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Negar la recesión no la evita

Así como durante siete años el Gobierno nacional se empeñó en negar la inflación a ritmo de dos dígitos altos, ahora parece empeñarse en subestimar al extremo la generalizada retracción de la actividad productiva y comercial y su duro impacto sobre el empleo y la capacidad de gastos de la mayor parte de las familias argentinas, y también sobre el rojo de las cuentas públicas.

Al menos eso es lo que trasunta cada mañana el Jefe de Gabinete de ministros cuando los periodistas acreditados en Casa de Gobierno lo indagan sobre la persistente abultada caída de patentamientos de automotores, las suspensiones de personal en las terminales automotrices y la rama autopartista, así como sobre los índices de vacancia en el comercio o la caída de la tasa de empleo de la economía en su conjunto.

Claramente, siempre se van a encontrar empresas o sectores que le va mejor que el promedio nacional, sea fabricante de automotores, aceitunas, pinturas, o proveedor de servicios de turismo o un gastronómico. Pero lo importante es el resultado global, y en particular la secuencia del proceso, habida cuenta de que se generalizan los casos en los que la retracción del último mes es más marcada que la del mes previo.

Sostener que no hay recesión porque se creció cómo nunca en la última década, hasta 2011, desestimando que el país prácticamente dejó de crecer en 2012, se estancó en 2013 y ahora los principales sectores de actividad ingresaron en la senda negativa, en proporciones variables, sólo contribuirá a profundizar el receso, antes que a frenarlo primero y luego revertirlo, porque no se atina a replantear la política económica, si es que existe una como tal.

Inercia contractiva creciente

Un repaso de un conjunto de indicadores oficiales resume con claridad ese proceso: el Estimador Mensual Industrial del Indec pasó de estar estancado en el primer cuatrimestre de 2013 a caer 3,5% un año después, con un abril que midió una contracción de 4,2% y que FIEL estimó en 6% de baja.

La facturación de los supermercados ajustadas por la inflación real y el efecto de haber ampliado la muestra de consulta en más de siete por ciento mantuvo sendas caídas del orden de 7% en el primer trimestre, con un marzo que arrojó receso de 9,5 por ciento.

El transporte de carga, medido por el Indec, pasó de crecer 1,8% entre enero y marzo del año pasado a contraerse 25,6% un año después y 19,6% en el caso puntual de marzo último.
También el Indicador Sintético de la Construcción acentuó el receso de 1,3% en los primeros tres meses de 2013 a 2,6% en el corriente año y 4,2% al cierre del período.

Mientras que el comercio exterior se deterioró en los dos frentes, pese a la devaluación de enero: las exportaciones pasaron de caer en cantidad de producto uno por ciento en el primer cuatrimestre de 2013 a disminuir 8% un año después y 13%, en el caso particular de abril, en tanto las importaciones revirtieron la suba de 9% y cayeron 5% en dicho período, y 13% en el cuarto mes del año, también en volumen de operaciones.

Como resultado de ese cuadro, el saldo de las cuentas públicas del primer trimestre fue deficitario en 15.180 millones de pesos en las cuentas de Hacienda, aunque si se resta el efecto del auxilio financiero del Banco Central, la Anses y el PAMI se amplió a más de 33 mil millones de pesos, equivalente a 4,6% del PBI, en contraste con 2,7% del producto de un año antes. Y antes del pago de intereses de la deuda el rojo fue de 19.100 millones de pesos, más que duplicando el saldo negativo de un año antes.

Y más grave que eso fue que tanto las tasas de participación de la población en el mercado de trabajo, como la proporción de ocupados, en blanco y también en negro, fueron

Con este escenario y una inflación que parece desacelerarse respecto a los picos del primer trimestre pero que se sostiene bien por arriba de la observada un año antes, sea en la medición de las consultoras privadas, como más aún del Indec, el ministro Kicillof confía cerrar el capítulo del default con los acreedores del Club de París. Sin duda, una empresa difícil y con riesgo de convertirse en una victoria a lo Pirro. Esto es que las grandes potencias acepten cobrar en bonos de la deuda pública a plazos de 10 años y más, pero como hizo Repsol, se desprendan rápidamente de esos papeles, porque buscarían con eso dejar asentado que hoy no confían en la política económica que sigue la Argentina y por tanto no alentarían créditos al sector público y privado en corto plazo, pese a que el largo luce claramente venturoso.

¿Cuán lejos estamos de las tasas de desempleo de Croacia y Portugal?

Una nueva Encuesta Permanente de Hogares del Indec volvió a dar cuenta de que en el peor trimestre desde la depresión de los primeros meses de 2002, porque desde entonces no se veía una continuidad de más de cuatro meses con tasas de caída del PBI intermensual como se registran ahora, o bajas de dos dígitos en la producción y ventas de autos, maquinaria de uso agrícola, en el transporte de carga, o en la actividad inmobiliaria, y retracción real de la construcción superior a 4% o del consumo privado de más de 7%, la tasa de desempleo volvió a bajar respecto de un año atrás.

Lo curioso para muchos fue que la disminución de la desocupación en casi un punto porcentual del total de la oferta laboral tuvo lugar pese a que se asistió a una destrucción neta de más de 40 mil empleos y que la oferta de trabajadores se redujo en 163 mil personas, pese a que la población total del país creció en casi 400 mil, según la proyección de la tasa intercensal.

Sin embargo, aquel resultado respondió a un simple ejercicio estadístico que contrasta con la penuria que invade a cada vez más familias argentinas que no encuentran oportunidades para generar ingreso con sus capacidades y deben depender cada vez de la ayuda asistencial del Gobierno nacional.

Pese a esos datos, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, resaltó el logro de haber bajado la tasa de desempleo a 7,1% de la PEA. Y un día después de que el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijera que “a Europa le costará un siglo lo que a la Argentina le tomó 10 años”, el ex gobernador de Chaco comparó las tasas de desempleo del país con algunas naciones europeas: “en España la desocupación es de 25,3 por ciento debido a los efectos de un ‘ajuste ortodoxo’ que se realizó en ese país y en otras naciones europeas. Países como los de América latina prácticamente no aportaron los niveles de desempleo, sino muy por el contrario, tuvieron políticas activas, casi son 50 mil desempleados los que participaron en el esquema global”, explicó el ministro coordinador.

Y luego contrastó: “los que sí han sufrido de un modo dramático, a través de un mecanismo de ajuste ortodoxo, tienen que ver con los países europeos, 11,8 por ciento de tasa de desempleo en 17 países del Eurozona y tenemos casos como España, el 25,3 por ciento; Portugal del 15,2 por ciento; o de Croacia, con 17,3 por ciento”.

No sólo eso, Capitanich destacó que “de las cifras dadas a conocer el lunes por el Indec se obtienen tres conclusiones: una caída en la tasa de desempleo comparativamente respecto al (primer trimestre de) 2013, de 7,9 a 7,1 por ciento; segundo, no existe una destrucción de empleo y, tercero, que efectivamente no ha habido en este sentido ningún incremento en la tasa de actividad, esto es más personas que hayan buscado empleo”.

Los números cantan la realidad
Sin embargo, lejos de asistirse a un escenario virtuoso donde la desocupación declina gracias a una economía pujante capaz de absorber el crecimiento natural del total de la oferta de trabajadores porque se generan puestos adicionales, lo ocurrido en el último trimestre, que replica en gran parte lo sucedido desde 2007, respondió a un efecto malicioso porque la baja del desempleo se originó en que la oferta de trabajadores disminuyó mucho más que la caída del empleo neto, como consecuencia a la pérdida de oportunidades.

Hoy la Argentina retrocedió a las tasas de participación de la población en el mercado de trabajo que registraba siete años atrás y la proporción de ocupados fue la menor de los últimos ocho años. Una prueba ácida para determinar lo que se ha bautizado “efecto desaliento” es comparar para los diferentes aglomerados la tasa de empleo del primer trimestre de 2014 con la tasa de actividad promedio nacional de igual período de siete años. Ese ejercicio determinó que el nivel de desempleo para el total país sería de 10,2% y sube a 16,6% si se agrega el efecto de los 1,5 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan y ni buscan trabajo y que ahora se los quiere seducir con el plan Progresar.

Y si se avanzara un poco más y se replicara la tasa promedio de actividad del primer trimestre de 2007 a cada una de las 31 jurisdicciones se comprobaría que la tasa cero de desempleo en Gran Resistencia, Chaco, la provincia que fue gobernada hasta noviembre último por el Jefe de Gabinete, tiene una tasa de desempleo oculta de 33% de la población: una vez y media la que tiene España y duplica virtualmente a las de Portugal y Croacia.

Podrá argumentarse que Chaco tiene una proporción de menores de 14 años y mayores de 65, que es lo que técnicamente se define como población económicamente activa, superior al promedio nacional, y por tanto registra una tasa de participación inferior a la media nacional. Sin embargo, esa brecha no es de 15 puntos porcentuales como surge de la Encuesta Permanente de Hogares, la cual toma en cuenta quiénes tienen un empleo más lo que lo buscan y los coteja con los ocupados, sea en blanco o en la informalidad, sin límites de edades.

Fenómenos similares se observarían en Formosa, donde el 2,1% se transformaría en 26,8%; el 1,5% de San Luis pasaría a 16,1%; el 1,2% de Santa Rosa-Toay en 16,3% y también anotarían tasas de desocupación superiores a las de Portugal y Croacia y en algunos casos mayores a las de España San Nicolás-Villa Constitución 24%; Concordia 24%; Corrientes 20%; Jujuy-Palpalá 19,1%; Gran San Juan 17%; Posadas 16,5%; Nequén-Plottier 15,5%; Salta 15,5%; Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 15% y La Rioja 15 por ciento.

De ahí que en lugar de compararse con los males y penurias ajenas, y en particular con casos aislados de una reducida selección del resto del mundo, sería bueno que en este fin de ciclo los funcionarios que tienen cargos que los habilitan para contribuir a mejorar en serio la calidad de vida de cada uno de todos los argentinos, miren con más detenimiento lo que ocurre en “el interior profundo” y también las múltiples experiencias exitosas que se registran en el mundo en general y en el vecindario en particular, en materia de empleo, oferta laboral, inflación, apertura al mundo y desempeño del PBI, entre otras variables socioeconómicas, que son tan relevantes para el objetivo de la inclusión social como los planes asistenciales para los sectores más relegados de la sociedad.

Política de ingresos: algo más que precios y salarios

Claramente, en las economías donde predomina la racionalidad sobre la ideología, la política de ingresos se vincula más con el objetivo de mejorar las prestaciones a los trabajadores y elevar el poder de compra de los recursos que logran los empleados sobre la base de ganancias de productividad en el uso del conjunto de los factores de producción, que en simplemente actualizar los salarios por la inflación, y medir la participación en el PBI.

Pero en economías inestables y aferradas al péndulo de los cambios de gobierno y de las políticas de fondo, aun en los casos en que supuestamente en los papeles acusan continuidad del signo político madre, el factor relevante pasa por las políticas fiscal y monetaria, porque de su curso depende la marcha del promedio de los precios y, consecuentemente de la posterior variación de las remuneraciones del trabajo.

En el manual simple de las actuales autoridades de Gobierno la puja distributiva se concentra en las dos primeras variables: el control de los precios a lo largo de la cadena de valor y en la fijación de topes implícitos (nunca reconocidos) en las demandas de subas salariales por parte de los sindicatos.

Y si bien se ha dado un paso sustancial con la elaboración de un nuevo índice de precios que, al menos en el arranque, reconoce la real variación del promedio de precios al consumidor, esto es de la inflación, se ha cumplido con una condición sin duda necesaria, pero claramente insuficiente para que se puedan retomar las negociaciones paritarias en un clima que no amenace con la espiralización del alza de los precios, ahora por inflación de costos.

Más aún cuando, al parecer, se busca en descansar todo el peso del ajuste en el sector financiero, a través de una deliberada política de retiro de billetes en circulación que lleva a la estampida de las tasas de interés, con su consecuente impacto negativo sobre el consumo y la inversión, y sin generar certeza de contención de la inflación.

El riesgo del déficit cuasifiscal
Justamente, la austeridad monetaria, que era reclamada por el consenso de los economistas de la oposición es una condición necesaria, pero para que sea efectiva debe ser acompañada por la austeridad fiscal; sin embargo, de eso no se habla.

Por el contrario, se sigue negando cada mañana el efecto negativo sobre el conjunto de la economía, pero principalmente de la población, y en especial la de más bajos ingresos, de abusar del financiamiento de una parte sustancial del gasto público, cercana a 10% del total con emisión del Banco Central y asistencia de fondos de la Anses y PAMI.

Es que esos no son recursos genuinos, a pesar de que puedan estar avalados por leyes del Congreso Nacional, porque genera un exceso de dinero en circulación sobre lo que los agentes económicos: familias y empresas, desean y por tanto se manifiesta en alza de los precios (inflación), del dólar y ahora de las tasas de interés.

De ahí que en un escenario de estas características no sólo se requiere volver atrás, a pesar del relato, y así como se devaluó cuando la propia Presidente dijo hace menos de un año que no iba a devaluar, o se subió la tasa de interés a niveles impensables meses atrás, o haber sincerado la inflación, ahora es necesario anunciar un programa de austeridad fiscal, junto al replanteo del Presupuesto Nacional y del Programa Monetario, para que se pueda intentar revertir el ritmo ascendente de los precios.

Sólo así, podrían celebrarse las negociaciones de salarios en paritarias sin que deriven en un peligroso escenario como ocurrió a mediados de los 70, cuando la tasa de inflación voló del 24% en 1974 a 182% el año siguiente y la actividad pasara de crecer 5,4% a caer 0,6 por ciento.

Por ahora se usa y abusa de la política monetaria a cargo de Juan Carlos Fábrega, a través de una acelerada absorción de pesos con la colocación de Letras y Notas en los bancos al costo de subir las tasas de interés que ofrece a 29% anual.

En enero, por efecto de la fuerte devaluación del peso y la consecuente valorización de las reservas en divisas medidas en pesos, el Banco Central logró un superávit cuasifiscal del orden de 9% del PBI del mes, porque el pago de intereses le restó apenas 0,8% del PBI del mes.

Pero en febrero, con la apreciación del peso, el tipo de cambio baja 3,7% y las tasas que paga por dichos instrumentos de regulación monetaria suben a 29% anual, se pasó a un desequilibrio que licuó la ganancia del bimestre a sólo 2,2% del PBI equivalente mensual.

El Gobierno sube el piso de inflación

Atrás parecen haber quedado los tiempos en que los acuerdos de precios se celebraban con carácter transitorio para intentar estabilizar la economía y recuperar la solvencia macroeconómica, luego de desajustes de arrastre o auto infligidos.

Ahora, concretamente desde el 20 de noviembre, pareciera que la lógica es la opuesta: los acuerdos de precios se hacen para coordinar los aumentos permitidos, no ya para estabilizarlos: hasta 7,5% en enero luego de ajustes de más de 20% en varios segmentos “descuidados” por el impacto de la devaluación, y de 6% para febrero, pese a intentos de más de 12%, en combustibles, mientras que para los artículos que forman parte de la canasta escolar se autorizó un salto de 258% en un año, mientras que la “ayuda escolar” se la ajustó “sólo” 200% y las jubilaciones 11,31% para un semestre.

La lista de aumentos de precios autorizados, tras largas reuniones del secretario de Comercio con los representantes de gran parte de los sectores de la producción, el comercio, la construcción, y ahora también de los laboratorios y farmacias, parecieran ir todos en la misma dirección: los aumentos tienen que mantenerse en el rango de un dígito mensual, más cerca de 10 que de 1 por ciento. Luego se culpa a los empresarios de desestabilizadores, especuladores, etc.

De ese modo, el Gobierno pareciera encaminado a superar récord tras récord: primero fue el ascender a los primeros planos del mundo en materia de inflación, afirmarse también en ese rango en el caso del índice de riesgo país, y más alto en el de prima de seguro por no pago de un crédito; luego, en diciembre, fue la escalada del déficit fiscal a un pico de dos dígitos porcentuales del PBI: 11% a nivel primario y 13% financiero (aunque fueron disimulados por las asistencias financieras del Banco Central, la Anses y el PAMI); después le siguió el liderazgo en pérdida de reservas en divisas por parte del Banco Central, a contramano del resto del mundo, y ahora parece buscar la primacía en licuación del poder de compra de los salarios y las jubilaciones.

Y así van pasando los días en el que el jefe de Gabinete anuncia la agenda de reuniones con cámaras empresarias para cerrar acuerdos de precios: nuevamente con los constructores, la carne, los medicamentos, mientras se anuncian escalonadamente incrementos en el gasto público: subsidios, jubilaciones, se presiona a los bancos para que se desprendan de dólares y también de tenencias de títulos públicos nominados en dólares, sin medir las consecuencias sobre la baja de las paridades, y se impulsa la suba de las tasas de interés.

De austeridad y recorte de gastos desbordados, como los subsidios a los servicios públicos que consumen sectores de altos ingresos, o de poner límite a los salarios de los nuevos cuadros jerárquicos en la administración pública, o de precios convalidados en la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de los organismos oficiales, no se habla.

La consecuencia es más incertidumbre, restricciones a la producción nacional y aceleración de la inflación, con un claro norte fiscal: a más precio más recaudación, parecen razonar algunos cuadros técnicos, entusiasmados con haber cobrado por esa vía en 2013 el equivalente a 5% del PBI, esto es: más del 11% del total de los ingresos tributarios que recibieron nación, provincias y municipios.

 

Enero con menos producción y menos trabajo
Los primeros datos de actividad de enero dieron cuenta de una caída de 3,8% en el promedio de las ventas minoristas en cantidades, según datos de CAME, 25% de baja de las entregas de autos nacionales a las concesionarias por parte de las terminales y 16% de las de importados, respecto de un año antes.

El único dato aparentemente positivo que hasta ahora dejó enero fue la reanimación de la recaudación de impuestos, con un incremento también interanual de 37,5%. Pero ese salto estuvo claramente influido por el traslado de vencimientos que habitualmente ocurrían en diciembre y que provocó que en ese mes apenas creciera poco más de 22%. De ahí que si se considera en forma agregada el aumento del bimestre fue de 30,1%, unos cinco puntos porcentuales menos que la tasa real de inflación que para ese período midió el consenso de las consultoras privadas.

Por tanto, pareciera que es tiempo de dejar de gastar tanta energía en regulaciones e impedimentos a las actividades productiva, comercial, financiera y movimiento de las personas al resto del mundo, habida cuenta de la catarata de indicadores que ponen al desnudo sus fracasos, derivan más temprano que tarde en creciente costo social en términos de empleos e ingresos.

Si no se sabe, siempre se está a tiempo de contratar a expertos, o de al menos intentar copiar las políticas que siguen la mayor parte de los países vecinos, excepto Venezuela, o mejor aún de las naciones altamente desarrolladas, que crecen en forma regular y con baja inflación, y logran excedentes de divisas con atractivo flujo de inversiones productivas.

¿Quién deprecia más la moneda nacional?

Al Jefe de Gabinete de ministros se le acaban los argumentos y cada mañana ensaya nuevas razones para explicar quiénes conspiran contra el valor del peso y de ese modo contra el bienestar de los argentinos.

Primero fue la cadena de valor de la carne, luego del trigo, se pasó al tomate, ahora a los medicamentos, por la presencia de “empresas monopólicas y oligopólicas que ejercen posición dominante y remarcan los precios en forma desopilante” (qué antigüedad), y también sumó a los narcos y el lavado de dinero.

Frente a ese diagnóstico siempre aparece una amenaza y, por supuesto, más regulaciones que generan el efecto contrario y ubican cada vez más arriba a la Argentina entre las naciones que más reprimen la vida económica de las personas y empresas, sin medir el costo en términos de capacidad de atraer inversiones y generar empleos. “Vamos a combatir el mercado marginal de cambios con la Ley”, dijo Jorge Capitanich en la mini conferencia de prensa de esta mañana.

Y eso es lo que falta en la Argentina, en particular de los últimos dos años y medio. Si se hubiera cumplido con la ley primera del sentido común de la solvencia fiscal que indica que “no se debe gastar más de lo que se recauda”, en particular cuando caprichosamente se decidió cancelar deuda barata con uno de reservas del Banco Central y uso y abuso de la emisión espuria de dinero, no se habría generado el caldo de cultivo del mercado marginal de cambios.

Pero no sólo eso, sobre el filo del cierre del mercado oficial de cambios la pizarra del Banco Nación subió la paridad entre el peso y el dólar para las transacciones comerciales y las financieras autorizadas, junto con la base para el dólar tarjeta, de 6,94 a 7,14, pesos por unidad, acumulando en la jornada un salto de 25 centavos, equivalente a 3,63% en día. Superó a la inflación Congreso de diciembre de 3,4 por ciento.

Es cuestión de tiempo
Claramente, en cualquier medición de corto plazo, tras un largo período de virtual intrascendencia, la suba de la cotización del dólar en el mercado libre de cambios, esto es la desvalorización de la moneda nacional, que tanto dice defender el Jefe de Gabinete, fue sensiblemente superior a cualquier cálculo extremo de alza de los índices generales de precios de la economía y por supuesto también al de la variación del tipo de cambio oficial que rige las operaciones comerciales, algunas financieras y la base para el turismo.

Pero esas brechas desaparecen si se toma un período más amplio, como por ejemplo desde el 10 de diciembre de 2007, cuando asumió el primer mandato la actual Presidente de la Nación. El tipo de cambio oficial de entonces de $3,138 sube a 11,71 pesos hoy si se lo ajusta por la inflación Congreso, la cual, de acuerdo con cálculos aislados de varias de las consultoras que alimentan esa fuente ubican en torno a 4,5 por ciento.

Y la razón principal por la que la inflación se fue empinando de menos de 8% al año hasta 2007, estabilizarse en un rango de 22 a 28% en los siguientes hasta 2013 y dispararse a más de 35% en la actualidad, con clara perspectiva ascendente si no cambia la política económica de fondo, es la pérdida del superávit fiscal: de más de dos puntos del PBI se fue consumiendo precipitadamente y hoy ya se ubica en un rango deficitario de 3 a 4% del PBI, en un contexto de presión tributaria récord (para los que pagan, por supuesto!).

En ese escenario, “los privados actúan en consecuencia, no son la causa de la depreciación de la moneda de los argentinos, para terminar comprando bienes a precios de remate, a costo de la producción y el empleo de los argentinos”, como intenta hacerle creer a la sociedad el Jefe de Gabinete.

Quién determinó que el tipo de cambio comercial saltara en apenas dos meses del nombramiento de los nuevos ministros en 18%, a un ritmo de 170 anual (bien dicho 63% de depreciación porque con 7,14 pesos se podrían adquirir en un año apenas 37 centavos de dólar en ese circuito) y que el dólar para el turismo volara en 33% (aunque 35% sea a cuenta de futuros impuestos, aunque su recupero en el mejor de los casos se obtiene dos meses después de terminado el año en curso, y por tanto se le aplica un desagio mínimo de 20 a 25%, según la inflación actual), fueron las nuevas autoridades económicas, no los monopolios, oligopolios y los narcos.

Es decir, dos variables que no la fijó ni el mercado libre, ni surgió del precio del tomate, el trigo, o de las acciones monopólicas u oligopólicas, ni de los narcos, sino que fueron instrumentadas por la autoridad monetaria y de la AFIP, forzaron una “desvalorización de la moneda nacional de 15% y 25% respectivamente, en apenas dos meses, aun ritmo anualizado de más de 60 por ciento.

Las causas están cada vez más claras, aunque se las desestime

De ahí que no se trata de seguir operando sobre las consecuencias de los desequilibrios macroeconómicos que se reflejan en la suba de los precios, la escalada del tipo de cambio, la pérdida de reservas y el freno del crecimiento de la actividad productiva, forzando el cierre de la economía y la imposición de nuevos cepos a las libertades individuales para disponer de las decisiones de gasto y forma de proteger los recursos que genera familias y empresas con su trabajo y emprendimientos.

Es tiempo de hacer un real diagnóstico de los desequilibrios macroeconómicos, en el orden fiscal, monetario, comercial, tarifario y laboral, para actuar sobre las causas. El consenso de los economistas lo ubican en el primer plano: exceso de gasto público respecto a la capacidad saturada de pago de impuestos, y su financiamiento con emisión espuria y uso de reservas del Banco Central.

De allí se deriva todo el resto y desde hace un año ha provocado la anulación de la capacidad de generación de empleos por parte del sector privado y el deterioro de la calidad de vida de la mayoría que conservó el empleo, como bien lo refleja la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, muchos trabajadores debieron resignar horas de trabajo, en particular en las industrias, comercio y transporte, y con ello vieron menguado sus capacidades de compra respecto de la que tenían un año antes. Justamente lo que dice que quiere evitar el Jefe de Gabinete.

No es cierto que ordenar la macroeconomía llevará a la marginación de 10 millones de argentinos. Ya hoy en Chaco apenas concurre al mercado de trabajo un tercio de sus habitantes, menos que doce años antes. Por el contrario, con un plan de sentido común y creíble, en poco tiempo se podrían restablecer las condiciones para atraer inversión extranjera de largo plazo, esto es ingresar divisas, generar incentivos para el ahorro en la moneda nacional y fomentar el crecimiento sustentable con un horizonte que lejos de oscurecerse cada día tienda gradualmente a despejarse. Muchos países lo hicieron, la Argentina no será la excepción si se lo propone fuera de cualquier ideología.

En la convertibilidad las reservas tenían más poder de compra

El jefe de Gabinete intentó vanamente desestimar cualquier preocupación por la sostenida y acelerada pérdida de reservas en divisas por parte del Banco Central, al comparar el nivel de ayer u$s29.758 millones con el promedio de la convertibilidad que ubicó en 21.940 millones de dólares. Visto así, pareciera que no hay nada por qué inquietarse.

Reservas en el Banco Central

Sin embargo, en la economía es muy relevante no sólo analizar las variables nominales sino también en términos reales, en este caso en términos de poder de compra, una suerte de ver toda la “cadena de valor”, como le gusta resaltar cada mañana a Jorge Capitanich.

En  este caso, en una economía extremadamente regulada con cepo cambiario, limitación a las importaciones, carencia de financiamiento externo, junto a un creciente rojo fiscal que se financia con emisión espuria  y uso de reservas para pagar vencimientos de deuda pública, todos condimentos que no abundaban en la mayor parte de la convertibilidad, lo importante es comparar las reservas en divisas con las importaciones, porque revela la real vulnerabilidad externa del país.

Ese ejercicio determina que mientras en el período 1991 a 2001 la relación era equivalente a poco más de doce meses (12,1), con un extremo de 11,7 meses en el recesivo último año, en los once años que van de 2003 a 2013 las reservas posibilitaron cubrir 10,4 meses de importaciones, pero con un extremo a fin de período de menos de 5 meses (4,9), similar a la equivalencia actual.

Relación reservas sobre importaciones

Por tanto, mientras que en el equipo económico y su principal vocero, el Jefe de Gabinete, sigan intentando conducir los destinos del país con crecientes dosis de ilusión monetaria, porque son eclipsados por la nominalidad de la recaudación tributaria, el nivel de las reservas o de los salarios, en lugar de ceñirse a indicadores reales que permitan observar el curso de la capacidad de compra del Estado, las empresas y los trabajadores, y mirando permanentemente el espejo retrovisor, el futuro que tenemos por delante será de crecientes tensiones cambiarias, inflacionarias, que derivarán en crisis sociales como han abundado en la historia argentina reciente.