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La Argentina aún no refleja una vocación exportadora

La liberación del mercado de cambios y la casi total eliminación de las retenciones parecen escasos atributos para provocar un rápido impulso de las exportaciones de manufacturas industriales no agropecuarias, pese a que, por los efectos de los ajustes de precios y salarios, el mercado interno perdió vitalidad en el primer cuatrimestre y de ese modo dejó más capacidad ociosa disponible para cubrir con operaciones de ventas al resto del mundo.

Más allá del receso que afecta a Brasil, principal socio en el Mercosur, a quien van dirigidas actualmente un 17% del valor total de las ventas externas de la producción nacional, la sustancial mejora del tipo de cambio y la recuperación de los precios internacionales de las materias primas no han significado un impulso en la estructura de las exportaciones, salvo casos aislados de algunas empresas automotrices que han logrado calidad y costo de producción de clase mundial, lo que les ha permitido, a su vez, penetrar en otros países, incluidos los Estados Unidos, y algunas firmas del sector de productos químicos y agroquímicos.

Al menos eso es lo que mostraron los últimos datos del comercio exterior argentino al cierre del primer cuatrimestre, donde, a excepción de los productos primarios y en menor medida sus manufacturas, la mayor parte de los rubros acusaron apreciables bajas en comparación con los ya débiles niveles del año anterior, superior a la que cabría esperar por la disminución de los precios internacionales en un promedio de 13%, por la incapacidad de reacción del sector industrial. Continuar leyendo →

Mini ciclo virtuoso que requiere maduración

Las primeras dos semanas del fin del cepo cambiario transitaron por el sendero ideal: bajaron el dólar y las tasas de interés de referencia del Banco Central en simultáneo, al ir cumpliendo el Gobierno con varias de las promesas de campaña: eliminación generalizada de las retenciones; extinción de las DJAI; rebaja sustancial del Impuesto Adicional a los Autos de Alta Gama; refuerzo parcial del subsidio a los perceptores de Asignación Universal por Hijo; exención de Ganancias sobre el medio aguinaldo de fin de año; y el levantamiento de otras restricciones previas al cepo cambiario, junto con la prórroga de los programas Ahora 12 y Precios Cuidados y diversos impuestos que vencían hoy, pero que se prevé modificar íntegramente con proyectos de ley que se presentarán al Congreso en la apertura de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo.

Claramente, tres semanas de Gobierno, con una herencia que trajo una mochila de deudas financieras y principalmente de obras de infraestructura demoradas, no sólo de la Nación, sino también de la provincias que reclaman asistencia de fondos para pagar sueldos y atender coberturas sociales impostergables, y carencias que se potencian en el verano con el pico estacional de consumo de energía, o la temporada largamente anticipada de exceso de lluvias, principalmente en las áreas ribereñas del Litoral, y ninguna joyas para rematar, es muy poco tiempo para hacer un balance.

Sin embargo, la ansiedad de unos, las urgencias de otros y las inevitables críticas de los afectados por el cambio de rumbo de política económica y social, echan a la luz la sensación de un desbalance entre las medidas que a primera vista favorecen más a los que más tienen o pueden generar riqueza, que a aquellos que tienen menos espaldas para soportar un nuevo impulso de los precios de los alimentos, en las franjas de menores recursos y también de las tarifas de los servicios que ya son básicos, como el abono del celular, la cuota de la medicina prepaga para el caso de los trabajadores autónomos, el alquiler de una cochera, o el cable, entre otros, para el segmento con ingresos promedio de $15.000 por mes para el jefe de hogar.

Naturalmente, no se puede generar riqueza de la nada y menos aún después de cuatro años de estancamiento y esperar rápidas respuestas de la economía real, para que las transferencias de ingresos de la nación a las empresas y familias, que significaron las medidas señaladas, redunden inmediatamente en la tonificación de la capacidad de compra de toda la población y disminuya la pobreza.

Pero sin duda se achican los tiempos de espera de la explicitación del plan integral de política económica y social que permitan desarmar las expectativas iniciales de muchas consultoras y de bancos de inversión de que la inflación se perfila para 2016 con un salto de unos 10 puntos porcentuales respecto del 25 a 26% que terminaría este año y que la economía deberá esperar al 2017 para volver a crecer a tasas mayores a un dos por ciento.

Una pesada y aún incierta herencia
Han transcurrido apenas tres semanas del cambio de Gobierno y para muchos parece una eternidad y por eso aparecen voces opositoras de queja y reclamos, por temores a estar peor de lo que estaban, porque consideran que el sinceramiento del mercado cambiario con una paridad única y sin cepos, acompañada de la eliminación de las retenciones, implicó una brutal devaluación del peso (50%), cuando en realidad se trató de un sinceramiento cambiario, dado que la paridad del contado con liqui ni se movió y frente a esa referencia el cambio único cayó un 3%; y que la bajo estudio disminución de los subsidios a los consumos de energía, gas y agua, significará un tarifazo, pese a que abarcaría a menos del 30% de los hogares y en proporciones seguramente progresivas.

Otros, en cambio, comienzan a percibir que se está frente a un cambio de estilo, con más diálogo y cercanía con los referentes políticos de todos los partidos y también con el sector real de la economía y de la sociedad que en los pasados doce años, y lo manifiestan con menos tensiones en el mercado de cambios y mayor predisposición a entregar sus excedentes de pesos al Banco Central a tasas menores que la semana previa.

Sin embargo, la maduración del mini ciclo virtuoso requiere de algo más que anuncios diarios de política económica, como la presentación de las nuevas pautas macroeconómicas de inflación, crecimiento, comercio y reducción del déficit fiscal; junto con un programa monetario consistente con esos objetivos y el plan financiero.

Pero la principal restricción que enfrenta el Gobierno para avanzar en la elaboración de esas guías relevantes es la corta y negada transición, porque impidió aún hoy conocer con exactitud la situación de partida.

De ahí que el Presidente de la nación debió conceder un plazo de seis meses para que cada ministerio revise las contrataciones y designaciones de personal permanente de los últimos dos años y los organismos descentralizados y empresas públicas los pasados tres, con el explícito propósito de analizar la legalidad y en particular el cumplimiento y pertinencia de los requisitos de idoneidad e igualdad de oportunidades de los postulantes, pero con la clara intención de comprobar los casos de sobrepoblación de puestos en esos períodos. Eso se advierte en el aumento de la masa salarial en la administración pública en más de 10 puntos porcentuales respecto de la variación del gasto total en los primeros once meses del corriente año.

Por tanto, para evitar mayores demoras que puedan llevar a generar incertidumbre y con ello debilitar la confianza inicial que de advierte de modo mayoritario, no pleno, es de esperar que el rediseño del Presupuesto 2016 tenga una base cero, consistente con los postulados de reducir la inflación, generar empleos y exterminar la pobreza, y que se explicite en las próximas semanas.

De lo contrario, será muy difícil mantener el voto de confianza que parecen depositar los mercados, los cuales tienen por costumbre adelantarse, y que se manifiestan no sólo en la baja del dólar, la baja en cinco puntos porcentuales de las tasas de las Lebac en dos semanas, previa suba de 10 puntos, y la consecuente disminución del índice de riesgo país que representa la menor brecha entre los rendimientos de los bonos del tesoro de los EEUU y los títulos de la deuda pública local, a un rango inferior a los 450 puntos básicos y ubicarse en unos 80 pb menos del correspondiente a Brasil.

¿Devaluación o sinceramiento?

La salida anunciada del cepo cambiario, tras poco más de cuatro años de vigencia, junto a un régimen de tipos de cambios múltiples, generó interpretaciones dispares sobre si implica una drástica devaluación del peso, con su consecuente efecto propagador sobre la inflación, o si simplemente constituye el reconocimiento del valor del mercado, sobre el cuál deberá determinarse si la moneda nacional se aprecia o se debilita.

Claramente, sobre una paridad oficial que hasta ayer el consenso de mercado fijaba en $9,92, un tipo de cambio libre y único que se ubicó en la apertura entre 13,5 y 14,50 pesos por dólar, implica a priori una devaluación del 36 a 46%, que es la brecha entre esas paridades. Aunque técnicamente, con esas referencias la depreciación del peso sería de 27 a 32%, en cada caso, porque con $992 se podía comprar USD 100, más el anticipo de impuestos, y ahora se reduce la capacidad de compra a 73 o 68 dólares, respectivamente según la nueva banda de cotizaciones libres.

Sin embargo, en el caso particular de los trabajadores, en especial los que hasta ayer calificaban en la AFIP para comprar dólares a la paridad oficial, más un pago a cuenta de impuestos si optaba por retirar los billetes, representaban menos del 5% del total de los ocupados, y subía a 10% de los que estaban registrados, y sólo con un límite máximo de USD 2.000 por mes.

Pero el resto de los mortales, estaba vedado de acceder a ese subsidio y por tanto sólo podía acceder a la compra de dólares en forma legal por la vía de la compra y venta de títulos públicos y acciones que cotizan en simultáneo en pesos y dólares, a una paridad en torno a 14 pesos.

De ahí que si se toma en cuenta que el salario promedio de la economía que se estima en $14.000, según los últimos datos de distribución del ingreso que midió el viejo INDEC, el sueldo equivalente en dólares era USD 1.411 a la paridad oficial, antes del pago cuenta de impuesto. Pero de USD 1.000 al equivalente al contado con liqui. En ese caso, el nuevo precio de la divisa no implica devaluación del poder de compra de moneda extranjera.

El impacto sobre la inflación
Una economía que depende en un 20% de los insumos y bienes importados, y más aún en los casos de los productos de exportación del agro que ahora no deben sufrir la confiscación de las retenciones, en particular para el trigo país y maíz, que era de más de 20%, la liberación del mercado de cambios significa una mejora de precios neto de más de 60 por ciento.

Pero muchos precios de mercado se habían anticipado al prenunciado fin del cepo cambiario por las autoridades electas el 22 de noviembre, con ajustes de precios sobre los ya aumentados en los meses precedentes. De ahí que el impacto final sería parcial y no generalizado a todos los bienes y servicios que consumen los hogares.

Al respecto, cabe notar que desde la salida de la convertibilidad, a fines de 2001, el promedio de suba de precios de la economía que midieron las consultoras privadas fue de 1.245%, esto es $100 de entonces equivalen hoy a $13,45, que, casualmente, es muy próximo al precio comprador del dólar que marcó en la reapertura del mercado libre y único de cambios sin restricciones.

Sobre esa base, queda claro que el nuevo nivel del precio de la divisa implica una equiparación a la inflación acumulada, con precios de bienes y servicios que subieron hasta 2.000%, pero con otros que no llegaron a multiplicarse por diez.

Por tanto, para los salarios e ingresos de los trabajadores y jubilados, el nuevo tipo de cambio no implica una pérdida de poder de compra en pesos respecto de la que tenían hasta el último día del cepo cambiario, al menos de magnitud relevante, más allá de la inercia inflacionaria que arrastraba la economía en su conjunto.

Ahora queda esperar los planes monetario, fiscal y financiero que den previsibilidad a los agentes económicos de que desde ahora el Gobierno se encamina a un sendero de reducción sostenida y persistente del desequilibrio de las finanzas públicas y también el financiamiento vía emisión del Banco Central, porque se considera clave para desactivar las expectativas de inflación.

La opción de salir del cepo sin reservas, pero con confianza

En las últimas horas el presidente electo dio diversas definiciones sobre cuáles serían los primeros pasos de la política cambiaria a partir de asumir el 10 de diciembre, que fueron desde “unificar el mercado cuando se ordenen las variables”, hasta “salir del cepo el primer día de gobierno, porque no existe al no haber reservas en el Banco Central”.

Al parecer, esta última opción fue la que estaría predominando por estas horas, luego de que empresarios del agro alertaran sobre los riesgos que implicaría la suspensión por 90 días de las retenciones a las exportaciones para incentivar la liquidación de cosechas retenidas por unos USD 8.800 millones, y evitar la emisión de miles de millones de pesos por las compensaciones de las operaciones abiertas por parte del Banco Central en el mercado de dólar a futuro, porque generaría incertidumbre a partir del día 91.

Y destacó Mauricio Macri en sus diferentes entrevistas mano a mano con la prensa: “Estamos volando sin instrumentales, no sabemos cuál es la situación de los números”, fiscales, de reservas, deuda pública.

Para peor, una resolución de la Corte Suprema dispuso en las últimas horas que el gobierno nacional deberá restituir en corto plazo a las provincias de retenciones de coparticipación de impuestos para financiar el sistema de reparto, porque se habían dispuesto cuando regía el ahora inexistente sistema de capitalización del ahorro privado para la futura jubilación. Se trata de unos $80.000 millones para los casos agregados de Santa Fe, Córdoba y San Luis, pero treparía a más de $460.000 millones para el conjunto de las jurisdicciones, equivalente a más de 9% del PBI.

De ahí que frente a un escenario singularmente incierto sobre el real grado de los abultados desequilibrios conocidos y proyectados, el presidente electo se habría inclinado por desistir del gradualismo para la nueva política cambiaria y levantar el cepo cambiario “lo antes posible”, pese a los temores que manifestaron muchos economistas, principalmente del sciolismo y massismo, de liberar sin reservas.

La fortaleza de un amplio plan consistente y por tanto creíble
Al parecer, la confianza en salir del cepo sin que se produzca una estampida del tipo de cambio, muy superior a los $15 actuales que rige en el mercado libre o contado con liqui, porque a $9,75 cada vez son menos las transacciones que se autorizan, se sustentan en la expectativa de que con la liberación del mercado sean más los exportadores que se vuelquen a liquidar exportaciones de granos retenidos en silos bolsas, que los importadores y empresas que se presenten a demandar los inexistentes dólares de libre disponibilidad en el Banco Central y entidades financieras a un precio sustancialmente mayor al que podría tener en un futuro cercano.

En ese escenario, se podría pensar que el nuevo equipo económico encabezado por Alfonso Prat Gay podría reorientar los dólares que ingresen por liquidación de exportaciones a pagar atrasos de importaciones, para volver a poner en marcha las actividades productivas que debieron reducir los programas de diversas plantas, como las automotrices y de autopartes, pero también de sectores básicos, por falta de insumos y partes que no se fabrican en el país.

Más aún si como primer paso se libera el cepo cambiario para las nuevas transacciones financieras, el flujo, de modo de atraer inversiones extranjeras, tanto de riesgo, como de infraestructura, porque se abren las puertas de salida de esos fondos, sin restricciones, más allá de las naturales destinadas a evitar acciones especulativas desestabilizantes.

Para lograr eso, se considera fundamental que el nuevo gobierno anuncie un plan económico integral para recuperar la disciplina fiscal, monetaria, cambiaria y de comercio exterior, incluyendo la política social, para no afectar aún más a los sectores más perjudicados por una política que llevó a incrementar de modo singular la pobreza y la pérdida de oportunidades laborales en el sector privado.

La economía llega al 10 de diciembre con diversos frentes abiertos e inciertos, como sobre la real disponibilidad de reservas en divisas en el Banco Central que van de un piso de u$s11.000 millones a un saldo negativo de esa magnitud, pasado por el nivel de la deuda pública cuyo último dato es a diciembre de 2014, pasando por la magnitud de las operaciones de cambio a futuro abiertas en el BCRA a un cambio de 10,50 a 11 pesos entre marzo y abril; los reales beneficiarios de los diversos planes sociales; los nuevos empleos públicos desde abril de 2015; el atraso de pagos de las finanzas públicas; la pérdida de competitividad cambiaria de la producción nacional; el devaluado INDEC que no sólo buscó ocultar el real nivel de inflación,sino también de pobreza y de desempleo, entre muchísimos otros.

Semejantes debilidades pueden transformarse en fortalezas si se anuncian medidas claras que conduzcan más temprano que tarde a corregir todos esos desequilibrios, con saldo final agregado positivo, y consecuentemente evitar el resurgimiento de tensiones cambiarias. No será la primera vez que un gobierno inicia su mandato con niveles de reservas negativas, sin aparentes posibilidades de salida en corto plazo, que logra salir gradual pero sostenidamente de ese estado crítico.

Descuido del Indec reveló la chatura del mercado laboral

Los economistas definen como mercado al lugar físico o virtual al que concurren los oferentes y demandantes de un producto o servicio y buscan cerrar trato por un precio libre, administrado, regulado o fijo, pagadero en moneda o con mercancías o servicios.

Para conocer el pulso del mercado de trabajo el Indec dispone de varios índices: uno es el que intenta reflejar la variación mes a mes del precio en los tres segmentos de la franja asalariada: privada en blanco, privada no registrada, y en el sector público, el cual siempre sube más que la inflación; otro es el de la Encuesta Permanente de Hogares que difunde trimestralmente, la cual en el último dato mostró una baja récord del desempleo, pese a que volvió a contraerse la oferta de trabajadores y mantenerse virtualmente estancada la demanda; y el tercero es el Índice de Demanda Laboral Insatisfecha, el cual da cuenta de qué proporción de empresas, privadas y del Estado, buscan cubrir puestos y qué porcentaje de insatisfacción registran.

A diferencia de los dos primeros índices mencionados, en el caso de la DLI el organismo oficial detectó para el segundo trimestre 2015 un comportamiento casi alineado a las mediciones privadas de actividad económica que coinciden en estimar un virtual estancamiento, después de haber alcanzado un nivel pico en el segundo trimestre de 2011, esto es antes de que se impusiera el cepo cambiario para las importaciones, el mercado inmobiliario, el giro de dividendos al exterior por parte de las empresas de capital extranjero, y parcialmente para ahorro de las personas físicas.

Por eso puede decirse sin temor a equivocarse que “un descuido del Indec reveló la chatura del mercado laboral”, porque en otros muchos indicadores da cuenta de datos que no se comprueban en la realidad.

Son los casos de la tasa de inflación, que insiste en que se ubica en la mitad de la que miden las consultoras privadas, pese a que es fácilmente comprobable, como arrojó una contundente investigación de precios que hizo Infobae en las propias bocas de supermercados; y que se puede replicar con los servicios públicos y privados; del intercambio comercial con el resto del mundo, porque mantiene en el informe abierto a la prensa un debilitado superávit, esto es un nivel de exportaciones que todavía supera al de importaciones, pero en la “base de usuarios” que se accede por suscripción paga, da cuenta de que ya hace varios meses que el resultado del capricho de atrasar el tipo de cambio y encarecer notablemente el valor de la producción nacional de bienes y servicios arroja un saldo deficitario: salen más divisas que las que ingresan; o con el saldo de la balanza del turismo internacional, el cual el déficit mensual se ubica en la quinta parte del que informa trimestralmente el Banco Central de la República Argentina a través del Balance Cambiario; y también en las Encuestas de Supermercados y Centros de Compras, las cuales registran mes a mes crecimiento a tasas de dos dígitos porcentuales en la serie ajustada por inflación, a partir del artilugio recurrente de ampliar la cantidad de establecimientos que le aportan sus datos de facturación y de la subestimación de la variación de los precios, para tornarlos congruentes con los que utiliza para el cálculo de la inflación.

Sólo 3 de 21 sectores aumentaron la búsqueda laboral en cuatro años
El indicador del Indec de demanda laboral insatisfecha en la Argentina, correspondiente al segundo trimestre, reveló que casi exactamente un tercio de las “empresas, organismos públicos o cualquier otra organización que actúe como demandante de sus servicios, expresado mediante avisos en los diarios o internet, carteles en la vía pública, búsquedas de boca en boca, etc.”, que “se obtiene de la muestra de empresas utilizada en la encuesta del Índice de Salarios”, realizó búsqueda de personal y sólo 5,9% no cubrieron las necesidades. Cuatro años antes, previo a la imposición del cepo cambiario, la proporción de empleadores que intentó cubrir vacantes o o incorporar trabajadores netos había alcanzado a 40,1%, el más alto desde que debutó el indicador, en 2011.

El retroceso fue generalizado, habida cuenta de que de 21 grandes sectores clasificados por actividad sólo tres superaron el récord previo para el segundo trimestre: fueron los casos de los servicios financieros que ampliaron la proporción en siete puntos porcentuales a 61,2% del total; el agro en seis pp, a 24,2% de las empresas y los servicios de correos y telecomunicaciones en tres pp, a 39,3 por ciento de las firmas del rubro.

En el resto de los casos, el Indec detectó un severo repliegue en la cantidad de empresas que salieron a buscar personal, a contramano de lo que cabría esperar en un escenario de bonanza como muestran la mayoría de los indicadores oficiales y los discursos de los ministros de Economía e Industria. En el caso de la construcción, que el organismo informó poco más de una semana atrás que alcanzó niveles récord, ahora reveló que sólo una de cada cuatro empresas hizo búsquedas de trabajadores, cuando en el anterior pico de actividad, en el segundo trimestre de 2011 lo hacían poco menos de una de cada tres desarrolladores.

Esa revelación es congruente con la encuesta que hizo EY entre 110 ejecutivos de empresas, que se presentó en la 36 Convención Anual de Ejecutivos de Finanzas, en Bariloche, la cual determinó que por la incertidumbre política y la inseguridad jurídica que provoca una economía excesivamente regulada y con varios cepos sólo se ejecutan uno de cada cinco proyectos de inversión, y están limitados a montos en torno a 50 millones de dólares, el resto se mantiene en carpeta a la espera de mejores vientos incentiven la generación de empleos productivos, sin retenciones ni cupos a las exportaciones; precios administrados; atraso cambiario y creciente presión tributaria.

Si bien constituye una mala noticia dar cuenta de la cruda realidad que afecta a muchas familias argentinas que ven obstaculizadas las posibilidades de cubrir sus expectativas de acceder a un empleo remunerado, al menos aparece como positivo que el Indec revele una fotografía sin retoques para mejorar la imagen, porque debiera impulsar a los decisores de políticas económicas y de empleo, actuales o futuros, a revisar sus programas y estrategias, para contribuir a revertir ese proceso de postergación de las oportunidades laborales.

El ajuste ya afecta a los alimentos

La política oficial de incentivo al consumo sigue sin registrar resultados positivos, no sólo en términos agregados de producción y ventas de la industria, el comercio y el transporte, según las cifras del Indec, sino que ahora se manifiesta también en el consumo básico de las familias que se sostienen en base a ofertas y traslado de primeras a segundas y terceras marcas y en la mayor inactividad de las plantas elaboradoras de alimentos y bebidas.

La serie de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria Manufacturera del Indec dio cuenta de que en mayo el promedio del sector fabricante de alimentos y bebidas operó con una capacidad ociosa de más de un tercio del potencial de los establecimientos. Se amplió en los últimos doce meses en más de tres puntos porcentuales.

Esa estadística había sorprendido el mes previo cuando indicó que en abril el uso de las plantas de alimentos había crecido a 75,3%, desde un mínimo de 63% en marzo, pero rápidamente la debilidad del mercado interno y más aún de exportación volvió a elevar la capacidad ociosa en casi diez puntos el mes siguiente.

También se registró mayor parálisis en el uso de diversas líneas de producción en otros sectores, con la consecuente suspensión de personal, como en la rama textil, equivalente de 24 a 27% del potencial; en la elaboración de metálica básica de 15% a 27%; y en la industria automotriz del 50 a casi 55 por ciento.

Las excepciones fueron las industrias del papel; de minerales no metálicos y de productos químicos y del caucho y plástico, las cuales se caracterizan por ser más intensivas en capital físico que humano.

Aliciente de carácter parcial
Ahora, con el cobro de los salarios en varios gremios con el incremento acordado en paritarias y el agregado del medio aguinaldo, en el Gobierno, como en muchas consultoras, esperan una tonificación del consumo que contribuya a devolver impulso a la actividad productiva y comercial, junto a los servicios de transporte y comunicaciones.

Sin embargo, no debiera perderse de vista que el ajuste de salarios convencionados sólo comprende a una franja del 50% de los trabajadores en relación de dependencia registrados, mientras que no incluye al 33% de los asalariados ocupados en negro; a los cuentapropistas que representan más de un cuarto de la población empleada, y por supuesto a los jubilados y pensionados cuyos haberes aumentan en marzo y septiembre.

Además, la incertidumbre que genera el flanco político tras la oficialización de las fórmulas a presidente y los movimientos en el sector judicial, han despertado la preferencia de muchos agentes económicos por la dolarización de carteras, fenómeno que conspira contra la deseada tonificación del consumo y reducción de la alta capacidad ociosa, la cual ahora llegó a la industria de los alimentos.