Las jubilaciones se mantendrán alejadas del 82 por ciento móvil

Tras el decimotercer ajuste semestral de las jubilaciones y pensiones, que surge de la fórmula polinómica que toma en cuenta dos variables: el índice del aumento general de salarios del último semestre publicado por el Indec y el aumento de la recaudación tributaria per cápita de la Anses, el haber mínimo se elevará a partir del 1 de marzo a 3.821,73 pesos. Se aproximará al objetivo largamente demandado y emblemático del 82% del salario mínimo vital y móvil, el cual desde enero es de 4.716 pesos.

Sin embargo, la realidad mostrará que no sólo esa referencia es antojadiza sino que, peor aún, es irreal, porque el salario promedio de los trabajadores es actualmente de poco más de 10.570 pesos y sube a 11.100 pesos si se excluye el efecto de los jornales de los empleados en negro, porque no hacen aporte para el sistema previsional. Sobre ese parámetro el haber medio de las jubilaciones, que la Presidente anunció que pasará a ser de 6.806 pesos a partir de marzo, apenas superará el 61 por ciento.

Pero no sólo eso, en una economía altamente inflacionaria, donde el promedio de precios sube a una tasa de 2% por mes, y los salarios, según el Indec, tienden a acompañar esa referencia, al momento de percibir los jubilados el haber actualizado pasará a representar menos del 57% del sueldo de un activo.

A partir de ahí, y dado el régimen de Movilidad Jubilatoria, que establece un ajuste de a escalones cada seis meses, esas referencias se irán achicando mes a mes, hasta proyectarse para agosto un piso inferior al 53 por ciento y promediar en el semestre un 55 por ciento.

Y si bien la utilización del salario mínimo vital y móvil como umbral objetivo de la jubilación mínima es funcional al objetivo político de terminar el ciclo con el logro del anhelado 82 por ciento móvil de un salario en actividad, las autoridades económicas, y en especial del área de Trabajo y de la Seguridad Social, saben muy bien que en la Argentina son muy pocos los trabajadores que reciben esa remuneración mínima, excepto por la vía de subsidios y programas asistenciales, por una jornada inferior a las 40 semanales.

Pérdida de oportunidades
Si realmente es intención del Gobierno mejorar en términos reales la relación del haber jubilatorio y el salario medio de la economía, hasta alcanzar el 82 por ciento, lo primero que debiera hacer es ocuparse y preocuparse por abandonar una política que en los últimos tres años se concentró en generar alta inflación, para poder cobrar el impuesto inflacionario a los asalariados y empresas, y destinar los recursos excedentes que pueda acumular la Anses a subir los haberes de los jubilados y pensionados por sobre el límite mínimo que surja de la fórmula polinómica, hasta alcanzar esa emblemática meta.

Hoy, con el ritmo desenfrenado de crecimiento del déficit fiscal, la Secretaría de Hacienda depende cada vez más de las transferencias de utilidades de Banco Central y de la Anses. En este último caso en el último año superaron los 39.000 millones de pesos: representaron el 11 por ciento del total de las jubilaciones y pensiones, más juicios perdidos, abonadas en ese período.

Si esos recursos se hubiesen destinado a elevar los haberes del sector pasivo, el nivel promedio hubiera ascendido al equivalente a 63 por ciento del salario promedio de la economía.

La brecha resultante con el punto inicial proyectado para marzo de más de seis puntos porcentuales es el efecto del impacto inflacionario, la recesión y la consecuente destrucción de empleos, sólo en el último año, porque se tradujo en conjunto en menores aportes reales al Sistema de la Seguridad Social por parte de trabajadores y empresas.

Elevado costo paga el Banco Central para contener al dólar

Después del severo descontrol monetario en los últimos días de diciembre, forzado por el abultado aumento del gasto público sin caja previa, el Banco Central decidió encarar una agresiva política de absorción de pesos de la City por la vía de la colocación de Letras entre cuatro y doce meses de plazo, pagando tasas del orden del 28 por ciento anual.

Técnicamente es lo que venían reclamando los denominados economistas ortodoxos, porque el exceso de pesos respecto de lo que demandan las empresas y las familias genera una presión severa sobre el valor del dólar y por esa vía de la inflación; como también sobre el consumo, y por ese canal, presiona a la suba de los precios, esto es de la inflación.

A partir de ahí Tomás Bulat escribió en otro medio que “el precio más cuidado de la economía es el dólar”. Obviamente, está en lo cierto. Pero del mismo modo podría dicho “el precio más descuidado de la economía es el peso”, porque lo que abunda son los billetes en circulación que dada vez tienen menos poder de compra.

El mejor ejemplo de ese fenómeno, pese a que en los últimos doce meses la base monetaria creció sólo 20%, esto es casi la mitad del ritmo que tuvo la tasa de inflación, es que la relación de convertibilidad con las reservas en divisas en el Banco Central se sostiene por arriba de 14 pesos, un 60 por ciento más alto que la atrasada paridad oficial de 8,68 pesos en el canal minorista. Se trata de una de las relaciones más altas del mundo, o lo que es lo mismo, de las peores si se considera el poder adquisitivo, ya que con un peso apenas se puede comprar 12 centavos de dólar al cambio oficial (antes del pago de un 20% a cuenta de impuestos) o siete centavos en el mercado libre.

De ahí que para evitar que esas relaciones se deterioren aún más, y agraven el grado de empobrecimiento que afecta cada vez a más argentinos, Alejandro Vanoli decidió repentinamente cambiar el rumbo de su política monetaria y retirar del mercado desde comienzos del año más de 22.000 millones de pesos netos, con la colocación de Letras por 68.315 millones de pesos de valor nominal, pese a que vencían 35.400 millones de pesos de valor nominal. Significó reducir en 5% la base monetaria en sólo 30 días y absorber gran parte del giro al sector público el 29 de diciembre de casi 30.000 millones de pesos.

El fantasma del déficit cuasi fiscal se hizo realidad
La mala noticia de esa estrategia es que, por un lado, el exceso de emisión de pesos para atenuar el rojo de las finanzas públicas se hizo a tasa cero, mientras que la posterior esterilización se hace con un costo de 28% anual. Sobre el total de Lebac en circulación de 245.000 millones de pesos el pago de intereses por año asciende a unos 69.000 millones de pesos, equivalente a 1,5 por ciento del PBI.

Ese es uno de los precios que el Banco Central decidió pagar, aunque seguramente será mayor por la demanda de gasto del sector público en un año electoral y Presupuesto 2015 que ya quedó desdibujado antes de empezar el ejercicio, para contener la inflación y la suba del dólar libre. A modo de suposición estadística debo destacar que la citada relación de convertibilidad de 14 pesos por dólar que se observa en la actualidad se elevaría a 22 pesos si la autoridad monetaria decidiera cancelar la totalidad de las Letras en circulación.

Otro de los precios que paga el Central por no inducir al Ministerio de Economía a que reordene las finanzas públicas, con eliminación de subsidios económicos a las empresas y sectores de altos ingresos (familias que perciben más de 30.000 pesos por mes, como posible punto de partida); reducción de la presión tributaria sobre asalariados y empresas, con la suba a proporciones históricas de los mínimos no imponible y ajustes de balance por inflación) y extinción de las retenciones sobre las exportación; junto a precios libres e incentivos a la inversión productiva, y liberación de las tarifas de los servicios públicos. con la creación de una tarifa social para no castigar a los sectores de bajos ingresos -más del 50% de los trabajadores, es el desaliento del crédito al sector productivo a tasas blandas de 19% anual, porque compite con ese segmento tentando a los bancos y a empresas a colocar su liquidez al 28 por ciento anual en Lebac, como ocurrió en las últimas licitaciones.

El resultado de esa política está a la vista, salvo el impulso del turismo doméstico para un cuarto de la población, en una estimación exageradamente optimista, sustentado en la pérdida de capacidad de gasto en el exterior, es la agudización de la recesión; la destrucción de más empleos; el mercado inmobiliario aún no encuentra su piso; la inflación no cede de modo genuino y permanente y por tanto la inversión productiva de envergadura se posterga otro año más.

Además, el exceso de regulaciones sobre el sistema financiero, las cuales se acentuaron en las últimas semanas con suspensiones a varias entidades de las operaciones en el mercado de capitales a través de sus casas de Bolsa, llevó al país a ocupar el puesto 172 sobre 177 en libertad monetaria, según difundió el índice que The Heritage Foundation realiza con el periódico estadounidense The Wall Street Journal.

Todos esos costos y descenso sostenido con prisa y sin pausa a las peores calificaciones en cualquier ranking mundial de indicadores económicos, sociales y políticos, se evitarían si al menos se siguieran las prácticas de la mayoría de los países, en lugar de acercarse cada vez más a los que están severamente reprobados y condenan a sus habitantes a condiciones de pobreza extrema y atraso de más de 50 años.

En ese escenario, el ingreso de capitales del exterior, sea de argentinos, sea de extraños, posibilitaría mejorar sensiblemente la relación de convertibilidad entre la base monetaria y las reservas en divisas, con un menor costo para el conjunto de los residentes. Pero la historia argentina es muy rica y muestra que los políticos prefieren los atajos y el gradualismo, antes que el ordenamiento macroeconómico de shock por su fuerte impacto inicial, pese a que los buenos resultados no sólo sucederían más rápido que tarde, sino que se tornarían sustentables, con efecto inclusivo genuinio sobre los sectores de la población más postergados.

La Argentina se aleja cada vez más del resto del mundo

Se sabe que el país ocupa los últimos puestos en los ránking de inflación, pobreza, libertad de los agentes económicos y, bien medido, también en los indicadores de empleo y desempleo, producto de la paupérrima participación de la población en el mercado de trabajo. El fenómeno no es nuevo, sino que acumula más de siete años, cuando se decidió abandonar el camino que conducía de la recuperación al del crecimiento y desarrollo, tras la severa crisis del cuatrienio 1999 a 2002, y elegir el de la mayor intervención de los mercados y la devaluación del Indec y del Banco Central, a partir de 2007, aunque en forma más contundente desde fines de 2011.

La consecuencia de esos puntos de giros fue un nuevo debilitamiento de la capacidad de la economía de generar riqueza, porque junto a los obstáculos comerciales se agregaron los fiscales que llevaron a una inédita presión tributaria que le quitó capacidad de consumo, pero también de ahorro y de inversión, a los trabajadores y también a las empresas.

Durante mucho tiempo, y ahora de modo más aislado, se intentó justificar la recesión en que ingresó la Argentina en un cambio en las tendencias de la economía mundial y regional, contra todos los pronósticos. Sin embargo, las nuevas estimaciones de crecimiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional con informes que aportan los países miembros, como la Argentina, dieron cuenta de que desde que se impuso el cepo cambiario, con restricciones a las ventas de divisas al público, pero también a los importadores y a las empresas, entre las que se incluyen las que abastecen al sistema de salud e higiene de la población, el país terminará el cuatrieno con un aumento de apenas 2%, frente a 8% que lo hará el conjunto de América Latina y 9% de la suma de los países.

Semejante brecha en las tasas de crecimiento, que echa por tierra la prédica de un escenario externo desfavorable para el país, puso de manifiesto que los desbarajustes que ofrece la economía, sea en los planos comercial, interno y más aún externo, como en el fiscal y monetario, tiene su origen en la acumulación de desaciertos de política, tanto para el mercado interno, como también para el externo.

Aún se está a tiempo para salir de un laberinto que lejos de achicarse, va camino a ampliarse. Sólo se requiere comenzar por adoptar políticas de disciplina fiscal, donde el énfasis del gasto se concentre e intensifique en el corto plazo en el aspecto social, hasta que pueda superarse la lamentable coyuntura y, por el contrario, se cierre el ciclo de subsidios económicos inadmisibles, como a los servicios públicos que consumen sectores de altos ingresos, como en algunas de las empresas que se han estatizado con fines de convertirse en bolsa de trabajo improductivos, más que en eficientes competidoras del sector privado, y más aún en las dependencias del Poder Ejecutivo.

El costo del desbarajuste
Mientras esa tarea se demore, el Banco Central seguirá devaluándose, como volvió a quedar en evidencia en los últimos 20 días, donde luego de emitir más de 29.000 millones de pesos a tasa cero para asistir al Gobierno nacional, tras haber gastado más de lo que le ingresa por impuestos, decidió absorberlos con colocaciones de Pases y Letras pagando a los bancos tasas de 27 a casi 30% anual.

No se trata de cifras menores, las estadísticas monetarias y financieras del Banco Central dan cuenta de un total de Letras emitidas entre 90 y 365 días de plazo de algo más de 272.000 millones de pesos, a los que se agregan otros 23.000 millones de operaciones de pases con el sistema financiero, que genera una remuneración equivalente mensual del orden de dos por ciento, unos 7.000 millones de pesos por mes, y casi 90.0000 millones de pesos al año, esto es aproximadamente dos puntos del PBI.

Sólo con la perspectiva de un rápido y audaz saneamiento de las cuentas públicas, a través del reempadronamiento y bancarización de todos los salarios y planes sociales que paga el Gobierno nacional, y el posterior comienzo de la elaboración de un Presupuesto Base Cero en base a las reales necesidades de la administración, siguiendo inicialmente parámetros internacionales, se podrá empezar a quitar los vicios acumulados en la larga historia de desequilibrios, se podrá pensar en simultáneo en una salida seria y ventajosa del último y largo tramo del default de fines de 2001.

A partir de ahí se podrá volver más temprano que tarde a la senda del crecimiento, con incentivo al ahorro y la inversión por parte de los residentes y regreso a los mercados internacionales de deuda, necesario para reactivar los emprendimientos productivos y en infraestructura, y con ello posibilitar el crecimiento sostenido y sustentable.

Receta para terminar con las crisis crónicas en el país

En los últimos 70 años se ensayaron en el país los más diversos planes de estabilización de precios, como paso para superar las crisis sistémicas cada 7 o 10 años, según cómo se lo mida, pero ninguno, sea ortodoxo o heterodoxo, o una combinación de ambos, ha resultado eficaz para lograr su objetivo de modo concreto y contundente para exterminar el flagelo de la inflación y con ello, blindar a la economía del riesgo de repetición de una nueva crisis.

Así se probaron programas de controles de precios de los más diversos; inflación cero; precios administrados, desagio con el Plan Austral; caja de conversión con la Convertibilidad; y en este tiempo cambio de la Carta Orgánica del Banco Central para abandonar el rol de preservar el valor de la moneda para reorientar el crédito, y pasar a ser el principal banco del estado para financiar un gasto público que crece más que los recursos que se les sustrae a los residentes por la vía de impuestos, porque por capricho, y por suerte! en las actuales condiciones de fin de mandato, se mantiene la restricción al financiamiento con crédito del resto del mundo, en una apretada síntesis.

En este punto, cabe preguntarse si no es el momento de ensayar una nueva receta propia para las características de un país como la Argentina que se ha acostumbrado a burlar las instituciones, e intentar aplicar políticas económicas probadamente fracasadas, y que por tanto nunca debieran haber ocurrido, menos por gobiernos que se dicen democráticos simplemente porque se mantiene el voto cada dos o tres años para legisladores y cuatro para presidente de la nación.

Desde los años ’70 uno de los maestros de economistas, aún de los más contemporáneos, como Simon Smith Kuznets, Nobel de Economía en 1971, un estudioso de la estimación e interpretación de las cuentas nacionales, enseñaba en sus clases de Harvard y luego a través de sus libros que a los países se los podía agrupar en cuatro clases: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y la Argentina, para enfatizar la atipicidad de ambos casos, y que en la explicación del desarrollo económico no había que sobreestimar la importancia de los recursos naturales: Japón, que no tenía ninguno, había avanzado mucho más que la Argentina, que tenía muchos”. Frase célebre que repitió en sus libros Paul Anthony Samuelson.

A partir de esa clasificación, que en los últimos años se fue afirmando con arcaicos métodos de administración de precios e incentivo del consumo con gasto público desmedido, se me ocurre que es tiempo de que los argentinos comencemos a aceptar esa condición de ser defectuosamente diferentes, en la economía, al resto del mundo, pero que puede ser sanable de modo definitivo.

La Tesorería de la Nación como ente autárquico
El camino que se me ocurre para ser uno más en el planeta, en especial entre los casos exitosos, y no uno distinto que no sólo no logra emerger sino que pierde terreno en la capacidad de generación de riqueza relativa con sus vecinos, como Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, además de Brasil y otros, es crear la institución Tesorería de la Nación, con carácter autárquico, alejado del poder político y no modificable siquiera por nueva Ley de Congreso; así como recuperar la autarquía del Banco Central de la República Argentina, para que vuelva a velar por el valor de la moneda, esto es que no se devalue ni que se aprecie más allá de rangos muy acotados, tentativamente tres por ciento.

Su función debe ser ejecutar el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Nación propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso, con pauta mínima de resultado cero, o un déficit de hasta 3% del PBI, no acumulable, si se asegura el financiamiento con crédito externo. Y sin que pueda ser modificado, como hasta ahora, por meras decisiones administrativas del Jefe de Gabinete.

De este modo, el Poder Ejecutivo no podrá diseñar Presupuestos que sólo respondan a un trámite administrativo, sino que deberá concentrarse en la búsqueda de la mejor asignación del gasto en función de los esperados recursos tributarios, de acuerdo con los objetivos partidarios, pero sin poder desviarse de la exigencia de la extrema disciplina fiscal.

En las condiciones actuales, estimo que el punto de partida ofrece enormes grados de libertad para recuperar la solvencia fiscal sin generar situaciones traumáticas justificables racionalmente porque existen bolsones de gastos que no debieran existir, como la catarata de subsidios y gastos tributarios (exenciones) injustificables y el exceso de empleados en posiciones circunstanciales que aspiran a consolidarse en las áreas de administración que en parte podrían ser canalizadas a reforzar las áreas postergadas del sistema de salud, educación, seguridad, acción social y obras de infraestructura y en parte a aliviar la presión tributaria sobre el sector productivo y los asalariados.

Impacto virtuoso
De ese modo, con la creación de la institución Tesorería de la Nación, con funcionarios de carrera técnica y especializada en administración pública, no sólo se podrá atacar de cuajo y rápido la larga historia inflacionaria y de cesaciones de pagos reales, sino que se abrirá la puerta al desarrollo con ingreso de capitales productivos que posibilitarán un genuino aumento de los recursos tributarios.

En ese caso, el exceso de ingresos que pudiera surgir respecto de lo presupuestado deberá acumularse como Fondo Anticíclico, cuyo uso únicamente podrá votarse en el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, previa consulta a cada ministerio de las necesidades insatisfechas, para el siguiente año fiscal.

Se sabe que la inflación es un fenómeno monetario originado en la creación primaria de dinero por un sector público indisciplinado. De ahí que poniendo la caja en orden, alejada del manejo discrecional sin límite del apetito ilimitado que caracteriza a los políticos argentinos, se podrá no sólo exterminar la suba sostenida y generalizada del nivel de precios al consumidor, sino también se podrá ingresar más temprano que tarde en la senda del crecimiento y desarrollo sustentable, con aumento del empleo y el bienestar de todos los argentinos, como han logrado la mayoría de los países.

Menos del uno por ciento de los residentes compra dólar ahorro

En su conferencia matinal, en el día de la celebración de la llegada de los Reyes Magos, el Jefe de Gabinete dijo que “el 25 por ciento de la población argentina accede a transacciones para tenencia en moneda extranjera. Esta burda mentira instalada respecto a restricciones al acceso. Si existe declaración jurada impositiva, acceden tanto para viajes al exterior tanto para dólar tenencia”. Jorge Capitanich remarcó que “en el último año 4.798.952 personas accedieron a la compra del dólar ahorro por un monto de 3.061 millones de dólares”.

Sin embargo, como me cuesta creer que el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, miente, tiendo a pensar que está mal informado y que sus asesores le omitieron advertir que los 4.798.952 que adquirieron dólares para ahorro en el último año, no eran todas personas diferentes, ni todas lo hicieron con fines de tenencia.

La reglamentación de la AFIP establece que sólo se podrá adquirir dólares para ahorro hasta un límite de 2.000 por mes y 24.000 dólares por año, por parte de aquellos que reúnan ingresos comprobables en tareas registradas por un mínimo equivalente a dos salarios mínimos, en la actualidad unos 9.400 pesos de bolsillo (unos 11.800 pesos en valores brutos). Sobre ese monto, se estima una capacidad de ahorro, tentativa y discrecionalmente del 20%, por lo que el monto mínimo de compra de partida es de unos 1.900 pesos, equivalente a menos de 185 dólares por mes.

A ese límite inferior de ingresos accedió, según los últimos datos del Indec correspondiente al tercer trimestre de 2014, apenas poco más del 10% de los jefes de familia, equivalente a menos de 3% de la población total del país, unas 1,1 millones de trabajadores, esto es poco más de la quinta parte del universo que dijo el Jefe de Gabinete.

Los beneficiarios podrían ampliarse a casi cuatro millones de personas favorecidas por la “flexibilidad” de la venta de dólares ahorro al cambio oficial más un pago a cuenta de futuros impuestos de 20% si opta por no dejar en una cuenta ahorro bancaria los billetes. Pero simplificación y licencia de cálculo no es aceptada por la AFIP, porque sólo valida las autorizaciones de compra en función del ingreso habitual declarado y no del grupo habitacional.

Límite por mes que se puede repetir

Pero esa no es la única falacia de la apreciación que, al parecer, los asesores le transmitieron al Jefe de Gabinete. El régimen de venta de dólares para ahorro se ha definido como parámetro mensual, con un tope anual. De ahí que es muy probable que entre las casi cinco millones de operaciones autorizadas y ejecutadas en el último año se hayan verificado reiteraciones de compra en cada uno de los doce meses, con lo que de modo simple, se puede estimar que la cantidad de personas que fueron autorizadas por la AFIP se limitó a apenas 400 mil, equivalente a menos del uno por ciento de los poco más de los 42 millones de habitantes en el país, o si se quiere poco más del dos por ciento de la nómina total de trabajadores; o de menos del 4% de los ocupados en blancos. En todos los casos, muy lejos del cuarto de la población que con satisfacción dijo Jorge Capitanich, porque estarían manifestando capacidad de ahorro.

Pero peor aún, en una economía que ha pasado de una tasa de inflación de 25 a casi 40%; con salarios que en el mejor de los casos subieron 32% y un gasto público que se expande a una tasa superior al 43%, no han sido pocos los trabajadores autorizados a comprar dólares para tenencia, que lo han hecho para ahorro de muy corto plazo, porque los vendían en menos de 15 días de su adquisición en el mercado libre con una diferencia piso de 30 por ciento, para poder llegar a fin de mes, y de ese modo evitar o atenuar la erosión del poder de compra de sus salarios.

De cualquier forma, ese segmento de la población es muy reducido, porque según los datos de la AFIP el promedio de venta de dólar ahorro por operación fue en el último año de 638 dólares, que al cambio actual, significa un universo muy chico de trabajadores que pueden justificar, siempre en promedio, un ingreso de bolsillo de 33.000 pesos.

Según los datos de Distribución del Ingreso que difundió el Indec menos del siete por ciento de los jefes de familia registró ese parámetro de salario medio, muy por debajo del dos por ciento de la población del total del país, aunque muy superior, con unas 700 mil personas, al promedio mensual de transacciones efectivizadas.

Es decir no todos los que tienen alta capacidad de generación de riqueza y de ahorro acuden al mercado oficial de cambios para comprar dólares billetes, más el pago a cuenta de impuestos del 20 por ciento. Si, son más los que gastan en el exterior con el uso de tarjetas de crédito y luego abonan en pesos en el país, al cambio oficial más un pago a cuenta de impuestos del 35 por ciento. Pero, también se trata de un universo que no llega al 10% de la población, esto es menos de la mitad del 25% que aseguró Capitanich.

El peso se devalúa sí o sí

Desde que asumió la conducción del Banco Central, y el último martes lo ratificó en su presentación en el Senado ante la Comisión de Acuerdos para transformar su cargo en comisión por permanente durante seis años, Alejandro Vanoli reafirmó su postura de desalentar expectativas devaluatorias porque la inflación se está desacelerando. Y para no dejar dudas destacó “yo no me hago cargo de una devaluación que no hice. Me hago cargo de mi gestión, desde el 1 de octubre. La devaluación al inicio de mi gestión no fue un tema. Yo no la quiero hacer, no la he hecho. En este contexto, no sería una medida que mejore la competitividad”.

Y más allá de que es recomendable que un presidente del Banco Central no hable del valor de la moneda nacional, generalmente se alude a la devaluación cuando sube el tipo de cambio oficial de pesos por dólar y sus equivalencias en otras monedas, porque claramente se pasa a requerir mayor cantidad de la moneda nacional para obtener una divisa.

Sin embargo, poco se dice sobre que el peso se devalúa internamente día a día, a un ritmo de más de 2% por mes y casi 40% al año, porque las familias, las empresas y el propio Gobierno necesitan cada vez más cantidad de dinero para adquirir una cantidad fija de bienes y servicios.

No se trata de un juego de palabras, sino de una realidad cotidiana cuya incapacidad o desidia por resolverlo, porque se la niega, ha llevado a consolidar un escenario de singular deterioro de las variables monetarias, financieras y en particular reales, porque el fenómeno llevó a la recesión, el desaliento a la inversión y la consecuente destrucción de empleos y muerte acelerada de empresas incipientes.

Generalmente, cuando se deprecia el peso frente a cualquier divisa mejora la competitividad cambiaria, porque el valor de producción de los productos exportables se abaratan en términos de moneda extranjera, y se encarecen los bienes y servicios que se importan. De ese modo, mejora el resultado del intercambio y el excedente del intercambio posibilita acumular reservas, despejar las tensiones cambiarias y vuelve a apreciarse la moneda nacional sino se utilizan canales de compensación.

Esos canales de compensación, pocas veces utilizados como parte de la política exterior, pueden ser el pago de deuda externa; la flexibilización de los giros de divisas al resto del mundo sea por transferencias de utilidades, inversiones en el exterior para generar nuevas rentas futuras; o favorecer las compras de tecnologías de punta para mejorar la competitividad de las empresas y dar curso a obras de infraestructura demoradas por la recurrente restricción externa, entre otras alternativas.

Sin embargo, en la Argentina del cepo cambiario, con enamoramientos por la paridad cuasi fija, hasta que no da más, como ocurrió hace once meses, la devaluación de la capacidad de compra de la moneda nacional por el contexto de inflación acelerada, deriva en pérdida de competitividad de la producción nacional, mientras que las importaciones también caen por el cierre de la puerta de entrada, al no darle seguridad a los proveedores de la fecha de pago.

Baja sólo relativa
Se podrá insistir con que la inflación se está desacelerando, sea que se la mire por el desagio que le agrega el Indec mes a mes, sea por las estimaciones privadas e incluso de direcciones provinciales de estadística, como la de San Luis y el gobierno de la Ciudad, o por la dinámica de la nominalidad de los salarios, el gasto público en remuneraciones y jubilaciones, entre otras alternativas, respecto de los meses previos recientes, pero todavía se mantiene en niveles singularmente elevados.

Es probable que el ritmo de alza de los precios comience a atenuarse en comparación con los picos que se anotaron entre diciembre de 2013 y febrero de 2014, pero eso no cambiará la realidad de acumulación de un severo rezago del ritmo de ajuste del tipo de cambio respecto de la tasa de inflación, que continuará minando cualquier posibilidad de reanimación de la actividad productiva y comercial.

Los economistas saben bien que se pueden devaluar los costos de las empresas sin alterar la paridad del tipo de cambio oficial a través de la reducción de la presión tributaria; la eliminación de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial o su consideración como pago a cuenta de IVA o de otro impuesto; la extinción del impuesto al cheque; la inversión en infraestructura vial, portuaria y de servicios esenciales de luz, gas y agua, para generar economías externas y también de la baja nominal del costo del dinero y la eliminación de las retenciones sobre las exportaciones. Pero eso requiere de un severo recorte del gasto improductivo e ineficiente y disciplina fiscal en todos los ámbitos, principalmente nacional, pero también provincial y municipal.

Pero eso casi nunca se ha logrado, porque cuando se lo intenta aparece el rechazo infundado a las “políticas de ajuste”, pese a que se ha caído de un desbarajuste generalizado, cómo ocurrió en repetidas veces en los pasados 70 años, que derivaron hasta llegar a extremos de hiperinflación y depresión.

Por ahora sólo se pasó del estancamiento con inflación a recesión con más inflación, pero insistir con negar el precio de la devaluación del peso, sea en términos de poder adquisitivo de moneda extranjera, sea en términos de adquisición de bienes y servicios dentro de las fronteras, sólo conducirá a mayor contracción de la actividad productiva y comercial, con las consecuentes derivaciones en destrucción de empleos, deterioro de las cuentas fiscales que, como ahora, ya no se podrán solventar exclusivamente con emisión del Banco Central, sino también del retorno al canje de deudas y aumento del endeudamiento interno y externo.