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La fiebre del gasto público exige tomar deuda

El ritmo de crecimiento del cobro de impuestos va perdiendo vitalidad, al punto que de haber aumentado durante años a un ritmo mayor al de la inflación, ahora corre de atrás en más de 10 puntos porcentuales, mientras que la expansión del gasto público se disimula con la acumulación de atrasos en los pagos a proveedores y contratistas.

Sólo la aparente “contabilidad creativa” le permite a la AFIP mostrar variaciones en diversos rubros que superan todo pronóstico de crecimiento nominal, pese a que no son objeto de análisis por parte de los funcionarios que sólo se limitan a resaltar cada mes como impulsores: “el aumento de la actividad, la suba de los salarios y la labor de fiscalización”, de modo muy general y nada particular, porque no resisten pruebas ácidas alguna.

Es que esos argumentos parecen muy endebles para explicar por qué el cobro de IVA sobre la producción nacional aceleró en abril la tasa de suba de 35 a más de 40% anual; aun cuano se percibe un claro efecto de sustitución de importacione; o que lo percibido por el gravamen a la transferencia de combustibles haya “volado” a un ritmo de más de 130% al año en el caso de combustibles diferentes a las naftas, gasoil y gas; 70% para las naftas y 99% para el gasoil y gas.

También excedió lo previsible el incremento de los recursos que recibió la Anses por parte de “aportes personales” a 35,6% en contraste con 29,7% que acusaron las contribuciones patronales y casi 62% por el rubro “otros” que agrupa a los pagos de monotributistas y de moratorias previsionales.

Sólo en esos tres rubros se pueden sumar más de $2.500 millones que posibilitaron a la AFIP cerrar abril con un crecimiento de la recaudación tributaria global por arriba de 21%, esto es superior en casi tres puntos porcentuales al que se hubiese anotado si esos rubros se hubieran limitado a aumentar como en los meses previos, en torno a 30 o 35% y más cerca de lo esperable en función de la inflación que estiman consultoras privadas, la devaluación del peso que aplica el Banco Central y el aumento de salarios que informa el Indec. Aún así, el resultado final no pudo ocultar un neto negativo en términos reales, esto es ajustado por la inflación.

Además, esa “ingeniería” no evita mostrar un acelerado deterioro de la contribución de los recursos tributarios para solventar el gasto público total, que no sólo es sustancialmente más alto, sino que además mantiene un ritmo de incremento interanual de 8 a 10 puntos porcentuales al año más alto, sólo en base caja. El devengado, esto es el ejecutado, pero no necesariamente pagado, mantiene una brecha aún mayor, por eso el déficit fiscal se ha multiplicando por diez en los primeros meses del año respecto de doce meses antes.

De ahí que la contrapartida ha sido una vez más el uso creciente del recurso de última instancia como es la expansión de la base monetaria por parte del Banco Central, ya que pasó de tasas en torno a 20% al año entre julio de 2013 hasta enero último, a 30% en febrero y marzo y escaló a más de 33% en abril, para poder asistir a las necesidades de la Tesorería.

En ese aspecto, las planillas del BCRA muestran cómo fue perdiendo grados de libertad para utilizar los instrumentos de esterilización monetaria, como son las Letras y operaciones de pases, porque en conjunto pasaron a exceder en un 10% al total de las reservas en divisas, esto es equivalen a más de u$s37.000 millones, con el agravante que mientras las Lebac crecen por devengamiento de intereses a un ritmo del 26% al 28% anual, las reservas se incrementan en pesos al ritmo de la devaluación de 12% en ese período. Semejante brecha es la que motivó la resurrección del denominado déficit cuasifical, a más de 1,5% del PBI.

Tampoco queda mucho margen para asistir al Tesoro con “adelantos transitorios”, porque ya suman más de $260.000 millones, equivalente a 56% de la base monetaria y casi dos veces y media la recaudación mensual de impuestos por parte de la AFIP.

El desendeudamiento ya fue!
Por eso, para sostener la fiebre del gasto público, más en un año electoral, el cual coincide con la concentración de abultados vencimientos de deuda pública hacia octubre por unos u$s7.000 millones entre Nación y provincias, tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central ahora hablan del “fin de la política del desendeudamiento” abonan la ampliación de la emisión del set de bonos públicos con cargo a los próximos gobiernos.

Pero, mientras persista el estado de default parcial de la deuda pública, y las severas limitaciones para el acceso al mercado internacional de capitales, tanto en cantidad, como más aún en precio (más de 9% anual en dólares), la estrategia oficial no sólo contribuirá a profundizar la recesión, al quitar liquidez al mercado interno, sino que además, amenazará con reavivar la inflación y las tensiones cambiarias hacia el último trimestre.

Por ahora los mercados financieros juegan a favor del peso, por el seguro de cambio que brinda el Banco Central, pero la historia es muy rica en mostrar que esas maniobras no son sostenibles, porque naturalmente no son sustentables. Se trata de una película que muchos las vivieron, a otros se las contaron, y siempre hay quienes sólo prefieren experimentarla, tal vez por despreciar la historia, tal vez porque se muestran convencidos de que ahora será distinto, aunque se repitan todos los ingredientes que se usaron en el pasado y que condujeron a reiterados fracasos.

Cambio de escenario transitorio

En los últimos 35 días se observó un singular cambio de tendencia en la escalada del tipo de cambio libre, luego de que se perfilaba a más de 16 pesos por unidad, a menos de 14 en la actualidad, a partir de la astringencia monetaria y consecuente suba de las tasas de interés; la política del miedo con intimidaciones y suspensiones de entidades cambiarias y bursátiles; la flexibilización de ventas de dólares para ahorro con el propósito de inducir a su venta a mayor precio en el circuito marginal; el ingreso del swap de China y nuevos acuerdos con cerealeras y sojeros para que anticipen la liquidación de exportaciones con el propósito de fortalecer las debilitadas reservas del Banco Central y el incentivo a operaciones bursátiles con bonos y acciones de alta liquidez para obtener singulares ganancias de corto plazo.

Todo eso fue acompañado con versiones emanadas de las propias fuentes oficiales y siempre contradictorias de que se avanza hacia una negociación definitiva con los holdouts a partir de enero cuando supuestamente expire la cláusula RUFO que exige conceder a los bonistas reestructurados en los canjes I y II las mismas condiciones que se pueda acordar con los fondos en litigio, si son mejores.

A partir de allí comenzaron a tejerse expectativas de un rápido retorno de la Argentina al mercado internacional de deuda y destrabar el ingreso de inversores del resto del mundo para los diversos emprendimientos que la Argentina tiene pendientes como Vaca Muerta; otras obras energéticas y de infraestructura; la minería y el reimpulso de la agricultura para alcanzar la demorada meta de las 150 millones de toneladas, entre otras.

Sobre esa base empezaron a plantearse pronósticos de algunos economistas y consultoras de empresas y bancos que indican la continuidad de la pax cambiaria hasta todo el 2015, porque se lograría equilibrar la oferta con la conocida demanda de divisas para enfrentar los abultados compromisos externos del gobierno nacional hasta entonces, y en consecuencia arriesgan que el PBI podrá volver a crecer a un rango de 3 a 4 por ciento, luego de un trienio de estancamiento neto.

Otros desequilibrios presentes y sin atención
Sin embargo, en dichos estudios y análisis pareciera subestimarse al extremo la persistencia de crecientes desbarajustes en los indicadores macroeconómicos, entre los que se destacan los asociados a las finanzas públicas, la política monetaria y cambiaria y consecuentemente la inflación y sobreestimarse el esperado y deseado flujo de capitales, si se cierra el capítulo del default con los holdouts.

Los datos acumulados correspondientes a los primeros diez meses de 2014 indican que mientras los recursos fiscales totales crecieron 40,6% en los pasados doce meses, luego de las valiosas transferencias de utilidades contables del Banco Central, la Anses, el PAMI y los fondos fiduciarios, los gastos devengados, esto es ejecutados pero no necesariamente pagados, se elevaron 47,7%. De ahí surgió que el rojo de las cuentas públicas se multiplicó por 2,8 veces, a más de 78.600 millones de pesos.

La tasa de inflación se aceleró en ese período de 26 a más de 41% y el tipo de cambio oficial, luego del salto a 8 pesos a fines de enero, apenas aumentó siete por ciento, provocando una apreciación de la moneda nacional en más de 24 puntos porcentuales y con ello desalentó al extremo las exportaciones, la única fuente genuina de generación de divisas, al afectar aún más la deteriorada competitividad de la producción nacional.

Con ese escenario, sumado a la continuidad del cepo cambiario y ahora a la política de generar miedos en la plaza con la presencia de gendarmes, policías y suspensiones de casas de Bolsa, de cambio e incluso de sanciones a bancos por causas administrativas que datan de más de cinco años, algunas vinculadas con la demora en poner las mamparas que separan a la atención del público en cajas de las colas de espera en los salones de las entidades, no sorprende que la inversión extranjera directa haya caída en el año a la mínima expresión.

Y en la economía real, pese a la inquietante aceleración de la inflación, en muchos sectores se observan precios reprimidos, como también ocurre en contrapartida con las tarifas y diversos subsidios, cuya regularización requerirá atención en algún momento, los cuales no han impedido que el consumo se derrumbara a una tasa de 10% en supermercados y shopping y del 5 a 7 por ciento en los comercios tradicionales, fenómeno que ha disparado los índices de vacancia de locales.

Mientras que los indicadores de inversión, más de la actividad privada que en el sector público, también se consolidó la tendencia contractiva, fenómeno que redundó en destrucción de empleos y disminución de las oportunidades laborales para los jóvenes que esperaban incorporarse al mercado de trabajo.

También las exportaciones muestran tasas crecientes de disminución.

De ahí que del lado de la demanda agregada, a menos de dos meses del cierre del año, ya se observa un arrastre fuertemente negativo para el año próximo, que limitará cualquier impacto inicial de reversión del ciclo.

En tanto del lado financiero, en un año electoral, no cabe esperar el regreso a la disciplina fiscal y por tanto si se llegara a cerrar el capítulo del default no será una condición suficiente para despejar la reaparición de tensiones cambiarias, a la espera de un plan económico integral que posibilite comenzar a reordenar todas las variables.

Por eso pareciera que la actual pax cambiaria es más transitoria que duradera, porque no se sustenta en la recreación de la confianza y en la revisión de políticas que provocaron severos desequilibrios, en particular desde que rige el cepo cambiario.

Privados ajustan forzados por el exceso de gasto público

El consenso de los economistas de las consultoras privadas mantiene pronósticos de un leve receso de la actividad productiva y comercial para el corriente año, en un rango de 1,5 a 2%, aunque con una aceleración de la caída a más de 2,5% en mayo y junio en la variación del PBI.

Esa supuesta modesta baja de la generación de riqueza en un escenario de aceleración de la tasa de inflación a 40% al año, aunque en los últimos meses se atenuó a un ritmo equivalente anual de 30%, ha instalado la idea de que se transita por un escenario de estanflación. Esto es de estancamiento con inflación.

Sin embargo, ¿se puede definir como estancamiento cuando el PBI real por habitante está deteriorándose a una tasa superior a 3,5% real en pesos en mayo y junio, y más de 20% en dólares? Más aún, cuando se advierte claramente que a la hora de medir el aporte del sector público y privado a la variación del PBI, el primero, que en términos de gasto representa el 50% del total de la economía, contribuye con un aumento de poco más de cinco puntos porcentuales en términos reales, mientras que el segundo resta unos diez puntos porcentuales.

El ejercicio es simple. En abril el gasto total del sector público se elevó 47,6% mientras que la inflación ascendió a 40%, de ahí surge un crecimiento en términos reales de 5,4% en comparación con un año atrás, con un aporte al total general de 2,7 puntos porcentuales. Por tanto, para llegar al resultado neto final de 2,5 puntos porcentuales negativo el conjunto de la actividad privada debió contraerse un 10,4 por ciento.

El pobre desempeño de los ingresos fiscales originados en el IVA -cayó más fuerte en términos reales sobre los productos de fabricación nacional, que sobre los de origen importado-, como en Ganancias, luce consistente no sólo con una contracción marcada de la actividad en el sector productivo, sino también comercial. Las ventas en supermercados bajan más de 7% en cantidades, similar a la disminución promedio de empleados por establecimiento que midió el Indec.

La misma fuente oficial dio cuenta de que en el quinto mes del año el transporte de cargas disminuyó casi 11% y en los primeros cinco meses la baja superó 23 por ciento.

Entre los bienes durables, como automotores, motos y viviendas, la declinación de la producción y ventas se ubicó en mayo y junio entre 15 y 37 por ciento respecto de los niveles de un año antes. Mientras que el conjunto de la actividad industrial y la construcción acusaron caídas de 7,4 y 4,4%, respectivamente, y las previsiones para julio y agosto no lucen mejores, habida cuenta de los altos valores relativos que mantenían en similar tramo del año anterior.

Sólo escapan al escenario recesivo la producción agrícola, tras un mal año previo, la elaboración de alimentos, excluida bebidas que declinan casi 10%; los servicios esenciales de electricidad, gas y agua y la industria financiera, aunque en este caso también se advierte una apreciable desaceleración.

Desplazamiento del crédito privado
Para peor, el abultamiento del déficit fiscal y la consecuente necesidad de financiamiento a través del uso y abuso de la emisión del Banco Central para transferir al Tesoro ganancias meramente contables, previa al cálculo del rojo que genera la hipermillonaria colocación de Letras a los bancos, está alimentando el crowdingout, esto es el debilitamiento del financiamiento a la actividad privada, y también de su liquidez, para asistir a un desequilibrado sector público.

La consecuencia directa de ese escenario no sólo es el deterioro de la capacidad de compra de los ingresos de las familias por la alta inflación que ese cuadro provoca, sino también el derrumbe de la inversión, la extranjera directa declinó 50%, informó el Indec y la local más de dos puntos de PBI, y la destrucción de empleos privados.

Para revertir ese cuadro que comienza a generar un círculo vicioso, porque torna insostenible una política fiscal expansiva con un sector privado que se estrangula con exceso de regulaciones y trabas inexplicables, como al ingreso de insumos y partes del resto del mundo necesarias para producir bienes finales no sólo para satisfacer el consumo interno, sino también la generación de divisas vía exportaciones de bienes terminados para pagar esas y otras importaciones, además de los servicios de la deuda pública y privada, más rentas de inversiones, será clave que el sector público acomode el ritmo de expansión del gasto a su capacidad de obtener recursos tributarios sin aumentar más la insoportable presión fiscal. Las áreas que requieren más atención son la política de subsidios y las pérdidas desmedidas de las empresas del Estado.

A partir de ahí, y en simultáneo, se torna imprescindible comenzar a generar un clima amigable para los negocios del conjunto del sector privado. Eso requiere empezar a desandar el camino iniciado a fines de 2011cuando con la imposición del cepo cambiario se agudizaron las trabas a las importaciones, se intensificaron los obstáculos a las exportaciones agropecuarias y se acentuaron los fracasados controles de precios y, más recientemente de las tasas de interés.

De lo contrario, los esperados progresos en la resolución de la saga de la deuda con los holdouts, que han hecho que el Índice de Riesgo País cayera ayer a 600 puntos básicos, volverá pronto a niveles elevados, porque los fundamentals no lucen consistentes con esa prima que impone el mercado financiero internacional.

La negativa del Gobierno a encuadrar las finanzas públicas, por considerar que eso sería provocar un cuadro recesivo, ha generado una severa contracción de la actividad en el ámbito privado que ya se manifiesta, naturalmente, en la pérdida de vitalidad de la recaudación y consecuente desborde del desequilibrio fiscal, pero principalmente en el creciente grado de angustia en las familias que ven perder el empleo de alguno de sus miembros, o recortada la jornada laboral y esfumarse las posibilidades de ocuparse a los jóvenes que buscan trabajo.

Del ajuste al desajuste

La baja de los subsidios es un viejo reclamo de la denominada ortodoxia de los economistas, que ahora el Gobierno justifica como racionalidad del consumo de los hogares.

Pero la quita dividida en tres etapas se queda nuevamente a mitad de camino, como ocurriera hace más de dos años cuando se intentó hacer un llamado a un renunciamiento voluntario, porque no incluye a la energía eléctrica.

De ahí que se avanza poco en la reducción de la brecha tarifaria que favorece a los porteños y a los habitantes de la provincia de Buenos Aires en comparación con lo que paga la mayoría de los residentes en las restantes provincias.

Menos aún se avanzará en reducir significativamente el gap entre el promedio de tarifa de gas y agua que abona el promedio de los argentinos respecto de los habitantes en los países vecinos, Europa o los EEUU.

Ni qué hablar de que no se atiende al reclamo de los economistas de las consultoras privadas, y también de gran parte de los partidos de la oposición al Gobierno nacional, de que la base de la rebaja de los subsidios a los sectores de medianos a altos ingresos debiera seguir dos objetivos esenciales: reducir el gasto público para achicar el exagerado rojo fiscal y transferir recursos de usuarios a las empresas para que puedan intensificar sus inversiones para mejorar la calidad de los suministros.

Para el ministro de Economía bajar el gasto es hacer un ajuste, por eso opta por el camino opuesto; esto es, profundizar el desajuste, porque el supuesto ahorro que se obtendría con la rebaja de los subsidios se destinará a intensificar los planes asistenciales, principalmente la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar, y en menor medida reforzar las finanzas de las empresas proveedoras de los servicios de gas y agua, aunque en proporciones no definidas.

Mientras que Kicillof y De Vido no consideran ajuste que para los consumos inferiores el monto a pagar de los servicios se duplicará en cinco mes y para los extremos se multiplicará por casi cuatro. Es cierto que en valores absolutos, los montos a pagar seguirán siendo paupérrimos respecto de otros consumos esenciales, como el transporte o el abono del celular.

De este modo, seguirán pendientes las medidas de racionalidad en el manejo del gasto público, entendido como tal que, al menos no crezca más que lo hacen los recursos tributarios. No hay economista o consultora privada que esté haciendo un llamado al recorte de las jubilaciones o de los salarios, como suelen esgrimir los ministros, sino simplemente atenuar la tasa de aumento nominal. Para que no queden dudas: si los ingresos suben 1.000 millones de pesos, lograr que el gasto, como extremo, no crezca más de 1.000 millones. De ese modo no bajará el déficit fiscal, pero al menos dejará de expandirse y elevar las presiones inflacionarias a través del financiamiento con emisión espuria por parte del Banco Central de la República Argentina.

Consumo racional

Se trata de una linda definición, pero pensar que quien tiene altos ingresos reducirá sus niveles de consumo de gas y agua porque la tarifa bimestral de gas podrá llegar a 500 pesos a fines de agosto es pensar que ese monto tiene un impacto relevante sobre sus presupuestos y que son individuos que lograron un buen pasar por haber dilapidado sus recursos.

Por el contrario, entre los consumos medios es posible esperar un uso más racional, pero si hubo despilfarro de gasto eso fue posible hasta 2011, comienzo de 2012, porque desde entonces, la aceleración de la suba de los precios, el freno de la actividad económica y, más recientemente, el encarecimiento del dinero, la reducción de oportunidades laborales y el recorte de la jornada laboral fueron forzando un manejo más cauteloso de los siempre menguantes presupuestos de las familias.

La escalada del dólar, algo más que estacional

La historia Argentina es muy rica en reflejar la estacionalidad de la demanda de divisas por parte de turistas que programan sus vacaciones de verano en algún lugar del resto del mundo. También la estadística recoge los efectos de la recomposición de carteras que, tras el cierre del año viejo, hacen muchas empresas. Y, por supuesto, la clara demanda de divisas para atesoramiento que hacen los particulares, en particular aquellos que tienen capacidad de ahorro para mediano plazo, tras el cobro del medio aguinaldo o algún bonus de fin de año.

Pero este 2014 arrancó con otros factores impulsores, los cuales eran esperados en forma proporcionalmente creciente a la medida en que se fue devaluando la capacidad del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ahora en la luz del ministro de Economía Axel Kicillof para corregir los severos desequilibrios macroeconómicos que se fueron acumulando en los pasados dos años y algo más, esto es. desde que rige el cepo cambiario.

La reacción de muchos agentes económicos no es caprichosa
Pese a que la sociedad ha aceptado estoicamente el aumento persistente y sostenido de los impuestos, ayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ratificó que este año “vamos a salir a buscar agua en el desierto para cumplir con la meta de recaudación de impuestos”, al anunciar el aumento del cargo financiero a las empresas exportadoras que triangulan operaciones y, sobre todo, ratificar que se elevará la valuación de los inmuebles para el pago de Bienes Personales. Esto es más impuesto.

Por el contrario sigue ausente en el nuevo gabinete cualquier referencia al control del gasto público, pese a que crece a ritmo desenfrenado a más de 35% al año, cuando los recursos tributarios lo hacen a menos de 22%. El resultado es mayor dependencia del financiamiento del Banco Central con emisión, es decir, inflación.

Y en la Argentina de los últimos cincuenta años, con raras excepciones, la única alternativa de inversión de alta liquidez que posibilitó mantener el poder de compra de los ahorros de las empresas y familias fue el dólar. Ahora, naturalmente no es la excepción.

Por tanto, pretender fomentar la competitividad, conquistar mercados de exportación, mientras se fogonea la capacidad financiera y de inversión de las empresas y familias alentando la inflación, subiendo los impuestos y con un tipo de cambio oficial que corre de atrás, es una tarea no sólo infructuosa, sino que explica el acelerado enfriamiento de la actividad y, en algunos sectores como el mercado automotor, la caída de la producción a tasas de dos dígitos.

Ese cuadro explica la sostenida hemorragia de las reservas del Banco Central, las cuales se parecen cada vez más a un Pagadiós que a un reaseguro para hacer frente a inesperados acontecimientos externos, porque los adelantos al Tesoro Nacional de la autoridad monetaria ya representan más del 91% del valor de las reservas al tipo de cambio oficial y se reduce apenas a 58% al cambio libre.

De ahí que hasta tanto no aparezca un plan integral de reordenamiento macroeconómico, que sea capaz de recrear la confianza para reanimar la inversión, la creación de empleo privado y el ahorro en moneda nacional, a través de instrumentos probados, la desconfianza en la moneda no tendrá techo.

La suba del gasto ya superó al aumento de impuestos

Se trata de una carrera peligrosa cuyo efecto perverso no sólo se manifiesta en un creciente rojo fiscal, que fuerza a un incremento de la emisión de dinero para pagarlo y la aceleración consecuente de la inflación, porque no hay voluntad de los agentes económicos por demandar pesos y por eso fuga hacia el dólar, sino, peor aún, en la pérdida de puestos de trabajo y mayor exclusión social. No es casual la aparición de saqueos en algunas provincias y la tremenda pérdida de votantes que registraron los candidatos del Gobierno en las últimas legislativas.

Con las firmas del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el Gobierno amplió hace una semana en $18.000 millones el gasto público de este año. Es para atender los pagos de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares tanto de la ANSeS como de las Cajas de las FFAA, Policía Federal, Prefectura, Servicio Penitenciario y Poder Judicial, y pensiones no contributivas de Desarrollo Social. Es equivalente, en el mejor de los casos, al doble del monto que se proyecta recaudar con el salto de los impuestos internos para los bienes suntuarios, como autos de alta gama, embarcaciones, aeronaves y motos, de 10% a un rango de 30% en un primer tramo y 50% en el más alto.

Podrá argumentarse que el impulso del gasto público en septiembre, con un incremento de más de 43% en comparación con un año antes, no es extrapolable para los meses siguientes, porque estuvo alentado por un fenómeno estacional, como fueron los momentos previos a las elecciones legislativas. Aunque no hay duda de que se está expandiendo en más de 4 a 5 puntos que la inflación real y que la suba del cobro de impuestos.

Pero no puede objetarse que la disminución en los últimos meses de las tasas de crecimiento de los recursos tributarios, sea porque perdieron competitividad las exportaciones, sea porque las empresas ahora acusan caída de la rentabilidad y por eso tributan menos Ganancias, sea porque el empleo dejó de crecer y las horas trabajadas por la nómina estable bajan, y por tanto se atenuó el aumento de los aportes personales, ha ido ampliando la brecha negativa con la dinámica del gasto público.

Prioridades invertidas
Sin embargo en las primeras dos semanas y media de cambio de estilo que impuso el nuevo jefe de Gabinete de Ministros no se advierte que semejante desbalance, que es la génesis del resto de los desequilibrios que afectan a la economía en su conjunto, a la mayor parte de la sociedad en particular, constituya uno de los temas de la agenda inmediata a comenzar a resolver ya.

Por el contrario, las primeras medidas de política económica, como la destinada a elevar la presión tributaria para los bienes suntuarios, o acordar con Repsol una fórmula de pago por la expropiación del 51% de las acciones que tenía en YPF, no son ni de implementación y efecto inmediata, ni de efecto rápido en términos de ahorro de divisas e ingreso de capitales para inversiones de riesgo, ni tampoco van camino a atenuar el ritmo inflacionario. Tampoco cabe esperar respuestas rápidas de Rusia, China y Brasil al pedido de créditos para apuntalar las reservas del Banco Central que encaran los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Axel Kicillof.

Menos aún cabe esperar un freno a la demanda de dólares por parte de turistas interesados en hacer viajes al resto del mundo, porque la suba neta de la alícuota del anticipo a cuenta de impuestos está lejos de tener un impacto relevante, dado el contexto inflacionario, las tasas de interés reales negativas y la reticencia a medidas de shock que conduzcan a restablecer una gradual recuperación de la confianza, clave para frenar el drenaje de reservas en el Banco Central.

Poner el acento para atacar la inflación en la concertación social y el análisis de las hojas de balances de cada uno de los integrantes de las denominadas cadenas de valor de cada sector productivo de la Argentina, para detectar cuellos de botellas y acciones monopólicas y políticas de suba de precios por parte de empresas con posición dominante, es negar las reales causas de la inflación a ritmo de más de 25% anual en el promedio del último cuatrienio.

Mientras no cambie esa estrategia, la huida del dinero y refugio de muchos agentes económicos en la compra de dólares o de bienes y servicios dolarizados, las cuales son consecuencias de los desequilibrios fiscal, monetario y cambiario, persistirá la hemorragia de reservas del Banco Central, se agravará la destrucción de puestos de trabajo y será creciente exclusión social, por caída de la inversión productiva en un clima de incertidumbre, donde lo único que aparece como cierto el sostenido aumento de los impuestos en busca de financiar el impulso que mantiene el gasto público.