Con poco usual anticipación el Gobierno nacional presentó al Congreso las bases del Presupuesto de Gastos y Recursos para el año entrante y, con la habilidad de un atleta de clase mundial, superó las primeras vallas para su tratamiento exprés en Diputados y Senadores.
Se trata de una historia conocida por su repetición y carencia de debates destinados a obtener el mejor proyecto, para el bien de los 41 millones de argentinos.
Tampoco es nuevo que una vez más referentes de los partidos de oposición levantaran sus voces no ya para rechazar la continuidad de diversos impuestos que nacieron en la emergencia, como es el caso más reciente del referido al que se aplica a los créditos y débitos bancarios y que como Ganancias, se fue convirtiendo en una pieza inamovible del manual tributario, sino porque se propone una vez más prorrogarlo, ahora por dos años, sin compartirlo con el conjunto de las provincias, antes de que cambie la estructura de las cámaras, el 10 de diciembre.
Y no se busca rechazar de plano la prórroga de un impuesto claramente distorsivo en los costos de las empresas y también de la amplia familia de trabajadores independientes, como autónomos y monotributitas, además de afectar la bancarización porque los que pueden buscan esquivar el pago del 1,2% del tributo, sino de aceptar su aplicación si el oficialismo cediera a compartirlo con las 24 jurisdicciones administrativas en que se divide el país.
Una vez más, pese a la oportunidad que brindaron las PASO, porque anticipa que desde el próximo 10 de diciembre las Cámaras del Congreso pasarán a tener una conformación menos dependiente del Poder Ejecutivo, diputados de la oposición no parecen dispuestos a plantear la necesidad de una reforma integral del sistema tributario argentino, en la que desaparezcan los impuestos de emergencia, se restablezca un equilibrio en la coparticipación regulada según las necesidades básicas insatisfechas de cada distrito y se prohíba la distribución discrecional de los recursos por parte del Poder Ejecutivo.
En los últimos tiempos se han presentado más de 20 proyectos de reformas impositivas, que buscan aliviarle la carga a algunos y elevarla a otros, con suma positiva.
Tampoco se percibe una insistente vocación en la oposición por impulsar no sólo los ajustes automáticos de los mínimos no imponibles del impuesto a las Ganancias, tanto para asalariados, como para autónomos y empresas, sino también de una revisión de las escalas regresivas de tributación de 9 a 35% y la eliminación de las retenciones sobre las exportaciones, en particular para los productos de las economías regionales y el sector industrial no agropecuario.
Por el contrario, una vez más se percibe una alta propensión de las diferentes lineas partidarias, con muy pocas excepciones, por presentar propuestas para crear impuestos, como a la renta financiera, escudadas en principios de equidad tributaria, las cuales sólo contribuyen a fomentar un gasto creciente, ineficiente y que, a la postre lejos esta de redistribuir los recursos de los que mas ganan a los que menos tienen.
Muchos me atacarán, cuestionándome cómo se financiará el Estado si se resigna recaudación, dado el peso del gasto en salarios, jubilaciones, asistencia social, inversión en obra pública y la atención, aunque con claras deficiencias, de los servicios esenciales. La respuesta está del lado de la parte del gasto improductivo, ineficiente, clientelar y la mayoría de las veces con aplicaciones nada transparentes. Y no estoy hablando de los subsidios a los sectores carenciados. El ahorro puede ser inmediato, aunque se corra el riesgo de tildarlo de “ajuste ortodoxo”.
¿Gradualismo o shock?
La inflacion elevada y sostenida, es la principal responsable de esa distribucion regresiva, porque a través del encarecimiento de los alimentos y medicamentos, perjudica más a los que ganan la minima, (90% de los jubilados y pensionados), a más del 40% de los asalariados y autónomos y ni que hablar de los 1,4 millones de desocupados que informa el Indec y otro tanto que no participan del mercado de trabajo por sentirse desalentados.
De ahi que es de esperar que las fuerzas politicas asuman el rol de legislar pensando más en contribuir al logro de un estado que en lugar de aumentar su carga sobre el sector privado, se encamine a favor de reducirla vía el aliento de la inversión, el empleo productivo y la estabilidad de precios. Sólo así se podrán cobrar más impuestos sin necesidad de crear tributos distorsivos para el desarrollo del país.
Eso requiere atacar la inflación de cuajo, cualquier intento de gradualismo, y de suponer que está determinada por la existencia de oligopolios en un mundo altamente globalizado, aunque la Argentina se cierra por caprichos y al extremo de frenar la creación de empleos, sólo conducirá a perpetuarla, para beneficio de pocos y el perjuicio de muchos. Experiencias en la materia hay de sobra.