El Central no era el principal problema

En casi cinco años, Cristina Kirchner removió a tres presidentes del Banco Central: el primero fue Martín Redrado el 22 de enero de 2010 cuando se opuso al uso de las reservas en divisas para pagar vencimientos de la deuda pública; luego Mercedes Marcó del Pont el 18 de noviembre de 2013, por resistirse a someterse a la dependencia del nuevo ministro de Economía, aunque fue una de las responsables de quitar de la fachada interior de la entidad el rol que sostenía la institución: “Es misión primaria y fundamental de este Banco Central preservar el valor de la moneda”; y ahora Juan Carlos Fábrega que, como Redrado, contaba con mandato del Congreso por seis años. Continuar leyendo

Confesiones ocultas en el Presupuesto 2015

Ya comenté como entre la abundancia de irrealidades que forman parte de la base del presupuesto nacional de gastos y recursos para el año próximo resaltan algunas grandes verdades, como que se prevé usar el 40% de las reservas en divisas del Banco Central para pagar deuda, al costo de alimentar las tensiones cambiarias y con ello de la inflación.

Pero también surge que, pese a pronosticar recuperación de la actividad económica, tanto del lado de la producción como del consumo, proyecta más pobreza e indigencia, y crecimiento del desempleo. Aunque para encontrar esas evidencias hay que tomarse el trabajo de leer al detalle la mayor parte de las 392 páginas del Mensaje del Presupuesto que el Poder Ejecutivo Nacional presentó en Diputados el último lunes, y no sólo detenerse en las pautas macroeconómicas. Continuar leyendo

Bajar la inflación mensual a la mitad no alcanza

El ministro de Economía parece satisfecho porque la tasa de inflación mensual desaceleró a la mitad de los picos que se registraron en el trimestre diciembre 2013 a febrero 2014, como siempre más alta en las mediciones privadas que en las del crecientemente devaluado Indec.

Sin embargo, los cálculos para agosto por parte de las consultoras privadas y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arrojaron alzas de entre 2,3% y 2,9%. Superan cómodamente el 2,1% que habían estimado para igual mes del año anterior. En el caso del índice oficial, nadie proyecta que descienda al rango de 0,8% de doce meses antes.

Pero peor aún, la brecha que se abrió en la tasa anualizada, de 25 a más de 40% en el caso de los privados y de 10,5 a 22% en el de la serie que el Indec se resiste a empalmar entre el IPC y el IPCNu, indican con claridad que achicar la inflación mensual a la mitad respecto de los máximos de comienzos del año no alcanzan para generar no sólo un cambio en las expectativas, sino más aún para evitar el persistente deterioro del poder de compra de los salarios y jubilaciones, como en la competitividad de las empresas.

En la óptica del ministro y de su equipo la inflación es producto de actos inescrupulosos de los actores del sector privado que hábilmente logran sortear los crecientes obstáculos, regulaciones, restricciones y cepos que su cartera fue imponiendo, en particular desde fines de octubre de 2011.

Ninguna chance le asigna al efecto que sobre el alza de los precios del promedio de la economía provocan la concurrencia de desmedidas políticas fiscales y monetarias expansivas, pese a que los mercados ya hace tiempo que dan señales de saturación de esas prácticas fallidas y que se contraponen a las que se aplican en el mundo, con muy pocas excepciones.

Algunos economistas se atreven a describir el escenario actual como el retorno a la ortodoxia más rancia por parte de Kicillof y su equipo, ya que ha desacelerado la inflación luego de los picos pre y post devaluación de enero, por la vía de provocar una fuerte recesión en los mercados de bienes durables y de inversión, como el automotor, motos, inmobiliario, y en menor medida en el de los no durables y semidurables, como alimentos, bebidas, textiles y cueros, entre otros (claramente en el sector privado, porque el gasto de Gobierno, hasta ahora posibilitó atenuar la caída del PBI). Y por esa vía, contraer las importaciones, para atenuar la pérdida de visas por parte del Banco Central.

Sin embargo, todos esos efectos negativos no sólo han sido insuficientes para encaminar la suba de los precios a niveles manejables y evitar la acumulación de distorsiones entre los niveles de las tarifas, el tipo de cambio, los salarios y las tasas de interés, sino que peor aún han contribuido a profundizar los desequilibrios y elevar la tasa de inflación de 25 a 40% en los últimos doce meses y, al ritmo actual ya hay modelos econométricos conservadores que anticipan un salto a 50% o más el año próximo, si no se introducen cambios de política hacia la ortodoxia plena, sin cosmética ni contabilidad creativa. Y, ni qué decir si se cae en otra devaluación de dos dígitos antes del fin de mandato presidencial.

Tormenta perfecta
Hasta ahora el gobierno pudo escapar al ajuste del gasto público, porque pudo financiar el déficit fiscal creciente con el cobro de retenciones de hasta 37,5% sobre las exportaciones del complejo sojero, de modo primario, y con el uso de parte de las reservas en divisas que el sector aportaba al Banco Central, para pagar vencimientos de deuda pública.

Pero ahora con el derrumbe de los precios internacionales de una proyección a más de 600 dólares la tonelada que tenía en su hoja de balance en 2011 a menos de 400 en los futuros a noviembre, y para peor, las inundaciones y la pérdida de competitividad de los campos alejados a más de 500 kilómetros de los puertos de salida al mundo, alteraron el panorama.

De hecho, el anticipo de liquidaciones de divisas en el primer trimestre del año determinó una brusca contracción en este tercer trimestre que termina y provocó el doble efecto de caída del cobro de retenciones y de acumulación de reservas por parte de la autoridad monetaria, fenómenos que se tradujeron en agosto en la intensificación de la emisión de dinero para financiar el rojo fiscal, y consecuentemente en una nueva aceleración de la inflación.

Y ya está ampliamente demostrado que la inflación, sobre todo cuando se acelera a tasas de dos dígitos altos, provoca caída del poder de compra de los salarios y de las jubilaciones, y con ello un aumento de los índices de pobreza e indigencia al rango de dos dígitos porcentuales de la población, como estimó el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, independientemente que lo nieguen sin justificación seria el jede de Gabinete, Jorge Capitanich y el ministro de Economía, Axel Kicillof. Eso no se puede discutir.

Saqueos: datos dudosos llevan a políticas erróneas

Reiteradamente el Gobierno nacional se ha negado a revaluar las funciones del organismo oficial de estadística, y en particular el resultado de sus informes mensuales y trimestrales de precios, actividad, pobreza e indigencia, distribución del ingreso, entre otros.

Sin embargo, ahora que se agotan las reservas del Banco Central, porque han caído a niveles críticos, menos de tres meses de importaciones representan las de libre disponibilidad, se accede a lanzar un nuevo IPC Urbano y Nacional, a partir de febrero desde 2014, y el recálculo del PBI a precios de 2003 desde marzo de 2014, para poder quedar más cerca del acceso a créditos contingentes del Fondo Monetario Internacional.

Pero mientras tanto no se sabe qué pasó en la pomposamente llamada “década ganada” para que no sólo aparezcan abultadas demandas de subas salariales por parte de las fuerzas policiales de las provincias, las cuales están siendo rápidamente reconocidas, sino que también amenazan con derivar en reclamos de igual tenor por parte de docentes, personal de la salud, y otros servicios públicos, incluida la administración pública, justo cuando las finanzas se debilitan por el efecto de la inflación desantendida.

Se argumenta que la situación de pleno empleo en varias provincias del norte del país y reducción de la desocupación a valores desusadamente bajos en los últimos 30 años no justifican reclamos salariales, porque a la luz de las estadísticas oficiales que no reflejan la realidad sino lo que el Gobierno quiere que revelen, en particular en el orden social, no hay hoy incapacidades extremas de poder de compra de las familias.

Más aún considerando que desde la salida de la convertibilidad la presión tributaria global, que es el porcentaje que representa la recaudación propia de la Nación, provincias y municipios del total de la generación de riqueza del país (PBI), se elevó en más de 15 puntos porcentuales, a casi 50% del producto, gracias a los aportes de las retenciones sobre las exportaciones, el impuesto al cheque, y el impuesto inflacionario sobre las empresas y también sobre el gasto de las familias.

Está claro que gran parte de esos recursos adicionales que hasta 2011 habían posibilitado acumular reservas se destinaron al pago de la deuda externa del sector público, principalmente con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos de crédito multilateral. Pero ahora no aparece claro qué porción se destinó a saldar la elevada deuda social.
Los jubilados nacionales no logran acceder al 82% móvil dispuesto por ley, pese a que la Anses se muestra con fondos excedentes para financiar el ahora abultado desequilibrio de las cuentas públicas.

Los índices de pobreza e indigencia que estiman los estudios universitarios, como el Observatorio Social de la UCA, superan en varias veces las cifras que difunde el Indec y se ubican en valores de dos dígitos altos.

La porción de los jóvenes de más de 18 años que revisten en la nómina de ni-ni-ni -no estudian, no trabajan y no buscan trabajo- ya supera el millón, y no se trata de personas adineradas que se pueden dar el lujo de vivir del ocio o de rentas heredadas, sino en gran parte corresponden a poblaciones en asentamientos precarios que se sospecha obtienen recursos mal habidos, como la delincuencia juvenil y saqueos.

La supuesta situación de pleno empleo no hace más que ocultar inquietantes bolsones de desocupados desalentados por no lograr el objetivo de ocuparse en tareas dignas y, muchos de ellos, por el temor a perder generosos planes asistenciales sin contraprestación laboral, aunque también sufren las consecuencias de la erosión que provoca la inflación.

Lamentablemente, por efecto de la sublevación policial en la mayoría de las provincias, hoy nos enteramos que esas fuerzas de seguridad, pese a su alta exposición al riesgo, apenas percibían, con adicionales, horas extras, jornadas de 48 horas, etcétera, poco más que el salario promedio de toda la economía. Lo mismo vale para el sistema de salud y la educación.

Demanda de transparencia hoy
Es tiempo de blanquear las estadísticas ya y hacer los análisis correspondientes sobre cómo se llegó a este estado de estancamiento de la actividad económica, alta inflación, reconocimiento de un dólar turista que supera en 35% al oficial, y en más de 74% al que regía un año atrás, debilitamiento acelerado del crecimiento de la recaudación tributaria, dos años de estancamiento del empleo en la actividad privada y, consecuentemente, creciente mal humor social.

Buscar financiamiento externo, aunque sea para obras de infraestructura; sostener el control de precios e intentar limitar también el margen de ganancias de las empresas y acelerar el ritmo devaluación para tentar a exportadores a que liquiden sus operaciones y desalentar a los importadores, es sólo insistir con atenuar las consecuencias de los crecientes y abultados desequilibrios macroeconómicos, provocados por caprichos transgresores. Seguir demorando las decisiones para enfrentar las causas que le dieron origen sólo conduce a generar más trastornos sociales y pérdida inquietante de vitalidad de la actividad económica. La producción de autos se desmorronó 20% en noviembre.

Para peor, el viento de cola del mundo parece haber comenzado a cambiar: los precios internacionales de las materias primas que exporta la Argentina cayeron en promedio 13%, según el índice del Banco Central de la República Argentina, y nada asegura que el ajuste declinante haya cesado. Parte de ese fenómeno explica la caída de los ingresos de la AFIP por retenciones sobre las exportaciones, justo cuando se elevan día a día las necesidades de divisas para pagar importaciones de combustibles que requieren las centrales térmicas.

Seguir buscando conspiradores y desestabilizadores, en lugar de reconocer desaciertos en la gestión y corregirlos, en particular los incurridos en los últimos dos años, sólo conducirá a agravar el descontento social el cual se manifestó en las últimas elecciones legislativas, aunque ese mensaje hasta ahora se desestimó.