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10 factores que debería contemplar la discusión paritaria

¿Quién puede asegurar hoy que la tasa de inflación de todo 2016, entre extremos, se ubicará en el rango de 20% a 25% que anticipó como meta objetivo el Gobierno o entre 32 y 38% como como comenzaron a estimar economistas de bancos de inversión internacional?

No se trata de antemano de desacreditar cualquier estimación, una siempre optimista por parte de las autoridades nacionales, y otras basadas en criterios que se asumen realistas a la luz del ritmo de expansión histórico de la cantidad de dinero o de los efectos del sinceramiento de algunas variables, singularmente atrasadas respecto de cualquier comparación histórica o internacional, como las tarifas. Sino simplemente de advertir que, a priori, se está frente a un cambio sustancial, tanto en lo político como en lo económico respecto de los doce años precedentes que no debieran ser desestimados.

Si realmente empresarios, trabajadores y Gobierno aspiran a un país que avance hacia una rápida desaceleración virtuosa de la inflación, esto es que no sea a costa de provocar mayor recesión, aumento de la pobreza y aislamiento del mundo, sino con crecimiento y mejora de la calidad de vida general de sus habitantes, la perspectiva de negociación no deberá ignorar el pasado, pero tampoco subestimar el futuro. La posibilidad de revertir una historia pendular y de crisis cada siete a 10 años, con un primer año malo de fuerte ajuste, como pasó en 1990 o 2002, para no ir más lejos, siempre es viable, aunque no necesariamente probable que se repita.

Una incompleta lista de factores que las partes participantes en las negociaciones paritarias de salarios, sea entre trabajadores dependientes del estado y sus empleados, como los docentes, o entre privados, para aumentar la posibilidad de un escenario de ganar- ganar, cada una de las partes, debería contemplar:

1. El cambio de signo político de Gobierno, pero fundamentalmente de estilo, claramente abierto al diálogo, dispuesto a comenzar a revertir los severos desequilibrios monetario, cambiario, fiscal y la realidad social, y fundamentalmente el objetivo de exterminar las decisiones discrecionales y por tanto arbitrarias;

2. Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno, previo a la supresión del cepo cambiario, fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, economías regionales, y leve baja para el complejo sojero. A partir de ahí, algunos analistas, pero principalmente sindicalistas, alertaron por la inmediata transferencia de ingresos al sector más poderoso de la economía, el cual representa dos de cada tres dólares que generan las ventas totales de la producción nacional al resto del mundo, pero menos de 10 dólares por cada 100 dólares de riqueza que genera el conjunto de residentes en un año: trabajadores, empresarios y Gobierno. Sin embargo, si bien muchos precios al consumo se han elevado en respuesta a esos cambios, la transferencia de ingresos no se produce de una vez, sino que de ocurrir lo hará gradualmente, en la medida que se vendan primero los productos que estaban retenidos en los campos, menos de 10% de la producción total, y luego gradualmente al ritmo que madure el ciclo productivo que según los casos va de seis meses a tres años como la actividad ganadera; luego de las severas pérdidas que provocó en el último cuatrienio el atraso cambiario y la baja de las cotizaciones internacionales, con la excepción de los combustibles;

3. Lo mismo puede decirse del efecto del sinceramiento cambiario que implicó el fin del cepo. Para algunos dirigentes interesados en llevar agua para su molino, como ciertos líderes sindicales que buscan validar sus pergaminos, hablan de un salto de más de 40% respecto del nivel que tenía la paridad oficial entre el peso y el dólar antes del 17 de diciembre. Pero no sólo a aquella paridad de referencia accedían los que participaban del comercio exterior, entre exportaciones e importaciones no más de un cuarto de los que generan riqueza; más unos 7 de cada 100 trabajadores que la AFIP validó hasta el 16 de diciembre para comprar divisas para ahorro y otro tanto que recibían un reintegro del pago a cuenta del 35% de sus gastos con tarjeta en el resto del mundo. El resto, entre el 70% de los generadores de riqueza y más de 90% de los trabajadores que querían o necesitaban comprar un dólar deberían acudir al sofisticado sistema de compra por el canal bursátil (dólar liqui y MEP), en su amplia mayoría al circuito libre, marginal o blue a valores superiores a los actuales. De ahí que para la mayoría de la sociedad la devaluación del peso, o lo que es lo mismo, la caída de los salarios en dólares se produjo a lo largo de los pasados cuatro años. Por tanto, si se consideraba que con los ajustes en paritarias y la movilidad jubilatoria en ese período se compensaba ese efecto, queda invalidado el argumento de la necesidad de recuperar poder adquisitivo por una devaluación que no fue tal;

4. Aún no se definieron las correcciones que tendrán las tarifas de los servicios de gas, agua y del transporte público de pasajeros, además de los movimientos estacionales de los precios de los artículos y servicios escolares y la ropa de la nueva temporada, los cuales como la energía eléctrica, absorberán una parte creciente del salario de los trabajadores, porque en los últimos años fueron aumentados muy por debajo de cualquier pauta salarial y de inflación, y sólo se sostuvieron con la transferencia de subsidios de la Nación, los cuales a la postre alimentaban la inflación, porque el déficit de las finanzas públicas requería del auxilio de la emisión de dinero por parte del Banco Central. Esa política no sólo derivó en estancamiento del PBI, sino peor aún en la escalada de la pobreza, que ahora se aspira a extinguir en cuatro años;

5. Desde la crisis de 2001, los datos informados por el Indec hasta noviembre 2015, el promedio de salarios de los trabajadores registrados en el sector privado aumentó 1.450%, mucho más que el 922% que experimentó la nómina del sector público en su conjunto, y también, aunque con menor brecha, que el 1.390% de la inflación que midió el Indec hasta diciembre de 2006 y el empalme con el consenso de las estimaciones de las consultoras privadas hasta el cierre de 2015. En ese tramo, la jubilación mínima se incrementó 2.766%, aunque se mantiene en un nivel absoluto indudablemente bajo: 4.299 pesos. De ahí que, en promedio, no se está frente a un singular desfase en la relación precios y salarios, al menos respecto de la situación prevaleciente en los últimos 15 años;

6. Las finanzas de las empresas, en particular de las medianas y pequeñas no pasan por un buen momento, porque si bien nominalmente, en promedio, subieron sus precios y actualizaron los salarios de la nómina para minimizar la conflictividad laboral, enfrentan los efectos del estancamiento del mercado interno en los últimos cuatro años, contracción del negocio de exportación por el atraso cambiario en ese período; más la pérdida de productividad que provocó la discrecional política de aprobación de importaciones, tanto de insumos básicos, como de máquinas y repuestos que no se fabrican localmente. Ese cuadro luce congruente con el anuncio de la AFIP de que decidió diseñar un plan de financiación permanente de deudas que reglamentará en los próximos días;

7. Diferencia entre el cambio del nivel de precios de un bien o servicio y la inflación. Esta última se define como “el aumento persistente y generalizado de los precios de la economía”, mientras que la corrección de una vez del valor de las tarifas de luz, o gas, o agua, que según dijo el ministro Juan José Aranguren, será por única vez en el corriente año; no puede proyectarse como la tasa de inflación a un año vista;

8. Expectativas y realidad. Uno de los reaseguros que tomó el Banco Central de la República Argentina como parte de su objetivo de reducir la inflación a un dígito en cuatro años y contribuir a la recreación del ahorro y el crédito en moneda nacional fue subir la tasa de interés de las Lebac de 28 a 38% anual. A poco más de 50 días de esa medida, la renta que ofrece por esos títulos bajó a 30,5% anual, y se aproximó al nivel previo. La otra, fue iniciar un proceso de sacar del mercado el excedente de pesos que presiona sobre la inflación: la base monetaria que acusaba un ritmo de aumento de más de 45% anual hasta el 9 de diciembre, ahora se atenuó a 32%. Y en la medida en que las autoridades de Hacienda decidan actuar con mayor ímpetu en la reducción del abultado déficit fiscal, la tasa de emisión podrá converger más temprano que tarde a la zona de 20 por ciento;

9. Un rápido encuadramiento de las finanzas públicas permitiría una mayor velocidad de desaceleración de la expansión monetaria y con ello de las expectativas de inflación, fenómeno que se considera clave para reanimar la inversión productiva, local y extranjera, y de ese modo impulsar el empleo privado y absorber la destrucción de puestos improductivos e incluso no comprobados pero altamente remunerados que ya comenzó en el sector público nacional; de ahí la importancia de no sólo mostrar audacia y fortaleza para recuperar la disciplina fiscal, sino fundamentalmente de apoyarla desde todos los sectores;

10. Suba del mínimo no imponible de Ganancias a un salario de bolsillo de $29.266, se argumenta como un factor de compensación de una menor tasa de negociación de suba salarial por parte de las empresas. Sin embargo, ese beneficio recaerá sobre no más del 10% de los asalariados registrados y menos del 5% del total de los trabajadores, de ahí que si ese fuera el criterio para calmar las demandas de los gremios más poderosos y de altas remuneraciones relativas como petroleros, camioneros y bancarios; también debiera pensarse en una medida compensatoria para el resto de los trabajadores, ocupados y más aún desempleados, como suba de las asignaciones familiares y de los planes asistenciales.

Cambio de estrategia
Frente a semejante escenario, de arrastre y proyectado, bien podría plantearse que las partes, empresas y sindicatos, pero también el Gobierno, evalúen la posibilidad de definir un criterio de pauta anual para las negociaciones de salarios en paritarias, pero sin fijar ni montos ni tasas de ajuste.

Claramente, en un ambiente de alta inflación por más de ocho años, pero que también se proyecta para 2016, algunos con desaceleración, otros con intensificación, es impensable, encontrar un punto de acuerdo para fijar una tasa de referencia, aunque luego se la dividida en dos o tres partes. Pero existe una alternativa que ya han comenzado a seguir algunos sectores, como el del mercado de venta de automotores: acordar un aumento de salarios cada tres meses sobre la base de la tasa de inflación real de los últimos tres meses.

Un avance lo dio el Ministerio de Hacienda y Finanzas, al reconocer como factor de actualización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para los títulos de la deuda pública ajustables por inflación, las mediciones que hacen las Direcciones de Estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis, las cuales determina mes a mes.

Si esa referencia fuese aceptada y el período de ajuste pactarlo de modo trimestral, aunque para la primera actualización podría partirse de la última suba de los salarios, en algunos gremios fue en julio, en otros agosto, septiembre u octubre, y en los siguientes cada tres meses, se podría contribuir al objetivo de converger a una menor tasa de inflación sin que nadie pierda.

Y dado que se está frente a una situación excepcional de cambio de Gobierno y de políticas, también se podría acordar que la actualización de los salarios se pacte para todos a partir del corriente mes o a lo sumo del próximo, para equiparar las aguas con las medidas que favorecieron a algunas empresas productoras de bienes y servicios.

El cepo cambiario y los salarios

Se acercan tiempos de cambio, independientemente de quién asuma la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre, porque tanto los equipos técnicos del candidato del oficialismo, Daniel Scioli, como de la oposición, Mauricio Macri, reconocen el costo de sostener las restricciones cambiarias.

Estas no sólo se refieren al atraso del nivel de la paridad oficial alejada de las opciones alternativas y accesibles, como el contado con liqui, o MEP, en Bolsa; y la racionalización de divisas para los importadores mientras se las entregan a una pequeña porción de los trabajadores para ahorro; como la persistencia de las retenciones de las exportaciones y cupos a las ventas de diversos productos de la canasta familiar; y la veda al acceso al mercado de deuda internacional, por no haberse querido cerrar el capítulo del default con los holdouts, entre otras tantas restricciones.

De ahí que, más allá de insistir con las diferencias y conveniencias entre las soluciones de shock o graduales, tanto para salir del cepo cambiario, como para bajar una de las principales causas de ese instrumento ad hoc, como el desborde del déficit fiscal y la consecuente consolidación de la inflación en el rango de dos dígitos altos, porque una de las principales fuentes de financiamiento es la emisión de pesos por parte del Banco Central, parece apropiado explicar que no parece válido creer que es imposible liberar el mercado de cambios sin que provoque un efecto pobreza, por caída proporcional de los salarios, en dólares, y aceleración de la inflación. Continuar leyendo →

Descuido del Indec reveló la chatura del mercado laboral

Los economistas definen como mercado al lugar físico o virtual al que concurren los oferentes y demandantes de un producto o servicio y buscan cerrar trato por un precio libre, administrado, regulado o fijo, pagadero en moneda o con mercancías o servicios.

Para conocer el pulso del mercado de trabajo el Indec dispone de varios índices: uno es el que intenta reflejar la variación mes a mes del precio en los tres segmentos de la franja asalariada: privada en blanco, privada no registrada, y en el sector público, el cual siempre sube más que la inflación; otro es el de la Encuesta Permanente de Hogares que difunde trimestralmente, la cual en el último dato mostró una baja récord del desempleo, pese a que volvió a contraerse la oferta de trabajadores y mantenerse virtualmente estancada la demanda; y el tercero es el Índice de Demanda Laboral Insatisfecha, el cual da cuenta de qué proporción de empresas, privadas y del Estado, buscan cubrir puestos y qué porcentaje de insatisfacción registran.

A diferencia de los dos primeros índices mencionados, en el caso de la DLI el organismo oficial detectó para el segundo trimestre 2015 un comportamiento casi alineado a las mediciones privadas de actividad económica que coinciden en estimar un virtual estancamiento, después de haber alcanzado un nivel pico en el segundo trimestre de 2011, esto es antes de que se impusiera el cepo cambiario para las importaciones, el mercado inmobiliario, el giro de dividendos al exterior por parte de las empresas de capital extranjero, y parcialmente para ahorro de las personas físicas.

Por eso puede decirse sin temor a equivocarse que “un descuido del Indec reveló la chatura del mercado laboral”, porque en otros muchos indicadores da cuenta de datos que no se comprueban en la realidad.

Son los casos de la tasa de inflación, que insiste en que se ubica en la mitad de la que miden las consultoras privadas, pese a que es fácilmente comprobable, como arrojó una contundente investigación de precios que hizo Infobae en las propias bocas de supermercados; y que se puede replicar con los servicios públicos y privados; del intercambio comercial con el resto del mundo, porque mantiene en el informe abierto a la prensa un debilitado superávit, esto es un nivel de exportaciones que todavía supera al de importaciones, pero en la “base de usuarios” que se accede por suscripción paga, da cuenta de que ya hace varios meses que el resultado del capricho de atrasar el tipo de cambio y encarecer notablemente el valor de la producción nacional de bienes y servicios arroja un saldo deficitario: salen más divisas que las que ingresan; o con el saldo de la balanza del turismo internacional, el cual el déficit mensual se ubica en la quinta parte del que informa trimestralmente el Banco Central de la República Argentina a través del Balance Cambiario; y también en las Encuestas de Supermercados y Centros de Compras, las cuales registran mes a mes crecimiento a tasas de dos dígitos porcentuales en la serie ajustada por inflación, a partir del artilugio recurrente de ampliar la cantidad de establecimientos que le aportan sus datos de facturación y de la subestimación de la variación de los precios, para tornarlos congruentes con los que utiliza para el cálculo de la inflación.

Sólo 3 de 21 sectores aumentaron la búsqueda laboral en cuatro años
El indicador del Indec de demanda laboral insatisfecha en la Argentina, correspondiente al segundo trimestre, reveló que casi exactamente un tercio de las “empresas, organismos públicos o cualquier otra organización que actúe como demandante de sus servicios, expresado mediante avisos en los diarios o internet, carteles en la vía pública, búsquedas de boca en boca, etc.”, que “se obtiene de la muestra de empresas utilizada en la encuesta del Índice de Salarios”, realizó búsqueda de personal y sólo 5,9% no cubrieron las necesidades. Cuatro años antes, previo a la imposición del cepo cambiario, la proporción de empleadores que intentó cubrir vacantes o o incorporar trabajadores netos había alcanzado a 40,1%, el más alto desde que debutó el indicador, en 2011.

El retroceso fue generalizado, habida cuenta de que de 21 grandes sectores clasificados por actividad sólo tres superaron el récord previo para el segundo trimestre: fueron los casos de los servicios financieros que ampliaron la proporción en siete puntos porcentuales a 61,2% del total; el agro en seis pp, a 24,2% de las empresas y los servicios de correos y telecomunicaciones en tres pp, a 39,3 por ciento de las firmas del rubro.

En el resto de los casos, el Indec detectó un severo repliegue en la cantidad de empresas que salieron a buscar personal, a contramano de lo que cabría esperar en un escenario de bonanza como muestran la mayoría de los indicadores oficiales y los discursos de los ministros de Economía e Industria. En el caso de la construcción, que el organismo informó poco más de una semana atrás que alcanzó niveles récord, ahora reveló que sólo una de cada cuatro empresas hizo búsquedas de trabajadores, cuando en el anterior pico de actividad, en el segundo trimestre de 2011 lo hacían poco menos de una de cada tres desarrolladores.

Esa revelación es congruente con la encuesta que hizo EY entre 110 ejecutivos de empresas, que se presentó en la 36 Convención Anual de Ejecutivos de Finanzas, en Bariloche, la cual determinó que por la incertidumbre política y la inseguridad jurídica que provoca una economía excesivamente regulada y con varios cepos sólo se ejecutan uno de cada cinco proyectos de inversión, y están limitados a montos en torno a 50 millones de dólares, el resto se mantiene en carpeta a la espera de mejores vientos incentiven la generación de empleos productivos, sin retenciones ni cupos a las exportaciones; precios administrados; atraso cambiario y creciente presión tributaria.

Si bien constituye una mala noticia dar cuenta de la cruda realidad que afecta a muchas familias argentinas que ven obstaculizadas las posibilidades de cubrir sus expectativas de acceder a un empleo remunerado, al menos aparece como positivo que el Indec revele una fotografía sin retoques para mejorar la imagen, porque debiera impulsar a los decisores de políticas económicas y de empleo, actuales o futuros, a revisar sus programas y estrategias, para contribuir a revertir ese proceso de postergación de las oportunidades laborales.

De gravar Ganancias se pasó a gravar el trabajo

Entre los principios básicos de la política impositiva universalmente aceptados se destacan el de equidad y el de capacidad de pago del contribuyente. Esas dos premisas fueron desdibujadas en la Argentina post convertibilidad, en particular en los últimos siete años, donde se lo utilizó para capturar el impuesto inflacionario.

El principio de equidad indica que a condiciones de igual ingreso y características para generarlo, junto a una estructura del hogar similar, el pago del tributo por cada contribuyente no debe ser diferente. Sin embargo, desde 2013, tras el dictado del decreto 1.242, se estableció caprichosamente que quienes tuvieron entre enero y agosto de ese año un ingreso “normal y habitual” de hasta $15.000 en términos brutos quedaba exento del pago del Impuesto a las Ganancias a futuro, independientemente de que por efecto de la inflación y progreso laboral, hoy gane 20, 50 o 100 mil pesos al mes. Por el contrario, quien perdió un empleo y lo pudo recuperar con un ingreso de $15.000 o más hoy debe tributar. Continuar leyendo →

Las jubilaciones se mantendrán alejadas del 82 por ciento móvil

Tras el decimotercer ajuste semestral de las jubilaciones y pensiones, que surge de la fórmula polinómica que toma en cuenta dos variables: el índice del aumento general de salarios del último semestre publicado por el Indec y el aumento de la recaudación tributaria per cápita de la Anses, el haber mínimo se elevará a partir del 1 de marzo a 3.821,73 pesos. Se aproximará al objetivo largamente demandado y emblemático del 82% del salario mínimo vital y móvil, el cual desde enero es de 4.716 pesos.

Sin embargo, la realidad mostrará que no sólo esa referencia es antojadiza sino que, peor aún, es irreal, porque el salario promedio de los trabajadores es actualmente de poco más de 10.570 pesos y sube a 11.100 pesos si se excluye el efecto de los jornales de los empleados en negro, porque no hacen aporte para el sistema previsional. Sobre ese parámetro el haber medio de las jubilaciones, que la Presidente anunció que pasará a ser de 6.806 pesos a partir de marzo, apenas superará el 61 por ciento.

Pero no sólo eso, en una economía altamente inflacionaria, donde el promedio de precios sube a una tasa de 2% por mes, y los salarios, según el Indec, tienden a acompañar esa referencia, al momento de percibir los jubilados el haber actualizado pasará a representar menos del 57% del sueldo de un activo.

A partir de ahí, y dado el régimen de Movilidad Jubilatoria, que establece un ajuste de a escalones cada seis meses, esas referencias se irán achicando mes a mes, hasta proyectarse para agosto un piso inferior al 53 por ciento y promediar en el semestre un 55 por ciento.

Y si bien la utilización del salario mínimo vital y móvil como umbral objetivo de la jubilación mínima es funcional al objetivo político de terminar el ciclo con el logro del anhelado 82 por ciento móvil de un salario en actividad, las autoridades económicas, y en especial del área de Trabajo y de la Seguridad Social, saben muy bien que en la Argentina son muy pocos los trabajadores que reciben esa remuneración mínima, excepto por la vía de subsidios y programas asistenciales, por una jornada inferior a las 40 semanales.

Pérdida de oportunidades
Si realmente es intención del Gobierno mejorar en términos reales la relación del haber jubilatorio y el salario medio de la economía, hasta alcanzar el 82 por ciento, lo primero que debiera hacer es ocuparse y preocuparse por abandonar una política que en los últimos tres años se concentró en generar alta inflación, para poder cobrar el impuesto inflacionario a los asalariados y empresas, y destinar los recursos excedentes que pueda acumular la Anses a subir los haberes de los jubilados y pensionados por sobre el límite mínimo que surja de la fórmula polinómica, hasta alcanzar esa emblemática meta.

Hoy, con el ritmo desenfrenado de crecimiento del déficit fiscal, la Secretaría de Hacienda depende cada vez más de las transferencias de utilidades de Banco Central y de la Anses. En este último caso en el último año superaron los 39.000 millones de pesos: representaron el 11 por ciento del total de las jubilaciones y pensiones, más juicios perdidos, abonadas en ese período.

Si esos recursos se hubiesen destinado a elevar los haberes del sector pasivo, el nivel promedio hubiera ascendido al equivalente a 63 por ciento del salario promedio de la economía.

La brecha resultante con el punto inicial proyectado para marzo de más de seis puntos porcentuales es el efecto del impacto inflacionario, la recesión y la consecuente destrucción de empleos, sólo en el último año, porque se tradujo en conjunto en menores aportes reales al Sistema de la Seguridad Social por parte de trabajadores y empresas.

Los ministros tienen una mirada parcial de las estadísticas

Axel Kicillof y Débora Giorgi, junto al recaudador, Ricardo Echegaray, parecen tener la misma escuela: analizan las estadísticas oficiales sin considerar el contexto, sea local o internacional. De ese modo, logran el objetivo buscado, mostrar a sus conciudadanos que se superan las metas, que se logran resultados superiores a los esperados y que quienes ven una realidad diferente están equivocados y por tanto deben replantearse un cambio en sus posturas.

El común denominador es el análisis nominal de las estadísticas, sea de precios, salarios, PBI, consumo, empleo y desempleo, fiscal, monetarias, y también del comercio exterior, sin pasar a la depuración en términos reales, y menos aún por el filtro del cotejo con el desempeño de esos indicadores en el resto del mundo y en particular en el vecindario que, con diferentes productos, se ha favorecido como la Argentina del auge de los precios de las materias primas y consecuentemente de la mejora de los términos del intercambio, esto es de precios de exportación que subieron más que los de importación, amén de perder de vista las relaciones intersectoriales. Continuar leyendo →