó a más de $533.000 millones, con un salto superior a $50.000 millones en menos de 30 días, a un ritmo mayor a 38% anual y cuatro veces más fuerte que el aumento que registró en similar tramo del año anterior.

De este modo, frente a la abundancia de pesos, la respuesta de la autoridad monetaria fue encarecer mínimamente su valor, con las consecuencias negativas que eso deriva sobre el costo del crédito, cuando en todo mercado el exceso de oferta deprime el precio.

Si realmente a la autoridad monetaria le preocupa la fuga al dólar y quiere premiar al ahorrista debería de haber dispuesto el retiro del excedente de pesos con la suba de los encajes a los bancos y puesto fin al financiamiento del déficit fiscal. Sin duda que eso hubiera hecho volar el costo del dinero hasta niveles prohibitivos para los pocos tomadores de crédito: empresas y familias, pero la señal hubiese sido positiva para las expectativas, porque hubiera demostrado la intención de comenzar a eliminar los severos desequilibrios que afectan a la economía real.

Claramente que eso es lo que perciben los agentes económicos y por eso se recalentó el mercado cambiario, como el de activos dolarizados, porque es la natural fuga a la protección de los activos frente a una política que destruye riqueza: cae el PBI industrial en forma sostenida desde agosto de 2013, según las mediciones del Indec, y también el superávit de la balanza comercial de divisas, y drenan sin freno los dólares para ahorro al cambio oficial más un recargo a cuenta de impuestos y también para turismo; mientras persisten abultados atrasos en los pagos de importaciones y giro de dividendos de las empresas de capital extranjero. Amén del default técnico con bonistas reestructurados.

En este caso, la política del Banco Central consiste en “apreciar el peso”, o lo que es lo mismo, intensificar el atraso cambiario para el comercio exterior, porque la suba nominal de la paridad del peso con el resto de las monedas es casi la tercera parte del alza de los costos internos de la producción nacional.

Pero, la falta de divisas para hacer frente a los abultados compromisos externos de este segundo semestre aconsejaría hacer lo contrario, o buscar atajos, como la eliminación de las retenciones, la baja de impuestos a las empresas, facilitar el crédito a exportadores y hacer acuerdos comerciales bilaterales como han hecho Chile, Colombia, México, entre otros, para conquistar mercados dinámicos que permitan un mayor flujo de comercio. Hoy cayó más de 30% respecto del nivel de cuatro años antes.

De ahí que frente a la escasez de divisas y el drenaje de reservas que se proyecta por el pago el 3 de octubre del vencimiento del Boden 15 por más de u$s6.300 millones, de los cuales apenas la mitad se confía queden en las arcas del Banco Central porque corresponden a inversores institucionales que reinvertirán en nuevos títulos en moneda extranjera, y bonistas del exterior que no podrán cobrar hasta que no vengan al país, más otros compromisos y menor excedente e incluso déficit comercial, y ventas para ahorro y turismo, el BCRA sigue las órdenes de Economía y abarata día a día en términos reales el precio oficialde un recurso cada vez más escaso, como es el dólar.

Claramente no se trata de medidas sostenibles, sino destinadas exclusivamente a llegar al 10 de diciembre, sin importarle a las autoridades económicas y monetarias el crecimiento del deterioro social, porque como no lo mide oficialmente, creen que no existe, aunque muchos de los damnificados votan.

Mejor que lo previsto, no significa estar mejor

La tasa de inflación continúa dando muestras de desaceleración, tanto respecto de los últimos meses como más aún en comparación con el desborde que tuvo lugar en la primera mitad de 2014. Eso puede llamar a engaño de creer que se está mejor.

Pero la realidad social que acaba de difundir el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina reveló que el cuadro de pobreza e indigencia a fines de 2014 resultó sustancialmente peor que el estimado para el año anterior, y nada indica que en el primer semestre de 2015 se verificó un punto de inflexión.

Una de las causas de ese deterioro no es otra que la persistencia de una elevada tasa de aumento de los precios al consumo, provocada por el creciente déficit fiscal que se financia con emisión de dinero por parte del Banco Central.

Aún así hay quienes creen ver entre los empresarios de compañías líderes que “el pesimismo mostrado en la medición de fines de 2014 no se vio convalidado en la realidad de este período”, según una de las conclusiones que surgieron de la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos que realiza D´Alessio IROL para IDEA.

Sin embargo, a la hora de hacer una evaluación de la situación económica del primer semestre sólo 17% de los ejecutivos, esto es uno de cada seis, dijo que su empresa estaba mejor o moderadamente mejor, en contraste con 53%, poco más de uno cada dos, que estaba moderadamente peor o mucho peor. De ahí surgió un saldo de respuesta negativo de 36% de los 182 consultados.

Y si bien las previsiones para la segunda mitad del corriente año se interpretaron como mejores, el sondeo de marras también dejó un resultado neto de nuevo deterioro de 12% de los casos, habida cuenta de que frente a 29% de respuestas positivas se contrapuso 41% que indicaron que presupuestan nuevo retroceso, se agrega al arrastre desfavorable de los últimos años.

Frente a ese cuadro, que ha llevado a un sostenido debilitamiento de la inversión productiva, por inquietante aumento de la capacidad ociosa en las fábricas, pero también en el mercado laboral y en el sistema financiero en su conjunto, no parece descabellado pensar que “ya finalizando el actual mandato, los empresarios prevén que no habrá mayores sobresaltos”, concluye el trabajo de D´Alessio IROL para IDEA.

Esa reflexión no implica que “lo peor ya pasó”. Por el contrario, el sondeo de expectativas determinó que “se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible, como consecuencia de la retracción de las ventas y sólo una de cada cuatro empresas opera por sobre el 85% de su potencial, cuando antes del cepo cambiario esa proporción se daba en la mitad de las compañías consultadas”.

Demasiado sesgo economicista

Un punto que parece inquietante es que según el citado relevamiento de D´Alessio IROL para IDEA es que muchos empresarios “requieren de los candidatos presidenciales definiciones sobre cuatro puntos: educación, justicia, seguridad y política impositiva”, y agregan que “la competitividad cambiaria está más determinada por el tipo de cambio que por factores estructurales”.

Sin negar la relevancia de esos cuatro puntos, parece necesario resaltar la importancia de recuperar las instituciones básicas de respeto a la división de poderes; velar por preservar el valor de la moneda con un Banco Central que cumpla con su rol de regulador en lugar de actuar como un prestramista de útima instancia del Gobierno nacional; la solvencia fiscal; honrar los fallos judiciales, tanto nacionales como internacionales; fomentar la innovación y desarrollo como prerrequisito para impulsar el emprendedorismo y con ello la generación de empleos de calidad, con apertura de la economía. Sólo así se podrá llegar a una genuina política inclusiva, que potencie el mercado interno, la inversión y el comercio exterior.

Un nuevo informe del Foro Económico Mundial (WEF, en sus sigas en inglés) observa que “en general el país sigue enfrentando condiciones macroeconómicas adversas”, que lo ubican en el puesto 102 sobre 144 naciones evaluadas, y que afectan su acceso al crédito (134); padece de débiles instituciones (137), y se ubica negativamente en el ránking de corrupción (139). También calificó al gobierno de ineficiente, con un puntaje que lo encasilló en el lugar 142, casi al final de la tabla. Con ese escenario, no sorprende que también catalogue a la Argentina como altamente ineficiente en los mercados de bienes (141), laboral (143), y en el financiero (129).

Estos indicadores que revelan los obstáculos para el desarrollo del país y la consecuente reducción del strong>elevado núcleo duro de pobreza y de economía informal, no parece que sólo se puedan corregir con una revisión de la política tributaria y cambiaria, como surge del informe de expectativas de los ejecutivos que hizo D´Alessio IROL para IDEA.

Y tampoco pareciera que se pueda lograr con acciones gradualistas, en particular en lo que respecta al objetivo de volver a la tasa de inflación de un dígito anual abajo, como proponen muchos economistas que temen hablar de políticas de disciplina fiscal de shock para reimpulsar la actividad productiva con el énfasis puesto en la inversión productiva y en infraestructura, junto con las exportaciones, que incentiven el empleo privado para absorber no sólo a los desocupados sino también a los activos ociosos en el sector público.

Paritarias e ilusión monetaria

A la luz del comienzo de las negociaciones salariales entre empresarios y trabajadores, con la intermediación del Ministerio de Trabajo para homologar lo que se convenga, muchos economistas y políticos se esperanzan en que ese proceso derive en la mejora del clima de negocios y consecuentemente del humor de las familias, porque inmediatamente proyectan una resurrección del consumo.

Claramente, que es el mejor deseo que esas expectativas no se vean defraudadas y que la economía empiece a salir más temprano que tarde de la faz recesiva que ya acumula más de 18 meses y cuya tendencia afianza su divorcio de lo que se prevé para el promedio mundial.

Sin embargo, pensar que el escenario puede cambiar de un día para otro por el mero hecho de que comenzará a cerrarse otra ronda de paritarias en los diferentes gremios, porque asumen que muchos trabajadores (los convencionados) van a recuperar capacidad de consumo, parece subestimar la magnitud del deterioro de los presupuestos personales, en forma generalizada por el efecto de la inflación diaria, y agravada en muchos casos por la vuelta de las suspensiones y despidos, y la acumulación de deudas, no necesariamente con el sistema financiero.

De ahí que en muchos casos, a medida que mejoren los haberes, los cuales como es práctica no tendrá lugar de “una vez”, sino en dos y hasta tres cuotas hasta fin de año e incluso principios del siguiente, sólo podrán cancelar compromisos pendientes, al tiempo que parte del aumento volverá a diluirse con una inflación que no sólo se manifiesta firme en el rango de 2% mensual, sino que además en muchos casos una porción variable de la suba nominal será absorbida inmediatamente por la AFIP porque considera a salarios que superan en más de dos veces al promedio como Ganancias, pese a que esa referencia no asegura esa condición, y menos aún capacidad de ahorro.

Sólo la ilusión monetaria que genera la nominalidad en una economía altamente inflacionaria, que mantiene a la Argentina en los primeros puestos del ránking mundial, como acaba de mostrar el Fondo Monetario Internacional con estimaciones tomadas de los organismos oficiales de cada país, puede hacer creer que el mero aumento de los salarios posibilitará elevar el poder de compra. Pero la realidad está muy lejos de avalar esa probabilidad.

Los primeros datos de actividad del primer trimestre, sea de recaudación, como de estimaciones privadas de la actividad manufacturera, revelan una recesión que ya acumula entre 13 y 18 meses, según el sector que se tome, mientras no se advierten señales de modificación de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, que justifiquen esperar un cambio de tendencia.

Incluso, en los mercados financiero y cambiario, que como es costumbre operan con la mira en el futuro, también se percibe un punto de giro, porque las perspectivas de cambio que percibían hasta una semana atrás se vieron alcanzadas por la incertidumbre que prevalece en la economía real.

Por tanto es deseable que ocurra un cambio y que la inversión, el consumo, la producción y el comercio exterior retomen la senda del crecimiento, pero eso no podrá ocurrir de modo sustentable y por tanto sostenido, sino viene acompañado de un giro hacia la disciplina fiscal y monetaria y desanudar las ataduras que afectan a la economía real, es decir tanto a la producción, como al empleo y consecuentemente al real poder de compra de los salarios.

La recesión aún no alcanzó su piso

Transcurrido el primer bimestre del año los indicadores de actividad no dan señales de un punto de inflexión. Sea por el lado de la venta de automotores, o el más amplio, como el informe de la recaudación de impuestos, se advierte una desaceleración de la tasa de contracción del consumo, la inversión y del comercio exterior, pero eso está lejos de marcar el fin del ciclo recesivo, porque disminuye la tasa de variación interanual, pero cada vez se está más abajo en cantidades y en valores reales, en el caso de las variables nominales.

Y si bien el movimiento turístico doméstico recuperó niveles de tiempos de bonanza, muy lejos estuvo de responder a la superación de la crisis, sino por el contrario, fue el más claro reflejo de la profundización de la pérdida de capacidad de compra de los salarios, en particular en el resto del mundo. Basta con pararse frente a la Aduana de Ezeiza y ver como los pasajeros regresan con las valijas flacas y sin demoras porque no hay nada que declarar, salvo algún juguete, alimento envasado, o complemento de un producto electrónico, que no llegan a superar los 300 dólares de franquicia, para comprobarlo.

Además, las estimaciones de mercado dan cuenta de que el aumento en cantidad del flujo del turismo fue inversamente proporcional a la variación del tiempo de permanencia en estado de disfrute de la población en los centros turísticos del país: “fue un año más gasolero que nunca”, destacan los expertos del rubro. Los optimistas de siempre atribuyen el fenómeno a la multiplicación de los “feriados puente”, porque ha llevado a modificar los hábitos de salidas durante el año: “más a menudo por menos tiempo”.

El récord de venta de dólares para ahorro a una minúscula porción de la población trabajadora, ya que alcanzó un ritmo cercano a u$s6.000 millones, que representa menos del 10% del total del ahorro nacional en un año, tiene su contrapartida en la mayor baja del consumo y también de la inversión productiva, más allá de que algunos lo utilicen para compensar la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos habituales con la venta de esos dólares en el mercado blue.

El cobro de IVA sobre el consumo de productos nacionales creció 32,7% en el bimestre, un par de puntos por debajo de la tasa de inflación, no obstante que, según dijo el administrador federal de ingresos públicos, contó con el impulso derivado de la sustitución de importaciones, fenómeno que explicó la pérdida de vitalidad de las compras externas, en parte por la discrecionalidad en las autorización de pagos a los proveedores del exterior, y en parte por la baja de los precios internacionales. De modo que el consumo agregado cayó en términos reales.

Mientras que lo ingresado entre enero y febrero por el denominado impuesto al cheque apenas aumentó 21%, más de diez puntos porcentuales menos de lo esperado por el curso de la inflación, descontado el receso de la actividad.

Parte de semejante caída en términos reales puede asociarse al retorno de cierta indisciplina fiscal, fomentada por la propia AFIP al mostrarse más flexible que otros meses en las autorizaciones de venta de cambio a ahorristas, porque sabe que gran parte de las divisas que se obtienen de las reservas a un precio de remate se vuelcan en el circuito informal para obtener una renta cercana al 30%. Con ello por un lado logran reforzar la debilitada capacidad de compra de bienes de los salarios y por otro contribuyen a deprimir el valor del dólar libre, al surgir una oferta inducida por la propia autoridad gubernamental.

Algunos economistas creen ver en la desaceleración del ritmo de crecimiento de la recaudación de impuestos el efecto de la disminución de la tasa de inflación, por la recesión doméstica. Pero, al parecer, han distraído su mirada sobre el efecto sobre el desequilibrio negativo de las finanzas públicas, pese a que por esa vía se ha acelerado la expansión monetaria para financiar el gasto del gobierno de menos de 20% en octubre de 2014 a más de 32% anual desde comienzos del año, la cual volverá a disparar la suba de los precios al consumidor en pocos meses.

Expresión de buenos deseos
De ahí que pese a ese escenario, no son pocas las consultoras privadas que comienzan a presupuestar un cambio de expectativas hacia el segundo semestre, a partir del agotamiento del actual ciclo de gobierno y el voto de confianza que suele otorgarse a todo nuevo presidente, y hasta arriesgan una tasa de crecimiento de 4% para el año próximo.

Sin embargo, aún no se conoce cuál será el punto de partida del paso de la recesión a la esperada reactivación de la economía, y menos aún si el desbarajuste que se observa en materia fiscal, tarifaria, cambiaria, monetaria, energética y también en los indicadores sociales, se corregirá con dolorosas políticas de shock que posibilitarían un rápido salto de calidad en todas las variables, como aconsejan muchos economistas independientes, no atados a objetivos y plataformas de los partidos políticos, o a través de recetas heterodoxas aparentemente menos costosas para la población, y por tanto más publicitadas en los discursos de campaña, aunque no aseguran una corrección sostenida y sustentable como se vio repetidamente en los fallidos “programas de ajuste” entre los 70 y parte de los noventa.