Entre los principios básicos de la política impositiva universalmente aceptados se destacan el de equidad y el de capacidad de pago del contribuyente. Esas dos premisas fueron desdibujadas en la Argentina post convertibilidad, en particular en los últimos siete años, donde se lo utilizó para capturar el impuesto inflacionario.

El principio de equidad indica que a condiciones de igual ingreso y características para generarlo, junto a una estructura del hogar similar, el pago del tributo por cada contribuyente no debe ser diferente. Sin embargo, desde 2013, tras el dictado del decreto 1.242, se estableció caprichosamente que quienes tuvieron entre enero y agosto de ese año un ingreso “normal y habitual” de hasta $15.000 en términos brutos quedaba exento del pago del Impuesto a las Ganancias a futuro, independientemente de que por efecto de la inflación y progreso laboral, hoy gane 20, 50 o 100 mil pesos al mes. Por el contrario, quien perdió un empleo y lo pudo recuperar con un ingreso de $15.000 o más hoy debe tributar.

Y también se afectó el principio de capacidad de pago, porque pagar Ganancias sobre un salario de $15.000 brutos, equivalente a $12.000 de bolsillo, desconoce que ese ingreso no posibilita capacidad de ahorro, en particular para muchos trabajadores que deben hacer frente al pago del alquiler de la vivienda, porque con ese salario es imposible acceder al crédito hipotecario para poder comprarla, y con el excedente alimentarse, vestirse y afrontar los gastos de movilidad, y tal vez dedicar algún peso a algún esparcimiento. No mucho más. Por tanto, no puede ser considerado un sujeto de altas rentas, aunque pueda superar en 10 veces a los que menos perciben, y por eso se los fuerza a una declamada “acción solidaria”.

Más aún cuando desde el gobierno nacional, de todo signo político, presente y pasado, con muy raras excepciones, han hecho de la política inflacionaria, una forma de financiamiento regresivo del gasto público, porque ha afectado más al que supuestamente quiere favorecer, sea por la pérdida de capacidad de compra de su salario o plan social, sea por la destrucción de las oportunidades para obtener empleos de calidad, al contribuir a generar un escenario de desconfianza para la inversión productiva y atraso respecto del mundo.

Además se podría agregar que el pago del tributo no tiene como contrapartida la adecuada recepción de servicios básicos de educación, salud, seguridad y justicia pública, porque los recursos fiscales se destinan preponderantemente a otros fines. Sólo los que pueden buscan reparo en los servicios privados, constituyendo así una forma adicional de pago de impuestos.

Lamentablemente, en la Argentina no se disponen de estadísticas oficiales de la progresión de la cantidad de contribuyentes personales al Impuesto a las Ganancias, el cual por efecto de la inflación se ha transformado en un impuesto al salario promedio de la economía, y hasta podría afirmarse que en algunos casos se constituyó en confiscatorio. Sin embargo, recuerdan los memoriosos que abarcaba a un 3 a 4% de los asalariados y ahora ya se habría ampliado a más de 20%, incluyendo a autónomos y también jubilados y pensionados.

El peso de la inflación
El escenario es claramente más inequitativo para el caso de los trabajadores autónomos no monotributistas, por cuanto deben pagar el Impuesto a las Ganancias sobre la casi totalidad el ingreso bruto, en lugar de sobre el resultado de su explotación, porque las deducciones permitidas han pasado a ser casi irrisorias, por la licuación que provocó la inflación el 700% en los últimos 14 años, según el índice de precios al por mayor del Indec.

Y ni qué decir del cargo de Ganancias por parte de una porción de los jubilados, no sólo sobre el haber habitual, sino también sobre el ingreso ocasional derivado del cobro de una sentencia judicial faborable contra el estado nacional porque deliberadamente le liquidó mal su beneficio.

A ese estado se llegó por efecto de las “urgencias fiscales” derivadas de un gasto público que crece a ritmo superior a cualquier tasa de inflación, al del aumento del cobro de impuestos y al del crecimiento de la cantidad de dinero, el cual es el principal impulsor.

De ahí que en los últimos años, pero en particular en los meses recientes, se advierte que “todo peso que esté flotando en el mercado es aspirado por el sector público”, para financiar el déficit fiscal. Eso explica la acumulación de la deuda pública con la emisión de letras y notas del Banco Central y Bonos del Tesoro, a tasas de 27 a 29% anual, para atenuar el impacto del impuesto inflacionario sobre el poder de compra de los salarios, aunque al costo de alimentar un cuadro recesivo y reanimar la economía informal.

Asignaturas pendientes
La superación de la inequidad del sistema tributario y la falta de correspondencia con la capacidad de pago de muchos contribuyentes, que comprende no sólo a los trabajadores, sino también a las empresas, en particular a las PyME al negarle la actualización de los balances por inflación, exige no sólo el recupero de la disciplina fiscal de no gastar más de lo que se recauda, sino también de rediseñar un esquema de impuestos y gastos que deje atrás su carácter discriminatorio y discrecional.

Una larga historia de crisis recurrentes, donde el común denominador ha sido la inflación y el sobreendeudamiento, provocados por el repetido crecimiento del déficit fiscal, requiere de la elaboración de un Presupuesto Base Cero, en donde se definan las prioridades de gastos y los mejores impuestos para financiarlos, y sobre todo la búsqueda de consistencia con la política monetaria, para no afectar el valor del peso.

A partir de allí se imponen también reformas de las leyes laborales que promuevan la inversión productiva y la generación de empleos, al tiempo que desincentive, como se ha repetido, la creación de puestos de trabajo en negro.

Cuánto más rápido se reimpulse la actividad productiva, de modo generalizado y con preferencia a los sectores capaces de agregar valor y generar divisas, más equitativo, universal y menos oneroso podrá resultar la estructura impositiva, y menos traumático el reencuadramiento del gasto público, primero nacional, pero también provincial y municipal.