Por: Daniel Sticco
Axel Kicillof y Débora Giorgi, junto al recaudador, Ricardo Echegaray, parecen tener la misma escuela: analizan las estadísticas oficiales sin considerar el contexto, sea local o internacional. De ese modo, logran el objetivo buscado, mostrar a sus conciudadanos que se superan las metas, que se logran resultados superiores a los esperados y que quienes ven una realidad diferente están equivocados y por tanto deben replantearse un cambio en sus posturas.
El común denominador es el análisis nominal de las estadísticas, sea de precios, salarios, PBI, consumo, empleo y desempleo, fiscal, monetarias, y también del comercio exterior, sin pasar a la depuración en términos reales, y menos aún por el filtro del cotejo con el desempeño de esos indicadores en el resto del mundo y en particular en el vecindario que, con diferentes productos, se ha favorecido como la Argentina del auge de los precios de las materias primas y consecuentemente de la mejora de los términos del intercambio, esto es de precios de exportación que subieron más que los de importación, amén de perder de vista las relaciones intersectoriales.
Así, destacan que la actividad económica está amesetada; la industria se duplicó en una década, el desempleo bajó, la recaudación tributaria bate récords y los salarios aumentan notablemente en términos nominales, entre otros indicadores relevantes.
Sin embargo, la lectura de los indicadores del Indec, aún con sus limitaciones y dudas que despiertan por aparentes incongruencias en varios casos, no sólo en el caso de la medición de los precios, y las relaciones básicas, tanto endógenas, como exógenas, esto con los índices similares de otros países, permite rápidamente advertir la tendencia claramente sesgada de los análisis que hacen los funcionarios.
Malas notas en todos los rubros de la economía
El predicado “amesetamiento” de la actividad económica, al cual adhieren los economistas y banqueros que acompañan al partido de gobierno, no sólo no se comprueba en las series del Estimador Mensual Industrial; del comercio minorista, como son las ventas en supermercados y centros de compra ajustadas por la inflación real; el transporte de carga y el comercio exterior, que acusan una acelerada tendencia recesiva, con claro arrastre negativo para el año próximo, sino que contrasta con el desempeño de la región, con muy pocas excepciones, al punto que por primera vez en cuatro años la Argentina dejó de crecer a mayor ritmo que el resto de América Latina y el Caribe.
La actividad industrial es cierto que casi se duplicó respecto del peor momento de la crisis de 2002 y con ello recuperó parte de los puestos de trabajo, pero no sólo lo hizo por debajo de la recuperación del PBI total, sino que comparado con los registros pre crisis que se inició en el segundo semestre de 1998 y que derivó en depresión en 2002, y se lo ajusta por la variación de la cantidad de habitantes, se advierte que en el primer caso se asistió a un claro proceso de pérdida de relevancia en el valor agregado total, y en el segundo en una baja contribución a la generación de empleos netos.
El desempleo bajó sólo en los papeles, porque a nivel país no sólo hay claras evidencias de que desde la imposición del cepo cambiario a fines de 2011 no sólo la economía comenzó a exhibir severas limitaciones para la creación de empleos, sino que una vez agotado el efecto inercial del año previo se asistió a una fuerte destrucción neta de puestos de trabajo, y además se contrajo la oferta de los que buscaban ocuparse en una tarea remunerada al ver que no alcanzaban su objetivo.
De este modo, la pérdida de oportunidades laborales en el trienio fue equivalente a más de cinco puntos porcentuales de la tasa de participación de la población. Además, en el cotejo internacional se advierte claramente que la proporción de desocupados se ubica entre las más alta de la región e incluso de diversos países europeos y más aún asiáticos. Y ni qué decir, si se recalcula la tasa de desempleo con las tasas de participación que registran los países vecinos y los del resto del mundo que cuenta con una población superior a las 10 millones de personas.
Mientras que en el caso de la recaudación que ya se posiciona en el rango de los doce dígitos en el mes y 13 en el acumulado del año, lejos de constituir un mérito, no hace más que reflejar el fracaso de la política económica, porque lejos de sustentase en el crecimiento de la generación neta de riqueza se apoya en subas nominales impulsada por el alza de los precios y consecuente depreciación de la moneda que provoca la emisión de dinero desmedida para financiar el exceso de gasto público sobre los recursos: IVA e Impuesto al Cheque acusaron en noviembre apreciables bajas en términos reales, esto es crecieron entre 13 y 10 puntos porcentuales por debajo de la tasa de inflación que miden las consultoras privadas.
Y aún en el caso de la inflación del Indec que se ubicó en poco más de 21% en diez meses, superó en más de una vez al promedio que registró en ese período la región, y se mantiene entre las más altas del planeta, detrás de Venezuela y algún que otro país con pobre nivel de desarrollo.
Lo mismo puede argumentarse de los salarios. El Indec muestra no sólo una sostenida desaceleración de los aumentos nominales después de los ajustes acordados en paritarias hasta junio o julio, y un año de caída creciente en la comparación interanual en términos reales, sino que además la serie oficial no contempla los efectos de las variaciones negativas del ingreso de los trabajadores derivadas del recorte de la jornada laboral en varias industrias, la drástica caída de las horas extras en todas las actividades, y las disminuciones derivadas de la pérdida de premios por productividad que provoca una economía contractiva.
Por tanto, mientras las máximas autoridades económicas mantengan una lectura sesgada y de cabotaje de los indicadores de actividad que informa el Indec, la economía seguirá inmersa en un proceso recesivo que no podrá revertirse, a pesar de que se intenten nuevas políticas fiscales expansivas en el año electoral que se avecina, porque la contrapartida será menor capacidad de gasto de la mayoría de las familias y empresas que dependen del sector privado.