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Nos quieren hacer creer que un dólar vale menos de 10 pesos

En su último mensaje en la Asamblea Anual de las Naciones Unidades, la presidente Cristina Kirchner hizo una rápida historia de la economía argentina, y al explicar a muy pocos líderes del mundo que se quedaron en el auditorio una de las causas de la crisis de deuda, sostuvo que “nos hicieron creer durante la convertibilidad que un dólar valía un peso”.

Es una pena que ahora, al fin de mandato, la Presidente no repare en que, como en los 90, nos quiere hacer creer que un dólar vale menos de $10, cuando en el mercado libre, donde realmente es posible comprar un billete, ya cotiza a más de $16, con una brecha al filo de 70%, y el consenso de los economistas estima que una paridad real debiera ubicarse entre 12 y 13 pesos, por la inflación que genera un déficit fiscal descontrolado.

Los mentores del derrumbe de la convertibilidad de la peor manera, devaluación, desdolarización, default y corralón para el retiro de depósitos, estimaron entonces que la brecha cambiaria entre el peso y el dólar era del orden de 40%. En este punto, pareciera que el escenario actual es peor que entonces. Más aún cuando los números del comercio exterior muestran que las exportaciones se derrumban a ritmo de más de 11% por segundo año consecutivo, en contraste con 14 años atrás, que sólo habían bajado transitoriamente por un período y el saldo de la balanza comercial superaba en más de tres veces al que, con alguna ingeniería contable del INDEC, se proyecta para todo 2015.

También los indicadores pobreza e indigencia, pese a que nos quieren hacer creer que son sustancialmente bajos, son sensiblemente peores a los que se obtenían en los últimos años de los noventa, como lo acaba de detectar un hallazgo periodístico del diario La Nación.

Del mismo modo, nos quieren hacer creer que los cuadros tarifarios no necesitan una revisión urgente para los sectores de altos ingresos, pese a que pueden pagar hasta más de diez veces los valores actuales sin que se vean comprometidas sus finanzas, para poder mantener los subsidios a la demanda de los segmentos de la población de bajos ingresos, esto es más de la mitad de los argentinos.

No sólo eso, para sostener el relato, el INDEC nos quiere hacer creer que el consumo en supermercados y shopping crece a tasas de dos dígitos altos, entre 10 y 20% en cantidades, respecto del año anterior, pese a que una simple división de los ingresos por ventas por el coeficiente de aumento real de los precios, arroja una caída real de 3% en el primer caso y una modesta suba de 5%, sobre un nivel singularmente bajo del año anterior.

Y para no abundar mucho más en falsas creencias, la Secretaría de Hacienda nos quiere hacer creer que el rojo de las finanzas públicas es menos de la tercera parte del real, porque considera como recursos genuinos el cómputo de ganancias contables del Banco Central y de la Anses.

La realidad se impone
Sin embargo, al final del día, o mejor dicho, de ocho años del gobierno de Cristina Kirchner, ya no hay forma de ocultar los severos desaciertos de política económica, como fue el error de cálculo del posible cambio de escenario internacional cuando en 2012 se le confiscaron a Repsol sus tenencias accionarias de YPF, y después de dos años decidió evitar juicios hipermillonarios en dólares y pagó por el 51% del capital de la petrolera mucho más que el valor actual del 100% en Bolsa.

Y si bien, el derrape del precio del petróleo y la crisis de Petrobras, jugaron un rol relevante, en la pérdida de capitalización de YPF, no se pueden soslayar los efectos derivados de la persistencia del default parcial de la deuda externa de la Argentina porque trabó el ingreso de inversiones extranjeras, salvo casos muy puntuales; el atraso del tipo de cambio que le restó competitividad externa; el cepo cambiario que restó fluidez a las importaciones de insumos y máquinas, en modo directo e indirecto; y el severo atraso del Plan Piloto de Vaca Muerta, porque sólo aparece como viable con una cotización de crudo superior a los USD80 el barril.

De ahí que a menos de un mes de las elecciones nacionales, y de tres meses del cambio de Gobierno, el consenso de los candidatos y sus técnicos reconocen la necesidad de revertir esas falsas creencias y comenzar de inmediato con el reordenamiento de las variables claves, para que la Argentina vuelva a convertirse en un país confiable y por tanto creíble.

Descuido del Indec reveló la chatura del mercado laboral

Los economistas definen como mercado al lugar físico o virtual al que concurren los oferentes y demandantes de un producto o servicio y buscan cerrar trato por un precio libre, administrado, regulado o fijo, pagadero en moneda o con mercancías o servicios.

Para conocer el pulso del mercado de trabajo el Indec dispone de varios índices: uno es el que intenta reflejar la variación mes a mes del precio en los tres segmentos de la franja asalariada: privada en blanco, privada no registrada, y en el sector público, el cual siempre sube más que la inflación; otro es el de la Encuesta Permanente de Hogares que difunde trimestralmente, la cual en el último dato mostró una baja récord del desempleo, pese a que volvió a contraerse la oferta de trabajadores y mantenerse virtualmente estancada la demanda; y el tercero es el Índice de Demanda Laboral Insatisfecha, el cual da cuenta de qué proporción de empresas, privadas y del Estado, buscan cubrir puestos y qué porcentaje de insatisfacción registran.

A diferencia de los dos primeros índices mencionados, en el caso de la DLI el organismo oficial detectó para el segundo trimestre 2015 un comportamiento casi alineado a las mediciones privadas de actividad económica que coinciden en estimar un virtual estancamiento, después de haber alcanzado un nivel pico en el segundo trimestre de 2011, esto es antes de que se impusiera el cepo cambiario para las importaciones, el mercado inmobiliario, el giro de dividendos al exterior por parte de las empresas de capital extranjero, y parcialmente para ahorro de las personas físicas.

Por eso puede decirse sin temor a equivocarse que “un descuido del Indec reveló la chatura del mercado laboral”, porque en otros muchos indicadores da cuenta de datos que no se comprueban en la realidad.

Son los casos de la tasa de inflación, que insiste en que se ubica en la mitad de la que miden las consultoras privadas, pese a que es fácilmente comprobable, como arrojó una contundente investigación de precios que hizo Infobae en las propias bocas de supermercados; y que se puede replicar con los servicios públicos y privados; del intercambio comercial con el resto del mundo, porque mantiene en el informe abierto a la prensa un debilitado superávit, esto es un nivel de exportaciones que todavía supera al de importaciones, pero en la “base de usuarios” que se accede por suscripción paga, da cuenta de que ya hace varios meses que el resultado del capricho de atrasar el tipo de cambio y encarecer notablemente el valor de la producción nacional de bienes y servicios arroja un saldo deficitario: salen más divisas que las que ingresan; o con el saldo de la balanza del turismo internacional, el cual el déficit mensual se ubica en la quinta parte del que informa trimestralmente el Banco Central de la República Argentina a través del Balance Cambiario; y también en las Encuestas de Supermercados y Centros de Compras, las cuales registran mes a mes crecimiento a tasas de dos dígitos porcentuales en la serie ajustada por inflación, a partir del artilugio recurrente de ampliar la cantidad de establecimientos que le aportan sus datos de facturación y de la subestimación de la variación de los precios, para tornarlos congruentes con los que utiliza para el cálculo de la inflación.

Sólo 3 de 21 sectores aumentaron la búsqueda laboral en cuatro años
El indicador del Indec de demanda laboral insatisfecha en la Argentina, correspondiente al segundo trimestre, reveló que casi exactamente un tercio de las “empresas, organismos públicos o cualquier otra organización que actúe como demandante de sus servicios, expresado mediante avisos en los diarios o internet, carteles en la vía pública, búsquedas de boca en boca, etc.”, que “se obtiene de la muestra de empresas utilizada en la encuesta del Índice de Salarios”, realizó búsqueda de personal y sólo 5,9% no cubrieron las necesidades. Cuatro años antes, previo a la imposición del cepo cambiario, la proporción de empleadores que intentó cubrir vacantes o o incorporar trabajadores netos había alcanzado a 40,1%, el más alto desde que debutó el indicador, en 2011.

El retroceso fue generalizado, habida cuenta de que de 21 grandes sectores clasificados por actividad sólo tres superaron el récord previo para el segundo trimestre: fueron los casos de los servicios financieros que ampliaron la proporción en siete puntos porcentuales a 61,2% del total; el agro en seis pp, a 24,2% de las empresas y los servicios de correos y telecomunicaciones en tres pp, a 39,3 por ciento de las firmas del rubro.

En el resto de los casos, el Indec detectó un severo repliegue en la cantidad de empresas que salieron a buscar personal, a contramano de lo que cabría esperar en un escenario de bonanza como muestran la mayoría de los indicadores oficiales y los discursos de los ministros de Economía e Industria. En el caso de la construcción, que el organismo informó poco más de una semana atrás que alcanzó niveles récord, ahora reveló que sólo una de cada cuatro empresas hizo búsquedas de trabajadores, cuando en el anterior pico de actividad, en el segundo trimestre de 2011 lo hacían poco menos de una de cada tres desarrolladores.

Esa revelación es congruente con la encuesta que hizo EY entre 110 ejecutivos de empresas, que se presentó en la 36 Convención Anual de Ejecutivos de Finanzas, en Bariloche, la cual determinó que por la incertidumbre política y la inseguridad jurídica que provoca una economía excesivamente regulada y con varios cepos sólo se ejecutan uno de cada cinco proyectos de inversión, y están limitados a montos en torno a 50 millones de dólares, el resto se mantiene en carpeta a la espera de mejores vientos incentiven la generación de empleos productivos, sin retenciones ni cupos a las exportaciones; precios administrados; atraso cambiario y creciente presión tributaria.

Si bien constituye una mala noticia dar cuenta de la cruda realidad que afecta a muchas familias argentinas que ven obstaculizadas las posibilidades de cubrir sus expectativas de acceder a un empleo remunerado, al menos aparece como positivo que el Indec revele una fotografía sin retoques para mejorar la imagen, porque debiera impulsar a los decisores de políticas económicas y de empleo, actuales o futuros, a revisar sus programas y estrategias, para contribuir a revertir ese proceso de postergación de las oportunidades laborales.

Obstáculos versus incentivos para generar divisas

La economía argentina ingresó a fines de octubre de 2011 en una trampa de la que pocos se atreven a salir, al menos de modo acelerado, porque temen encontrarse con un escenario peor: mayores daños sobre las empresas y más aún sobre muchas de las personas ocupadas en ellas.

Sin embargo, no se explica la existencia de esos temores, no sólo a la luz de la larga historia de más de 70 años con controles y restricciones en el mercado de cambios, sino del escenario que enfrentan más del 90% de las naciones que se desenvuelven con una única paridad cambiaria, esto es con un único precio para la misma mercancía, como explicó a comienzos de semana Luis Secco en Infobae. El análisis del economista no se fundamentó en una retórica interesada a favor de tal o cual agrupación política, sino en una radiografía que hicieron los expertos del Fondo Monetario Internacional el último año, pero que pocos han reparado en analizarla.

Uno de los principales temores que alertan economistas, ministros de economía de provincias y hasta ex presidentes y el actual presidente del Banco Central, es el impacto que sobre la inflación podría provocar una liberación del mercado de cambios para todas las transacciones comerciales y financieras, habida cuenta de la brecha de más de 60% entre el artificial tipo de cambio oficial y el libre, blue, paralelo, marginal, o ilegal, como prefiera leer el lector y de más del 40% con las paridades implícitas en las operaciones bursátiles, definidas como “contado con liqui” o MEP.

Llama la atención que esos expertos en la materia aún no hayan asimilado las diferencias entre el cambio en el nivel general de precios y la inflación, que es un aumento generalizado y sostenido, esto repetido semana a semana, mes a mes, en el conjunto de los precios de la economía.

Un aumento de una vez se produciría en algunos precios de la economía si la libre flotación del tipo de cambio de pesos por dólar fuera parte de un plan integral y consistente de política económica que comprendiera no sólo el mercado de cambios, sino también las políticas monetaria, fiscal, tarifaria y comercial, para revertir los abultados desequilibrios macroeconómicos acumulados desde que se impuso el cepo a fines de octubre de 2011, aunque no necesariamente todos originados en esa restricción.

Por el contrario, una suba generalizada y persistente de la mayoría de los precios de la economía sería el efecto que provocaría una salida gradual y por tanto parcial del cepo cambiario, porque sólo, en el mejor de los casos, podría derivar en la pérdida de dinámica de los desequilibrios macroeconómicos, que se sintetizan en una tasa de inflación y tasas de interés en el rango de dos dígitos porcentuales anuales, pero no los eliminaría.

Cuidan reservas que igual se consumen
Durante casi cuatro años la política económica se concentró en poner obstáculos a la generación de divisas, para “cuidar” las reservas del Banco Central, pese a que se fueron consumiendo con el pago de compromisos financieros impostergables, y con el algunas importaciones básicas, como de energía, determinada gama de autos, motos e insumos para la industria electrónica, pero no mucho más. Aunque se lo disimuló con el swap de monedas con China, por el cual se abultaron las reservas en más de u$s8.000 millones.

Ahora, los equipos técnicos de los candidatos a la presidencia, desde el caso extremo del oficialismo, hasta los de la oposición, reconocen la necesidad de romper el cepo cambiario, aunque la mayoría se inclina por una estrategia gradualista, por sus explícitos temores a generar más inflación, pobreza y recesión.

Poco o nada manifiestan esos técnicos de tener intenciones de eliminar de una vez los obstáculos y recrear los incentivos para generar divisas tanto a través del comercio exterior, con una paridad cambiaria libre, y por tanto flotante, sacar las retenciones y cupos a las exportaciones de alimentos donde el país históricamente sobresalió por sus ventajas competitivas que brinda una geografía singular; y también a través de la atracción de inversiones con políticas que fomenten la explotación de los amplios recursos ociosos: naturales, humanos y financieros; junto a normas claras y contundentes que tiendan al restablecimiento del equilibrio fiscal, para despejar las inquietudes sobre aumento de la presión tributaria y emisión de dinero para financiar déficit creciente y, por supuesto, salir del estado de default parcial con bonistas, modo de facilitar el recupero del financiamiento externo.

En el mundo hay bastas experiencias de casos que han logrado salir de situaciones traumáticas de cepos cambiarios, alta inflación y cierre de la economía en forma rápida y sostenida, para dar paso a un estadio de crecimiento saludable, con más inversión, empleo y reducción de la pobreza.

Se sabe que el cuadro actual difiere del caso extremo de la crisis de 2001 y eso se considera una restricción para seguir una política de shock como ocurrió al comienzo de 2002, pero la capacidad ociosa en la industria si bien no es de 50% es elevada, con un promedio de casi 30% y el desempleo no es del 20%, pero bien medido el 6,6% que informó el Indec se convierte en más de 11%, si la tasa de participación de la población en el mercado de trabajo no hubiese caído de 46,7% a 44,5 por ciento.

Juan Carlos de Pablo recordó en su Newsletter semanal Contexto que “Rudiger Wilhelm Dornbusch se inmortalizó con una monografía que publicó en 1976. “Expectations and exchange rate dynamics” (Journal of political economy, 86, 6, diciembre). En el referido trabajo explicó que cuando se produce alguna alteración en el sistema económico, algunos mercados ajustan con más velocidad que otros. En particular, el mercado cambiario ajusta de manera instantánea. Por ende, cuando se produce alguna alteración, la modificación inicial del tipo de cambio exagera la modificación final (se produce “sobreajuste”). Ejemplo: en la Argentina, luego del abandono de la convertibilidad, el tipo de cambio pasó de $1 a $4, pero luego no siguió a $8 sino que se redujo a $3”. En ese año, aún sin la intervención del Indec, la tasa de inflación no voló al 200% entre puntas, sino a 40,9% y en 2003 había caído a 3,7% anual.

De ahí que no se explica que los equipos técnicos de dos de los tres candidatos sostengan en público, y también en privado, que “la inflación bajará al rango de un dígito en 4 años”, más aún cuando reconocen que los desequilibrios actuales no alcanzaron aún la magnitud que mostraban en el momento de la crisis económica e institucional de 2001. Por tanto, no hay explicaciones lógicas para convivir con obstáculos tanto tiempo, porque no hay duda, por los abundantes antecedentes, que si se aplican incentivos para generar divisas los resultados virtuosos sobre la sociedad y la economía se verán más temprano que tarde, que si se persiste con vallas que sólo se prometen levantar gradualmente.

Se encarece lo abundante y se abarata lo escaso

La semana comenzó con la decisión del Banco Central de subir las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo, junto con el aumento de la garantía para las colocaciones hasta un millón de pesos, como mecanismo de desaliento a la demanda de dólares y de activos nominados en moneda extranjera. Mientras, persiste el atraso cambiario de la paridad oficial, como ancla de la inflación.

De este modo, la política monetaria y cambiaria se aleja cada vez más de la ortodoxia, pese a los enormes costos que en términos sociales y económicos esa estrategia ha generado en los últimos cuatro años, según muestran con contundencia los datos del Indec a través de la Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Anual de Hogares Urbanos; el Estimador Mensual Industrial; el Intercambio Comercial Argentino, entre otros. Ya se sabe, al ministro esos temas les parece estigmatizantes y ahora agregó que “les hacen mal a la gente”.

Resulta contradictorio, aunque no curioso y ni sorprendente, que mientras el Directorio del Banco Central discutía en sus habituales reuniones la suba de las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo a 23,5% anual, a apenas un punto porcentual, frente a una tasa de inflación que pese a descender por caminos no sólidos a 27 o 28% anual, avalaba la expansión de la cantidad de dinero en circulación, para financiar a un sector público que no tiene límite para gastar, aunque cada mes se amplía la brecha negativa con lo que cobra de impuestos.

La base monetaria comenzó julio con una desenfrenada carrera alcista, que la catapultó a más de $533.000 millones, con un salto superior a $50.000 millones en menos de 30 días, a un ritmo mayor a 38% anual y cuatro veces más fuerte que el aumento que registró en similar tramo del año anterior.

De este modo, frente a la abundancia de pesos, la respuesta de la autoridad monetaria fue encarecer mínimamente su valor, con las consecuencias negativas que eso deriva sobre el costo del crédito, cuando en todo mercado el exceso de oferta deprime el precio.

Si realmente a la autoridad monetaria le preocupa la fuga al dólar y quiere premiar al ahorrista debería de haber dispuesto el retiro del excedente de pesos con la suba de los encajes a los bancos y puesto fin al financiamiento del déficit fiscal. Sin duda que eso hubiera hecho volar el costo del dinero hasta niveles prohibitivos para los pocos tomadores de crédito: empresas y familias, pero la señal hubiese sido positiva para las expectativas, porque hubiera demostrado la intención de comenzar a eliminar los severos desequilibrios que afectan a la economía real.

Claramente que eso es lo que perciben los agentes económicos y por eso se recalentó el mercado cambiario, como el de activos dolarizados, porque es la natural fuga a la protección de los activos frente a una política que destruye riqueza: cae el PBI industrial en forma sostenida desde agosto de 2013, según las mediciones del Indec, y también el superávit de la balanza comercial de divisas, y drenan sin freno los dólares para ahorro al cambio oficial más un recargo a cuenta de impuestos y también para turismo; mientras persisten abultados atrasos en los pagos de importaciones y giro de dividendos de las empresas de capital extranjero. Amén del default técnico con bonistas reestructurados.

En este caso, la política del Banco Central consiste en “apreciar el peso”, o lo que es lo mismo, intensificar el atraso cambiario para el comercio exterior, porque la suba nominal de la paridad del peso con el resto de las monedas es casi la tercera parte del alza de los costos internos de la producción nacional.

Pero, la falta de divisas para hacer frente a los abultados compromisos externos de este segundo semestre aconsejaría hacer lo contrario, o buscar atajos, como la eliminación de las retenciones, la baja de impuestos a las empresas, facilitar el crédito a exportadores y hacer acuerdos comerciales bilaterales como han hecho Chile, Colombia, México, entre otros, para conquistar mercados dinámicos que permitan un mayor flujo de comercio. Hoy cayó más de 30% respecto del nivel de cuatro años antes.

De ahí que frente a la escasez de divisas y el drenaje de reservas que se proyecta por el pago el 3 de octubre del vencimiento del Boden 15 por más de u$s6.300 millones, de los cuales apenas la mitad se confía queden en las arcas del Banco Central porque corresponden a inversores institucionales que reinvertirán en nuevos títulos en moneda extranjera, y bonistas del exterior que no podrán cobrar hasta que no vengan al país, más otros compromisos y menor excedente e incluso déficit comercial, y ventas para ahorro y turismo, el BCRA sigue las órdenes de Economía y abarata día a día en términos reales el precio oficialde un recurso cada vez más escaso, como es el dólar.

Claramente no se trata de medidas sostenibles, sino destinadas exclusivamente a llegar al 10 de diciembre, sin importarle a las autoridades económicas y monetarias el crecimiento del deterioro social, porque como no lo mide oficialmente, creen que no existe, aunque muchos de los damnificados votan.

Suba del salario mínimo, vital y móvil: buenas y malas noticias

Empresarios y sindicalistas acordaron rápidamente el último martes aumentar 28,5%, en dos cuotas, el salario mínimo, vital y móvil de los actuales $4.716 por mes que rige desde enero tras una nueva reunión del Consejo del Salario reunido en el Ministerio de Trabajo. De esta manera, alcanzará a $5.590 desde agosto hasta diciembre y a $6.060 desde enero, casi punto de partida del nuevo gobierno.

La primera buena noticia es que a la hora de “cuidar” el salario base de los trabajadores el gobierno de Cristina Kirchner no se basa en los números que publica el Indec, ni en los Precios Cuidados, o el Ahora 12, sino se muestra flexible para que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, homologue un aumento alineado con la inflación que detecta el promedio de las consultoras privadas que informan sus datos a un conjunto de legisladores de la oposición.

La otra buena noticia, aunque más no sea porque se está en un año electoral en el que es común jugar con las necesidades de mucha gente para brindarles una alegría a cambio de conquistar o asegurar la fidelidad de su voto, fue el adelanto del incremento del haber mínimo a agosto, cuando en los últimos tiempos se aplicó en septiembre y enero.

No hay mucho más para destacar por el lado positivo, pese a que la larga lista del lado negativo ameritaba hacer varias tachaduras para transformarlas en hechos concretos y positivos.

Cristina Kirchner destacó al fin del encuentro de las partes en el Ministerio de Trabajo que el salario mínimo aumentó 2.930% desde el 2003, cuando se retomó el funcionamiento del Consejo del Salario, y que en ese período el Gobierno “nunca debió laudar”, porque siempre se llegó a un acuerdo entre gremios y cámaras empresariales.

Sin embargo, omitió hacer referencia que pese a semejante corrección en doce años, el salario mínimo vital y móvil ha sido un umbral muy difícil de alcanzar para más del 40% de los trabajadores que aún se mantienen en la economía informal y un número también importante debe trabajar como contratista independiente, tanto de un privado como del sector público, por la persistencia de elevadas cargas laborales que no pueden ser soportadas por los empleadores.

Según la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al cabo del primer trimestre de 2015 más del 40% del ingreso de la ocupación principal (jefe de hogar) recibía por todo concepto: salarios, asignaciones familiares y algún otro subsidio monetario, menos de un salario mínimo, vital y móvil que entonces era de 4.716 pesos. Mientras que poco más del 20% de los hogares urbanos no lograba reunir esa suma con los ingresos de todo el grupo familiar.

Si se tiene en cuenta que en el caso de los trabajadores convencionados, los cuales representan una mínima parte del total de empleados asalariados formales, los acuerdos de aumento de salarios homologados en los últimos meses se ubicó en el rango del 28,5% que se acordó para el SMVM pero pocos parten de una cuota de 18,5% y otra de 10% cinco meses después, ya que predominaron los ajustes escalonados en tres partes, la brecha negativa entre el ingreso real y mínimo lejos de achicarse seguirá ampliándose.

Otra mala noticia es para el caso de las empresas y, en particular pequeños empleadores, que el aumento casi por decreto del SMVM eleva sus costos de producción de bienes o servicios, sin que en contrapartida reciban un alivio impositivo o el derivado del incremento de las ventas, porque una economía con alta inflación y creciente presión tributaria sólo conduce al empobrecimiento del país, más allá de que siempre existan nichos que constituyen la excepción a la regla, como ocurre desde hace cuatro años.

Otra mala noticia, que aumenta la carga de la mochila que recibirá el próximo gobierno, es que al homologar el Ministerio de Trabajo un nuevo aumento del SMVM del 28,5% a tono con la Inflación Congreso para los últimos doce meses, otra vez con la presencia de la Presidente de la Nación, no hizo más que volver a poner al descubierto el default técnico que el Gobierno incurre con los bonistas que aceptaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, de títulos ajustables por CER. Es que el Coeficiente de Estabilización de Referencia se nutre de la variación del Índice de Precios Nacional Urbano del Indec, el cual sube casi la mitad que la tasa que arroja la inflación real, que una vez más se consideró para ajustar el salario mínimo, vital y móvil.

Para peor, el creciente desequilibrio de las finanzas públicas y su desbordado financiamiento con emisión de pesos, no sólo alimenta la inflación que erosiona con singular rapidez la capacidad de compra de los nuevos salarios, sino que además amplía la brecha entre la variación de las remuneraciones en el sector privado, en torno a 28%, y las del sector público, que en el caso de la administración central saltó a 46% en mayo último 39% en el promedio de los primeros cinco meses.

También se suma a la lista de las malas noticias que una vez más el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se concentró en el último punto y volvió a postergar la discusión de políticas que contribuyan a incrementar la oferta de trabajo, la innovación y la productividad, y de ese modo contribuir al crecimiento sustentable de la generación de riqueza y a una mejor distribución de la riqueza.

Mejor que lo previsto, no significa estar mejor

La tasa de inflación continúa dando muestras de desaceleración, tanto respecto de los últimos meses como más aún en comparación con el desborde que tuvo lugar en la primera mitad de 2014. Eso puede llamar a engaño de creer que se está mejor.

Pero la realidad social que acaba de difundir el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina reveló que el cuadro de pobreza e indigencia a fines de 2014 resultó sustancialmente peor que el estimado para el año anterior, y nada indica que en el primer semestre de 2015 se verificó un punto de inflexión.

Una de las causas de ese deterioro no es otra que la persistencia de una elevada tasa de aumento de los precios al consumo, provocada por el creciente déficit fiscal que se financia con emisión de dinero por parte del Banco Central.

Aún así hay quienes creen ver entre los empresarios de compañías líderes que “el pesimismo mostrado en la medición de fines de 2014 no se vio convalidado en la realidad de este período”, según una de las conclusiones que surgieron de la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos que realiza D´Alessio IROL para IDEA.

Sin embargo, a la hora de hacer una evaluación de la situación económica del primer semestre sólo 17% de los ejecutivos, esto es uno de cada seis, dijo que su empresa estaba mejor o moderadamente mejor, en contraste con 53%, poco más de uno cada dos, que estaba moderadamente peor o mucho peor. De ahí surgió un saldo de respuesta negativo de 36% de los 182 consultados.

Y si bien las previsiones para la segunda mitad del corriente año se interpretaron como mejores, el sondeo de marras también dejó un resultado neto de nuevo deterioro de 12% de los casos, habida cuenta de que frente a 29% de respuestas positivas se contrapuso 41% que indicaron que presupuestan nuevo retroceso, se agrega al arrastre desfavorable de los últimos años.

Frente a ese cuadro, que ha llevado a un sostenido debilitamiento de la inversión productiva, por inquietante aumento de la capacidad ociosa en las fábricas, pero también en el mercado laboral y en el sistema financiero en su conjunto, no parece descabellado pensar que “ya finalizando el actual mandato, los empresarios prevén que no habrá mayores sobresaltos”, concluye el trabajo de D´Alessio IROL para IDEA.

Esa reflexión no implica que “lo peor ya pasó”. Por el contrario, el sondeo de expectativas determinó que “se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible, como consecuencia de la retracción de las ventas y sólo una de cada cuatro empresas opera por sobre el 85% de su potencial, cuando antes del cepo cambiario esa proporción se daba en la mitad de las compañías consultadas”.

Demasiado sesgo economicista

Un punto que parece inquietante es que según el citado relevamiento de D´Alessio IROL para IDEA es que muchos empresarios “requieren de los candidatos presidenciales definiciones sobre cuatro puntos: educación, justicia, seguridad y política impositiva”, y agregan que “la competitividad cambiaria está más determinada por el tipo de cambio que por factores estructurales”.

Sin negar la relevancia de esos cuatro puntos, parece necesario resaltar la importancia de recuperar las instituciones básicas de respeto a la división de poderes; velar por preservar el valor de la moneda con un Banco Central que cumpla con su rol de regulador en lugar de actuar como un prestramista de útima instancia del Gobierno nacional; la solvencia fiscal; honrar los fallos judiciales, tanto nacionales como internacionales; fomentar la innovación y desarrollo como prerrequisito para impulsar el emprendedorismo y con ello la generación de empleos de calidad, con apertura de la economía. Sólo así se podrá llegar a una genuina política inclusiva, que potencie el mercado interno, la inversión y el comercio exterior.

Un nuevo informe del Foro Económico Mundial (WEF, en sus sigas en inglés) observa que “en general el país sigue enfrentando condiciones macroeconómicas adversas”, que lo ubican en el puesto 102 sobre 144 naciones evaluadas, y que afectan su acceso al crédito (134); padece de débiles instituciones (137), y se ubica negativamente en el ránking de corrupción (139). También calificó al gobierno de ineficiente, con un puntaje que lo encasilló en el lugar 142, casi al final de la tabla. Con ese escenario, no sorprende que también catalogue a la Argentina como altamente ineficiente en los mercados de bienes (141), laboral (143), y en el financiero (129).

Estos indicadores que revelan los obstáculos para el desarrollo del país y la consecuente reducción del strong>elevado núcleo duro de pobreza y de economía informal, no parece que sólo se puedan corregir con una revisión de la política tributaria y cambiaria, como surge del informe de expectativas de los ejecutivos que hizo D´Alessio IROL para IDEA.

Y tampoco pareciera que se pueda lograr con acciones gradualistas, en particular en lo que respecta al objetivo de volver a la tasa de inflación de un dígito anual abajo, como proponen muchos economistas que temen hablar de políticas de disciplina fiscal de shock para reimpulsar la actividad productiva con el énfasis puesto en la inversión productiva y en infraestructura, junto con las exportaciones, que incentiven el empleo privado para absorber no sólo a los desocupados sino también a los activos ociosos en el sector público.