Archivo de Tag: Inflación

En las puertas de otro default por disfrazar la realidad

Una semana atrás el ministro de Economía, junto a los técnicos del Indec, se presentó a la prensa para dar a conocer una apretada síntesis de la nueva forma de cálculo del PBI, que determinó que en lugar de crecer 4,9% en 2013 se había expandido 3%. Los mercados entendieron que se trató de una salida desesperada para ahorrarle al país más de 3.000 millones de dólares que debía destinar al pago de cupones que recibieron gran parte de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, por un nivel de crecimiento inexistente, en un escenario donde las reservas del Banco Central ya perforaron el piso de 27.000 millones de dólares.

Sin embargo, de la lectura de la letra chica de los prospectos de canje de la deuda que fue declarada en cesación de pagos en los últimos días de 2001, surge con aparente claridad que el cambio de base de cálculo del PBI con una nueva estructura de precios, fenómeno que se prevé se repetirá una o dos veces antes de 2034, determinará una revisión de los parámetros disparadores del pago de una renta condicional a los tenedores de los nuevos bonos.

Así, para el caso actual, el principal mentor de los términos del canje, Guillermo Nielsen, estimó que con la nueva metodología de cálculo del PBI de 2013 el disparador de pago del cupón se reduce de 3,22% que se había establecido en base a los precios de 1993, a 1,75% a precios de 2004, mientras que bancos de inversión de Wall Street achican aún más esa referencia a 1,29 por ciento.

El Gobierno aún no ha dicho nada sobre este punto. Sólo hablaron los mercados, a través de singulares órdenes de venta de cupones, en la convicción de que hasta 2017 no verán un peso, por el receso actual y estancamiento proyectado con alta inflación, al menos hasta el año próximo.

A este grado de confusión se llegó por el estado de hipocresía en el manejo de las estadísticas públicas y en la falta de nobleza para reconocer los errores y enmendarlos sin apelar a mecanismos que pueden derivar en mayores costos a los que se pretende evitar.

Claramente, en 2014 no se puede seguir calculando la capacidad de generación de riqueza del conjunto de la población y empresas a los precios de 1993, porque no sólo se pasó de un escenario de incipiente estabilidad de precios y expectativas de crecimiento, tras haber pasado por dos episodios de hiperinflación, a otro de alta inflación con tendencia recesiva, sino porque también en los últimos 20 años cambiaron los hábitos de consumo, a la luz de las nuevas tecnologías.

Pero previamente hubiera sido más recomendable revaluar las estadísticas base del Indec, tanto de precios y de cantidades, sin cambios metodológicos, tras las denunciadas irregularidades que se cometieron desde 2007, las cuales hubieran arrojado un crecimiento de la economía inferior a tres por ciento, como estimó el consenso de las consultoras privadas con la metodología tradicional a precios de 1993.

La diferencia no es menor, porque haber llegado un número similar, pero por diferentes caminos, puede llevar a caer en un nuevo default, con el consecuente impacto negativo sobre la economía en términos de pérdida de oportunidades de empleo y mejora de la calidad de vida, si Economía decide aferrarse al umbral de 3,22% y comunicar formalmente el no pago del cupon del PBI, ahora o el 19 de septiembre próximo.

Se generaliza la caída de las variables reales
Mientras tanto, hoy se observa que desde que el Gobierno decidió comenzar a sincerar las estadísticas oficiales, aunque lo hace a ritmo lento y desprolijo, todos los indicadores básicos vinculados con la actividad se alinearon en la senda negativa.

El primero fue el reconocimiento del aumento de la inflación, el cual arrastró en sentido inverso a la estimación de crecimiento del PBI, más allá del comentado impacto sobre el no pago del cupón PBI y el ahorro posible de más de 3.000 millones de dólares.

Luego vino el efecto negativo sobre la mejora del poder de compra de los salarios de la aceptación de la escalada de los precios, aunque aún no se acepta el fracaso de los sistemas de controles, porque desde junio de 2013 el promedio de suba nominal de los salarios que calcula el Indec se ubica por debajo del alza real de los precios al consumidor, y se agravó en el primer trimestre del nuevo año.

Pese a ese desagio que sufren los presupuestos de las familias, el Gobierno, que dice que no quiere ser hipócrita, según manifestó la Presidente en uno de sus cuatro mensajes en cadena nacional en una semana, se opone al ajuste de los mínimos no imponibles de Ganancias, para asalariados y más aún para los trabajadores independientes, y menos aún de permitir el ajuste por inflación de las utilidades de las empresas, pese al impacto contractivo que esa decisión ejerce sobre el consumo y la inversión productiva.

Mientras que frente las incapacidades para generar confianza a través de la generación de un clima de negocios saludable, el Gobierno no encontró otra salida para reducir las tensiones cambiarias que endurecer severamente la política monetaria y dejar que las tasas de interés escalaran a niveles de asfixia financiera a las PyME y golpeara a un más las decisiones de consumo a crédito por parte de las familias.

De ahí que la recaudación de impuestos si bien volvió a superar en marzo la pauta presupuestaria de 25,5% de crecimiento interanual, no pudo equiparar a la tasa de aumento de los precios.

De ese modo se alejan las posibilidades de reducción del déficit fiscal, que no sólo es el principal factor de presión inflacionaria, por su financiamiento con emisión espuria del Banco Central, sino también de aumento de la deuda pública: 14.000 millones de dólares en el último año, pese a que el Gobierno usó unos u$s7.000 millones de reservas para pagar vencimiento y que por la devaluación de la moneda licuó otros 14.000 millones de dólares de deuda nominada en pesos.

El Gobierno en un brete

En el comienzo del undécimo año de Gobierno de un mismo signo político y continuidad estratégica, aunque con algunas modificaciones no menores entre la primera mitad y la segunda, se advierte que un largo período de crecimiento, inédito en 200 años, según afirma la Presidente, no ha sido suficiente para no depender del día a día.

Las familias no saben si podrán llegar a fin de mes con sus presupuestos, porque la aceleración brusca del ritmo inflacionario, a una tasa anualizada cercana a 50% en el primer bimestre, licuó las mejoras salariales y de jubilaciones anunciadas, pero aún no plenamente efectivizadas. Y para peor las posibilidades de que los miembros activos del hogar puedan hacer horas extras no sólo se han esfumado, sino que en varios casos, principalmente en la industria automotriz padecen los efectos del recorte de la semana laboral por suspensiones transitorias.

Y los datos del Indec sobre el desempeño de la actividad industrial en enero y febrero revelaron un proceso recesivo que se habría sostenido en marzo, según las expectativas empresarias que recogió el organismo oficial de estadística, con su consecuente impacto negativo sobre la generación de empleos.

Afortunadamente, el Gobierno, decidió abandonar su afán de mostrar un crecimiento irreal exagerado de 4,9% en todo 2013, dos puntos más que el estimado por el consenso de las consultoras privadas, y desistió avalar el trascendido de que honrará el 15 de diciembre el pago del cupón PBI que tienen incorporado los bonos de los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Se trataba de unos 2.500 a 3.500 millones de dólares, equivalente a 28.000 millones de pesos al cambio oficial. Ahora con semejante ahorro podría destinar una pequeña parte de esos fondos a auxiliar a las provincias, principalmente de Buenos Aires, para que puedan acercar posiciones en las negociaciones para destrabar el conflicto docente, en beneficio de los chicos.

Aunque acá el Gobierno se metió en el brete: porque al sincerar el crecimiento menor a 3,22% no pagará el cupón, y por tanto no dilapidará recursos escasos por haber sobre estimado por mucho tiempo el crecimiento, por efecto de haber subestimado la inflación en 2013 , generará un singular malestar en los mercados financieros, porque se devalúa aún más la seguridad jurídica. Mientras que si no lo hacía, alimentaba tensiones cambiarias, porque agravaría la posición de reservas en divisas, ya que aún con toda la ingeniería financiera y cambiaria del Banco Central no logran subir en el período de estacionalidad favorable del comercio exterior.

En el orden social, se percibe que la denominada década ganada fue insuficiente para sacar del estado de pobreza a más de 40% de los jefes de hogar y 50% de las familias que según el Indec terminaron el último año con ingresos inferiores a uno y tres salarios mínimo vital y móvil, respectivamente. El escenario se agravará con el sorpresivo recorte de los subsidios al gas y agua para todos los consumidores, cuando lo recomendable era avanzar más agresivamente sobre los sectores menores vulnerables.

Sólo control monetario y cambiario
Después de la devaluación del peso, para borrar las expectativas de futuros mega ajustes, y detener la escalada del dólar en el mercado libre, el Banco Central se abocó a retirar en forma acelerada los pesos excedentes en la economía y dejar que escalaran las tasas de interés a niveles más cercanos a la inflación, y más altas aún para el financiamiento del consumo privado por la vía del uso de tarjeta de crédito.

Pero el costo de esa estrategia fue el citado enfriamiento de la actividad productiva y comercial, con su consecuente impacto negativo sobre la recaudación de impuestos, sólo sostenida por el efecto de la inflación, no mucho más.

Y pese a que los precios internacionales se mantuvieron en niveles superiores al promedio histórico, el receso interno no se tradujo en un repunte de los excedentes exportables, por el contrario declinaron en el primer bimestre y el superávit comercial se redujo a la mínima expresión en comparación con un año antes.

Mientras que el frente fiscal siguió desbordado con una dinámica del aumento del gasto que amplió la brecha respecto del curso que siguieron los ingresos tributarios, y acentuó el rojo fiscal, que fue el principal disparador de las tensiones inflacionarias y cambiarias desde que se impuso el cepo cambiario a fines de 2011. Y ahora con la rebaja de los subsidios no hay certeza de que cambie la tendencia, porque el ahorro que se logre se destinará a intensificar las asistencias a las familias de bajos ingresos y a jóvenes que no estudian, no trabajan y ni buscan trabajan, para alentarlos a que se capaciten.

Dada la estacionalidad favorable de la balanza comercial en el segundo trimestre, junto a la estrategia del Banco Central de forzar a los bancos a que se desprendieran de su posición en moneda extranjera excedente, el Gobierno cuenta con tres meses más para intentar reducir el déficit fiscal, fomentar el comercio exterior, sin restricciones al pago de importaciones, y bajar las presiones inflacionarias, no ya a través de fracasados y repetidos controles de precios, sino de una austera política de gasto que despeje temores de aumento de la presión tributaria.

Esto aparece así, porque al haber utilizado el Banco Central toda una batería de astringencia monetaria y de anticipo de liquidación de divisas por parte de los exportadores de los complejos de cereales y oleaginoso, desde julio comenzarán a reaparecer las tensiones cambiarias y financieras, cuya magnitud dependerá de lo que ahora hagan las secretarías de Hacienda y Comercio, con el respaldo de los ministerios de Planificación y de Industria.

Deuda pública y salario mínimo, una relación desafortunada de la Presidente

En su mensaje a los legisladores y al pueblo argentino en la apertura de la sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1 de marzo, la presidente Cristina Kirchner hizo referencia a la relación entre el total de la deuda pública externa y la cantidad de salarios mínimos vital y móvil por habitante “para que podamos tener una idea de cómo estamos posicionados”.

La relación no parece muy afortunada, por diferentes motivos:

En primer lugar, porque el acceso al salario mínimo vital y móvil no es para toda la población, sino, en el mejor de los casos, para el total de los trabajadores, los cuales según los últimos números del Indec ascienden a unos 17,85 millones de personas.

En segundo lugar, porque los números que desde el Ministerio de Economía o de Trabajo le acercaron a la Presidente están muy alejados de la realidad, porque, en el mejor de los casos se limitaría a los trabajadores registrados, sean asalariados o independientes, los cuales representan menos del 60% del total de los ocupados.

Cristina Kirchner dijo que en “el año 99, cada argentino debía 10,6 salarios mínimos, vitales y móviles de deuda externa. En 2003, eso había llegado a 25,6 salarios mínimos, vitales y móviles por argentino. A junio de 2013, estábamos en 1,9 salarios mínimos, vitales y móviles; no alcanzábamos a dos salarios mínimos, vitales y móviles luego de la reestructuración de deuda externa más exitosa de la que se tenga memoria”.

Sin embargo, si a los 58.400 millones de dólares de deuda externa pública que se registraba a fines de junio de 2013 se los convierte a pesos al “cambio oficial de equilibrio de convergencia macroeconómica” de ocho pesos y se lo divide por 42,3 millones de habitantes se obtiene una carga por persona de 11.055 pesos, la cual comparada con el salario mínimo vital y móvil actual de 3.600 pesos determina una proporción de 3,1 veces. Mientras que se eleva a 7,3 veces por cada trabajador (en blanco y en negro).

Desendeudamiento relativo y SMVM inalcanzable
No obstante, allí no se cierra la discusión sobre cuánto realmente debe cada argentino, por los compromisos a plazo del sector público en su conjunto, como si ya no contribuyera con el pago de sus impuestos sobre los consumos y ganancias. Es que una característica de la última década fue que el Gobierno siguió una “política de desendeudamiento” con el resto del mundo, a cambio de un abultado endeudamiento con el mercado interno, principalmente con el Banco Central, la Anses, el PAMI y también bancos privados, al punto de acumular el equivalente a 196.100 millones de dólares a fines de junio de 2013 (último dato oficial) y una proyección conservadora a hoy de unos 205.000 millones de dólares.

De ahí que si se repite el ejercicio anterior de convertir el total de la deuda del sector público a pesos al cambio de ocho pesos y se lo divide primero por habitante y luego por el SMVM surge una relación de 10,6 veces y trepa a 25,2 veces por trabajador.

En tercer lugar, y más importante, porque de la última información del Indec sobre distribución del ingreso surge que más de 42% de los jefes de hogar no llega a cobrar por todo concepto (salario y asistencia social) el equivalente a un salario mínimo vital y móvil. El cuadro es aún más inquietante, cuando de la misma fuente se desprende que más de 48% de las familias argentinas no logra reunir ingresos equivalentes a dos SMVM, pese a que su consumo es estimado por el propio organismo oficial de estadística en el equivalente a 3,09 adultos.

Por tanto, más que contentarse la Presidente por la indiscutida actualización del nivel del salario mínimo vital y móvil en la última década, debiera preocuparse porque sus ministros no logran que los actores del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario: dirigentes sindicales, empresarios y el propio Poder Ejecutivo Nacional, hagan cumplir aguas abajo el dictado de la Constitución Nacional: “el SMVM es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral, para asegurarle la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional”.

Paso a paso, el camino se hace largo y tortuoso

Uno a uno el equipo económico va derivando pilares que llegó a considerar indestructibles, como la apreciación desmedida del peso, la flexibilización del cepo cambiario, aunque sólo para pequeños ahorristas, la coordinación de la revisión de las estadísticas del Indec con el FMI, el endurecimiento de la política monetaria, para subir las tasas de interés con el objetivo de frenar la suba del dólar y la sangría de reservas y ahora el pago de una compensación a Repsol por la expropiación del 51% de sus acciones en YPF, después que se reafirmara no sólo que no se le iba a pagar sino que, por el contrario, se le iba a exigir un resarcimiento por supuesto daño ambiental.

En todos los casos, las iniciativas recibieron, con diferentes matices, la aprobación de los agentes económicos, esto de los bancos, industriales, del comercio y servicios y también de la mayoría de los economistas profesionales.

Sin embargo, esos giros, acentuados claramente desde el cambio parcial del gabinete el 20 de noviembre, no fueron suficientes para revertir las expectativas de corto plazo, y en particular sus principales efectos: la actividad productiva y comercial literalmente se derrumbó; la inflación se aceleró peligrosamente pese a la insistencia con fracasados controles de precios y encuentros con los empresarios de 38 cadenas de valor de la producción y los servicios; la balanza comercial registró el menor superávit comercial en 13 años; el desempleo cae más por el efecto de la menor oferta de trabajadores en respuesta a la destrucción de puestos en la actividad privada que a la creación de empleos netos y el rojo fiscal se incrementa por el debilitamiento de la capacidad de recaudar impuestos en una economía que se contrae.

Y si bien, se van dando pasos que apenas unos meses atrás parecían como impensables, aún restan muchos otros cruciales para que la Argentina pueda volver aspirar a competir en el mercado internacional de capitales, sea para obtener financiamiento ante el agotamiento de la capacidad de uso de la máquina de imprimir billetes para asistir al fisco, sea para encarar demorados emprendimientos de infraestructura, sea para darle vida a Vaca Muerta, más allá de un modesto plan piloto de unos 3.000 millones sobre 37.000 millones de dólares que se había planificado en junio de 2012 para el quinquenio hasta 2017.

Son muchos pasos los que quedan por dar, y hacerlo de a uno como anticipó desde el primer día el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, no ayuda a cambiar las expectativas y reencauzar la economía al sendero de crecimiento con menor inflación y creación genuina de puestos de trabajo.

Asignaturas pendientes
En el orden internacional:
• Avanzar en la normalización de las estadísticas de PBI y sociales (no sólo de pobreza e indigencia, sino también de empleo donde aparecen muchos distritos con plena ocupación pese a que la oferta de trabajadores es inferior a un tercio de la población);

• Cierre del capítulo del default, tanto con los holdouts como con el Club de París. Para este último habrá que aceptar, como país miembro, que el Fondo Monetario Internacional audite las cuentas públicas y haga las recomendaciones de política, aunque eso no signifique que haya que tomarlas.

Mientras que en el orden doméstico, pero con claras implicancias para cambiar la percepción que tiene el resto del mundo sobre la economía Argentina quedan:
• Comenzar a desarmar la maraña de subsidios económicos, en particular los que benefician a los sectores de medianos a altos ingresos, y reforzar los programas asistenciales, aunque deberían tener como norte la superación de los factores que les dieron origen más que perpetuarlos como una causa perdida;

• Avanzar en forma decidida hacia el levantamiento del cepo cambiario;

• Abandonar los fracasados intentos de controlar la inflación con acuerdos de precios y reuniones multitudinarias con las cadena de valor;

• Destrabar al pago y autorización de importaciones, en particular de insumos y partes esenciales para la producción y la exportación;

• Liberar el giro de dividendos a los accionistas del resto del mundo, para que aliente el ingreso de capitales a través de inversiones extranjeras directas;

• Actualizar de manera automática por la variación de los precios reales de la economía los mínimos no imponible del Impuesto a las Ganancias, para dejar de cobrar el impuesto inflacionario a los trabajadores;

• Permitir a las empresas la actualización de sus balances por inflación, para dejar de gravar utilidades sólo nominales que desalientan la inversión productiva;

• Rediscutir el régimen de coparticipación de impuestos con las provincias, para que disminuya la discrecionalidad y crezca la racionalidad en el reparto de los recursos.

Pese a esa agenda tan amplia, gran parte de la dirigencia empresaria y muchos economistas se aventuraron a predecir un futuro inmediato mejor tras el acuerdo del Gobierno con Repsol, pese a que aún resta superar un escollo no menor, como es el Congreso que no sólo deberá refrendarlo sino también firmar el abandono de la política de desendeudamiento y autorizar la emisión de deuda: ahora para Repsol, más adelante para acordar con los holdouts y seguramente también con el Club de París.

En un par de días la presidente, Cristina Kirchner, hablará en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Ahí se verá si hay decisión tomada de acelerar el paso, o si será tiempo una vez más de hacer revisionismo de la última década y continuar con el gradualismo, pese a que esa estrategia hasta ahora ha mostrado más costos para la sociedad que beneficios.

Política de ingresos: algo más que precios y salarios

Claramente, en las economías donde predomina la racionalidad sobre la ideología, la política de ingresos se vincula más con el objetivo de mejorar las prestaciones a los trabajadores y elevar el poder de compra de los recursos que logran los empleados sobre la base de ganancias de productividad en el uso del conjunto de los factores de producción, que en simplemente actualizar los salarios por la inflación, y medir la participación en el PBI.

Pero en economías inestables y aferradas al péndulo de los cambios de gobierno y de las políticas de fondo, aun en los casos en que supuestamente en los papeles acusan continuidad del signo político madre, el factor relevante pasa por las políticas fiscal y monetaria, porque de su curso depende la marcha del promedio de los precios y, consecuentemente de la posterior variación de las remuneraciones del trabajo.

En el manual simple de las actuales autoridades de Gobierno la puja distributiva se concentra en las dos primeras variables: el control de los precios a lo largo de la cadena de valor y en la fijación de topes implícitos (nunca reconocidos) en las demandas de subas salariales por parte de los sindicatos.

Y si bien se ha dado un paso sustancial con la elaboración de un nuevo índice de precios que, al menos en el arranque, reconoce la real variación del promedio de precios al consumidor, esto es de la inflación, se ha cumplido con una condición sin duda necesaria, pero claramente insuficiente para que se puedan retomar las negociaciones paritarias en un clima que no amenace con la espiralización del alza de los precios, ahora por inflación de costos.

Más aún cuando, al parecer, se busca en descansar todo el peso del ajuste en el sector financiero, a través de una deliberada política de retiro de billetes en circulación que lleva a la estampida de las tasas de interés, con su consecuente impacto negativo sobre el consumo y la inversión, y sin generar certeza de contención de la inflación.

El riesgo del déficit cuasifiscal
Justamente, la austeridad monetaria, que era reclamada por el consenso de los economistas de la oposición es una condición necesaria, pero para que sea efectiva debe ser acompañada por la austeridad fiscal; sin embargo, de eso no se habla.

Por el contrario, se sigue negando cada mañana el efecto negativo sobre el conjunto de la economía, pero principalmente de la población, y en especial la de más bajos ingresos, de abusar del financiamiento de una parte sustancial del gasto público, cercana a 10% del total con emisión del Banco Central y asistencia de fondos de la Anses y PAMI.

Es que esos no son recursos genuinos, a pesar de que puedan estar avalados por leyes del Congreso Nacional, porque genera un exceso de dinero en circulación sobre lo que los agentes económicos: familias y empresas, desean y por tanto se manifiesta en alza de los precios (inflación), del dólar y ahora de las tasas de interés.

De ahí que en un escenario de estas características no sólo se requiere volver atrás, a pesar del relato, y así como se devaluó cuando la propia Presidente dijo hace menos de un año que no iba a devaluar, o se subió la tasa de interés a niveles impensables meses atrás, o haber sincerado la inflación, ahora es necesario anunciar un programa de austeridad fiscal, junto al replanteo del Presupuesto Nacional y del Programa Monetario, para que se pueda intentar revertir el ritmo ascendente de los precios.

Sólo así, podrían celebrarse las negociaciones de salarios en paritarias sin que deriven en un peligroso escenario como ocurrió a mediados de los 70, cuando la tasa de inflación voló del 24% en 1974 a 182% el año siguiente y la actividad pasara de crecer 5,4% a caer 0,6 por ciento.

Por ahora se usa y abusa de la política monetaria a cargo de Juan Carlos Fábrega, a través de una acelerada absorción de pesos con la colocación de Letras y Notas en los bancos al costo de subir las tasas de interés que ofrece a 29% anual.

En enero, por efecto de la fuerte devaluación del peso y la consecuente valorización de las reservas en divisas medidas en pesos, el Banco Central logró un superávit cuasifiscal del orden de 9% del PBI del mes, porque el pago de intereses le restó apenas 0,8% del PBI del mes.

Pero en febrero, con la apreciación del peso, el tipo de cambio baja 3,7% y las tasas que paga por dichos instrumentos de regulación monetaria suben a 29% anual, se pasó a un desequilibrio que licuó la ganancia del bimestre a sólo 2,2% del PBI equivalente mensual.

Si te fue bien, me ocuparé de que te vaya mal

Esa parece ser la consigna del Plan Económico día por día que el trio Capitanich, Kicillof, Fábrega levantó como bandera desde que asumieron el 20 de noviembre de 2013 al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Economía y el Banco Central.

A esa altura nadie dudaba, ni propios, ni mucho menos extraños, de que a la economía le estaba haciendo falta un “service” (la palabra ajuste no aparece en el diccionario del Gobierno) para no caer en un escenario de mayor desequilibrio de precios y aceleración del derrumbe de la actividad productiva y comercial.

Pero pasadas las primeras semanas de “luna de miel”, que casi como un rito sagrado le concede el mercado a los nuevos funcionarios, para que puedan ver desde las más altas esferas de sus carteras el paño que deben reordenar, se advierte que lejos de haber encontrado el rumbo para apuntalar lo que marchaba bien y enderezar aquello que se encaminaba mal, se tomó un sendero por el cual se han ido consolidando los desajustes, pero con el agregado de nuevos actores.

Pareciera que la nueva lógica es “ley pareja, ley rigurosa”: ¿si a la mayoría le estaba yendo mal, por qué algunos privilegiados como la construcción, las terminales automotrices y concesionarias y el sector financiero, tenían que seguir sosteniendo un creciente nivel de actividad?

Bajo esa visión se inscribirían las últimas inicitaivas, porque no sólo terminaron poniéndole freno, sino también le hicieron sentir el rigor de la angustia que venían sintiendo otros sectores por no poder alcanzar los objetivos y que palpen lo que significa caer en rojo respecto de lo presupuestado.

El sector público nacional fue pionero en mostrar ese camino, aunque -claro está- lo pudo disimular en este tiempo de carnaval con el ropaje que le brindaron las asistencias ilimitadas de pesos fabricados por el Banco Central y el remate de parte de la cartera de títulos públicos en poder de la Anses, aunque pertenezcan a más de 6 millones de jubilados y poco más de 10 millones de trabajadores registrados, y también algún con algún aporte forzoso del PAMI.

La consigna: ampliar la manta que tapa la realidad
Los indicadores oficiales de actividad productiva y comercial dieron cuenta de un acelerado desgaste de la capacidad de la economía para seguir generando más riqueza en forma generalizada, luego de que superada la depresión de 2002 se llegara a la etapa esperada del crecimiento sostenido y sustentable, tentativamente a partir de 2007.

Pero justo en ese momento se decide la intervención del Indec para deformar la real señal que emitían los precios de la economía y poder seguir con altas tasas de crecimiento y baja inflación, aunque los indicadores reales comenzaban a dar cuentas de grietas en las primeras y aceleración perturbadora en la segunda.

La historia de los últimos seis años es bien conocida, hasta que se llegó al 20 de noviembre de 2013 en el que el primer balance de situación por parte del flamante trío conductor de la economía advirtió que prevalecían algunos actores viviendo de fiesta: el sector turismo hacia el exterior, la rama terminal automotriz, el sector financiero, y otros, pese a todo, seguían con ímpetu: el consumo y la construcción.

Al primero se lo atacó con una brusca devaluación, aumento del pago a cuenta de impuestos de 20 a 35%, y la extensión del cargo financiero al componente de la demanda de billetes; al segundo con el impuestazo de Internos a la franja de alta gama, incluidas las motos, y las restricción de importaciones de productos terminados y también de partes; al tercero con el ataque a la composición patrimonial de activos externos y al resto con la estampida de las tasas de interés y la convalidación de alzas de precios para los “descuidados” y parciales de 6 a 8% en los “cuidados”, junto con el encarecimiento del transporte y de los pasos por puestos de peaje.

Todas esas acciones se hicieron en forma gradual a lo largo de los casi 90 días de conducción, y pareciera que aún no se han completado: resta la revisión de la política de subsidios a los servicios públicos que consumen los sectores de altos ingresos, una regla fiscal que ponga límite al aumento del gasto público y otra que reduzca la capacidad de asistencia del Banco Central, así cómo presentar un nuevo Presupuesto y Plan Monetario, para que los agentes económicos tengan claras señales hacia dónde se va.

El aparente sinceramiento de la inflación de enero es un progreso y es de esperar que se mantenga. Pero no fueron buenas señales que no se empalmara la serie con la anterior metodología de cálculo de la inflación y mucho menos que el Jefe de Gabinete dijera que “no hay motivos para modificar las pautas del Presupuesto 2014″.

Mientras nada de esto último ocurra, y se crea que un plan económico se puede armar día a día, la incertidumbre e inestabilidad de los mercados de bienes, trabajo, divisas y financieros, seguirán presentes y los desequilibrios macroeconómicos se extenderán a la micro, esto es a las empresas y a las finanzas de las familias, con lo que se achicará la brecha entre los pocos que estaban bien y los muchos que hace tiempo debieron ajustar sus cinturones.