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Los excesos y defectos del fin de ciclo

Cualquiera que sea el resultado final de las elecciones presidenciales pareciera que no hay grandes dudas sobre los grandes desequilibrios que afectan a la economía en su conjunto, los cuales se ven con clara nitidez en la sociedad civil y empresaria. En todo caso, las diferencias profundas entre los candidatos se localizan en las convicciones, prioridades y formas de nivelación de las principales variables, ya que nadie desconoce su existencia y consecuencias.

Entre esos grandes desequilibrios se advierten la presencia de enormes excesos, y también de notables defectos, que han conducido a un estado de estancamiento o moderada recesión con alta inflación, creciente aislamiento del mundo financiero y comercial, con un resultado intolerable de destrucción de empleos y aumento de la pobreza.

Entre los excesos sobresale la dinámica de un gasto público improductivo e ineficiente, porque no ha resultado funcional al crecimiento del empleo agregado. En el mejor de los casos sólo se verifica incremento en el segmento de los trabajadores aportantes al Sistema Integrado Provisional Argentino, pero no en el resto de la casi mitad de las provincias excluidas de ese régimen, ni de los ocupados como cuentapropistas y en negro. Por el contrario, ha sido uno de los principales responsables de haber derivado en abultado déficit fiscal y alta inflación.

Junto a estas dos últimas variables que se han disparado largamente de los estándares internacionales, se agrega el desborde de las tasas de interés que tanto Economía como el Banco Central deben convalidar para cubrir las necesidades de financiamiento del desequilibrio fiscal y la parcial esterilización del consecuente exceso de emisión monetaria, con el costo equivalente a no haber desendeudado el país y pagar tasas internacionales. Lo que supuestamente se ganó por un lado (último dato de deuda pública es a junio de 2014) se perdió por el otro.

El regreso al viejo camino de la colocación de deuda pública para pagar gasto corriente (aunque muchas veces se lo asocie a inversiones en infraestructura ferroviaria o energética), principalmente en el mercado interno y con tasas cada vez más elevadas, ahora en términos reales, es una de las consecuencias del capricho de decidir no honrar los fallos internacionales. La consecuencia es el retiro de liquidez del sector privado, con el consecuente impacto contractivo sobre el consumo y la inversión privada.

Otro exceso es la presión tributaria sobre los contribuyentes activos. Y pese a haberse tornado en muchos casos insoportable no da muestras de detenerse, sino por el contrario de profundizarse con la persistente alta inflación, mientras no se aplica la movilidad al mínimo no imponible de los trabajadores, sean asalariados, o más aún autónomos, ni se permite a las empresas ajustar sus balances por la variación de los precios mayoristas. Y ahora se suma un proyecto de crear impuestos al consumo para asistir al deporte amateur.

Mientras que entre los grandes defectos o atrasos de las variables macroeconómicas se destacan en primer lugar el cuadro social, con más del 40% de los jefes de hogar que no logran reunir en un mes recursos monetarios equiparables a un salario mínimo, vital y móvil de $4.716, sumando el fruto de un trabajo precario con las diversas asistencias sociales, como salario familiar; y otros complementos, mientras que más del 20% de los hogares “vive” con recursos menores a ese umbral, porque les resulta insuficiente la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, el Plan la Madre y el Niño, y otras que se otorgan en los ámbitos provinciales.

Una de las causas de ese escenario es la baja prioridad que en los últimos años se ha dado a la inversión en infraestructura, como energética, vial, portuaria, de telecomunicaciones, con regulaciones tarifarias que no cubren siquiera el pago de los salarios en muchas empresas, y en otras las necesarias inversiones en mantenimiento.

De ahí el colapso energético ni bien aparecen las primeras altas o bajas temperaturas, como ocurre en la actualidad. El escenario no es parejo en el orden nacional, habida cuenta de que en el caso de las tarifas eléctricas se registran diferencias de hasta 10 veces entre provincias, donde es más bajo en alguna de las más ricas, o al menos donde se genera la mayor parte del PBI.

Otro rezago insostenible es el del tipo de cambio oficial, porque su utilización como ancla inflacionaria ha erosionado la competitividad de la producción nacional, más aún en los casos de la agrícola y economías regionales castigadas con retenciones sobre las exportaciones. Un estudio de IERAL de Fundación Mediterránea muestra que mientras por efecto de la baja de los precios internacionales de las materias primas el promedio de la región registró desde 2011 caída de sus ventas al resto del mundo del orden de 15% en dólares, en la Argentina la baja superó el 32 por ciento.

El cuadro se intensifica porque la consecuencia del desaliento a la inversión y las exportaciones ha sido el freno a las importaciones con cepos, DJAI y autorizaciones de pago a proveedores discrecionales, aún de insumos y partes esenciales para fabricar productos de posterior exportación, generando un círculo vicioso que conspira contra el crecimiento y el empleo y alimenta la pobreza en la población. Se estima que el atraso de pagos al exterior se ubica en torno a u$s6.800 millones.

También, por el cepo cambiario, se acumulan demoras en la autorización para el giro de dividendos al exterior por parte de las empresas de capital extranjero. La consecuencia de esa política llevó a la virtual extinción de la inversión extranjera directa, otra fuente generadora de empleos y mayores salarios.

Finalmente y no menos importante, otro gran retraso que acusa la economía argentina es el de la capacidad de compra del promedio de los trabajadores, pese a que ha alcanzado una participación récord en el reparto del PBI entre los factores de producción, con algo más de 52 por ciento. Algunos analistas estiman que el ingreso medio por habitante por año en torno a u$s13.000 que calcula Economía podría triplicarse en el mediano plazo si los grandes desvíos descriptos precedentemente, en una apretada síntesis, tendieran a alinearse a los parámetros que predominan entre más de 200 países.

La clase media, un sector en extinción

La catarata de bytes y derroche de tinta que generó el anuncio de la Presidente en la FAO de que la Argentina había reducido los índices de pobreza y de hambre a menos de 5% de la población permitieron abrir los ojos sobre la realidad que afecta al país, porque llevó a cotejar con otras naciones, en particular con las más desarrolladas, las cuales aparecen como cada vez más lejanas, los indicadores que hacen referencia a la calidad de vida del conjunto de los habitantes.

No hay duda de que en comparación con el escenario recesivo que disparó la crisis institucional de 2001 y que derivó en una singular depresión el año siguiente con una salida traumática de la convertibilidad fija entre el peso y el dólar, porque careció de plan integral y sustentable y se basó en el default con acreedores internacionales que aún no se quiere cerrar plenamente pese a un fallo judicial adverso, cualquier indicador económico o social es hoy mejor que entonces.

Pero la mala noticia es que hace cuatro años que la economía, bien medida, dejó de crecer, porque el exagerado incentivo al consumo interno, sin un correlato con incentivos similares a los otros componentes de la demanda agregada como las exportaciones y la inversión bruta interna, derivó no sólo en la destrucción de empleos, sino también cerró oportunidades laborales a centenares de miles de jóvenes. Esos indicadores de por sí impiden mejorar indicadores claves como los de estado de pobreza e indigencia.

Más cantidad, por menos calidad
De ahí que pese a los esfuerzos que hizo el Gobierno inicialmente con los subsidios sociales y la movilidad jubilatoria, incorporando a miles de personas que nunca aportaron como amas de casa, y otras con pocos años laborales declarados, sólo pudo reducir en los últimos años el estado de indigencia, pero a costa de incrementar sensiblemente el segmento que revista como pobre y de ingresos medios bajo, según demostró un nuevo trabajo del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales.

Es que uno de los determinantes del escenario recesivo de los últimos años, coincidente con la imposición del cepo cambiario a fines de 2011, tras agotarse los efectos de la intervención del Indec desde 2007 para subestimar la inflación y los índices sociales vinculados como la pobreza e indigencia, fueron la aceleración del alza de los precios que provocó el financiamiento del abultado déficit fiscal con emisión del Banco Central y ahora se agregó la colocación de deuda entre bancos, empresas y algunos particulares, y también el cierre de la economía.

Esas restricciones, junto a las crecientes necesidades de importación de energía, por el agotamiento de las reservas comprobadas, impidieron al Gobierno mantener el poder de compra de los subsidios sociales, como las Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo, Plan Familias, y otros, porque sus preferencias presupuestarias se concentraron en otras áreas, como promover el empleo en la administración pública para una minúscula proporción de la población, para atenuar el impacto de la destrucción de empleos privados.

El resultado final que se desprende de la estadística del Indec de Distribución del Ingreso de los Hogares y su relación con el salario mínimo vital y móvil, es que en los últimos siete años el sector que reunió recursos monetarios medio y medio alto apenas representó el 11% del total; el de ingreso medio bajo se elevó de 29 a 33%, y también se incrementó la proporción de pobres de 30 a 32% del total. Por el contrario declinaron las posiciones extremas: dos puntos porcentuales la de altos ingresos a 1% del total y 4 puntos porcentuales la franja de indigencia que pasó de 27 a 23% de los hogares.

La continuidad por espacio de más de 13 años de los planes asistenciales, con menos presupuesto relativo, pero mayor cantidad de beneficiarios, por espacio de más de 13 años, no hace más que certificar que la buscada inclusión social constituye un objetivo inalcanzable con políticas que se apoyan en la intervención del organismo oficial de estadísticas; cierre de la economía; persistencia del default selectivo, y desequilibrio fiscal que erosiona las reservas del Banco Central y alimenta el impuesto inflacionario, porque perpetúan la estanflación, y con ello alimentan la pobreza, sostienen elevada la indigencia y destruye lo que una vez fue la clásica clase media de la población, que comprendía a una nutrida porción de la población.

Ganancias ya casi grava la pobreza

Históricamente el Impuesto a las Ganancias, que sucedió al original bautizado a las rentas, comprendía a las empresas y a trabajadores, asalariados y autónomos de elevados ingresos, con el explícito propósito de contribuir a una mejor distribución de la riqueza hacia los que menos tienen, sea a través de su aporte indirecto al financiamiento de los planes sociales, sea para encarar obras de infraestructura en todo el país. Por eso lo recaudado con ese tributo es coparticipable con el conjunto de las provincias.

Sin embargo, desde la salida de la convertibilidad y el regreso a un ambiente de alta inflación, como mecanismo histórico de las políticas populistas para financiar el gasto social, se dejó arbitrariamente de actualizar los mínimos no imponibles en forma automática por la variación de los precios para el caso de los trabajadores (con muy limitadas excepciones) y no se reactivó la autorización de los ajustes por inflación de los balances de las empresas, en ese caso por la variación de los precios mayoristas no agropecuarios que calcula el Indec. Continuar leyendo →

Endeudamiento improductivo y contractivo

Una Comisión Bicameral Permanente de Investigación de la Deuda Exterior quedó constituida en el Congreso Nacional con el objetivo de “echar luz sobre el origen del endeudamiento externo y hacer el seguimiento de la gestión y pago de los compromisos asumidos por el país desde la última dictadura”, y en particular sobre las condiciones de contratación en términos de tasas, plazos, comisiones y preferencias, a la hora de elegir a las entidades intervinientes y sectores privados involucrados, esto es desde el 24 de marzo de 1976 a la actualidad, con el claro propósito de demostrar que todo tiene pasado fue peor.

El diputado nacional kirchnerista Eric Calcagno fue designado como presidente de la Comisión que tiene un plazo de 180 días para emitir un informe sobre la forma en que fue encarado y resuelto el tema en los distintos gobiernos.

Se trata de un ejercicio de dudosa efectividad e implicancias de cara a un futuro donde se observa con nitidez cómo a pesar de crisis periódicas el mundo avanza hacia un nuevo estadio de desarrollo, a partir de la innovación para poder los países diversificar su oferta masiva de productos y servicios exclusivos o a lo sumo escasos, para poder superarse y elevar la calidad de vida de su gente con creciente capacitación y especialización para acceder a mejores salarios.

Entre extremos, en los últimos 39 años la deuda pública, interna y externa, se multiplicó por 30, si se toman los datos conocidos al 30 de junio de 2014 y por 37 si se compara con la que surge de la extrapolación al día a partir de los compromisos que asumió el Gobierno nacional desde entonces, junto al agregado de un déficit fiscal que, con el que genera el Banco Central con su política de regulación monetaria y cambiaria, se estima en torno a siete puntos del PBI. Pasó de u$s6.648 millones a u$s198.900 millones a junio último y a unos 250.000 millones en la actualidad. En ese período, la deuda externa privada se multiplicó por 23, se incrementó desde u$s9.738 millones a u$s70.230 millones a diciembre pasado.

Por tanto, a esta altura, sería deseable que la nueva comisión bicameral, si realmente tiene intenciones de llegar a algo, que se ocupe y preocupe para que no se repitan los factores que provocaron semejante brecha de crecimiento de la deuda pública total con la que experimentó la externa privada, en particular porque no se adviertan grandes factores de cambio en la calidad de vida de los habitantes y de la oferta productiva de las empresas, puesto que persisten enormes focos de escasez en materia de infraestructura educativa, hospitalaria, seguridad pública, energética, vial, entre otras.

En ese caso, la conclusión ya se puede adelantar: ese cuadro se explica por la recurrente indisciplina fiscal, definida por la alta diferencia negativa entre ingresos tributarios y gastos de la administración, que se financió con emisión de bonos o, como desde la crisis de la convertibilidad, con uso y abuso de emisión de dinero, con el consecuente impacto contractivo sobre la actividad, la inversión, el empleo y el aumento de la pobreza e indigencia, porque provocó una persistente pérdida de competitividad de las empresas con el resto del mundo y mantuvo una baja calidad de vida del promedio de los habitantes, al no poder dar suficiente respuesta a las necesidades sociales básicas.

La práctica de Hacienda de informar mes a mes el resultado de las finanzas públicas en base caja, esto por la diferencia entre los ingresos por el cobro de impuestos y aportes y contribuciones a la Seguridad Social, más los derechos aduaneros, y los gastos que se pagaron, y no los efectivamente incurridos pero no abonados, fue disimulando en cada período la real magnitud del déficit fiscal. Éste recién se puede calcular de modo más preciso casi con un año de atraso, cuando se difunden los datos de la deuda pública. Aunque en este caso también aparece un sesgo determinado por las diferencias de cambio que a menudo se verifican por las arbitrarias políticas públicas de atraso y apreciación del peso, según predominen los objetivos de estabilizar artificialmente la inflación con el rezago del tipo de cambio, o de fomentar la competitividad cambiaria de las exportaciones.

Por tanto, lo que requiere la Argentina hoy es que una Comisión Bicameral se reúna para impulsar un proyecto de ley que establezca una penalización creciente a los funcionarios de áreas responsables, hasta el grado presidencial, que con sus políticas provoquen niveles de déficit fiscal superiores a una pauta internacionalmente aceptada. Como punto extremo podría ser 3% del PBI. Y también a las autoridades que llevan a que la economía caiga en episodios de inflación de más de un dígito alto (superior a 6% anual), sin intervención del organismo oficial de estadística, fenómeno que merecería una pena aún mayor.

La dinámica de la deuda nominal
En los 39 años que se comprometió a investigar la Bicameral los gobiernos de facto estuvieron en siete, esto es en menos de un quinto del tiempo y la deuda pública total, externa e interna, se elevó en poco más de un décimo del total acumulado: u$s25.000 millones, (4,8 veces) y la externa del sector privado se acrecentó en u$s10.300 millones (4,3 veces), representaron en conjunto entre el 11 y 14% de la suba acumulada en ese período.

Bajo la administración de Ricardo Alfonsín la deuda pública total subió en u$s22.000 millones y la privada externa cayó en u$s7.300 millones, con lo que el neto explica entre 5 y 6% del incremento en los 39 años.

Mientras que los mayores saltos se observaron durante la gestión de los gobiernos asociados al peronismo: el menemismo acumuló en su ciclo de poco más de 10 años un expansión de las obligaciones financieras a plazo de u$s68.000 millones en el caso del sector público y u$s62.000 millones por parte de los privados, representando en conjunto entre 42% y 50% del total del período; y con el kirschnerismo se acrecentó entre 46.300 y 97.400 millones de dólares la pública (según se tome el saldo conocido al 30 de junio pasado, o el proyectado a hoy), pese a que en el medio se observó una quita neta de más de u$s66.000 millones a los bonistas afectados por el default de 2001 que aceptaron las propuestas de canje de 2005 y 2010. El uso de reservas del Banco Central para pagar algunos vencimientos sólo transformó deuda pública externa en deuda pública interna; en tanto la privada creció en u$s11.500 millones, equivaliendo en conjunto entre 20 y 33% del total.

Durante la transición desde el fracasado gobierno de la Alianza hasta la normalización institucional en mayo de 2003 la deuda pública avanzó en unos u$s31.000 millones y la privada externa cayó en u$s9.000 millones, explicó entre 8,5 y 10% del aumento acumulado en los citados 39 años.

Si el análisis del origen y destino de la deuda pública y privada se limitara a detectar su legitimidad, no cabe duda de que en primer caso sólo en muy pequeños tramos de los últimos 39 años tuvo su base en la mejora y aumento de la infraestructura en calidad y cantidad, mientras fue generalizado el uso de ese recurso para responder al clientelismo de la política que elevó el empleo improductivo y subsidios económicos a empresas y personas que no los necesitaban, más que por compensación de favores.

La pobreza del Indec

Una mancha más apareció en el organismo oficial de estadística de la Nación, luego de que el director del Indec, Norberto Itzcovich, revelara la incapacidad de la entidad para calcular las tasas de pobreza e indigencia, pese a que más de 170 países lo hacen y entregan sus datos a Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Cepal, la Organización Internacional del Trabajo y otros.

Hace más de un año que el Instituto de Estadísticas y Censos dejó de elaborar los índices de pobreza del país. Para justificar la insólita situación, su director, Norberto Itzcovich, publicó una columna de opinión titulada “La verdad sobre las mediciones de la pobreza” en defensa de la decisión, argumentando que “si la experimentamos con todas las combinaciones posibles en lugar de probar la sensibilidad de una de estas opciones a la vez (se refiere a diferentes opciones estadísticas), terminaríamos con una lista de 6.000 posibilidades por índice de pobreza. Para propósitos prácticos, es evidentemente imposible producir 6.000 estadísticas de pobreza cada vez que uno trata de responder a la pregunta de cuánta pobreza hay… Por lo tanto, la implicación principal para el análisis no es que hay 6.000 respuestas. Por el contrario, creemos que la conclusión es que a fin de hacer la estimación de la pobreza significativa, es necesario proporcionar una cuenta completa y explícita de las opciones metodológicas y sus supuestos”.

Claramente, se trató de una defensa de la respuesta que ante la pregunta sobre ¿cuántos pobres hay en la Argentina? dio el ministro de Economía, Axel Kicillof. “es estigmatizante”.

Sin embargo, la justiticación de Iztcovich parece extremadamente débil, porque no sólo en el resto del mundo las direcciones de estadística han encontrado la forma de concentrarse en la mejor combinación de estadísticas consensuadamente acordadas en seminarios y foros académicos internacionales, para que los datos que se obtengan sean comparables entre países, sino porque en su larga carrera en el organismo avaló durante muchos años los indicadores oficiales de pobreza.

Ciertamente, siempre hay espacio para avanzar en el diseño de estadísticas complementarias y superadoras que posibiliten obtener no sólo la mejor fotografía, sino también poder ver la película de la situación socioeconómica de cada geografía nacional, para poder diseñar las mejores políticas orientadas a exterminar con el flagelo de la pobreza, cuyo principal impulsor es la inflación.

Pero manifestar el director del Indec que el organismo carece del instrumental básico para poder medir trimestralmente los índices de pobreza e indigencia como lo hacía hasta 2013, significa denunciar que en menos de un año y medio el ente sufrió una brusca devaluación de sus capacidades profesionales y tecnológicas, que reafirma las dudas de los economistas profesionales y también de gran parte de la población, sobre la solidez del cálculo de otros indicadores singularmente complejos como son los del Estimador Mensual de Actividad Económica y trimestral del PBI, además de las series de precios, o de distribución del ingreso, y ni que hablar de la estimación de la variación de los salarios, incluso en el segmento en negro de la economía, el cual por definición opera oculto a los organismos de control y fiscalización, o no?.

Sostener que en el Indec el director no cuenta con los instrumentos y capacidades para determinar la mejor forma de cálculo de la pobreza, o de al menos copiar los procedimientos mundialmente aceptados para hacerlo, es como asegurar que en un restaurante formalmente habilitado no se pueda pedir un huevo frito porque el chef no sabe cómo romper un huevo sin que se le mezcle la yema con la clara en la sartén.

Más simple es pensar que el director del Indec se vio sorprendido por los resultados obtenidos a partir de los precios promedio de la economía, pese a estar atenuados por el sistema de “precios cuidados”, y debió aplicar el principio de revelación, el cual indica que si un dato es peor al que se esperaba se lo oculta, porque de otro modo se lo utilizaría para descalificar mediciones alternativas hechas por el sector privado o partes interesadas de la oposición al Gobierno.

El uso político de la economía

La Presidente dedicó el primer tercio de su balance de gestión antes de dejar inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso nacional a los singulares logros en materia económica y se amplió a más de la mitad de su oratoria de poco más de tres horas y medias si se toman en cuenta las referencias a los aspectos sociales vinculados con la economía, como los programas asistenciales, los salarios docentes y las obras de infraestructura.

El uso político de la economía quedó puesto de manifiesto en el tiempo y prioridad que le dio Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa, sino fundamentalmente en destacar como grandes méritos a lo que fueron claros fracasos, y principalmente en omitir muchos de ellos.

Entre los primeros la Presidente resaltó la política de desendeudamiento, tanto en términos absolutos, dólares, como también en valores relativos al nivel del PBI, producto de la quita de unos u$s65 mil millones con el canje da en default en 2005; el pago al FMI de u$s9.530 millones al FMI en los primeros días de enero de 2006 y haber concretado otros pagos por unos u$s70.000 millones en los últimos doce años.

Sin embargo, pese a esas realidades, los datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación dan cuenta de que mientras la deuda pública total, interna y externa, era equivalente a fines de diciembre de 2001, último año de la convertibilidad fija de un peso y un dólar, a u$s144.500 millones y 53,7% del PBI, en junio de 2003 asciende a u$s152.600 millones y 138,7% del PBI; desciende a un mínimo de u$s125.400 millones en septiembre de 2005, un 61% del PBI. Desde ese momento y pese a los pagos efectuados con uso de reservas y aumento de la presión tributaria sobre las empresas y también los asalariados, escaló a junio de 2014, último dato, a u$s198.900 millones. Al cambio oficial representó 43% del PBI, pero al libre actual se amplía a más de 58% del PBI.

También fue un claro fracaso la supuesta industrialización de la economía, porque no sólo el conjunto del sector manufacturero perdió participación en el PBI, sino también en la contribución a generar empleos respecto del total registrado, e incluso en su aporte a la generación de divisas si se agrega el componente energía y combustibles.

La Presidente ponderó que la Argentina registra el nivel de industrialización más alto de América Latina al alcanzar el 20% del PBI, relegando a segundo lugar a México que, según dijo, es de 17,5% del PBI; Perú 14% y Brasil 12%. Sin embargo, de las cuentas nacionales surge que dicho 20% a precios de 2004, cuya serie comienza en 2006, es equivalente a 15,7% a precios del PBI de 1993, y representa un punto porcentuales menos que en 2003 y más de dos puntos porcentuales por debajo del pico de 18,2% que había alcanzado veinte años antes.

Tampoco la estadística oficial avala el logro de la disminución de la primarización de las exportaciones, esto es la mayor participación de las ventas al exterior de manufacturas industriales no agropecuarias y de energía y combustibles sobre el total del sectores productores de bienes generadores de divisas, porque de un promedio de 41,2% en los 90 y un pico de más de 49% en los últimos dos años de la convertibilidad cayó a 40% del total en el último año.

En línea con la contundencia de esos datos, las devaluadas estadísticas del Indec también revelan que el empleo registrado en el sector manufacturero si bien creció en los últimos once años en un 50%, esto es 400 mil puestos netos, respecto del total, público y privado, que aporta al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, declinó de 24,2% en 1994 a 17,7% en junio de 2003 y a 15,1% en el último dato a septiembre pasado.

Del mismo modo podría cuestionarse la relación del salario mínimo vital y móvil actual de $4.716, como el más alto de América Latina, porque los u$s530 al cambio oficial se reduce a menos de 365 al dólar libre.

Asimismo, la Encuesta Permanente de Hogares del Indec no avala la referencia que hizo la Presidente a la creación de seis millones de empleos, tanto en el agregado de los 31 aglomerados urbanos relavados, como incluso la extrapolación al total nacional. El aumento neto entre mediados de 2003 y fines de 2014 fue de 3,6 millones de personas, y se amplía poco más de 5 millones si se toma como referencia el mínimo anotado en mayo de 2002, bajo el inicio de la presidencia de Eduardo Duhalde, quien entregó el mando un año después con la economía en recuperación y creación de 1,4 millones de puestos de trabajo netos.

Los grandes ausentes
La Presidente decidió omitir aspectos relevantes de la economía donde el país ocupa los primeros puestos en el mundo, por su nivel de descrédito de la gestión.

Entre ellos sobresalen una tasa de inflación que pasó en los últimos ocho años de tasas de un dígito porcentual al año a un rango de dos dígitos altos, más de 35% en la actualidad.

El nivel de pobreza e indigencia, también en el rango de dos dígitos porcentuales de la población total, razón por la cual se dejó de elaborar la estadística a partir de la segunda mitad de 2013.

La fuga de capitales, que pasó de un total acumulado de 109 millones de dólares a fines de 2001 y 122.500 millones en diciembre de 2003 a 154.000 millones en 2007 y a más de u$s227.000 millones en el último dato a septiembre de 2014, según comunicó el Indec, por la política hostil contra la inversión extranjera directa y el impuesto inflacionario.

También estuvieron ausentes en el balance de gestión que hizo Cristina Kirchner las referencias al aumento de la carga impositiva sobre los ingresos de los trabajadores y las ganancias de las empresas en unos 15 puntos porcentuales en términos del PBI, en forma agregada, por la concurrencia de la no actualización de los mínimos no imponibles y permitir el ajuste de los balances por inflación, sino también por el impuesto inflacionario que se suma por el desfase entre el período del aumento nominal de los salarios y jubilaciones, cada un período medio de seis meses, y la suba diaria del promedio de precios de la economía.

Y pese al singular incremento de la presión tributaria, el resultado de las finanzas públicas pasó de un superávit de más de dos por ciento del PBI a un déficit pico de 8,2% en diciembre último y más de 4% en el promedio de 2014, sólo a nivel nacional. Deben agregarse un par de puntos de desequilibrio de las provincias y municipios y también el cuasi fiscal que genera el Banco Central con el financiamiento a tasa cero al Tesoro nacional y pago de tasas de más de 26% anual a los tomadores de Letras y Notas, principalmente bancos e inversores institucionales, como la Anses, compañías de seguro y fondos de inversión.

También se omitió toda referencia al cepo cambiario, las trabas impuestas a las importaciones y la política deliberada de apreciación del peso, los cuales se aunaron para provocar una severa pérdida de competitividad de la producción nacional y la consecuente contracción del comercio exterior argentino.

La lista del uso político de la economía podría continuar con la deliberada desactualización de los cuadros tarifarios de las empresas de servicios públicos, en particular para los sectores de medianos y altos ingresos; o las deficiencias en materia de infraestructura, porque las obras, energéticas, viales, portuarias, amén de las necesidades de asistencia educativa y hospitalaria estuvieron lejos de cubrir las necesidades de la población y de las empresas, entre otras, amén de la persistencia del default de parte de la deuda pública y la consecuente imposibilidad de acceder al mercado internacional de capitales a tasas de menos de 5% anual, como le ofrecen a países vecinos y tener que aceptar costos de casi el 9% anual, como el que asumió YPF pocas semanas atrás.