Reiteradamente el Gobierno nacional se ha negado a revaluar las funciones del organismo oficial de estadística, y en particular el resultado de sus informes mensuales y trimestrales de precios, actividad, pobreza e indigencia, distribución del ingreso, entre otros.

Sin embargo, ahora que se agotan las reservas del Banco Central, porque han caído a niveles críticos, menos de tres meses de importaciones representan las de libre disponibilidad, se accede a lanzar un nuevo IPC Urbano y Nacional, a partir de febrero desde 2014, y el recálculo del PBI a precios de 2003 desde marzo de 2014, para poder quedar más cerca del acceso a créditos contingentes del Fondo Monetario Internacional.

Pero mientras tanto no se sabe qué pasó en la pomposamente llamada “década ganada” para que no sólo aparezcan abultadas demandas de subas salariales por parte de las fuerzas policiales de las provincias, las cuales están siendo rápidamente reconocidas, sino que también amenazan con derivar en reclamos de igual tenor por parte de docentes, personal de la salud, y otros servicios públicos, incluida la administración pública, justo cuando las finanzas se debilitan por el efecto de la inflación desantendida.

Se argumenta que la situación de pleno empleo en varias provincias del norte del país y reducción de la desocupación a valores desusadamente bajos en los últimos 30 años no justifican reclamos salariales, porque a la luz de las estadísticas oficiales que no reflejan la realidad sino lo que el Gobierno quiere que revelen, en particular en el orden social, no hay hoy incapacidades extremas de poder de compra de las familias.

Más aún considerando que desde la salida de la convertibilidad la presión tributaria global, que es el porcentaje que representa la recaudación propia de la Nación, provincias y municipios del total de la generación de riqueza del país (PBI), se elevó en más de 15 puntos porcentuales, a casi 50% del producto, gracias a los aportes de las retenciones sobre las exportaciones, el impuesto al cheque, y el impuesto inflacionario sobre las empresas y también sobre el gasto de las familias.

Está claro que gran parte de esos recursos adicionales que hasta 2011 habían posibilitado acumular reservas se destinaron al pago de la deuda externa del sector público, principalmente con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos de crédito multilateral. Pero ahora no aparece claro qué porción se destinó a saldar la elevada deuda social.
Los jubilados nacionales no logran acceder al 82% móvil dispuesto por ley, pese a que la Anses se muestra con fondos excedentes para financiar el ahora abultado desequilibrio de las cuentas públicas.

Los índices de pobreza e indigencia que estiman los estudios universitarios, como el Observatorio Social de la UCA, superan en varias veces las cifras que difunde el Indec y se ubican en valores de dos dígitos altos.

La porción de los jóvenes de más de 18 años que revisten en la nómina de ni-ni-ni -no estudian, no trabajan y no buscan trabajo- ya supera el millón, y no se trata de personas adineradas que se pueden dar el lujo de vivir del ocio o de rentas heredadas, sino en gran parte corresponden a poblaciones en asentamientos precarios que se sospecha obtienen recursos mal habidos, como la delincuencia juvenil y saqueos.

La supuesta situación de pleno empleo no hace más que ocultar inquietantes bolsones de desocupados desalentados por no lograr el objetivo de ocuparse en tareas dignas y, muchos de ellos, por el temor a perder generosos planes asistenciales sin contraprestación laboral, aunque también sufren las consecuencias de la erosión que provoca la inflación.

Lamentablemente, por efecto de la sublevación policial en la mayoría de las provincias, hoy nos enteramos que esas fuerzas de seguridad, pese a su alta exposición al riesgo, apenas percibían, con adicionales, horas extras, jornadas de 48 horas, etcétera, poco más que el salario promedio de toda la economía. Lo mismo vale para el sistema de salud y la educación.

Demanda de transparencia hoy
Es tiempo de blanquear las estadísticas ya y hacer los análisis correspondientes sobre cómo se llegó a este estado de estancamiento de la actividad económica, alta inflación, reconocimiento de un dólar turista que supera en 35% al oficial, y en más de 74% al que regía un año atrás, debilitamiento acelerado del crecimiento de la recaudación tributaria, dos años de estancamiento del empleo en la actividad privada y, consecuentemente, creciente mal humor social.

Buscar financiamiento externo, aunque sea para obras de infraestructura; sostener el control de precios e intentar limitar también el margen de ganancias de las empresas y acelerar el ritmo devaluación para tentar a exportadores a que liquiden sus operaciones y desalentar a los importadores, es sólo insistir con atenuar las consecuencias de los crecientes y abultados desequilibrios macroeconómicos, provocados por caprichos transgresores. Seguir demorando las decisiones para enfrentar las causas que le dieron origen sólo conduce a generar más trastornos sociales y pérdida inquietante de vitalidad de la actividad económica. La producción de autos se desmorronó 20% en noviembre.

Para peor, el viento de cola del mundo parece haber comenzado a cambiar: los precios internacionales de las materias primas que exporta la Argentina cayeron en promedio 13%, según el índice del Banco Central de la República Argentina, y nada asegura que el ajuste declinante haya cesado. Parte de ese fenómeno explica la caída de los ingresos de la AFIP por retenciones sobre las exportaciones, justo cuando se elevan día a día las necesidades de divisas para pagar importaciones de combustibles que requieren las centrales térmicas.

Seguir buscando conspiradores y desestabilizadores, en lugar de reconocer desaciertos en la gestión y corregirlos, en particular los incurridos en los últimos dos años, sólo conducirá a agravar el descontento social el cual se manifestó en las últimas elecciones legislativas, aunque ese mensaje hasta ahora se desestimó.