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Mucho esfuerzo que se decidió no coronar

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de los EEUU de no aceptar tomar el caso argentino tras los fallos adversos en el estado de Nueva York y en la Cámara de Apelaciones impuso un baño de realismo y cordura que desdibujó las expectativas en contrario que durante la última semana corrieron como un reguero de pólvora.

Frente a ese cuadro, la primera reacción de la presidente Cristina Kirchner fue acudir a su hombre de confianza, Juan Carlos Fábrega, por su responsabilidad para administrar las muy debilitadas reservas de divisas en el Banco Central, y decidió anunciar que “no va a ceder frente a la extorsión de los bonistas y que garantizará los pagos al 92% que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010”.

De este modo, lejos de avanzar hacia la resolución definitiva de lo que constituye el último capítulo del default de la deuda pública, la Presidente eligió mantenerse en la línea de la confrontación no sólo con los holdouts sino, peor aun, con los Tribunales de Nueva York, y echar por tierra los últimos avances hacia la normalización de las relaciones internacionales, requisito imprescindible para poder aspirar a la obtención de financiamiento de largo plazo y divisas para financiar el crecimiento de la economía.

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¿El FMI es duro o realista?

La presentación de un nuevo informe semestral del Fondo Monetario Internacional, con las perspectivas económicas de los países miembros, volvió a dejar la sensación de otro “más de lo mismo”. No sólo porque nuevamente ubica a la Argentina en el mismo rango que Venezuela, pese a que claramente aún existe un abismo, no sólo en lo referente a brecha cambiaria, de inflación, potencial económico, y más aún en cuanto a la situación política y social, sino principalmente porque, sin decirlo, parece insistir con la muletilla de los 80 del “ajuste fiscal”.

Desde el Gobierno, pero también muchos economistas de la oposición y consultores profesionales, destacan que en el primer trimestre de 2014, después de haber asimilado las nuevas funciones de modo formal, la dupla Kicillof- Fábrega, se abocaron a una vuelta a la denominada ortodoxia económica, como devaluar, bajar los salarios, subir las tasas de interés, reducir los subsidios, enfriar la economía, acordar las condiciones de expropiación de las acciones que Repsol tenía en YPF y que con esas herramientas ahora cuentan con argumentos de peso para recibir una aprobación y recomendación del FMI para que los acreedores del Club de París acepten consensuar la superación del capítulo del default y quedar habilitada la obtención de financiamiento internacional y a menores tasas.

En muy pocas líneas de las 80 páginas del trabajo de marras, los técnicos del FMI indican que “las perspectivas de la Argentina y Venezuela han vuelto a desmejorar”. Claramente, si se repara en la caída del 36% de las ventas de autos, de más de 40% en el caso de las motos, de 7% en el consumo masivo de alimentos, perfumería, ropa, y electrónicos, del promedio de los supermerados, y la caída real de la recaudación tributaria, entre otros, el diagnóstico está en lo cierto.. Mientras que si se observa el giro parcial de política, podría decirse que es exagerado.

“Se prevé que la actividad de la actividad en la Argentina y Venezuela se desacelerará marcadamente en 2014, aunque las perspectivas están sujetas a un alto grado de incertidumbre”, agrega el paper en otra breve referencia a los dos países, en contraste con las previsiones para la mayoría del resto de los países miembros del organismo. La aceleración de la inflación a un rango de 40% y más aún del ritmo de aumento del gasto público y consecuentemente del déficit fiscal, avalan esa consideración.

Y concluye, “las medidas administrativas adoptadas para reducir los desequilibrios internos y externos, entre ellas los controles de precios, de cambio y del comercio, están afectando aún más la confianza y la actividad. Y si bien ambos países ajustaron sus tipos de cambio y la Argentina elevó las tasas de interés, se precisan modificaciones importantes de las políticas para evitar un ajuste desordenado”. Esto es lo que parece subestimarse, y si bien las condiciones son muy distintas, no debiera olvidarse que tras la desprolija salida de la convertibilidad a fines de 2001 se necesitó de casi dos años para reencauzar la economía.

Rojo creciente en las cuentas públicas
El viernes último, la Secretaría de Hacienda difundió el resultado base caja de las finanzas de la administración central correspondiente a febrero, el cual pese a su dinámica desestabilizante, no afectó en demasía al mercado de deuda pública, por el contrario, muchos economistas aparecieron haciendo recomendaciones de compra de bonos públicos, de cara al largo plazo, en la convicción de que en algún momentos se harán los ajustes.

Eso es lo que recomiendan y volverán a hacerlo los técnicos del FMI al ministro Kicillof si en su participación en la Asamblea Anual hiciera un pedido informal de recibir una señal de inmediato apoyo para poder cerrar el capítulo del default con los acreedores del Club de París. No se puede esperar otra cosa cuando se acaba de difundir que el gasto público retomó un ritmo de crecimiento que no se veía desde fines de 2010, y se pasó de un paupérrimo superávit fiscal doce meses antes a un singular desequilibrio ahora, con empresas públicas que pierden el triple en el término de un año.

El descuido de las finanzas públicas, con la consecuente vuelta a un también alarmante aumento de la deuda pública: 14.000 millones de dólares en un año, pese a haber utilizado u$s7.000 millones de reservas del Banco Central para afrontar vencimientos y haber licuado otros 14.000 millones de dólares con la devaluación del peso, ha sido el principal factor determinante de la crisis de la convertibilidad a fines de 2001, y también lo es ahora que parece haberse agotado la capacidad de financiamiento con aumentos de impuestos, incluido el inflacionario.

Podrá evitarse la palabra ajuste, y también evitar hablar de inflación, devaluación, alza de tarifas, recesión, control de precios, etc., y volver a desoír las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, pero no podrá ocultarse que mientras la mayoría de los países dan claras señales de superación, la Argentina y Venezuela siguen retrocediendo en su contribución a la generación de la riqueza mundial y al comercio internacional, con el consecuente costo en términos de calidad de vida de la mayor parte de sus habitantes, al no poder ofrecer suficientes oportunidades laborales productivas.

Política de ingresos: algo más que precios y salarios

Claramente, en las economías donde predomina la racionalidad sobre la ideología, la política de ingresos se vincula más con el objetivo de mejorar las prestaciones a los trabajadores y elevar el poder de compra de los recursos que logran los empleados sobre la base de ganancias de productividad en el uso del conjunto de los factores de producción, que en simplemente actualizar los salarios por la inflación, y medir la participación en el PBI.

Pero en economías inestables y aferradas al péndulo de los cambios de gobierno y de las políticas de fondo, aun en los casos en que supuestamente en los papeles acusan continuidad del signo político madre, el factor relevante pasa por las políticas fiscal y monetaria, porque de su curso depende la marcha del promedio de los precios y, consecuentemente de la posterior variación de las remuneraciones del trabajo.

En el manual simple de las actuales autoridades de Gobierno la puja distributiva se concentra en las dos primeras variables: el control de los precios a lo largo de la cadena de valor y en la fijación de topes implícitos (nunca reconocidos) en las demandas de subas salariales por parte de los sindicatos.

Y si bien se ha dado un paso sustancial con la elaboración de un nuevo índice de precios que, al menos en el arranque, reconoce la real variación del promedio de precios al consumidor, esto es de la inflación, se ha cumplido con una condición sin duda necesaria, pero claramente insuficiente para que se puedan retomar las negociaciones paritarias en un clima que no amenace con la espiralización del alza de los precios, ahora por inflación de costos.

Más aún cuando, al parecer, se busca en descansar todo el peso del ajuste en el sector financiero, a través de una deliberada política de retiro de billetes en circulación que lleva a la estampida de las tasas de interés, con su consecuente impacto negativo sobre el consumo y la inversión, y sin generar certeza de contención de la inflación.

El riesgo del déficit cuasifiscal
Justamente, la austeridad monetaria, que era reclamada por el consenso de los economistas de la oposición es una condición necesaria, pero para que sea efectiva debe ser acompañada por la austeridad fiscal; sin embargo, de eso no se habla.

Por el contrario, se sigue negando cada mañana el efecto negativo sobre el conjunto de la economía, pero principalmente de la población, y en especial la de más bajos ingresos, de abusar del financiamiento de una parte sustancial del gasto público, cercana a 10% del total con emisión del Banco Central y asistencia de fondos de la Anses y PAMI.

Es que esos no son recursos genuinos, a pesar de que puedan estar avalados por leyes del Congreso Nacional, porque genera un exceso de dinero en circulación sobre lo que los agentes económicos: familias y empresas, desean y por tanto se manifiesta en alza de los precios (inflación), del dólar y ahora de las tasas de interés.

De ahí que en un escenario de estas características no sólo se requiere volver atrás, a pesar del relato, y así como se devaluó cuando la propia Presidente dijo hace menos de un año que no iba a devaluar, o se subió la tasa de interés a niveles impensables meses atrás, o haber sincerado la inflación, ahora es necesario anunciar un programa de austeridad fiscal, junto al replanteo del Presupuesto Nacional y del Programa Monetario, para que se pueda intentar revertir el ritmo ascendente de los precios.

Sólo así, podrían celebrarse las negociaciones de salarios en paritarias sin que deriven en un peligroso escenario como ocurrió a mediados de los 70, cuando la tasa de inflación voló del 24% en 1974 a 182% el año siguiente y la actividad pasara de crecer 5,4% a caer 0,6 por ciento.

Por ahora se usa y abusa de la política monetaria a cargo de Juan Carlos Fábrega, a través de una acelerada absorción de pesos con la colocación de Letras y Notas en los bancos al costo de subir las tasas de interés que ofrece a 29% anual.

En enero, por efecto de la fuerte devaluación del peso y la consecuente valorización de las reservas en divisas medidas en pesos, el Banco Central logró un superávit cuasifiscal del orden de 9% del PBI del mes, porque el pago de intereses le restó apenas 0,8% del PBI del mes.

Pero en febrero, con la apreciación del peso, el tipo de cambio baja 3,7% y las tasas que paga por dichos instrumentos de regulación monetaria suben a 29% anual, se pasó a un desequilibrio que licuó la ganancia del bimestre a sólo 2,2% del PBI equivalente mensual.

Si te fue bien, me ocuparé de que te vaya mal

Esa parece ser la consigna del Plan Económico día por día que el trio Capitanich, Kicillof, Fábrega levantó como bandera desde que asumieron el 20 de noviembre de 2013 al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Economía y el Banco Central.

A esa altura nadie dudaba, ni propios, ni mucho menos extraños, de que a la economía le estaba haciendo falta un “service” (la palabra ajuste no aparece en el diccionario del Gobierno) para no caer en un escenario de mayor desequilibrio de precios y aceleración del derrumbe de la actividad productiva y comercial.

Pero pasadas las primeras semanas de “luna de miel”, que casi como un rito sagrado le concede el mercado a los nuevos funcionarios, para que puedan ver desde las más altas esferas de sus carteras el paño que deben reordenar, se advierte que lejos de haber encontrado el rumbo para apuntalar lo que marchaba bien y enderezar aquello que se encaminaba mal, se tomó un sendero por el cual se han ido consolidando los desajustes, pero con el agregado de nuevos actores.

Pareciera que la nueva lógica es “ley pareja, ley rigurosa”: ¿si a la mayoría le estaba yendo mal, por qué algunos privilegiados como la construcción, las terminales automotrices y concesionarias y el sector financiero, tenían que seguir sosteniendo un creciente nivel de actividad?

Bajo esa visión se inscribirían las últimas inicitaivas, porque no sólo terminaron poniéndole freno, sino también le hicieron sentir el rigor de la angustia que venían sintiendo otros sectores por no poder alcanzar los objetivos y que palpen lo que significa caer en rojo respecto de lo presupuestado.

El sector público nacional fue pionero en mostrar ese camino, aunque -claro está- lo pudo disimular en este tiempo de carnaval con el ropaje que le brindaron las asistencias ilimitadas de pesos fabricados por el Banco Central y el remate de parte de la cartera de títulos públicos en poder de la Anses, aunque pertenezcan a más de 6 millones de jubilados y poco más de 10 millones de trabajadores registrados, y también algún con algún aporte forzoso del PAMI.

La consigna: ampliar la manta que tapa la realidad
Los indicadores oficiales de actividad productiva y comercial dieron cuenta de un acelerado desgaste de la capacidad de la economía para seguir generando más riqueza en forma generalizada, luego de que superada la depresión de 2002 se llegara a la etapa esperada del crecimiento sostenido y sustentable, tentativamente a partir de 2007.

Pero justo en ese momento se decide la intervención del Indec para deformar la real señal que emitían los precios de la economía y poder seguir con altas tasas de crecimiento y baja inflación, aunque los indicadores reales comenzaban a dar cuentas de grietas en las primeras y aceleración perturbadora en la segunda.

La historia de los últimos seis años es bien conocida, hasta que se llegó al 20 de noviembre de 2013 en el que el primer balance de situación por parte del flamante trío conductor de la economía advirtió que prevalecían algunos actores viviendo de fiesta: el sector turismo hacia el exterior, la rama terminal automotriz, el sector financiero, y otros, pese a todo, seguían con ímpetu: el consumo y la construcción.

Al primero se lo atacó con una brusca devaluación, aumento del pago a cuenta de impuestos de 20 a 35%, y la extensión del cargo financiero al componente de la demanda de billetes; al segundo con el impuestazo de Internos a la franja de alta gama, incluidas las motos, y las restricción de importaciones de productos terminados y también de partes; al tercero con el ataque a la composición patrimonial de activos externos y al resto con la estampida de las tasas de interés y la convalidación de alzas de precios para los “descuidados” y parciales de 6 a 8% en los “cuidados”, junto con el encarecimiento del transporte y de los pasos por puestos de peaje.

Todas esas acciones se hicieron en forma gradual a lo largo de los casi 90 días de conducción, y pareciera que aún no se han completado: resta la revisión de la política de subsidios a los servicios públicos que consumen los sectores de altos ingresos, una regla fiscal que ponga límite al aumento del gasto público y otra que reduzca la capacidad de asistencia del Banco Central, así cómo presentar un nuevo Presupuesto y Plan Monetario, para que los agentes económicos tengan claras señales hacia dónde se va.

El aparente sinceramiento de la inflación de enero es un progreso y es de esperar que se mantenga. Pero no fueron buenas señales que no se empalmara la serie con la anterior metodología de cálculo de la inflación y mucho menos que el Jefe de Gabinete dijera que “no hay motivos para modificar las pautas del Presupuesto 2014″.

Mientras nada de esto último ocurra, y se crea que un plan económico se puede armar día a día, la incertidumbre e inestabilidad de los mercados de bienes, trabajo, divisas y financieros, seguirán presentes y los desequilibrios macroeconómicos se extenderán a la micro, esto es a las empresas y a las finanzas de las familias, con lo que se achicará la brecha entre los pocos que estaban bien y los muchos que hace tiempo debieron ajustar sus cinturones.

¿Y si liberamos y dejamos la matriz insumo-producto para otro día?

El jefe de Gabinete descubrió tardíamente que los economistas hace casi un siglo que conocen la importancia de las relaciones intersectoriales para conocer cómo se vinculan todas las actividades productivas, gracias a la obra de Wassily Leontief, que en 1973 fue reconocido con el Premio Nobel de Economía por su trabajo “El desarrollo del método input-output y su aplicación a los más importantes problemas económicos”, que se inspiró en el esquema propuesto por el fisiócrata François Quesnay en su Tableau Économique, y también la idea del equilibrio general de Léon Walras y el análisis de Karl Marx sobre la circulación entre los sectores de la producción y en el método de los Balances de la Planificación Soviética; sobre este último tema publicó en 1925 Die Bilanz der russischen Volkswirtschaft: Eine methodologische Untersuchung.

Pero Jorge Milton Capitanich no fue advertido que esa fotografía no sirvió para tomar medidas de política económica de coyuntura, por su complejidad y en particular por la velocidad de cambios que trajo la revolución tecnológica en los últimos 20 años y la multiplicidad de nuevos servicios sociales, personales y empresariales.

En la Argentina, la última matriz de insumo-producto es de 1997, la cual recoge parte de los efectos de la transformación productiva, comercial y de servicios que surgió tras la hiperinflación y el período de estabilidad de precios en los mejores tiempos de la convertibilidad, un escenario que poco tiene que ver con la actualidad, nada menos que 17 años después. Pero muchos economistas dudan de la forma en que se actualizó el trabajo que previamente habían hecho técnicos de alta talla del ahora inexistente Consejo Nacional del Desarrollo con base en 1973, esto es hace más de 40 años.

Muy lejos del mundo de fantasía
Y a la luz de los datos que cada mañana transmite el Jefe de Gabinete en conferencia de prensa, como que en la última década se crearon seis millones de empleos, o que el salario real medio de la economía aumentó más de 72% respecto de la inflación, o que en la Argentina 2014 más del 70% de la población tiene capacidad de ahorro y por eso esta temporada será récord de turismo interno, con más de 29 millones de personas que visitarán algún punto de descanso y diversión del país, pareciera que la matriz de insumo-producto que con tanta convicción toma como referencia se basa en las devaluadas estadísticas del Indec y en otras elaboradas ad hoc para abonar el relato.

Si los logros que resalta Jorge Capitanich fueran reales y por tanto comprobables no se entiende por qué hace casi dos meses la Presidente decidió cambios el equipo económico, en la presidencia del Banco Central y en la propia Jefatura de Gabinete. Es cierto que sólo se cambiaron nombres y las formas, no las políticas y la facilidad para desconocer la realidad, que transformó en pocos meses un sendero de crecimiento inestable en una recesión asegurada con alta inflación y menos reservas de divisas y energéticas.

Una vez más, la Argentina aparece entre las economías más cerradas del planeta y con mayor cantidad de impedimentos para el saludable desarrollo de la vida económica, con el consecuente deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los argentinos, porque se vedan las oportunidades para la inversión y la generación de empleos, el poder de compra se derrumba de modo acelerado como lo refleja la variación interanual del cobro del IVA por parte de la AFIP y aumenta la vulnerabilidad externa con la imparable hemorragia de dólares de las reservas del Banco Central.

Por tanto, en lugar de insistir con más regulaciones y políticas del parche, incompatible con el supuesto conocimiento de la matriz de insumo-producto del país, porque exigiría un plan integral, sería bueno que el equipo económico comience a analizar hacia dónde se encaminaría la economía y la calidad de vida del conjunto de los residentes si comenzara a desatar los nudos que en los órdenes cambiario, comercial, financiero y productivo fue haciendo en el último lustro, en particular en la segunda mitad de ese período, y pusiera cepos en los órdenes fiscal y monetario, como hacen la mayoría de los países del planeta.

En el mundo abundan los casos exitosos de crecimiento sustentable después de haber pasado por crisis severas, económicas, civiles y militares, que posibilitaron una mejora de la calidad de vida de sus habitantes, al apoyarse en el fortalecimiento de las instituciones básicas y tradicionales.

Por eso no se entiende la vocación por volver a experimentar con probadas recetas que fracasaron en los pasados cincuenta años y que sólo persisten en unas pocas naciones donde la falta de libertad económica es su mayor pasivo, como Cuba, Venezuela, Ecuador, Irán, Corea del Norte, Turkmenistán, Uzbekistán, Angola, o Bolivia, entro otras, que comparten el mismo grupo en la calificación de The Heritage Foundation. Según ese trabajo el promedio de riqueza de los países con alto índice de libertad económica es de u$s45.404 por habitante y por año, mientras que el de los altamente reprimidos fue en el último año de apenas u$s6.231, para la Argentina lo estimó en u$s18.112, más cerca del límite inferior que el superior.

El Banco Central padeció de ilusión monetaria

Se trata de creer que porque suben las variables nominales se está mejor. Por eso se habla de récord de recaudación de impuestos, alzas de salarios y de jubilaciones y de depósitos bancarios y créditos a niveles inéditos, o puntos máximos de gasto en supermercados y shopping.

Sin embargo, los economistas bautizaron como variables reales no sólo a los niveles físicos de producción y venta de bienes -sea automóviles, cemento, cosechas, carne, etcétera-, sino también al efecto de depurar a las variables monetarias del impacto de la inflación, para poder detectar si realmente se está mejor porque se tienen más dinero en el bolsillo o en la cuenta bancaria, o si por el contrario, se está peor porque los precios se incrementaron en mayor cuantía. Obviamente que puede ocurrir lo contrario, como se observó en el primer lustro desde la salida de la convertibilidad fija de un peso en un dólar.

Claramente, esa distinción la hacen a menudo los economistas, no necesariamente el conjunto de la población que tras cada aumento de salarios y de jubilaciones que recibe cae en la ilusión monetaria de creer que comenzará a estar más aliviada para satisfacer sus necesidades, pese a que desde el mismo momento del anuncio de la suba de ingreso hasta que se lo percibe ya sufrió algún desagio. Eso lo comprueba con contundencia a la larga cuando ve que comprar las mismas cantidades de siempre le exige desembolsar más pesos, y aun así no logra el objetivo, entonces luego lo refleja en el voto en las urnas cada dos años.

Sin embargo, en el discurso de apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2013, tres días antes de que fuera despedida de la presidencia del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont había hablado más como ama de casa que como economista profesional y máxima autoridad de política monetaria, financiera y cambiaria del país, cuando dijo: “nosotros pensamos que es fundamental para garantizar la fase de transformación productiva tener un régimen de flotación administrada que un régimen de metas de inflación”.

Para eso ejemplificó con la supuesta convicción de que como “desde antes de la crisis de 2007 en adelante, el tipo de cambio nominal en la Argentina aumentó 95%, mientras que en la región, salvo Venezuela porque tuvo una devaluación fuerte el año pasado, el tipo de cambio nominal cayó un 5%”, se promovió y garantizó el proceso de industrialización, porque “no es neutro en materia de precios, no es neutro en términos de disciplinamiento que supone la apreciación cambiaria para regular las tensiones inflacionarias”.

Sin embargo, Marcó del Pont omitió hacer el análisis en términos reales, no ya con los datos de inflación acotados que informa mes a mes el ultradevaluado Indec, sino con el que brinda la real medición alza de los precios. Aunque reconoció que en materia de inflación “algo había que hacer” y provocó, a ojos de muchos analistas la apertura de la puerta de salida.

Atraso cambiario y pérdida de competitividad
Así, en el caso de la región la baja nominal de 5% del tipo de cambio tuvo lugar en un escenario de alza de precios de menos de 40% en los seis años que tomó como referencia Marcó del Pont, en tanto en la Argentina el salto en 95% de la paridad cambiaria oficial se dio frente a un promedio de incremento del Índice de Precios Implícitos en el cálculo oficial del PBI de 175%, en tanto que el consenso del mercado, sintetizada en la denominada inflación Congreso, se amplió a 320 por ciento.

En consecuencia, mientras que en el promedio de los países sudamericanos las monedas se apreciaron en términos reales un 30%, en la Argentina se verificó un fenómeno casi idéntico si se toma el IPI del PBI, pero se acentuó a más de 53% si se ajusta por la inflación verdadera.

Eso quiere decir que, en el primer caso, el valor de la producción de bienes y servicios se encareció en términos de moneda extranjera poco más de 40%, a un ritmo de 5,8% anual acumulativo, aproximadamente, mientras que en el segundo saltó más de 115%, a una tasa acumulativa por año de 13,6 por ciento.

Claramente, una apreciación real de la moneda del orden de 5 a 6% por año puede ser absorbida por el sector productivo con ganancias de productividad en el uso de los factores de producción, junto a cambios estratégicos en la estructura productiva y aumento de la oferta de productos, para no perder competitividad con el resto del mundo.

Pero la exigencia se torna imposible si en forma repetida las empresas se ven presionadas por políticas discrecionales que niegan la realidad que llevan a una apreciación cambiaria de dos a tres veces más marcada que en el promedio de la región. La consecuencia se ve en el crecimiento de las reservas monetarias en divisas en la mayoría de los países de la región, en contraste con la Argentina, donde se asiste a una inquietante hemorragia que se busca detener con el auxilio de blindajes financieros por parte de los gobiernos de Francia y de China, como ya fallidamente se intentó en los últimos meses de la convertibilidad, en 2001, por parte de la dupla De la Rúa, en la presidencia, y Domingo Cavallo, en el Ministerio de Economía.

El reemplazo de Marcó del Pont por un técnico de larga carrera como bancario y de reconocido carácter para no ser dominado por caprichos y discrecionalidades dogmáticas que se contraponen contra la fuerza de la realidad, como se le atribuye a Juan Carlos Fábrega, es visto en el mercado como un cambio positivo hacia la vuelta a la austeridad monetaria, condición necesaria pero no suficiente para desacelerar el ritmo inflacionario y la pérdida de reservas monetarias internacionales.

La renuncia de Guillermo Moreno abre un camino de esperanza hacia la vuelta de la discrecionalidad, racionalidad en la regulación de la economía, pero aún el ahora formal ministro de Economía, Axel Kicillof, como el flamante Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y menos aún Cristina Kirchner, se han manifestado sobre qué rumbo tomará la política económica, en particular en lo referente a las áreas fiscal, comercial, cambiaria y de endeudamiento con el resto del mundo, donde se han acumulado severos desequilibrios y condicionado la política monetaria. Como sostiene Juan Carlos de Pablo, “sabemos que cambian personas y modos, ¿cambiarán también los contenidos?”.