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¿Los salarios subieron o realmente bajaron?

La larga historia que tiene la Argentina en materia de inflación y sus grandes daños que ha provocado en los últimos setenta años, con algunas pocas excepciones, aún no llegó a calar hondo en gran parte de la dirigencia política, no sólo del pasado, sino también presente e incluso algunos de los que aspiran a gobernar, porque creen que se debe hacer una baja gradual del ritmo de aumento de los precios al consumidor.

Esta semana la Presidente destacó que “los sueldos después de las paritarias son bastante mejores, por lo que va a haber mayor capacidad” de ahorro de los trabajadores. “Va a ser la misma cuota que el año pasado, pero con una paritaria que no es la del año pasado”, enfatizó, al anunciar el Pro.Cre.Auto, destinado a “volver a una producción de 750 mil vehículos en los próximos 12 meses, a través del incentivo de la demanda con financiamiento blando”.

Claramente, Cristina Kirchner se refirió a que, en general, los salarios son “mayores” que los del año pasado por efecto de las paritarias, pero no necesariamente son mejores, porque pese al aumento promedio nominal de 28%, tanto para los trabajadores en relación de dependencia en la actividad privada, como en el sector público, su capacidad de compra disminuyó casi 8% en sólo un año, para quienes no vieron afectada la carga laboral horaria habitual.

La realidad de la Argentina de los últimos doce meses indica que no sólo ya se acumulan tres trimestres consecutivos de retracción del PBI en comparación con los tres meses en valores no afectados por la estacionalidad, sino también dos en el cotejo interanual, y en particular en muchos sectores ya no sólo no hay espacio para trabajar horas extras para reforzar el ingreso del trabajador, sino que peor aún sufren recorte de la jornada laboral semanal, como ocurre en la rama automotriz, la construcción, las inmobiliarias, y también en el comercio y la industria hotelera, entre otras.

Además, el aumento medio salarial de 28% se ha registrado en el empleo formal, pero éste representa apenas poco más de la mitad del total ocupados en el país, el resto se distribuye casi en partes iguales entre asalariados no registrados que perciben remuneraciones muy inferiores a la media nacional y trabajadores independientes, monotributistas y autónomos.

Menor capacidad de consumo

De ahí que si se considera la masa salarial y otras remuneraciones al trabajo, entendida por el producto de la cantidad de ocupados e ingreso de bolsillo, se llega a una disminución del poder de compra de la población superior a 10%, fenómeno que luce compatible con el notable receso que se observa en el consumo de bienes durables y también no durables, como diversos alimentos. Por tanto, si bien la dirigencia empresaria no pudo menos que respaldar la iniciativa del Gobierno de ampliar los créditos blandos para la compra de un auto 0Km, no cabe duda de que la efectividad de la medida quedará rápidamente demostrada que será mínima.

En primer término, porque suponer que una familia con un ingreso total 8.807 pesos puede comprar un auto pagando una cuota de 2.642 pesos, a los que deberá agregar como mínimo 200 pesos de seguro obligatorio contra terceros, otros 200 pesos para el pago de la patente y unos 400 pesos de combustibles, podrá vivir con un remanente de poco menos de 5.400 pesos al mes, es desconocer la carestía que afecta a la mayoría de los hogares argentinos.

El Indec acaba de informar que más de 40% de los jefe de hogar percibe un ingreso inferior a un salario mínimo vital y móvil de 3.600 pesos y que más de 60% de las familias obtiene por mes recursos monetarios mayores a los citados 8.807 pesos, incluyendo no sólo el fruto del trabajo, sino también el amplio set de planes sociales que instrumentó el Gobierno nacional.

Sólo el 20% de los hogares, que perciben un ingreso promedio mayor a 16.700 pesos, probablemente pueda acceder a los créditos blandos del Banco Nación para adquirir un auto económico de 94.000 pesos, siempre que del saldo de 12.300 pesos, no tenga que destinar 3.300 pesos para pagar un alquiler de un pequeño departamento y prescinda de gastos de viaje para ir al trabajo.

El Indec también comunicó el último martes que la brecha de ingresos entre el que más y menos gana se achicó de 14,2 a 13,8 veces en el caso de los hogares, y de 17,4 a 16,1 veces en el de los jefes de familia, en un contexto donde el organismo de estadística indicó que el conjunto de los trabajadores asalariados captó el 51,4% de la generación de riqueza de todo el país, 2,5 puntos porcentuales más que un año antes.

Ahora bien, en un contexto de alta inflación y consecuente tensión cambiaria que llevó a un fuerte aumento de la paridad entre el peso y el dólar en enero, ¿puede afirmarse que recibir una porción más grande de la generación del total de la riqueza en el país es condición suficiente para decir que se está mejor? La contundencia de las estadísticas oficiales mostraron claramente que no: en el primer trimestre de 2013 con un PBI equivalente anual de 585.667 millones de dólares el conjunto de los trabajadores asalariados obtuvo 283.362 millones de dólares, un año después el PBI en dólares bajó a 478.255 millones de dólares y los asalariados, considerados en forma agregada captaron 245.823 millones. De ahí surge una pérdida real en dólares de 14,2%, en sólo un año. El ejercicio al cambio libre determina un ingreso sustancialmente menor (164.668 millones de dólares para el último período), pero la pérdida en términos relativos fue similar, 12,1 por ciento.

Por tanto, si realmente hay voluntad política de querer reanimar la economía y mejorar la calidad de vida del conjunto de los trabajadores, con más salarios y mayores oportunidades laborales, es fundamental dejar de poner el carro delante de los caballos (incentivar el uso del crédito para consumo durable) y por el contrario comenzar a poner los caballos delante del carro: bajar la inflación con políticas tradiciones; impulsar el crédito para la inversión productiva; desarmar la maraña de fracasados programas de controles de precios: administrados, protegidos y cuidados; reducir la presión tributaria que pesa sobre los presupuestos de todos los trabajadores y de las empresas); encarar la disciplina fiscal en la ejecución del gasto; levantar el cepo cambiario, racionalizar los subsidios; eliminar las retenciones y ser más eficiente en el cobro de Ganancias a los sectores capaces de general altas rentas; junto con una salida consensuada del último capítulo del default por los canales institucionales, antes que por la vía de discursos, solicitadas y seudas conferencias de prensa del ministro de Economía.

Más gasto público aleja la salida de la estanflación

Economistas del Gobierno y afines, junto a algunos dirigentes industriales, consideran aventurado hablar de un escenario de estancamiento con inflación y aumento del desempleo, pese a que esta semana diversas plantas automotrices anticiparon programas de suspensiones de personal y recorte de la jornada laboral, por falta de demanda. Incluso, el propio Indec recogió expectativas moderadamente contractivas para este segundo trimestre, y en el comercio crece notablemente la tasa de vacancia en las principales calles de los centros urbanos del país.

Está claro que no es lícito, y por tanto conveniente, hacer proyecciones de cualquier indicador, sea inflación, actividad, como de reservas del Banco Central o incluso de la producción de un bien en particular, o del dólar, en función de lo ocurrido en apenas dos o tres meses. Ningún economista y consultor profesional en la materia hace eso. Pero tampoco es sensato cuestionar alegremente a los profesionales que no sólo predicen, sino que, más aún, ya ven un escenario de estanflación en la Argentina, a partir del análisis de series de tiempo de un conjunto de variables del sector real, financiero, monetario, cambiario y fiscal, porque es subestimarlos en defensa de una ideología o retórica interesada, como diría el economista John Galbraith.

Punto de giro inicial sin cambio de tendencia
La razón fundamental por la que se cayó en un estado de estancamiento con aceleración de la inflación y aumento del desempleo, fue el giro de la política económica, a favor del aumento del gasto público y su financiamiento con emisión monetaria, porque se agotó la capacidad de ampliar la presión tributaria, y se decidió extremar las regulaciones y controles a las empresas destinadas a impedir más que a reordenar y facilitar la producción, la exportación y la inversión productiva hacia un modelo inclusivo, como se anuncia y proclama en forma reiterada.

Esos factores no sólo siguen presentes, sino que incluso se han ido potenciando esta semana, más allá de que transitoriamente el efecto de la astringencia monetaria y consecuente suba de las tasas de interés, junto a factores estacionales, posibilitaron desacelerar la tasa de inflación. Mayo comienza con aumentos de tarifas del servicio público de trenes y también de los combustibles, mientras crecen los costos en dólares porque a acuerdan ajustes de salarios, mientras el tipo de cambio oficial lleva tres meses de congelamiento en torno a 8 pesos, pese a que desde el 23 de enero se acumuló una tasa de inflación de más de 12 por ciento.

Por un lado, en un mega encuentro de toda la cúpula industrial con todo el equipo económico, los empresarios se encontraron que fueron invitados para que brinden su “apoyo a la continuidad de un modelo, para no perder todo lo hecho”, les habría dicho Axel Kicillof en una exposición de más de una hora, más que para exponer sus preocupaciones y buscar puntos de coincidencia para reactivar la producción, elevar la competitividad, sin agregar costos a la sociedad, a través de la inflación, y la suba de tarifas, cómo se está haciendo.

Luego fue la propia Presidente de la Nación, cuando a través del uso de la cadena nacional, desestimó hacer cambios impositivos que alivien las cargas para el sector privado, al justificar la permanencia de las retenciones a las exportaciones agropecuarias con un análisis forzado de la experiencia del trigo entre el tiempo de siembra, cambio de las alícuotas y cosecha en los últimos 40 años, pese a que la producción se redujo a valores que apenas garantizan el consumo interno, y amplió el crédito productivo con la creación por decreto del Fondear por $10.000 millones, menos de medio punto del PBI: “Yo escucho a menudo a mucha gente prometiendo que van a bajar las retenciones, que van a eliminar todas las retenciones, que al mismo tiempo van a subir el 82 por ciento móvil, que le dicen a los empresarios que les van a dar el ajuste por inflación y amortización anticipada, que al mismo tiempo van…Bueno, miren, yo le estoy haciendo hacer a Axel, el ministro de Economía, que me haga un calculito para ver cómo dan los números porque todas esas cosas juntas, así a vuelo de pájaro, sin ponerme muy detallista no me dan para nada. Me dan a cosa, realmente, bueno, de cosa rara”, dijo Cristina Kirchner, en lugar de dar instrucciones para analizar el impacto y posibilidades de esas medidas.

Claramente, en el entorno al Gobierno nacional no se acepta que el gasto público ofrece varios frentes donde se puede reducir sin afectar al empleo de la planta histórica de la administración, y menos aún reducir los salarios y jubilaciones, más allá del que se provoca con el desfase entre los ajustes salariales de forma puntual y la inflación contínua.

Pero no sólo eso, por el contrario, al día siguiente, el martes de esta semana, la Presidente firmó el decreto 601 que dispuso aumento del 50% respecto de diciembre de 2011 en los viáticos de los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, el cual reconoce una inflación promedio mensual acumulativo de 1,46% en los pasados 28 meses. El ajuste supera en 13 puntos la inflación del Indec en ese período, aunque mantiene un rezago de 35 puntos porcentuales respecto de la Inflación Congreso. Y ayer, a través del decreto 614 aprobó incrementos en los haberes de las fuerzas militares entre 30 y 45 por ciento.

Más rojo fiscal sin contabilidad creativa
Los datos de la Administración Central mostraron al cierre de abril que los recursos fiscales globales atenuaron el ritmo de aumento de 40% en los primeros meses del año a 34% en el promedio del cuatrimestre, pese a que las transferencias de rentas del Banco Central y de la Anses se elevaron en más de 70%, en comparación con similar período de 2013, mientras que el gasto total apenas desaceleró de una tasa de 45 a 42 por ciento.

Sólo cuando se repare en la necesidad de reordenar las finanzas públicas, como parcialmente se hizo en el frente monetario, y se avance en dirección a desatar los nudos que se le fueron agregando a la actividad productiva y comercial y consecuente a la inversión, podrá pensarse en que se transita hacia un nuevo punto de giro del ciclo económico que posibilite volver a crecer y bajar la inflación de modo sustentable y por tanto sostenido.

El Gobierno se niega a sumarse al ajuste salvaje

Enero comienza con ya el clásico más de lo mismo. A poco más de 40 días de cambios en el gabinete se advierte con claridad que nada cambió, al menos para bien. Por el contrario, el Gobierno avanzó en la línea de imponer obstáculos a los pocos sectores que habían escapado del ajuste forzoso que se inició desde fines de octubre de 2011, cuando de la mano del “vamos por todo” se impuso el cepo cambiario, la discrecionalidad en la aprobación de importaciones, el cambio de las reglas habituales que guiaban al mercado inmobiliario, las limitaciones de hecho al pago de dividendos a los accionistas de empresas que no residen en el país, en particular de firmas de capital extranjero, trabas a la autorización de venta de dólares para viajar al exterior, etc., y las idas y vueltas, en un círculo vicioso, en materia de control de precios, aunque se lo denomine de cualquier otra forma: acuerdos, precios administrados.

Por un lado, con la complicidad de un Congreso donde todavía mantiene mayorías, el Poder Ejecutivo impuso una extraordinaria suba de impuestos internos a los autos y motos de media a alta gama, con el argumento de contener las importaciones de unidades terminadas y también de partes, aunque el resultado fiscal podría resultar neutro o incluso negativo, por el impacto recesivo que generará en la producción nacional, la pérdida de ingreso de derechos de importación y también por el menor cobro de IVA, Ganancias, Cheque, sobre la oferta y demanda global de esos rubros, amén de aportes y contribuciones a la seguridad social, por despidos y suspensiones.

Por otro lado, la insistencia con subsidiar el crédito a la producción con recursos que los bancos deben captar de sus clientes, en lugar de hacerlo con la derivación de rentas generales, también afectará la capacidad de generar negocios del sistema financiero, y con ello debilitará su contribución al PBI, al afectar la bancarización las tasas interés por debajo de la inflación para el ahorro privado.

La aceleración de la inflación, inducida por el desborde del gasto público improductivo, acentuó la contracción del consumo de productos básicos. Las ventas en supermercados pasaron de caer 6% en 2012 a más de 9% en los últimos meses de 2013. Y en los establecimientos más pequeños, la Cámara Argentina de Comercio detectó que en diciembre la mitad de los consultados vendió menos que un año antes, y sólo un cuarto pudo mostrar mejor desempeño.

La inversión en equipamiento y ampliaciones de plantas, junto a la demanda de construcciones de viviendas, se debilitaron aún más. De 21,3% del PBI que había representado en 2012 terminó el siguiente por debajo de 20%. La consecuencia se expresó en la brusca disminución de la creación de empleos: de 203.000 en 2012 se limitó a 23.000 un año después, y se concentraron exclusivamente en el sector público, los cuales ahora se pagan con emisión, porque la recaudación de impuestos no alcanza para pagar todos los gastos.

La construcción, clásica multiplicadora de industrias, pasó de crecer más de 10% en agosto a 3,4% en sólo tres meses después, y las expectativas para 2014 que recogió el Indec lucen contracctivas, las cuales son consistentes con la intensificación de la disminución de los pedidos de autorizaciones para edificar en los próximos meses.

En valores nominales, los recursos tributarios batieron récord, como también lo hizo la inflación, la pérdida de valor del peso respecto de otras divisas, la emisión, pero mientras los precios promedio de la economía aceleraron la variación mes a mes, no tanto por acciones oligopólicas, monopólicas y ejercicio de posición dominante de las empresas en diversos mercados, sino directamente por la política oficial que lo indujo (esto no surge de estudios privados, sino de las propias cuentas de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, que está bajó la órbita del ministro de Economía Axel Kicillof), el crecimiento de la recaudación se atenuó de más de 27% en diciembre de 2012 a 21% en noviembre último.

El salario promedio de los trabajadores pudo sostener un aumento levemente superior a 25% al año, pero se agravó la brecha negativa respecto de la inflación, y más aún si se considera el ingreso de bolsillo porque ahora la actividad productiva y comercial no ofrecen las posibilidades de trabajar horas adicionales a las básicas de convenio.

Banco Central más activo, pero solitario
Juan Carlos Fábrega, como presidente de la autoridad monetaria, impuso su sello, con un drástico cambio de política respecto de la pasividad que había caracterizado la tarea de Mercedes Marcó del Pont: el tipo de cambio ahora sube a ritmo de casi 7% al mes, en contraste con menos de 2% en la etapa previa, y la base monetaria desaceleró la expansión de casi 40% a fines de 2012 a 24% al año doce meses después.

Pero se trataron de medidas aisladas, porque no respondieron a un giro hacia la austeridad fiscal, la flexibilización de la política comercial, la recuperación de las instituciones, el levantamiento de los cepos y otras restricciones. Y por tanto contribuyeron en poco o nada hacia la búsqueda de la estabilidad genuina de los precios y la competitividad con el resto del mundo. Por el contrario, el gasto público se mantuvo acelerado, con alza en noviembre que superó en casi 15 puntos porcentuales al tímido incremento de los recursos tributarios, y pago promedio de sueldos a los nuevos empleos públicos que más que duplicaron al de la media de toda la nómina.

Las reservas del Banco Central se derrumbaron en casi u$s13.000 millones, ahora no tanto por la fuga que provocaron los privados, sino por el uso y abuso del sector público, en contraste con apenas u$s3.300 millones que habían caído un año antes. El resultado fue la reaparición de tensiones en el mercado de cambios. Y el costo del dinero para las empresas, salvo el subsidiado, comenzó a subir y la consecuencia fue el alargamiento de los términos de pago a proveedores.

Como se ve, casi todo el sector privado ajustó violentamente su ritmo de producción, consumo, inversión, empleo. Obviamente, en un país de 42 millones de habitantes siempre hay varios millones que pueden manifestar altos índices de gasto, llenar los lugares de veraneo, sea en la costa, las sierras, o el norte y sur del país, pero la gran mayoría hoy acusa intenciones y posibilidades de gasto sustancialmente menores a la de un año antes.

Por el contrario, en el sector público, que es el que provocó todos los desequilibrios macroeconómicos descriptos, el ajuste, entendido por limitar la expansión del gasto total al que acuse los recursos genuinos, sigue ausente y, lo que es peor, no da señales de dar un giro rotundo en todo lo hecho en los últimos dos años. Ahora queda esperar si en las 200 metas-objetivo que prometió anunciar para estos días el Jefe de Gabinete aparece alguna pista en esa dirección. Por lo hecho y dicho en los últimos 40 días, todo indica que se avanzará hacia más trabas y regulaciones a la actividad privada, que hacia la liberación y recuperación de los superávit gemelos, la estabilidad de precios, la apertura de la economía, a la inversión abierta, es decir, hacia el crecimiento sustentable.

Noviembre fue peor que octubre pero será mejor que diciembre

Los indicadores del Indec de la actividad económica, tanto del PBI, el comercio exterior, como de las finanzas públicas y marcha de los precios, mostraron en el último mes un inquietante deterioro, y contradijeron con contundencia al denominado “relato oficial”.

La industria ya no crece 4 o 5%, como acusó en mayo y junio, sino que ahora cayó 4,9%, y se aleja inexplicablemente de las estimaciones menos contractivas que calculan las consultoras privadas.

El saldo de la balanza comercial mantiene el signo positivo, pero revela mes a mes el efecto absorbente del resultado crecientemente deficitario de la cuenta energía y combustibles.

La Secretaría de Hacienda resalta mes a mes el rol de la actividad económica y las políticas activas del Gobierno, pero las planillas que consolidan los ingresos y gastos del conjunto del sector público nacional (no incluye a provincias y municipios) mostraron en el último mes que pese a contar con una asistencia extraordinaria del Banco Central de la República Argentina y de la Anses, el déficit fiscal, tanto primario (antes del pago de intereses de la deuda), como financiero o final, se acrecentó a niveles que comienzan a encender señales de alarma: más de 3% del PBI en 11 meses, pero con un ritmo en el último mes a más de 7% del PBI oficial.

El predicado en forma recurrente desendeudamiento del Estado ya no se sostiene, ni en el lo referente a los compromisos internos (crecientemente con el Banco Central, la Anses y otros organismos descentralizados, aunque en el relato se los minimiza, porque se considera un Pagadiós), como ahora, desde el tercer trimestre, también en moneda extranjera.

Y en materia de inflación, frente a una tasa inferior a 11% anual que el Indec informa mes a mes, y menos de 8% en el caso de los supermercados y shopping, el organismo oficial de estadística calculó para la estimación de las cuentas nacionales (PBI, consumo e inversión) que se aceleró en el tercer trimestre a casi 18% para el promedio nacional y superó 27% en el caso de la variación del índice de precios implícitos en el gasto del agregado del sector público nacional.

Por qué el año termina con indicadores más devaluados
Porque la negación de la realidad social, afectada por desconocer la inflación y sus efectos perniciosos sobre los sectores de la población de menores ingresos, incluyendo los cuadros menores de las fuerzas de seguridad que provocaron un levantamiento que terminó en desmanes, saqueos durante un par de semanas, y pese al virtual arreglo salarial y refuerzo de la vigilancia, no impidió que disminuyeran al mínimo los pedidos de reposición de mercadería. Es su único capital.

Como resultado de ese fenómeno, las industrias y distribuidoras proveedoras a los canales de consumo masivo vieron mermar sensiblemente sus ventas respecto de lo esperado, y más aún en comparación con las de un año antes.

Porque la negación de la crisis energética, pese a los esfuerzos por disimularla con abultadas importaciones de gas y otros combustibles y cortes más allá de lo programado a las empresas industriales, para poder proveer a improvisadas incorporaciones de usinas térmicas para proveer de energía eléctrica a los hogares, no sólo afectó el ritmo fabril, sino también el consumo de las familias en varias ciudades, en este caso por temor a perder todo frente a una amplia ola de apagones, en particular en el ámbito de la ciudad y Provincia de Buenos Aires, como en Rosario y otras localidades del interior del país.

Porque el desmedido incentivo al consumo, ahora con la extensión de los asuetos en la administración pública, por la Fiesta Navideña y los festejos del fin de año (hay algo por festejar, más allá de quienes están convencidos de haber sido partícipes gozosos de la “década ganada”?), arrastrará a varios servicios y empresas grandes y medianas, con el consecuente impacto contractivo de la producción y la inversión, así como del flujo del comercio exterior.

Porque la fracasada pero ahora repetida política de minidevaluaciones diarias del peso, a un ritmo largamente superior a la tasa de interés, incentiva la demanda de divisas por parte de los importadores, turistas y empresas que logran autorizaciones para cancelar deuda externa y girar utilidades al resto del mundo, mientras que, por el contrario, desalienta las liquidaciones por parte de exportadores y turistas que visitan la Argentina. Sólo con fugaces políticas para atraer dólares las reservas del Banco Central lograron detener la hemorragia, pero no sirven para curar las heridas en ese plano.

Porque haber acelerado el ritmo de devaluación a más de 6% por mes, a una tasa equivalente a 108% al año, tuvo su impacto inmediato en la profundización de los aumentos sostenidos y generalizados de los precios de la economía.

Porque con semejante deterioro de los indicadores de consumo, inversión y producción, el aumento esperado de la recaudación tributaria en diciembre volverá a estar crecientemente por debajo del desempeño del gasto público, con lo que se potenciará el rojo de las cuentas públicas.

El 3 de enero, como promete el Jefe de Gabinete de Ministros, se presentarán las 200 metas de Gobierno para el próximo bienio, un período que hoy luce extremendamente lejano, sino no se acepta la necesidad de diseñar y anunciar un plan integral de contención de la inflación con medidas de fondo que ataque las verdaderas causas, en lugar de los probados y repetidamente fracasados, controles, acuerdos o precios administrados, porque sólo buscan ocultar las consecuencias. En ese escenario, diciembre no sólo será peor que noviembre, sino que estará condenado a ofrecer mejores indicadores a los que arroje el primer mes del nuevo año.