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Las 10 causas por la que baja el dólar libre

Cada vez son más los economistas que alertan sobre el maquillaje que el Banco Central de la República Argentina le hace a las reservas monetarias internacionales para que se mantengan por arriba de la barrera psicológica de los u$s30.000 millones, porque teme que perforado ese piso no podrá sostener la estabilidad cambiaria como ancla de la inflación.

Los números en danza reducen el nivel real neto de la posición de divisas disponibles a un rango que va de la mitad hasta cero del que se informa a diario, según se resten sólo los encajes en dólares de depósitos privados en dólares que no se prestan a los exportadores (5.500 millones); el swap de monedas con China (3.400 millones); la deuda con los holdin (bonistas que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010), que están depositados en la cuenta del BONY en el Banco Central, en Buenos Aires (1.300 millones); préstamo de Francia por 1.600 millones; y la deuda con importadores por más de 5.000 millones de dólares; o se agreguen los vencimientos de deuda pública en lo que resta del año.

Frente a ese cuadro que revela un singular grado de vulnerabilidad de la posición externa de la Argentina, porque indica que en el mejor de los casos se cuentan con reservas por el equivalente a dos meses de importaciones, o menos, si se considera el trámite que hay que hacer para convertir en líquidas la participación de la Argentina en el capital del Fondo Monetario Internacional (DEG) o los lingotes de oro que en conjunto suman u$s5.000 millones, surge la inevitable pregunta ¿por qué no se dispara el blue y por el contrario baja?. Al respecto se pueden mencionar, al menos, las siguientes razones:

1. El Banco Central le ha dado la clara señal al mercado de que está dispuesto a perder reservas para mantener el dólar oficial y también el libre en niveles deprimidos y desenganchados del contexto internacional y del impacto interno de la inflación, con el uso de reservas hasta el fin de mandato;

2. En esa línea, la autoridad monetaria ha decidido avanzar con el uso del swap de monedas con China para disimular ese drenaje de reservas en operaciones de intervención en el mercado de cambios; y con eso, por tratarse de un mecanismo nuevo, ha logrado un clásico escenario de “esperar y ver” de los mercados;

3. La AFIP parece haber flexibilizado las autorizaciones de venta de cambio para ahorro al subsidiado tipo oficial, al punto de que alcanzó valores récord en enero y febrero se mantiene en esa senda, por la convicción de que gran parte del 90% de los dólares que se compran y se retiran de los bancos con el pago de 20% a cuenta de futuros impuestos se ofrece en el mercado blue para obtener una renta de 25 a 30%, que posibilita reforzar la capacidad de gasto de los salarios en el mercado interno, y contribuye a deprimir la cotización, aunque a ritmo lento, porque el exceso de emisión para financiar el déficit fiscal hace que se mantenga activa una porción de la demanda;

4. La autoridad monetaria abandonó la política de bajas tasas de interés y las fue subiendo al punto de que actualmente llegan a superar en casi 10 puntos porcentuales a la tasa de inflación oficial del 20% y más que duplican a la tasa de devaluación del peso en los últimos doce meses y también a la esperada hasta el 9 de diciembre próximo, como estrategia de restar presión alcista sobre el mercado libre de cambios;

5. La recesión interna ha determinado una menor demanda de dólares de las empresas para hacer frente a compromisos externos de importaciones y pagos de deudas con el resto del mundo, hasta que se destraben las autorizaciones discrecionales de Comercio y del Banco Central;

6. Ese receso de la actividad, que derivó en una drástica destrucción de empleos y caída de las horas extras, determinó una disminución de la generación de riqueza en negro y con ello le quitó fuerza a uno de los impulsores de la demanda de divisas en el mercado marginal de cambios;

7. También la recesión interna y el impuesto inflacionario han ido licuando las ganancias de las empresas, fenómeno que en el caso particular de las firmas de capital extranjero llevó también a menores necesidades de divisas para remunerar a sus accionistas del exterior, como se advierte en el menor caudal de negocios en las operaciones indirectas de fuga a través de transacciones bursátiles denominadas contado con liqui y MEP;

8. La baja de los precios de las materias primas y la drástica caída de la rentabilidad de las producciones pampeanas y también de las economías regionales, contribuyeron a debilitar el excedente de pesos generados por esos sectores de la producción, parte de los cuales en parte se volcaban, aguas abajo de la cadena de valor, al mercado de cambios, en busca de cobertura de costos que están dolarizados, como los agroquímicos y máquinas de uso agrícola;

9. La nueva política de incentivo de los depósitos en dólares en bancos, la cual obliga a las entidades a publicitar las nuevas tasas mínimas para colocaciones en divisas, alentó la posibilidad de fortalecer las reservas del Banco Central con colocaciones en moneda extranjera de excedentes de inversores institucionales como la Anses, compañías de seguros, fondos de inversión y también de inversores particulares que no temen volver a ser defraudados con la pesificación de sus ahorros, como ocurrió en el verano de 2002; y

10. La alerta que emitió la justicia británica al destacar que el fallo del juez Thomas Griesa de los EEUU no tiene efecto sobre los bonos bajo legislación europea, despejó el camino para que el Gobierno pueda acudir a esa plaza a tomar deuda externa, sin amenaza de embargo, para apuntalar las reservas, y con eso la política cambiaria, aunque a un costo cercano a 9% anual en divisas y una mayor hipoteca para las autoridades que asuman el 10 de diciembre próximo.

Se podrán agregar otros factores, como la esperada mejora de la liquidación de divisas a partir del segundo trimestre y luego de las PASO, el posible ingreso de capitales del exterior que buscarán anticiparse al natural cambio de expectativas que generaría un nuevo Gobierno. Pero esos, factores, en la Argentina de hoy, es muy largo plazo como para sumarlos a la lista de marras.

Trabajadores y jubilados cobrarán $1.100 millones más pero les sacarán $12.300 millones

A través del decreto 1.242 el Poder Ejecutivo resolvió unilateralmente, usurpando una potestad del Poder Legislativo Nacional otorgada por el artículo 99 de la Constitución Nacional, inyectar en el bolsillo de una pequeña franja de asalariados y jubilados unos $1.100 millones por mes, hasta diciembre, a través de la suba arbitraria y selectiva de las exenciones del Impuesto a las Ganancias.

Sin duda que la iniciativa recogió una clara expresión de las urnas en las PASO, dado que la mayoría de los candidatos enarbolaron la bandera de la actualización del mínimo no imponible, para corregir el efecto del impuesto inflacionario sobre Ganancias en debate en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

Pero el Gobierno nacional no sólo se hizo propia esa propuesta, sino que llegó al extremo de introducir cambios discrecionales y parciales, violando facultades constitucionales, según advierten expertos tributaristas como Raúl Cuello.

Son discrecionales, porque la suba de las exenciones para reducir el universo de los asalariados y jubilados alcanzados por Ganancias es plena hasta el umbral de $15.000 de remuneración bruta mensual, esto es, antes de cualquier descuento legal que se haya aplicado en algún momento de los pasados ocho meses, de 20% para la franja siguente, hasta $25.000, mientras que no se movieron los mínimos no imponibles y las escalas fijas de alícuotas, en este caso en los últimos trece años.

Además, es discrecional porque el cambio no se hizo extensivo a los trabajadores autónomos, ni se actualizaron las escalas para los monotributistas, y se excluyó a los asalariados que perciben ingresos superiores a $25.000 brutos por mes, pero que en términos netos se licuan singularmente por la aplicación de tasas de imposición superiores, en términos relativos, a la que pagan las empresas.

Y es parcial, porque también viola una vez más una característica propia del Impuesto a las Ganancias, que es de base anual. La suba de las exenciones se aplica a partir de los ingresos de salarios y jubilaciones que se liquiden desde el 1° de septiembre, y por tanto no se habilita la restitución de las retenciones que los empleadores hicieron en los ocho meses previos.

Financiamiento inflacionario
También, recogiendo iniciativas de los candidatos a sumarse al cuerpo legislativo a partir del 10 de diciembre de 2013, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación el 27 de agosto el proyecto de ley que gravará con 10% el pago de dividendos por parte de las empresas que no cotizan en Bolsa y con 15% la renta por la transferencia de acciones y títulos valores de empresas no cotizantes.

La propuesta no hace referencia a la coparticipación con las provincias de los eventuales ingresos estimados con esos impuestos, $2.056 millones para el último cuatrimestre de 2013, pese a que surgieron como fuente de compensación de la renuncia al cobro parcial de un gravamen que cobra la Nación pero que luego comparte las 24 grandes jurisdicciones.

Además, no existen antecedentes y registros que avalen la previsión de cobro de esos impuestos, más aún en una economía inflacionaria en la que no se actualizan los valores de los balances de las empresas.

No sólo eso, el Gobierno nacional ha desalentado al extremo la práctica del pago de dividendos, en particular a las empresas con accionistas radicados fuera del país. Por tanto se busca imponer un cargo a una política empresaria que previamente prácticamente se la prohíbe o restringe.

El Poder Ejecutivo Nacional niega la relevancia del impuesto inflacionario, pero surge de gravar valores nominales en ascenso, como ocurre tanto con los salarios, como las jubilaciones y las ganancias de las empresas, amén del pasaje de monotributistas al régimen general de Ganancias e IVA, pese a que en la mayoría de los casos se pierde capacidad de compra de bienes y servicios por la suba del promedio de precios de la economía.

El Estado nacional ha podido sortear parte de ese efecto acudiendo al senoriaje, que es la capacidad de emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central para financiar la escalada del gasto público.

Sólo en agosto los adelantos transitorios del Banco Central al Gobierno Nacional se elevaron en $12.300 millones, en contraste con apenas $5.074 millones que lo hizo la base monetaria. Totalizan más de $152.000 millones y equivalen a 47% del total de la base monetaria y casi 67% del total de billetes y monedas en manos de toda la población y de las empresas.

Semejante inyección de pesos explica que la Argentina haya recaído en un estadio inflacionario a ritmo de dos dígitos altos al año, más de 20% según el consenso de las mediciones privadas que difunden mes a mes legisladores de la oposición al Gobierno y más de 30% en las expectativas de la población.

De ahí que si bien es aplaudible y saludable que se actualicen las exenciones de Ganancias, para que surtan efecto y no violen principios básicos de equidad de la tributación es necesario que no sólo se actualice en forma automática el mínimo no imponible y las escalas de imposición, sino que, previamente, o al menos simultáneamente, se cambien las políticas que han llevado a la Argentina a los primeros puestos en materia de inflación, desalentado la inversión productiva y la creación de puestos en el sector privado, fenómenos que han llevado a la vuelta de los denominados déficit gemelos de las finanzas públicas y de las cuentas externas.

¿Qué hay detrás de la embestida contra los bancos?

Desde un tiempo a esta parte se ha hecho reiterado en el relato presidencial y, por extensión en el de funcionarios del área económica, la crítica a las ganancias que registran los bancos. “Deben subordinarse al proyecto de desarrollo con inclusión social”, avanzó el viceministro Axel Kicillof.

No sólo como ocurrió con el campo, agricultura con altas retenciones y ganadería con desincentivo a exportar, y con la megaminería en Santa Cruz, ahora también se busca allanar el camino para sacar una tajada de las ganancias de los bancos, y también de las rentas financieras.

Se sabe que en economía se habla con singular ligereza de los números en forma absoluta (millones de pesos) o relativa (porcentaje), según sea funcional al relato oficial. Eso es lo que sucede con los bancos: ¡ganan miles de millones de pesos!, pero ¿respecto de qué? ¿Se la compara con el activo; o con el patrimonio, qué sucede si se coteja en términos reales?

Claramente eso no interesa y sólo se advierte voracidad fiscal para pagar los gastos crecientes en un año electoral, porque el cobro de los impuestos tradicionales ya no alcanza.

El economista Juan Carlos de Pablo hizo en su newslettter, Contexto, un par de preguntas incómodas, porque resalta que “como aprendí en la facultad, lo óptimo es lo mejor de lo posible, no lo mejor de lo mejor”. Esas preguntas aún no encontraron respuestas por parte de los impulsores del impuesto a la renta financiera que se quiere crear, que suena como muy progresista, pero que en una Argentina con alta inflación encuentra severos escollos.

“Primera pregunta: los depósitos que devengan interés, como los de caja de ahorro y plazo fijo, reciben tasas de interés nominales mucho menores que la tasa de inflación bien medida. En otros términos, el poder adquisitivo interno de los depósitos disminuye sistemáticamente a lo largo del tiempo. ¿Cobrarle impuesto a las ganancias a los depósitos, es decir, aumentar todavía más la negatividad de la tasa de interés? Me parece que el dólar blue se va a enterar de que algo está pasando”, observa De Pablo.

“Segunda pregunta: los títulos públicos están exentos del pago de impuestos. ¿Le cobrarán impuesto a las ganancias a dichos títulos? En el caso de los ya emitidos es fácil, registrarán una caída en las cotizaciones. Pero como la vida sigue habrá que emitir nuevos títulos. ¿Alguien puede creer que, cuando haya que pagar impuesto a las ganancias, el Estado podrá emitir títulos públicos sin tener que aumentar la tasa de interés? Pero si esto es así, ¿cuál es la base imponible sobre la cual recaerá el impuesto a las ganancias?

En otros términos, ¿cuál es la dimensión de la “renta financiera”, sobre la cual se podrán cobrar nuevos impuestos?”, plantea el economista y catedrático desde hace más de 40 años.

Letras de Tesorería
Frente a un previsible claro fracaso del impuesto a la renta financiera, sea que se implemente sobre un mercado muy chiquito, sobre todo si se excluyen a los títulos públicos y a los depósitos de menos de $100.000, sea que se desista, es entonces probable que las autoridades económicas necesitadas de obtener recursos adicionales para poder financiar un gasto que caprichosamente acelera el ritmo de crecimiento en un año electoral estén pensando en reeditar las viejas Letras de Tesorería.

Ya he comentado cómo los adelantos transitorios del Banco Central a la Tesorería alcanzaron dimensiones que no se pueden sostener y menos aún ampliar. El impuesto inflacionario ya ha comenzado a hacer mella sobre la actividad económica, al erosionar la capacidad de consumo de las familias, en particular de bienes tradicionales, como carne, pan y tomate.

Subir los encajes bancarios o intentar absorber fondos del sistema financiero a través de la licitación de Letras y Notas del Banco Central, sólo conduciría a aumentar las tasas de interés y con ello a afectar aún más las decisiones de consumo e inversión de las empresas y familias.

De ahí que, abortado el camino de la creación de impuestos y frente al fallido intento que amenaza constituirse un improvisado mecanismo de exteriorización de capitales en moneda extranjera, sólo queda la creación de un “bono patriótico” o la emisión de Letras de Tesorería. ¿Quiénes serían los principales suscriptores? Los bancos. No tanto por evaluaciones de riesgo, oportunidades de inversión y diversificación de cartera, sino simplemente por presiones “ad hoc” de funcionarios de turno.

Esa movida se advierte detrás del relato oficial, desde la Presidente, hasta su viceministro de Economía y secretario de Comercio Interior, cuando aluden a las “ganancias” que registran los bancos y a que “deben subordinarse al crecimiento con inclusión social”.

Como ocurrió en su momento con las AFJP o la estatización de YPF, entrando por la ventana, se trata de predisponer a los legisladores para que voten proyectos de ley que pueden lucir razonables, pero que esconden objetivos muy distantes a los que se publicitan: financiar el verdadero rojo fiscal y direccionar la inversión pública.

Mucho daño para un pobre resultado
Ya, a través del Banco Central, por influencia del viceministro de Economía, se avanzó sobre las limitaciones de los cargos y comisiones, las cuales reducirán en unos $2.000 millones las ganancias anuales presupuestadas para el conjunto de las entidades, dado que la medida opera sobre el 7 a 10% de las utilidades de la banca, según el caso.

El impacto favorable sobre el consumo de las familias bancarizadas sería muy escuálido, si se tiene en cuenta que el efecto mensual sería del orden de apenas $165 millones por mes, frente a un gasto promedio para cada mes que se ubica en torno a 131.000 millones de pesos.

Por el contrario, podría tener mayor perjuicio sobre un mercado que no logra equipararse no sólo al de las economías desarrolladas, sino al de sus vecinas, por el desaliento al ahorro privado que genera convivir con alta inflación y las repetidas confiscaciones desde los ’70 a esta parte.

Llegado a este punto, me pregunto: ¿habrán evaluado las autoridades de Economía cuánto ganaron las familias en términos de tiempo, pero también de costos y seguridad física al no ir innecesariamente a su banco, por haber sido inducidas a través de altos cargos para operar con un cajero personalizado, a incursionar en la banca hogareña, a través de su computadora para confirmar la acreditación de la jubilación o el salario, hacer pagos de servicios públicos y privados, transferencias para pagar las expensas o la cuota del colegio de los chicos, o hacer un uso más intensivo del cajero automático más cercano para extraer efectivo?

En la Argentina existen variados ejemplos de que los cambios de hábitos que claramente conducen a una mejor calidad de vida se hacen más rápido cuando tocan al bolsillo, que cuando se basan en simples acciones de comunicación.

Insaciable voracidad fiscal alienta más impuestos

Frente al recrudecimiento del rojo de las cuentas públicas, pese al escenario de recaudación récord de impuestos, muchos legisladores liderados por el oficialismo, pero también de grupos progresistas de izquierda, impulsan el tratamiento de un gravamen a la renta financiera.

Claramente que desde el punto de vista primario de la equidad tributaria y de la aceptada, aunque no siempre practicada, progresividad de los impuestos -“que pague más quién más gane”, no sólo en valores absolutos, sino en términos relativos a sus ingresos-, las iniciativas lucen razonables.

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