Suba del salario mínimo, vital y móvil: buenas y malas noticias

Empresarios y sindicalistas acordaron rápidamente el último martes aumentar 28,5%, en dos cuotas, el salario mínimo, vital y móvil de los actuales $4.716 por mes que rige desde enero tras una nueva reunión del Consejo del Salario reunido en el Ministerio de Trabajo. De esta manera, alcanzará a $5.590 desde agosto hasta diciembre y a $6.060 desde enero, casi punto de partida del nuevo gobierno.

La primera buena noticia es que a la hora de “cuidar” el salario base de los trabajadores el gobierno de Cristina Kirchner no se basa en los números que publica el Indec, ni en los Precios Cuidados, o el Ahora 12, sino se muestra flexible para que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, homologue un aumento alineado con la inflación que detecta el promedio de las consultoras privadas que informan sus datos a un conjunto de legisladores de la oposición.

La otra buena noticia, aunque más no sea porque se está en un año electoral en el que es común jugar con las necesidades de mucha gente para brindarles una alegría a cambio de conquistar o asegurar la fidelidad de su voto, fue el adelanto del incremento del haber mínimo a agosto, cuando en los últimos tiempos se aplicó en septiembre y enero.

No hay mucho más para destacar por el lado positivo, pese a que la larga lista del lado negativo ameritaba hacer varias tachaduras para transformarlas en hechos concretos y positivos.

Cristina Kirchner destacó al fin del encuentro de las partes en el Ministerio de Trabajo que el salario mínimo aumentó 2.930% desde el 2003, cuando se retomó el funcionamiento del Consejo del Salario, y que en ese período el Gobierno “nunca debió laudar”, porque siempre se llegó a un acuerdo entre gremios y cámaras empresariales.

Sin embargo, omitió hacer referencia que pese a semejante corrección en doce años, el salario mínimo vital y móvil ha sido un umbral muy difícil de alcanzar para más del 40% de los trabajadores que aún se mantienen en la economía informal y un número también importante debe trabajar como contratista independiente, tanto de un privado como del sector público, por la persistencia de elevadas cargas laborales que no pueden ser soportadas por los empleadores.

Según la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al cabo del primer trimestre de 2015 más del 40% del ingreso de la ocupación principal (jefe de hogar) recibía por todo concepto: salarios, asignaciones familiares y algún otro subsidio monetario, menos de un salario mínimo, vital y móvil que entonces era de 4.716 pesos. Mientras que poco más del 20% de los hogares urbanos no lograba reunir esa suma con los ingresos de todo el grupo familiar.

Si se tiene en cuenta que en el caso de los trabajadores convencionados, los cuales representan una mínima parte del total de empleados asalariados formales, los acuerdos de aumento de salarios homologados en los últimos meses se ubicó en el rango del 28,5% que se acordó para el SMVM pero pocos parten de una cuota de 18,5% y otra de 10% cinco meses después, ya que predominaron los ajustes escalonados en tres partes, la brecha negativa entre el ingreso real y mínimo lejos de achicarse seguirá ampliándose.

Otra mala noticia es para el caso de las empresas y, en particular pequeños empleadores, que el aumento casi por decreto del SMVM eleva sus costos de producción de bienes o servicios, sin que en contrapartida reciban un alivio impositivo o el derivado del incremento de las ventas, porque una economía con alta inflación y creciente presión tributaria sólo conduce al empobrecimiento del país, más allá de que siempre existan nichos que constituyen la excepción a la regla, como ocurre desde hace cuatro años.

Otra mala noticia, que aumenta la carga de la mochila que recibirá el próximo gobierno, es que al homologar el Ministerio de Trabajo un nuevo aumento del SMVM del 28,5% a tono con la Inflación Congreso para los últimos doce meses, otra vez con la presencia de la Presidente de la Nación, no hizo más que volver a poner al descubierto el default técnico que el Gobierno incurre con los bonistas que aceptaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, de títulos ajustables por CER. Es que el Coeficiente de Estabilización de Referencia se nutre de la variación del Índice de Precios Nacional Urbano del Indec, el cual sube casi la mitad que la tasa que arroja la inflación real, que una vez más se consideró para ajustar el salario mínimo, vital y móvil.

Para peor, el creciente desequilibrio de las finanzas públicas y su desbordado financiamiento con emisión de pesos, no sólo alimenta la inflación que erosiona con singular rapidez la capacidad de compra de los nuevos salarios, sino que además amplía la brecha entre la variación de las remuneraciones en el sector privado, en torno a 28%, y las del sector público, que en el caso de la administración central saltó a 46% en mayo último 39% en el promedio de los primeros cinco meses.

También se suma a la lista de las malas noticias que una vez más el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se concentró en el último punto y volvió a postergar la discusión de políticas que contribuyan a incrementar la oferta de trabajo, la innovación y la productividad, y de ese modo contribuir al crecimiento sustentable de la generación de riqueza y a una mejor distribución de la riqueza.

Mejor que lo previsto, no significa estar mejor

La tasa de inflación continúa dando muestras de desaceleración, tanto respecto de los últimos meses como más aún en comparación con el desborde que tuvo lugar en la primera mitad de 2014. Eso puede llamar a engaño de creer que se está mejor.

Pero la realidad social que acaba de difundir el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina reveló que el cuadro de pobreza e indigencia a fines de 2014 resultó sustancialmente peor que el estimado para el año anterior, y nada indica que en el primer semestre de 2015 se verificó un punto de inflexión.

Una de las causas de ese deterioro no es otra que la persistencia de una elevada tasa de aumento de los precios al consumo, provocada por el creciente déficit fiscal que se financia con emisión de dinero por parte del Banco Central.

Aún así hay quienes creen ver entre los empresarios de compañías líderes que “el pesimismo mostrado en la medición de fines de 2014 no se vio convalidado en la realidad de este período”, según una de las conclusiones que surgieron de la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos que realiza D´Alessio IROL para IDEA.

Sin embargo, a la hora de hacer una evaluación de la situación económica del primer semestre sólo 17% de los ejecutivos, esto es uno de cada seis, dijo que su empresa estaba mejor o moderadamente mejor, en contraste con 53%, poco más de uno cada dos, que estaba moderadamente peor o mucho peor. De ahí surgió un saldo de respuesta negativo de 36% de los 182 consultados.

Y si bien las previsiones para la segunda mitad del corriente año se interpretaron como mejores, el sondeo de marras también dejó un resultado neto de nuevo deterioro de 12% de los casos, habida cuenta de que frente a 29% de respuestas positivas se contrapuso 41% que indicaron que presupuestan nuevo retroceso, se agrega al arrastre desfavorable de los últimos años.

Frente a ese cuadro, que ha llevado a un sostenido debilitamiento de la inversión productiva, por inquietante aumento de la capacidad ociosa en las fábricas, pero también en el mercado laboral y en el sistema financiero en su conjunto, no parece descabellado pensar que “ya finalizando el actual mandato, los empresarios prevén que no habrá mayores sobresaltos”, concluye el trabajo de D´Alessio IROL para IDEA.

Esa reflexión no implica que “lo peor ya pasó”. Por el contrario, el sondeo de expectativas determinó que “se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible, como consecuencia de la retracción de las ventas y sólo una de cada cuatro empresas opera por sobre el 85% de su potencial, cuando antes del cepo cambiario esa proporción se daba en la mitad de las compañías consultadas”.

Demasiado sesgo economicista

Un punto que parece inquietante es que según el citado relevamiento de D´Alessio IROL para IDEA es que muchos empresarios “requieren de los candidatos presidenciales definiciones sobre cuatro puntos: educación, justicia, seguridad y política impositiva”, y agregan que “la competitividad cambiaria está más determinada por el tipo de cambio que por factores estructurales”.

Sin negar la relevancia de esos cuatro puntos, parece necesario resaltar la importancia de recuperar las instituciones básicas de respeto a la división de poderes; velar por preservar el valor de la moneda con un Banco Central que cumpla con su rol de regulador en lugar de actuar como un prestramista de útima instancia del Gobierno nacional; la solvencia fiscal; honrar los fallos judiciales, tanto nacionales como internacionales; fomentar la innovación y desarrollo como prerrequisito para impulsar el emprendedorismo y con ello la generación de empleos de calidad, con apertura de la economía. Sólo así se podrá llegar a una genuina política inclusiva, que potencie el mercado interno, la inversión y el comercio exterior.

Un nuevo informe del Foro Económico Mundial (WEF, en sus sigas en inglés) observa que “en general el país sigue enfrentando condiciones macroeconómicas adversas”, que lo ubican en el puesto 102 sobre 144 naciones evaluadas, y que afectan su acceso al crédito (134); padece de débiles instituciones (137), y se ubica negativamente en el ránking de corrupción (139). También calificó al gobierno de ineficiente, con un puntaje que lo encasilló en el lugar 142, casi al final de la tabla. Con ese escenario, no sorprende que también catalogue a la Argentina como altamente ineficiente en los mercados de bienes (141), laboral (143), y en el financiero (129).

Estos indicadores que revelan los obstáculos para el desarrollo del país y la consecuente reducción del strong>elevado núcleo duro de pobreza y de economía informal, no parece que sólo se puedan corregir con una revisión de la política tributaria y cambiaria, como surge del informe de expectativas de los ejecutivos que hizo D´Alessio IROL para IDEA.

Y tampoco pareciera que se pueda lograr con acciones gradualistas, en particular en lo que respecta al objetivo de volver a la tasa de inflación de un dígito anual abajo, como proponen muchos economistas que temen hablar de políticas de disciplina fiscal de shock para reimpulsar la actividad productiva con el énfasis puesto en la inversión productiva y en infraestructura, junto con las exportaciones, que incentiven el empleo privado para absorber no sólo a los desocupados sino también a los activos ociosos en el sector público.

La clase media, un sector en extinción

La catarata de bytes y derroche de tinta que generó el anuncio de la Presidente en la FAO de que la Argentina había reducido los índices de pobreza y de hambre a menos de 5% de la población permitieron abrir los ojos sobre la realidad que afecta al país, porque llevó a cotejar con otras naciones, en particular con las más desarrolladas, las cuales aparecen como cada vez más lejanas, los indicadores que hacen referencia a la calidad de vida del conjunto de los habitantes.

No hay duda de que en comparación con el escenario recesivo que disparó la crisis institucional de 2001 y que derivó en una singular depresión el año siguiente con una salida traumática de la convertibilidad fija entre el peso y el dólar, porque careció de plan integral y sustentable y se basó en el default con acreedores internacionales que aún no se quiere cerrar plenamente pese a un fallo judicial adverso, cualquier indicador económico o social es hoy mejor que entonces.

Pero la mala noticia es que hace cuatro años que la economía, bien medida, dejó de crecer, porque el exagerado incentivo al consumo interno, sin un correlato con incentivos similares a los otros componentes de la demanda agregada como las exportaciones y la inversión bruta interna, derivó no sólo en la destrucción de empleos, sino también cerró oportunidades laborales a centenares de miles de jóvenes. Esos indicadores de por sí impiden mejorar indicadores claves como los de estado de pobreza e indigencia.

Más cantidad, por menos calidad
De ahí que pese a los esfuerzos que hizo el Gobierno inicialmente con los subsidios sociales y la movilidad jubilatoria, incorporando a miles de personas que nunca aportaron como amas de casa, y otras con pocos años laborales declarados, sólo pudo reducir en los últimos años el estado de indigencia, pero a costa de incrementar sensiblemente el segmento que revista como pobre y de ingresos medios bajo, según demostró un nuevo trabajo del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales.

Es que uno de los determinantes del escenario recesivo de los últimos años, coincidente con la imposición del cepo cambiario a fines de 2011, tras agotarse los efectos de la intervención del Indec desde 2007 para subestimar la inflación y los índices sociales vinculados como la pobreza e indigencia, fueron la aceleración del alza de los precios que provocó el financiamiento del abultado déficit fiscal con emisión del Banco Central y ahora se agregó la colocación de deuda entre bancos, empresas y algunos particulares, y también el cierre de la economía.

Esas restricciones, junto a las crecientes necesidades de importación de energía, por el agotamiento de las reservas comprobadas, impidieron al Gobierno mantener el poder de compra de los subsidios sociales, como las Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo, Plan Familias, y otros, porque sus preferencias presupuestarias se concentraron en otras áreas, como promover el empleo en la administración pública para una minúscula proporción de la población, para atenuar el impacto de la destrucción de empleos privados.

El resultado final que se desprende de la estadística del Indec de Distribución del Ingreso de los Hogares y su relación con el salario mínimo vital y móvil, es que en los últimos siete años el sector que reunió recursos monetarios medio y medio alto apenas representó el 11% del total; el de ingreso medio bajo se elevó de 29 a 33%, y también se incrementó la proporción de pobres de 30 a 32% del total. Por el contrario declinaron las posiciones extremas: dos puntos porcentuales la de altos ingresos a 1% del total y 4 puntos porcentuales la franja de indigencia que pasó de 27 a 23% de los hogares.

La continuidad por espacio de más de 13 años de los planes asistenciales, con menos presupuesto relativo, pero mayor cantidad de beneficiarios, por espacio de más de 13 años, no hace más que certificar que la buscada inclusión social constituye un objetivo inalcanzable con políticas que se apoyan en la intervención del organismo oficial de estadísticas; cierre de la economía; persistencia del default selectivo, y desequilibrio fiscal que erosiona las reservas del Banco Central y alimenta el impuesto inflacionario, porque perpetúan la estanflación, y con ello alimentan la pobreza, sostienen elevada la indigencia y destruye lo que una vez fue la clásica clase media de la población, que comprendía a una nutrida porción de la población.

La pobreza del Indec

Una mancha más apareció en el organismo oficial de estadística de la Nación, luego de que el director del Indec, Norberto Itzcovich, revelara la incapacidad de la entidad para calcular las tasas de pobreza e indigencia, pese a que más de 170 países lo hacen y entregan sus datos a Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Cepal, la Organización Internacional del Trabajo y otros.

Hace más de un año que el Instituto de Estadísticas y Censos dejó de elaborar los índices de pobreza del país. Para justificar la insólita situación, su director, Norberto Itzcovich, publicó una columna de opinión titulada “La verdad sobre las mediciones de la pobreza” en defensa de la decisión, argumentando que “si la experimentamos con todas las combinaciones posibles en lugar de probar la sensibilidad de una de estas opciones a la vez (se refiere a diferentes opciones estadísticas), terminaríamos con una lista de 6.000 posibilidades por índice de pobreza. Para propósitos prácticos, es evidentemente imposible producir 6.000 estadísticas de pobreza cada vez que uno trata de responder a la pregunta de cuánta pobreza hay… Por lo tanto, la implicación principal para el análisis no es que hay 6.000 respuestas. Por el contrario, creemos que la conclusión es que a fin de hacer la estimación de la pobreza significativa, es necesario proporcionar una cuenta completa y explícita de las opciones metodológicas y sus supuestos”.

Claramente, se trató de una defensa de la respuesta que ante la pregunta sobre ¿cuántos pobres hay en la Argentina? dio el ministro de Economía, Axel Kicillof. “es estigmatizante”.

Sin embargo, la justiticación de Iztcovich parece extremadamente débil, porque no sólo en el resto del mundo las direcciones de estadística han encontrado la forma de concentrarse en la mejor combinación de estadísticas consensuadamente acordadas en seminarios y foros académicos internacionales, para que los datos que se obtengan sean comparables entre países, sino porque en su larga carrera en el organismo avaló durante muchos años los indicadores oficiales de pobreza.

Ciertamente, siempre hay espacio para avanzar en el diseño de estadísticas complementarias y superadoras que posibiliten obtener no sólo la mejor fotografía, sino también poder ver la película de la situación socioeconómica de cada geografía nacional, para poder diseñar las mejores políticas orientadas a exterminar con el flagelo de la pobreza, cuyo principal impulsor es la inflación.

Pero manifestar el director del Indec que el organismo carece del instrumental básico para poder medir trimestralmente los índices de pobreza e indigencia como lo hacía hasta 2013, significa denunciar que en menos de un año y medio el ente sufrió una brusca devaluación de sus capacidades profesionales y tecnológicas, que reafirma las dudas de los economistas profesionales y también de gran parte de la población, sobre la solidez del cálculo de otros indicadores singularmente complejos como son los del Estimador Mensual de Actividad Económica y trimestral del PBI, además de las series de precios, o de distribución del ingreso, y ni que hablar de la estimación de la variación de los salarios, incluso en el segmento en negro de la economía, el cual por definición opera oculto a los organismos de control y fiscalización, o no?.

Sostener que en el Indec el director no cuenta con los instrumentos y capacidades para determinar la mejor forma de cálculo de la pobreza, o de al menos copiar los procedimientos mundialmente aceptados para hacerlo, es como asegurar que en un restaurante formalmente habilitado no se pueda pedir un huevo frito porque el chef no sabe cómo romper un huevo sin que se le mezcle la yema con la clara en la sartén.

Más simple es pensar que el director del Indec se vio sorprendido por los resultados obtenidos a partir de los precios promedio de la economía, pese a estar atenuados por el sistema de “precios cuidados”, y debió aplicar el principio de revelación, el cual indica que si un dato es peor al que se esperaba se lo oculta, porque de otro modo se lo utilizaría para descalificar mediciones alternativas hechas por el sector privado o partes interesadas de la oposición al Gobierno.

Confesiones ocultas en el Presupuesto 2015

Ya comenté como entre la abundancia de irrealidades que forman parte de la base del presupuesto nacional de gastos y recursos para el año próximo resaltan algunas grandes verdades, como que se prevé usar el 40% de las reservas en divisas del Banco Central para pagar deuda, al costo de alimentar las tensiones cambiarias y con ello de la inflación.

Pero también surge que, pese a pronosticar recuperación de la actividad económica, tanto del lado de la producción como del consumo, proyecta más pobreza e indigencia, y crecimiento del desempleo. Aunque para encontrar esas evidencias hay que tomarse el trabajo de leer al detalle la mayor parte de las 392 páginas del Mensaje del Presupuesto que el Poder Ejecutivo Nacional presentó en Diputados el último lunes, y no sólo detenerse en las pautas macroeconómicas. Continuar leyendo

Bajar la inflación mensual a la mitad no alcanza

El ministro de Economía parece satisfecho porque la tasa de inflación mensual desaceleró a la mitad de los picos que se registraron en el trimestre diciembre 2013 a febrero 2014, como siempre más alta en las mediciones privadas que en las del crecientemente devaluado Indec.

Sin embargo, los cálculos para agosto por parte de las consultoras privadas y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arrojaron alzas de entre 2,3% y 2,9%. Superan cómodamente el 2,1% que habían estimado para igual mes del año anterior. En el caso del índice oficial, nadie proyecta que descienda al rango de 0,8% de doce meses antes.

Pero peor aún, la brecha que se abrió en la tasa anualizada, de 25 a más de 40% en el caso de los privados y de 10,5 a 22% en el de la serie que el Indec se resiste a empalmar entre el IPC y el IPCNu, indican con claridad que achicar la inflación mensual a la mitad respecto de los máximos de comienzos del año no alcanzan para generar no sólo un cambio en las expectativas, sino más aún para evitar el persistente deterioro del poder de compra de los salarios y jubilaciones, como en la competitividad de las empresas.

En la óptica del ministro y de su equipo la inflación es producto de actos inescrupulosos de los actores del sector privado que hábilmente logran sortear los crecientes obstáculos, regulaciones, restricciones y cepos que su cartera fue imponiendo, en particular desde fines de octubre de 2011.

Ninguna chance le asigna al efecto que sobre el alza de los precios del promedio de la economía provocan la concurrencia de desmedidas políticas fiscales y monetarias expansivas, pese a que los mercados ya hace tiempo que dan señales de saturación de esas prácticas fallidas y que se contraponen a las que se aplican en el mundo, con muy pocas excepciones.

Algunos economistas se atreven a describir el escenario actual como el retorno a la ortodoxia más rancia por parte de Kicillof y su equipo, ya que ha desacelerado la inflación luego de los picos pre y post devaluación de enero, por la vía de provocar una fuerte recesión en los mercados de bienes durables y de inversión, como el automotor, motos, inmobiliario, y en menor medida en el de los no durables y semidurables, como alimentos, bebidas, textiles y cueros, entre otros (claramente en el sector privado, porque el gasto de Gobierno, hasta ahora posibilitó atenuar la caída del PBI). Y por esa vía, contraer las importaciones, para atenuar la pérdida de visas por parte del Banco Central.

Sin embargo, todos esos efectos negativos no sólo han sido insuficientes para encaminar la suba de los precios a niveles manejables y evitar la acumulación de distorsiones entre los niveles de las tarifas, el tipo de cambio, los salarios y las tasas de interés, sino que peor aún han contribuido a profundizar los desequilibrios y elevar la tasa de inflación de 25 a 40% en los últimos doce meses y, al ritmo actual ya hay modelos econométricos conservadores que anticipan un salto a 50% o más el año próximo, si no se introducen cambios de política hacia la ortodoxia plena, sin cosmética ni contabilidad creativa. Y, ni qué decir si se cae en otra devaluación de dos dígitos antes del fin de mandato presidencial.

Tormenta perfecta
Hasta ahora el gobierno pudo escapar al ajuste del gasto público, porque pudo financiar el déficit fiscal creciente con el cobro de retenciones de hasta 37,5% sobre las exportaciones del complejo sojero, de modo primario, y con el uso de parte de las reservas en divisas que el sector aportaba al Banco Central, para pagar vencimientos de deuda pública.

Pero ahora con el derrumbe de los precios internacionales de una proyección a más de 600 dólares la tonelada que tenía en su hoja de balance en 2011 a menos de 400 en los futuros a noviembre, y para peor, las inundaciones y la pérdida de competitividad de los campos alejados a más de 500 kilómetros de los puertos de salida al mundo, alteraron el panorama.

De hecho, el anticipo de liquidaciones de divisas en el primer trimestre del año determinó una brusca contracción en este tercer trimestre que termina y provocó el doble efecto de caída del cobro de retenciones y de acumulación de reservas por parte de la autoridad monetaria, fenómenos que se tradujeron en agosto en la intensificación de la emisión de dinero para financiar el rojo fiscal, y consecuentemente en una nueva aceleración de la inflación.

Y ya está ampliamente demostrado que la inflación, sobre todo cuando se acelera a tasas de dos dígitos altos, provoca caída del poder de compra de los salarios y de las jubilaciones, y con ello un aumento de los índices de pobreza e indigencia al rango de dos dígitos porcentuales de la población, como estimó el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, independientemente que lo nieguen sin justificación seria el jede de Gabinete, Jorge Capitanich y el ministro de Economía, Axel Kicillof. Eso no se puede discutir.