Los ministros tienen una mirada parcial de las estadísticas

Axel Kicillof y Débora Giorgi, junto al recaudador, Ricardo Echegaray, parecen tener la misma escuela: analizan las estadísticas oficiales sin considerar el contexto, sea local o internacional. De ese modo, logran el objetivo buscado, mostrar a sus conciudadanos que se superan las metas, que se logran resultados superiores a los esperados y que quienes ven una realidad diferente están equivocados y por tanto deben replantearse un cambio en sus posturas.

El común denominador es el análisis nominal de las estadísticas, sea de precios, salarios, PBI, consumo, empleo y desempleo, fiscal, monetarias, y también del comercio exterior, sin pasar a la depuración en términos reales, y menos aún por el filtro del cotejo con el desempeño de esos indicadores en el resto del mundo y en particular en el vecindario que, con diferentes productos, se ha favorecido como la Argentina del auge de los precios de las materias primas y consecuentemente de la mejora de los términos del intercambio, esto es de precios de exportación que subieron más que los de importación, amén de perder de vista las relaciones intersectoriales. Continuar leyendo

Kicillof ve un país y un mundo diferente al real

En la Argentina ya nos hemos acostumbrado a que los indicadores oficiales niegan una realidad que inquieta más a las familias y pequeñas empresas que a los principales dirigentes de la oposición y menos aún a los del oficialismo. Los primeros porque la sufren, los segundos porque su mirada está puesta más en 2016 que en resaltar la crisis y las medidas que deberían tomarse para superarla porque pareciera que temen ser catalogados como “la cadena del desánimo” y los últimos porque sienten la necesidad de sostener el relato y no admiten la posibilidad del fracaso de las nuevas, aunque reiteradamente probadas y fracasadas viejas recetas.

Primero fue con la inflación, aunque se amagó con corregir el desvío con las mediciones privadas a comienzos del año con la elaboración de un nuevo índice nacional que nunca se desagregó, porque pronto se volvió a la práctica desde 2007 de subestimarla en un cincuenta por ciento.

Luego, fue el cálculo del PBI, más alto para la óptica de los técnicos del Indec y más bajo, e incluso ahora negativo, en las diferentes estimaciones privadas que se hacen en Buenos Aires, Córdoba o expertos de la Universidad Nacional de Tucumán.

Más recientemente se agregaron los datos laborales, donde no sólo se publicitó que tímidamente subió el desempleo en términos relativos, sino que además el Indec comunicó un leve aumento del empleo en el agregado de los 31 aglomerados urbanos en cantidad de personas. Pero no sólo la proyección al total país permitió advertir un salto más grande de la tasa de desempleados que la anunciada, sino también una drástica destrucción de empleo y que bien medida la provincia del Chaco acusa una tasa de desocupación de dos dígitos porcentuales en contraste con pleno empleo relativo y absoluto que informó el organismo oficial de estadística.

Y en la 62 Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción el ministro de Economía, Axel Kicillof, sorprendió al anfitrión, Gustavo Weiss, al desestimar su preocupación por el receso que afecta al sector, como consecuencia de la parálisis del mercado inmobiliario y la destrucción de más de dos por ciento de la nómina, con la mención de que la actividad sigue batiendo récord de permisos de construcción, con un nivel que supera en un 40% el promedio de la convertibilidad, y el secretario de Obras Públicas al vaticinar que se espera cerrar el año con récord de despachos de cemento.

Sin embargo, pocos minutos después el Indec se ocupaba de informar que la caída de las exportaciones en octubre fue la más intensa desde la crisis de 2009, y también excedió a la baja de las importaciones. Además, por los desaciertos de la política económica del ministro desde que era viceministro, omitió hacer referencia que el comercio exterior argentina registra el peor desempeño en más de 20 años en su gravitación en el intercambio mundial de bienes.

Y ayer, el organismo oficial de estadística dio cuenta de que tanto las ventas en supermercados como en grandes centros de compras (shopping) mantienen una contracción en términos reales de más de 6%, la cual no se corresponde con la “capacidad de ahorro” de gran parte de los asalariados, como dijo en su reaparición pública de la Presidente, después de 25 días de convalecencia.

Pero no sólo eso, el ministro de Economía transmitió las preocupaciones de la mayoría de los 19 presidentes de los países del G-20 que representan junto a la Argentina un 85% del PBI mundial, la persistencia de la “segunda peor crisis de la historia económica mundial” y que recordó que “el FMI definió como la nueva mediocridad”, pese a que pocos minutos antes el Departamento de Comercio de los EEUU comunicó que el PBI registró con 4,2% el mayor crecimiento en los últimos once años.

De ahí que se podrá insistir con negar la realidad, pero la crisis se acentúa, la inflación supera el 40%, el déficit fiscal ya bordea el 7% del PBI, el consumo se derrumbó, la inversión ya no alcanza para reponer el envejecimiento del acervo productivo y el Banco Central agotó la capacidad de financiamiento al Tesoro con emisión y llevó a abandonar la política de desendeudamiento de la peor manera: con el retorno de los bonos ajustables, por ahora por el tipo de cambio oficial.

Nada rompe el silencio de la oposición

La crisis se acentúa trimestre a trimestre, mes a mes y día a día, pero los principales referentes de los partidos de la oposición al Gobierno nacional, en particular del área económica, parecen anestesiados e incapaces para hacer oír sus voces de preocupación y buscar consensos, para lograr cambios de políticas que posibiliten que ese proceso primero se frene y luego se revierta.

La semana comenzó con la confirmación de la suba del desempleo por tercer trimestre consecutivo, aunque atenuada por dos fenómenos: el aumento del efecto desaliento que se manifestó en el retiro del mercado de trabajo de más de 340 mil trabajadores en términos simples, pero en casi 540 mil en términos reales, por el crecimiento vegetativo de la población; y las inconsistencias a las que nos tienen acostumbrados las estadísticas del Indec: la Encuesta Permanente de Hogares no constituye la excepción.

Luego apareció la primera estimación seria de variación de la producción del conjunto de las manufacturas, la cual para la consultora Orlando Ferreres arrojó una caída de 6,1% con amplia mayoría de sectores en receso, por efecto de la contracción simultánea y creciente del consumo interno y también de las exportaciones.

Y el martes, sorpresivamente por la fecha, aunque esperado por las tendencias de corto plazo, apareció en el Boletín Oficial el decreto 2129 del 13 de noviembre, con la firma de la Presidente, al parecer en el sanatorio donde estaba internada, que dispuso el aumento del gasto público en unos 57.000 millones de pesos y un salto del déficit fiscal aceptado para el corriente año equivalente a 5% del PBI.

Estos indicadores fueron precedidos por la aceleración de la inflación respecto de un año atrás a un rango firme de más de 40% en doce meses, no obstante que la actividad en su conjunto se afirma en una recesión que para el tercer y cuarto trimestre por arriba del cuatro por ciento.

Y sin embargo, del lado del Gobierno niegan de diversas formas la magnitud de la crisis, y por tanto sus efectos sociales que se manifiestan abiertamente en despidos, suspensiones, vacancias de locales y el reimpulso de la informalidad. Sólo se atina a culpar al escenario internacional, aunque premios nobel que en el pasado avalaban la política económica de la última década ahora la cuestionan abiertamente en seminarios organizados por funcionarios del propio gobierno, como hizo Paul Krugman.

Estrategia que no atiende las necesidades del presente

Por el contrario, los máximos referentes de los partidos que aspiran a competir por la sucesión del gobierno a partir del 10 de diciembre de 2015 sólo se concentran en tejer alianzas y pelear para que un puñado de trabajadores sean eximidos del Impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo, para que no lo pierdan en forma plena antes de fin del año, pese a que semejante confiscación del fruto del trabajo y justo reclamo sólo comprende a menos del 10% de la masa de trabajadores registrados y a menos del 7% del total de los ocupados.

Del restante 93%, como de casi el 15% de desocupados o más que surge del reprocesamiento de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, no se habla, y se los mantiene en el olvido, pese a que en algún momento se los irá a buscar para captar su voto.

El momento es ahora. Trece meses, hasta el cambio de gobierno, es mucho tiempo, para dejarlo al libre albedrío, bajo la convicción de que cuánto en peor estado se llegue en el plano económico y social a las elecciones mayor será la contundencia del triunfo opositor, con probabilidad de lograrlo, incluso, en primera vuelta.

Quienes así piensan, que a juzgar por los hechos, hoy no parecen ser pocos, estarían subestimando que un mayor deterioro del escenario económico y social les impedirá imponer giros de política que posibiliten superar rápidamente los efectos inerciales de la crisis y consecuentemente aliviar la carga de los que hoy ya padecen de angustias y privaciones. Basta con recordar el tiempo que le llevó a Carlos Menem preparar la economía para dejar atrás la hiperinflación y Néstor Kirchner para revertir la depresión de 2002.

La salida traumática de la crisis de 2001 derivó en una depresión en 2002 y sólo por la tonificación de los precios de la soja y de otras materias primas que vende la Argentina se pudo pasar de la etapa de la recuperación a la del crecimiento a partir del sexto año, aunque rápidamente se interrumpió, porque la Argentina de los últimos 60 años se especializó en crisis y sus salidas, pero nunca en lograr dar el paso siguiente al del crecimiento genuino, entendido por la superación del pico previo a la recesión y menos aún pensar en estadios de desarrollo, sin uso de contabilidades creativas y atraso cambiario, para mostrar una potencialidad y solvencia superior a la real.

Mantener el silencio, y guardar las recetas para reordenar la economía hasta cuando les toque gobernar, con la esperanza de que el sólo cambio de presidente y equipo atraerá masivamente capitales de riesgo, es desconocer la historia argentina y sobreestimar el apetito de los inversores.

Es cierto que las autoridades del gobierno se muestran cerradas a abrirse al diálogo y, más aún reacias a validar iniciativas de la oposición. Pero no por eso se debe abandonar el intento y menos aún renunciar a la prédica y búsqueda del respaldo popular para lograr consensos que lleven a la vuelta de la racionalidad y la institucionalidad, por sobre la discrecionalidad y el abuso de autoridad para controlar los mercados.

Cambio de escenario transitorio

En los últimos 35 días se observó un singular cambio de tendencia en la escalada del tipo de cambio libre, luego de que se perfilaba a más de 16 pesos por unidad, a menos de 14 en la actualidad, a partir de la astringencia monetaria y consecuente suba de las tasas de interés; la política del miedo con intimidaciones y suspensiones de entidades cambiarias y bursátiles; la flexibilización de ventas de dólares para ahorro con el propósito de inducir a su venta a mayor precio en el circuito marginal; el ingreso del swap de China y nuevos acuerdos con cerealeras y sojeros para que anticipen la liquidación de exportaciones con el propósito de fortalecer las debilitadas reservas del Banco Central y el incentivo a operaciones bursátiles con bonos y acciones de alta liquidez para obtener singulares ganancias de corto plazo.

Todo eso fue acompañado con versiones emanadas de las propias fuentes oficiales y siempre contradictorias de que se avanza hacia una negociación definitiva con los holdouts a partir de enero cuando supuestamente expire la cláusula RUFO que exige conceder a los bonistas reestructurados en los canjes I y II las mismas condiciones que se pueda acordar con los fondos en litigio, si son mejores.

A partir de allí comenzaron a tejerse expectativas de un rápido retorno de la Argentina al mercado internacional de deuda y destrabar el ingreso de inversores del resto del mundo para los diversos emprendimientos que la Argentina tiene pendientes como Vaca Muerta; otras obras energéticas y de infraestructura; la minería y el reimpulso de la agricultura para alcanzar la demorada meta de las 150 millones de toneladas, entre otras.

Sobre esa base empezaron a plantearse pronósticos de algunos economistas y consultoras de empresas y bancos que indican la continuidad de la pax cambiaria hasta todo el 2015, porque se lograría equilibrar la oferta con la conocida demanda de divisas para enfrentar los abultados compromisos externos del gobierno nacional hasta entonces, y en consecuencia arriesgan que el PBI podrá volver a crecer a un rango de 3 a 4 por ciento, luego de un trienio de estancamiento neto.

Otros desequilibrios presentes y sin atención
Sin embargo, en dichos estudios y análisis pareciera subestimarse al extremo la persistencia de crecientes desbarajustes en los indicadores macroeconómicos, entre los que se destacan los asociados a las finanzas públicas, la política monetaria y cambiaria y consecuentemente la inflación y sobreestimarse el esperado y deseado flujo de capitales, si se cierra el capítulo del default con los holdouts.

Los datos acumulados correspondientes a los primeros diez meses de 2014 indican que mientras los recursos fiscales totales crecieron 40,6% en los pasados doce meses, luego de las valiosas transferencias de utilidades contables del Banco Central, la Anses, el PAMI y los fondos fiduciarios, los gastos devengados, esto es ejecutados pero no necesariamente pagados, se elevaron 47,7%. De ahí surgió que el rojo de las cuentas públicas se multiplicó por 2,8 veces, a más de 78.600 millones de pesos.

La tasa de inflación se aceleró en ese período de 26 a más de 41% y el tipo de cambio oficial, luego del salto a 8 pesos a fines de enero, apenas aumentó siete por ciento, provocando una apreciación de la moneda nacional en más de 24 puntos porcentuales y con ello desalentó al extremo las exportaciones, la única fuente genuina de generación de divisas, al afectar aún más la deteriorada competitividad de la producción nacional.

Con ese escenario, sumado a la continuidad del cepo cambiario y ahora a la política de generar miedos en la plaza con la presencia de gendarmes, policías y suspensiones de casas de Bolsa, de cambio e incluso de sanciones a bancos por causas administrativas que datan de más de cinco años, algunas vinculadas con la demora en poner las mamparas que separan a la atención del público en cajas de las colas de espera en los salones de las entidades, no sorprende que la inversión extranjera directa haya caída en el año a la mínima expresión.

Y en la economía real, pese a la inquietante aceleración de la inflación, en muchos sectores se observan precios reprimidos, como también ocurre en contrapartida con las tarifas y diversos subsidios, cuya regularización requerirá atención en algún momento, los cuales no han impedido que el consumo se derrumbara a una tasa de 10% en supermercados y shopping y del 5 a 7 por ciento en los comercios tradicionales, fenómeno que ha disparado los índices de vacancia de locales.

Mientras que los indicadores de inversión, más de la actividad privada que en el sector público, también se consolidó la tendencia contractiva, fenómeno que redundó en destrucción de empleos y disminución de las oportunidades laborales para los jóvenes que esperaban incorporarse al mercado de trabajo.

También las exportaciones muestran tasas crecientes de disminución.

De ahí que del lado de la demanda agregada, a menos de dos meses del cierre del año, ya se observa un arrastre fuertemente negativo para el año próximo, que limitará cualquier impacto inicial de reversión del ciclo.

En tanto del lado financiero, en un año electoral, no cabe esperar el regreso a la disciplina fiscal y por tanto si se llegara a cerrar el capítulo del default no será una condición suficiente para despejar la reaparición de tensiones cambiarias, a la espera de un plan económico integral que posibilite comenzar a reordenar todas las variables.

Por eso pareciera que la actual pax cambiaria es más transitoria que duradera, porque no se sustenta en la recreación de la confianza y en la revisión de políticas que provocaron severos desequilibrios, en particular desde que rige el cepo cambiario.

Más controles y menos ideas

Día a día los indicadores de la economía real y financiera muestran un severo deterioro y paso a un estado de desbarajuste cuya reversión provocará mayores costos cuánto más lejos se asuma la necesidad de implementar un cambio drástico. Pero frente a esa realidad, cuya máxima expresión es la destrucción de empleos privados y generalización del recorte de la jornada laboral, con su consecuente efecto contractivo sobre los ingresos nominales de muchos trabajadores, las autoridades económicas se muestran ausentes y sólo aparecen para actos protocolares o almuerzos con algunos empresarios para hablar sobre las preocupaciones de las consecuencias del plan de gobierno, en lugar de aceptar planteos sobre las causas que explican el delicado cuadro actual.

Esa actitud explica que en las últimas semanas se haya decidido intensificar el cepo cambiario a las importaciones. Y en la presente, en invadir la city con mega operativos policíacos con ayuda de oficiales de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central, de la Unidad de Investigación Financiera y del INAE, en la seguridad de que no iban a encontrar nada que comprometiera a entidades financieras, casas de Bolsa y casas de cambio, porque el objetivo no era ese sino sólo atemorizar al público para que dejara de operar.

Por un momento esa estrategia posibilitó achicar el volumen de operaciones y con ello también el precio del nuevo índice de riesgo país: el dólar contado con liqui. Sin embargo, en la medida en que no se dé un giro rotundo en la política, ese curso de los precios será meramente transitorio, porque seguirán vivas las causas que los impulsan, como la agudización de la pérdida de capacidad de generación de divisas que el Indec dio cuenta en su informe sobre el Intercambio Comercial Argentino en septiembre.

Con una soja que en sólo cuatro meses pasó de 558 a 334 dólares la tonelada en el mercado internacional, aunque a los productores argentinos se les retiene compulsivamente el 35% de esos precios antes de cualquier impuesto o gasto, el equipo económico encontró el argumento fácil para explicar las dificultades que enfrenta para acumular reservas. Pero no alcanza para culpar por qué se acelera la inflación, se profundiza la recesión y que el saldo comercial fuera en septiembre el menor para ese mes en los últimos catorce años.

Estrategia incompleta
Y como de las causas de los problemas no se habla, Economía decidió trabajar contrarreloj en el armado de un nuevo festival de bonos en busca del financiamiento que necesita para llegar a fin de mandato sin las arcas vacías. Pero el objetivo no podrá ser alcanzado si, como se ve a diario en el Boletín Oficial, el Jefe de Gabinete sigue autorizando aumentos del gasto público y validando la incorporación de personal en los diferentes organismos del estado, a costa de ampliar a niveles ya insoportables del déficit fiscal, que llevan a fogonear la inflación y alimentar el atraso cambiario para comercio exterior.

La emisión de bonos ajustables por la paridad cambiaria oficial no generará divisas, pero sí quitará grados de libertad a la hora de tener que devaluar, salvo que se opte por una severa baja del gasto público que posibilite bajar retenciones, ajustar balances por inflación y elevar los mínimos no imponibles para los asalariados, o simplemente persiga el objetivo de limitar la acción del próximo gobierno, al cual ya le espera una tarea ardua para revertir el déficit fiscal, la escalada de la inflación, la destrucción de empleos y seducir a inversores en actividades productivas de largo plazo.

La ceguera del equipo económico no le permite ver como cada medida que implementó en los últimos tres años tuvo el efecto opuesto al buscado, y por tanto no advierte que la solución está a la vuelta de la esquina: incentivar el ahorro, quitar el cepo a la exportación e importación y, abandonar la indisciplina fiscal, para poder liberar recursos al sector privado, que es el único que podrá revertir este ciclo que se encamina a una depresión más temprana que tarde.

No se trata de ser apocalíptico, sino simplemente de aceptar que el paso de una economía que crecía al 5% a otra que cae más de 4%, y más aún en el caso de la industria manufacturera, o que la inflación se desbocó de 25% a más de 40% y las reservas del Banco Central mantienen una tendencia fuertemente contractiva en un escenario de recesión interna y cepo creciente a las importaciones, dan claras muestras de que la economía hace meses que abandonó la etapa de la estanflación (estancamiento con inflación) para ingresar en un estadio de alta recesión.

Por ahora las estimaciones de las consultoras privadas y del Fondo Monetario indican que el receso es modesto para este año y algunos incluso arriesgan un punto de quiebre en 2015, pero las correcciones que ya se advierten en diversos estudios y los nuevos indicadores de comercio exterior del Indec anticipan que el último trimestre será peor de lo que esperaban. El cuadro sólo podrá cambiar si el equipo económico decide comenzar a revisar los desaciertos de política en lugar de seguir actuando infructuosamente contra las consecuencias.

La indisciplina fiscal y las tensiones cambiarias

Septiembre cerró con un crecimiento de la recaudación tributaria del 37,5% en comparación con un año atrás, y para muchos constituyó una sorpresa, porque superó sus expectativas. La sorpresa parece lógica, habida cuenta de que frente a una economía que se derrumba a tasas inquietantes, no sólo en la industria automotriz y de electrónica a tasas de dos dígitos porcentuales, sino también en el mercado inmobiliario y la construcción, o el consumo masivo y el transporte, agravado con una brutal contracción del intercambio comercial con el resto del mundo por el cepo y atraso cambiario y una inflación que ya se posicionó en más de 41 por ciento, los ingresos de la AFIP acusaron una baja real de apenas 2,5 por ciento.

Sin embargo, un análisis fino del origen del fuerte aumento nominal de los recursos agregados de la DGI, Aduana y Anses, permitió advertir que el impuesto inflacionario le sacó a los trabajadores y empresas sólo en septiembre y únicamente por la vía de dos tributos 2.250 millones de pesos: 2.213 millones por Ganancias ficticias y 41 millones por bienes personales pese a que valen menos en términos reales. Se trata del equivalente a 3,2 puntos porcentuales del crecimiento interanual de dichos recursos. Sin ese aporte, la baja real se hubiese aproximado a 4,7%, que es lo que hoy está marcando la caída del PBI en las estimaciones privadas más realistas.

El ejercicio es muy simple. Se trata de depurar del salto de lo percibido por Ganancias y Bienes Personales el efecto del aumento de la masa de contribuyentes por los incrementos que recibieron en sus salarios e ingresos por la inflación: en un caso a través de los ajustes acordados en paritarias y en otro por la suba de precios que disparan los mayores costos, al resistirse la AFIP a elevar los mínimos no imponibles y las escalas de deducciones especiales que rigen desde 2001 para las personas físicas, como de reinstaurar el ajuste por inflación, acorde a una economía inflacionaria de dos dígitos porcentuales elevados y en aceleración, para las jurídicas. La planilla de septiembre mostró que en esos dos tributos se pasó repentinamente de un salto de 38 a 39% anual promedio hasta agosto a 55% en Ganancias y 51% en Bienes Personales el mes siguiente.

Recursos fiscales insuficientes
Semejante salto de la tasa de confiscación de los ingresos de los trabajadores y de las empresas que tiene su correlato en la caída del consumo y de la actividad de la mayoría de los agentes económicos no fue suficiente para cubrir las necesidades de cobertura de un gasto público desbordado y que acelera al punto de debilitar las fuerzas del sector privado para sostenerse en pie.

Por eso se intensifica la recesión, cae el empleo y se realimenta la desconfianza en el peso, al punto de haber forzado el cambio de otro presidente del Banco Central, como si la causa del problema fuera netamente de origen monetario. En ese flanco se advierten las consecuencias de la indisciplina fiscal que ha llevado al uso y abuso de la emisión espuria, con su impacto sobre el mercado de cambios.

Así se desprende de los informes semanales de la autoridad monetaria. A cinco días de cerrar septiembre la principal y casi única fuente de expansión de la cantidad de dinero de base fue el sector público con más de 10.000 millones de pesos. Por quinto mes consecutivo la expansión de base para disimular el verdadero rojo fiscal se ubicó en el rango de los once dígitos: más de 10.000.000.000 de pesos.

Y sólo en un día, el jefe de Gabinete de ministros, Jorge Capitanich, dispuso al inicio de octubre la autorización de aumento del gasto público en 10 dígitos: 6.228 millones, de los cuales 5.600 millones deberán ser financiados con más impuesto inflacionario y transferencias al Tesoro por la vía de la emisión del Banco Central, recursos de la Anses y de otros organismos, como el PAMI y fondos fiduciarios. Con semejante aumento de partidas, los datos de la Secretaría de Hacienda indican que el presupuesto de gastos para todo 2014 se elevó en 62,7% respecto del que finalmente se autorizó para el año anterior.

De ahí que la pax cambiaria de los últimos días sólo es explicable por una tregua que el mercado le concedió a las nuevas autoridades monetarias, luego de que repentinamente el ministro de Economía y el nuevo presidente del Banco Central decidieran iniciar una ronda de diálogo con los empresarios y banqueros, no sólo de compañías nacionales, sino también extranjeras, después de que hasta la semana anterior habían sido denunciados como los responsables de la crisis, la demanda de los holdouts y las tensiones que se manifestaron en la disparada del dólar libre y la aceleración de la inflación.

Pero la calma no podrá extenderse por mucho tiempo si la política monetaria y fiscal mantienen su carrera alcista y se postergan las decisiones de fondo para comenzar a reordenar la macroeconomía, empezando por la vuelta a la austeridad en la expansión del gasto público, al menos al ritmo de la inflación; la reducción de la presión fiscal y empezar a desarmar los nudos que fueron estrangulando la economía real. No hacerlo, bajo la excusa de que con eso se profundizará la recesión, sin medir el efecto severamente contractivo que genera en el conjunto de la actividad privada, reavivará las tensiones cambiarias más temprano que tarde.

Creer que el cuadro podría comenzar a despejarse a partir de enero 2015, cuando supuestamente quede sin efecto la cláusula RUFO que impide cerrar un acuerdo con los holdouts en los términos que falló el juez Griesa, porque destrabará el acceso al mercado internacional de deuda, es desconocer la vocación expansiva de gasto de este gobierno, más aún en un año electoral, y por tanto no asegura la reducción del desequilibrio fiscal, sino, en el mejor de los casos, un cambio de la fuente de financiamiento con un Pagadiós y las mismas consecuencias negativas sobre la economía en su conjunto.