Como en 1991, con un Gobierno peronista, ahora con una coalición amplia, luego de un ordenamiento inicial de parte de los grandes desequilibrios heredados, se vuelve a poner el norte en solucionar una histórica deuda social, como es el caso con gran parte de los jubilados y pensionados, pese a que todos la conocían pero muy pocos se ocuparon no sólo de ponerle fin, sino de evitar generar situaciones de reincidencia en semejante flagelo.
Las diferencias no son menores. Entonces la solución propuesta fue la entrega a los jubilados afectados por el recurrente vicio de subestimar el cálculo del haber mensual, y más aún en el caso de los pensionados, y se pagó una pequeña parte en efectivo y el saldo en un bono de la deuda pública a 16 años de plazo, con seis de gracia y se buscó estabilizar los precios con un régimen de cambio fijo.
De ahí surgió en los 90 una singular ganancia financiera para los inversores de largo plazo y un perjuicio singular para quienes no tenían espaldas y años de vida, para cobrar la totalidad de la reparación propuesta por el Poder Ejecutivo y avalada por el Congreso de entonces.
Ahora, las nuevas autoridades optaron por proponer a los legisladores una solución integral a favor exclusivamente de los jubilados y pensionados , ya que comprende no sólo a quienes lograron sentencia en firme a su favor en contra del estado nacional, sino a todos los que legítimamente tienen derecho a cobrar sus haberes conforme a sus aportes y contribuciones patronales al sistema previsional; y además con una compensación inicial de la mitad de la deuda reconocida judicialmente y la estimada para los beneficiarios que iniciaron un reclamo por esa vía pero aún no lograron sentencia, y el saldo en 48 cuotas mensuales ajustables por el índice de movilidad jubilatoria, sin períodos de gracia; y un reajuste de haberes para el resto de modo inmediato.
Otra diferencia sustancial en lo que se considera puede constituir un paso fundamental hacia la “normalización de la economía” es que se comenzó con la unificación del sistema cambiario, y se pasó a un régimen flotante, como predomina en el mundo, con metas de inflación descendente, junto con la cancelación de la deuda pública con los holdouts y el regreso al mercado internacional de financiamiento para emprendimientos del sector público y privado, y el rebalanceo tarifario junto a un sistema de tarifa social para los servicios de consumo de energía, gas, agua y transporte, que apunta a depurar el destino de los recursos tributarios.
Sobre esa base algunos economistas comienzan a proyectar para el fin del segundo semestre una alta probabilidad de punto de giro en la inercia recesiva que dejaron las abultadas hipotecas del gobierno anterior, a partir de una nueva corriente de capitales fomentada por el cambio de las reglas internacionales sobre secreto bancario de activos de residentes en otros países, y por el reimpulso al consumo que generaría la reactivación y el mayor ingreso disponible para más de uno de cada cuatro jubilados, si se aprueba el proyecto de ley ómnibus de Sinceramiento Fiscal y el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.