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El balance económico del Gobierno requiere un plazo mínimo de 360 días

En los últimos días se ensayaron diversos análisis a modo de primer test del Gobierno de Cambiemos, encabezado por el presidente Mauricio Macri, con motivo de los primeros 100 días que se cumplieron el 10 de marzo, sin ser muy rigurosos con las fechas.

Sin embargo, en el terreno económico no sólo se trata de muy poco tiempo, porque está aceptado que para evaluar la performance de la actividad agregada y a partir de ahí de sus derivados el consumo, el comercio exterior, las finanzas públicas, el empleo, la inversión y la situación monetaria y el nivel de pobreza de la población, se requieren al menos de dos trimestres o tres para advertir si se está frente a más de lo mismo agravado, o de un cambio de carácter permanente, sustentable, o meramente accidental o débil.

Pero además, en la Argentina, por esas cosas de las crisis institucionales recurrentes desde la vuelta a la democracia en 1983 los presidentes asumen el 10 de diciembre, con la excepción de la crisis de fines de 2001-2002 que determinó reiniciar el ciclo por única vez el 25 de mayo de 2003, pero con finalización el 10 de diciembre de 2007, cuando antes de los golpes de estado de los 70 y 80 las asunciones ocurrían al comienzo del último trimestre, un 12 de octubre, o a mitad de año, entre junio y julio.

Este no es un punto menor, que debería ser revisado con la votación legislativa de una addenda a la Constitución Nacional, porque no es lo mismo comenzar un gobierno a comienzos de un tercer trimestre en el que casualmente empiezan los trabajos de elaboración del Presupuesto de Gastos y Recursos para el período entrante y las pautas plurianuales para los tres años siguientes de mandato, que hacerlo sobre el filo del cierre del año calendario y fiscal en el que, además, hereda un Presupuesto aprobado por el oficialismo viejo, como ocurre ahora en que la ciudadanía votó el recambio.

Pero además, desde la óptica meramente del análisis económico no es lo mismo hacer un balance de los primeros 180 en el período de alza estacional de la actividad, que hacerlo justo en el de baja, y para peor en un contexto de una conocida herencia de destrucción de las estadísticas básicas que impiden no sólo conocer los números reales y contrastarlos con las estimaciones de las consultoras privadas, sino tampoco contar con series ajustadas por estacionalidad.

De ahí que luego de una acelerada etapa de normalización de las estadísticas y de las relaciones internacionales, tanto comerciales, como financieras, para lo cual el 14 de abril se ha fijado como punto de partida del antes y después, habrá que esperar el desempeño de las variables económicas de lo que resta del segundo trimestre y todo el tercero, para poder evaluar con números concretos, más que con sensaciones y percepciones sesgadas, según lugares de residencia, bandera política o situación de ingreso, sobre los progresos o fracasos registrados.

Eso nos lleva, como mínimo, al 10 de diciembre próximo, que es la fecha en la que el Indec podrá mostrar los datos relevantes de actividad, empleo, inversión, deuda pública al 30 de septiembre, que se informan cada tres meses con amplia desagregación, y el Gobierno presentar sus metas revisadas para el nuevo año en que a través de la renovación parcial de las cámaras legislativas podrá percibir la real evaluación de la población de su primer año y medio de gestión.

Segundo trimestre clave
El primer trimestre de Gobierno, a contramano de la estacionalidad baja de la actividad productiva y comercial, ha sido singularmente intenso en el flanco político, tanto en lo que respecta a la construcción de poder interno a una velocidad que sorprendió tanto a propios como más aún extraños, como en las relaciones diplomáticas, y en especial en espinoso terreno de las finanzas internacionales con holdouts que aparecían como intransigentes e indomables.

Ahora se espera que adquiera mayor protagonismo el frente económico y social, en lo que por la elección del gradualismo gran parte de la sociedad deberá enfrentar el dolor de las recomposiciones de los cuadros tarifarios de gas, agua, transporte y comunicaciones, y las empresas ajustar sus presupuestos a las definiciones de subas salariales que se acuerden en paritarias, la mayoría concentradas en ese período; mientras que el Banco Central no podrá sostener una política de tasas de interés en torno a 40% anual, si quiere contribuir a recomponer los índices de bancarización y de crédito al consumo de corto plazo, como de inversión productiva y en especial hipotecario y prendario.

Eso requerirá también replantear las modestas previsiones de Hacienda y Finanzas de baja del déficit fiscal, porque con un rojo heredado de más de 7% del PBI, equivalente a más de dos meses de ingresos fiscales genuinos, reducirlo a cerca de 5% del PBI implicará que el Tesoro nacional continúe dependiendo del auxilio financiero del Banco Central y del uso del fondo de ahorro de los jubilados, esto es del impuesto inflacionario, aunque sea atenuado en las metas a un rango aún inquietante de 20 a 25% anual.

En su visita a Buenos Aires el presidente Barack Obama dijo que una de las claves de sus buenos resultados económicos, con 72 meses consecutivos de crecimiento del empleo y reducción del déficit fiscal, fue el haber tomado las medidas duras, antipáticas, de una sola vez: “A veces el dolor a corto plazo y el tener que tomar acciones decisivas en una etapa temprana es lo más oportuno, en lugar de dejar las cosas para mañana y terminar con una serie de problemas que se perpetúan”, dijo.

El gradualismo que eligió Alfonso Prat-Gay, sostenido y alentado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para avanzar no sólo en metas más ambiciosas de disciplina fiscal, sobre todo a la luz del desmadre encontrado en todas las reparticiones públicas en materia de sobre dotación de personal no sólo física, sino también nominal, esto es inexistente para justificar movimientos de fondos a destinos desconocidos pero sospechados, presupuestos descabellados tanto de obras públicas no hechas pero pagadas, como de bienes y servicios, deudas no registradas con proveedores del estado; sino también en la normalización de todos los cuadros tarifarios, pero también de los planes asistenciales y régimen tributario integral, para asalariados, autónomos, monotributistas y empresas (ajustes por inflación), explica el deterioro de las expectativas inflacionarias y con ello de las posibilidades de rápida maduración de las esperadas inversiones productivas, dado que la mayoría no pasan del estado de los anuncios y promesas, a la espera de gran parte de esas soluciones.

Es hora de que Prat-Gay encare una enérgica disciplina fiscal

El éxito del fin del cepo cambiario, porque no se dieron ninguna de las catastróficas profecías de los timoratos de siempre, así como el rápido acuerdo alcanzado con los holdouts más duros -sólo resta la aprobación del Congreso- debieran ser fuertes motivadores para avanzar aceleradamente hacia la búsqueda de la disciplina fiscal, condición sine qua non para atacar de cuajo el flagelo de la inflación y con ello comenzar a exterminar la pobreza.

Ya se ha dicho, y no parece ocioso reiterarlo, el destacado esfuerzo que está haciendo el Banco Central por sacar del circuito financiero el enorme excedente de pesos que dejó el Gobierno anterior, estimado en más de 30% de la cantidad de dinero en circulación al 9 de diciembre. Sin embargo, se sabe que la respuesta de los mercados a esa política de esterilización es lenta, entre 12 y 18 meses, y siempre y cuando se puedan cerrar todos los grifos que alimentaron semejante inyección de pesos.

Pero la pesada hipoteca que recibió el Gobierno, con muy pocos activos y una enorme carga de pasivos, como las compensaciones por la irresponsable y hasta supuestamente delictiva de venta de USD 17.000 millones de reservas a precios de liquidación, según se desprende del llamado a indagatoria por el juez Claudio Bonadío a la ex presidente Cristina Kirchner, al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central, por esa acción que se estimó implicará una inyección adicional al mercado de más de $100.000 millones, equivalente a otro 20% de la base monetaria, exige un esfuerzo adicional del Banco Central, el cual se manifestó en el salto de las tasas de interés de las Lebac a 37% anual.

Si bien se puede argumentar que el aumento del costo del dinero tendrá un carácter transitorio y que no debería trasladarse rápidamente a las tasas de interés de las colocaciones a plazo fijo y menos aún al costo del dinero para las empresas y familias, no se podrá evitar que una suba de casi seis puntos porcentuales anuales en una licitación para absorber apenas poco más del 2% de la cantidad de dinero en circulación, sea interpretada por los mercados como una señal clara de las restricciones para desacelerar la inflación y con ello todo lo que viene asociado: alza del dólar, caída de los salarios, aumento de la pobreza, demora de las inversiones productivas, etc., etc.

De ahí que pareciera que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, debiera ya abandonar su vocación gradualista para poner en caja las finanzas públicas, como se interpreta el objetivo que anunció de reducir el déficit fiscal antes del pago de intereses del corriente año de 5,9% del PBI heredado a 4,9%, y presentar un plan integral de disciplina fiscal, severo recorte y hasta eliminación de los subsidios económicos, esto es a empresas y familias con ingresos muy superiores al promedio nacional, acompañando por otros Ministerios con un rápido encuadramiento de las tarifas de gas, agua, transporte y telefonía, y la equivalente compensación a los sectores más desprotegidos con un refuerzo adicional de los subsidios sociales y hasta la recomendación de un aumento salarial, a modo de anticipo de lo que finalmente cada sector negocie en paritarias, luego de que se niveles todas las variables que habían quedado desfasadas .

Sólo así, y con un Banco Central que está obligado a compensar las pérdidas de las operaciones de venta de dólares a futuro a precio de remate por la anterior administración con una expansión adicional de base de hasta $70.000 millones hasta junio, pero al mismo tiempo a no abandonar su objetivo de desacelerar la creación primaria de dinero, las expectativas de inflación empezarán a ceder, clave para preparar el terreno para la llegada de inversiones, tanto del exterior, como más aún de los residentes que, como pocos en el mundo guardan parte de sus ahorros en moneda en cajas de seguridad bancaria.

Cambios de precios relativos versus inflación
Claramente, una estrategia de ese tipo es temida por el efecto inmediato sobre la suba de las tasas de interés y su supuesto impacto sobre una actividad económica que no crece, pese a que el estancamiento con alta inflación, destrucción de empleos y creciente pobreza tuvo lugar en un escenario de singular excedente de pesos y tasas de interés reales negativas, esto es que no le compensaba al ahorrista el efecto de la suba de los precios de los bienes y servicios que intentaba postergar su consumo.

Se sabe también que el uso del crédito ha sido muy escaso en los últimos cinco años, al punto que el Presidente dijo en su mensaje a la Asamblea Legislativa que en ese lustro “la Argentina dejó de recibir USD 100.000 millones y con eso se impidió que se generaran unos dos millones de puestos de trabajo”. De ahí que como estrategia antiinflacionaria y por corto plazo, subir drásticamente los encajes para retirar del mercado todo el excedente de pesos de una vez a costo cero para el BCRA, pareciera la medida recomendada para enfriar las expectativas de inflación e ingresar en serio en la etapa de normalización de las finanzas públicas, clave para recuperar la senda del crecimiento y atacar de cuajo la inflación y la pobreza.

Eso requiere que el gasto se concentre en lo relevante, y los ahorros que se obtengan con la limpieza de los focos de corrupción, de la eliminación de los sobreprecios en las contrataciones de bienes, servicios y obra pública y se prescinda del pago de salarios a quien no trabaja (ñoqui), se destinen tanto a exterminar el agobiante déficit fiscal heredado, como a encarar las tareas imprescindibles en materia de obras de infraestructura no hechas en la última década.

De ahí que no se comprende como el ministro de Hacienda y Finanzas que tuvo la convicción y la firmeza para enfrentar sin titubeos el fin del cepo cambiario y de la mayor parte de las retenciones, y haber logrado en tres meses lo que otros no pudieron, no quisieron o no supieron lograr en 15 años, estar próximo al fin del default de la deuda pública, se muestre tan cauteloso en impulsar una rápida disciplina fiscal y acompañar la ardua tarea que le compete al Banco Central, para transmitir a la sociedad civil y a las empresas la convicción de que ese es plan antiinflacionario, clave para acelerar las inversiones; primero serán las financieras para enfrentar los vencimientos de deuda; luego llegarán los créditos de organismos internacionales para reactivar las obras de infraestructura y finalmente las productivas en ampliaciones de plantas, renovación tecnológica y llegada de nuevas empresas.

La opción de salir del cepo sin reservas, pero con confianza

En las últimas horas el presidente electo dio diversas definiciones sobre cuáles serían los primeros pasos de la política cambiaria a partir de asumir el 10 de diciembre, que fueron desde “unificar el mercado cuando se ordenen las variables”, hasta “salir del cepo el primer día de gobierno, porque no existe al no haber reservas en el Banco Central”.

Al parecer, esta última opción fue la que estaría predominando por estas horas, luego de que empresarios del agro alertaran sobre los riesgos que implicaría la suspensión por 90 días de las retenciones a las exportaciones para incentivar la liquidación de cosechas retenidas por unos USD 8.800 millones, y evitar la emisión de miles de millones de pesos por las compensaciones de las operaciones abiertas por parte del Banco Central en el mercado de dólar a futuro, porque generaría incertidumbre a partir del día 91.

Y destacó Mauricio Macri en sus diferentes entrevistas mano a mano con la prensa: “Estamos volando sin instrumentales, no sabemos cuál es la situación de los números”, fiscales, de reservas, deuda pública.

Para peor, una resolución de la Corte Suprema dispuso en las últimas horas que el gobierno nacional deberá restituir en corto plazo a las provincias de retenciones de coparticipación de impuestos para financiar el sistema de reparto, porque se habían dispuesto cuando regía el ahora inexistente sistema de capitalización del ahorro privado para la futura jubilación. Se trata de unos $80.000 millones para los casos agregados de Santa Fe, Córdoba y San Luis, pero treparía a más de $460.000 millones para el conjunto de las jurisdicciones, equivalente a más de 9% del PBI.

De ahí que frente a un escenario singularmente incierto sobre el real grado de los abultados desequilibrios conocidos y proyectados, el presidente electo se habría inclinado por desistir del gradualismo para la nueva política cambiaria y levantar el cepo cambiario “lo antes posible”, pese a los temores que manifestaron muchos economistas, principalmente del sciolismo y massismo, de liberar sin reservas.

La fortaleza de un amplio plan consistente y por tanto creíble
Al parecer, la confianza en salir del cepo sin que se produzca una estampida del tipo de cambio, muy superior a los $15 actuales que rige en el mercado libre o contado con liqui, porque a $9,75 cada vez son menos las transacciones que se autorizan, se sustentan en la expectativa de que con la liberación del mercado sean más los exportadores que se vuelquen a liquidar exportaciones de granos retenidos en silos bolsas, que los importadores y empresas que se presenten a demandar los inexistentes dólares de libre disponibilidad en el Banco Central y entidades financieras a un precio sustancialmente mayor al que podría tener en un futuro cercano.

En ese escenario, se podría pensar que el nuevo equipo económico encabezado por Alfonso Prat Gay podría reorientar los dólares que ingresen por liquidación de exportaciones a pagar atrasos de importaciones, para volver a poner en marcha las actividades productivas que debieron reducir los programas de diversas plantas, como las automotrices y de autopartes, pero también de sectores básicos, por falta de insumos y partes que no se fabrican en el país.

Más aún si como primer paso se libera el cepo cambiario para las nuevas transacciones financieras, el flujo, de modo de atraer inversiones extranjeras, tanto de riesgo, como de infraestructura, porque se abren las puertas de salida de esos fondos, sin restricciones, más allá de las naturales destinadas a evitar acciones especulativas desestabilizantes.

Para lograr eso, se considera fundamental que el nuevo gobierno anuncie un plan económico integral para recuperar la disciplina fiscal, monetaria, cambiaria y de comercio exterior, incluyendo la política social, para no afectar aún más a los sectores más perjudicados por una política que llevó a incrementar de modo singular la pobreza y la pérdida de oportunidades laborales en el sector privado.

La economía llega al 10 de diciembre con diversos frentes abiertos e inciertos, como sobre la real disponibilidad de reservas en divisas en el Banco Central que van de un piso de u$s11.000 millones a un saldo negativo de esa magnitud, pasado por el nivel de la deuda pública cuyo último dato es a diciembre de 2014, pasando por la magnitud de las operaciones de cambio a futuro abiertas en el BCRA a un cambio de 10,50 a 11 pesos entre marzo y abril; los reales beneficiarios de los diversos planes sociales; los nuevos empleos públicos desde abril de 2015; el atraso de pagos de las finanzas públicas; la pérdida de competitividad cambiaria de la producción nacional; el devaluado INDEC que no sólo buscó ocultar el real nivel de inflación,sino también de pobreza y de desempleo, entre muchísimos otros.

Semejantes debilidades pueden transformarse en fortalezas si se anuncian medidas claras que conduzcan más temprano que tarde a corregir todos esos desequilibrios, con saldo final agregado positivo, y consecuentemente evitar el resurgimiento de tensiones cambiarias. No será la primera vez que un gobierno inicia su mandato con niveles de reservas negativas, sin aparentes posibilidades de salida en corto plazo, que logra salir gradual pero sostenidamente de ese estado crítico.

El cepo cambiario y los salarios

Se acercan tiempos de cambio, independientemente de quién asuma la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre, porque tanto los equipos técnicos del candidato del oficialismo, Daniel Scioli, como de la oposición, Mauricio Macri, reconocen el costo de sostener las restricciones cambiarias.

Estas no sólo se refieren al atraso del nivel de la paridad oficial alejada de las opciones alternativas y accesibles, como el contado con liqui, o MEP, en Bolsa; y la racionalización de divisas para los importadores mientras se las entregan a una pequeña porción de los trabajadores para ahorro; como la persistencia de las retenciones de las exportaciones y cupos a las ventas de diversos productos de la canasta familiar; y la veda al acceso al mercado de deuda internacional, por no haberse querido cerrar el capítulo del default con los holdouts, entre otras tantas restricciones.

De ahí que, más allá de insistir con las diferencias y conveniencias entre las soluciones de shock o graduales, tanto para salir del cepo cambiario, como para bajar una de las principales causas de ese instrumento ad hoc, como el desborde del déficit fiscal y la consecuente consolidación de la inflación en el rango de dos dígitos altos, porque una de las principales fuentes de financiamiento es la emisión de pesos por parte del Banco Central, parece apropiado explicar que no parece válido creer que es imposible liberar el mercado de cambios sin que provoque un efecto pobreza, por caída proporcional de los salarios, en dólares, y aceleración de la inflación. Continuar leyendo →

Menos reservas y más deuda pública

La vulnerabilidad que ofrece el sector externo de la economía nacional tiene diversas facetas. La más difundida es la que surge de observar el acelerado deterioro del saldo de la balanza comercial y también de la turística con el resto del mundo, cuyo principal origen es la caprichosa apreciación del peso, o, lo que es lo mismo la pérdida de competitividad cambiaria de la producción nacional y el subsidio a todos aquellos que quieren viajar a consumir en el exterior.

Pero también se percibe con singular nitidez la creciente vulnerabilidad externa, pese al severo atraso de la estadística oficial de la deuda pública, en el notable deterioro de la relación de esos compromisos del agregado de los gobiernos nacional, provincial y municipal con el nivel de reservas en divisas del Banco Central.

Como primer ejercicio basta con considerar las reservas brutas de la autoridad monetaria, incluida toda la cosmética que se le fue agregando en el último año, comenzando por los crecientes atrasos en los pagos de importaciones, en las autorizaciones a las empresas de capital extranjero al giro de dividendos, y el canje de monedas con China por hasta el equivalente a USD 11.000 millones. A mediados de la profunda crisis de 2002 esa proporción era de casi 10 veces. O dicho de otro modo, la posición en divisas permitía pagar apenas el 10% de la deuda pública.

Desde entonces y hasta 2008, la normalización de la economía, con el logro de los siempre ponderados superávit gemelos, de las finanzas públicas y del sector externo, favorecidos por el comienzo de los canjes de deuda; la suba de los precios internacionales de las materias primas y la baja de las tasas de interés en los EEUU, las reservas se multiplicaron por más de cinco veces en seis años, mientras que la deuda bajó en unos USD 5.000 millones. De ahí surgió una relación entre esas dos variables de uno a tres.

Semejante logro se sostuvo por poco más de tres años, hasta que el 30 de octubre de 2011, el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, le propuso a la presidente Cristina Kirchner imponer un cepo cambiario para intentar contener la sangría de capitales que a la postre trajo más costos que beneficios, porque provocó un singular perjuicio al comercio exterior argentino, y con ello a la posición de reservas, al abusar de las políticas restrictivas y desaliento a la inversión productiva.

Claramente que si desde fines de 2011 se depuraran las reservas del Banco Central de la cosmética que introdujo el cepo cambiario, porque generó deudas de los importadores por más de USD 6.000 millones; más atrasos en los giros de dividendos por parte de las empresas de capital extranjero; y desde hace poco más de un año del canje de monedas con China por un total equivalente a USD 11.000 millones, la relación actual con la deuda pública se achica a menos del cinco por ciento, o la inversa, se amplía a una 20 veces.

El viento de frente, sólo una excusa
Si bien, pocos meses después aparecieron vientos de frente para la marcha de la economía argentina”, como fueron el cambio del ciclo alcista de los precios de las materias primas, y más recientemente el ingreso en recesión de los principales socios comerciales, como Brasil y Venezuela, al tiempo que China desaceleró bruscamente su tasa de crecimiento, y con ello el apetito por alimentos argentinos, lo cierto es que el tremendo deterioro de la relación entre una deuda pública que se disparó camino al cielo, de la mano de un desbocado gasto público sin contrapartida en recursos genuinos, pese a que alcanzaron niveles récord en términos reales, y reservas en divisas cada vez más menguadas, tuvo su origen en singular desaciertos de política económica.

De este modo, un ejercicio conservador, que consiste en partir del último dato oficial de nivel de deuda pública, correspondiente a fines de diciembre de 2014, más las emisiones de bonos hasta hoy, y dividirlo por el total de reservas en divisas, arroja una relación de 8 a 9 veces, esto es la más alta desde la crisis de 2002. Claramente, las proporciones se achican notablemente si se compara sólo la porción de la deuda pública externa.

Sin embargo, esa simplificación carece de sentido para analizar la vulnerabilidad externa al fin de un ciclo de ocho años de Gobierno de Cristina Kirchner, porque a ese estadio se llegó por haber hecho uso y abuso de la utilización de las reservas en divisas y sus rentas no sólo para afrontar compromisos externos e internos nominados en moneda extranjera, como fue a comienzos de octubre para pagar el rescate final del BODEN 2015 por USD 5.900 millones, sino también el creciente exceso de gasto público, que derivó en un déficit global de las finanzas públicas de un 10% del PBI.

La peor consecuencia de semejante desequilibrio es el severo deterioro del tejido social, porque con inflación firme en el rango de 25 a 30%, desaliento a la inversión y cepo cambiario que alimenta la fuga de capitales y traba el ingreso del resto del mundo, no sólo impidió al sector privado generar empleos netos, sino que agravó las situaciones de pobreza a una proporción cercana a un tercio de la población.

Más cerca del fondo y del Fondo

Claramente, se trata de mucho más que un simple juego de palabras que sintetizan con singular claridad donde está hoy la economía argentina y hacia donde la conduce un Gobierno que hasta en la expresión de su candidato a sucederlo repudia la labor del Fondo Monetario Internacional, como auxiliador financiero y abridor de otras puertas de crédito para los países indisciplinados que manifiesten vocación de volver a reordenar sus cuentas.

Una vez más, la semana comenzó con una Decisión Administrativa, del jefe de gabinete de ministros y del ministro de Economía, que dispuso elevar el gasto público en lo que resta del año en más de $13.000 millones, para todo tipo de áreas: prioritarias y no prioritarias, porque el abultado monto que un año atrás aprobó el Congreso nacional se quedó corto para satisfacer las insaciables necesidades que depara un año electoral. Todo fue debidamente estudiado, aunque como se ve, no tanto.

Pero como la caja de la Tesorería tocó fondo para financiar semejante expansión imprevista e improvisada del gasto público, que según el detalle de las partidas en 162 páginas anexas agranda el déficit fiscal en más de $11.000 millones, a más de $340.000 millones para todo el año, se apelará una vez más a la emisión del Banco Central, esto de la inflación que sólo conduce a agravar el penoso e injustificable estado de pobreza que afecta a más de 12 millones de residentes, argentinos e inmigrantes, pero también a la colocación de deuda pública.

Y en este caso, al comienzo de la semana, los mercados también dieron la clara señal de que su capacidad de financiar al Gobierno ha tocado piso, porque el cambio de las reglas de juego que hizo Economía con los Fondos Comunes de Inversión, con la exigencia arbitraria e inexplicable de contabilizar los bonos dolarizados en sus balances en pesos al cambio oficial, cuando en la plaza cotizan con una paridad implícita cercana al dólar libre, esto es entre 50 y 65% más, se esfumaron los recursos.

Por eso, tras el pago del vencimiento del BODEN 2015 por USD 5.900 millones, sólo quedaron de esas divisas en el sistema financiero menos de USD 1.200 millones, porque el resto desapareció en un santiamén, en busca de tesoros inviolables, fuera de los bancos y en particular del país.

De ahí que las reservas del Banco Central cayeran a un piso nominal de USD 27.700 millones, y real próximo a cero, si se les restan los USD 11.000 millones del swap de monedas con China; más otros USD 6.300 millones de depósitos en dólares, en su mayor parte de empresas y familias; y otros USD 6.700 millones por pagos demorados de importaciones ya ingresadas al país. Frente a ese cuadro, en un nuevo intento por colocar deuda en dólares, quienes aceptaron la propuesta, principalmente el Banco Nación Argentina y la ANSES exigieron una tasa de 9,4% anual, la cual más que duplicó el promedio que pagaron los países vecinos en los últimos meses.

Pero también está por el piso el superávit de la balanza comercial con el resto del mundo, porque el ingreso de divisas por la vía de las exportaciones cae más intensamente que la salida de moneda extranjera para pagar importaciones, pese al cepo cambiario y demoras en las autorizaciones de Declaraciones Juradas Anticipadas de Necesidades de Importación, por la erosión que genera el atraso cambiario sobre la competitividad de la producción nacional, y el incentivo a la fuga de capitales por diversas vías; compras para ahorro, gasto de turismo e informalidad.

Lamentablemente, ese escenario llevó al país a ocupar los primeros puestos en el escenario internacional en materia de inflación; déficit fiscal y tasa que debe pagar para colocar deuda externa y por plazos sustancialmente menores a la que emiten los países vecinos; y consecuentemente en índices de pobreza, e incluso de desempleo si se agrega el efecto desaliento que mes a mes se manifiesta en menor cantidad de personas buscando un empleo, pese a no contar con un trabajo remunerado; entre otros diversos indicadores sociales y económicos.

Necesidad del crédito externo
Sólo con la vuelta al crédito internacional, a tasas cercanas a la que paga el vecindario y también a mayor plazo, la Argentina podrá encarar una rápida salida al pleito que arrastra caprichosamente el Gobierno con los holdouts, pero también comenzar a pagar las cuentas pendientes de importadores y empresas extranjeras, y, en especial poder financiar los primeros pasos de la inversión en infraestructura, para poder ganar grados de competitividad cambiaria sin tensiones y con el levantamiento de todos los cepos. Para eso, la llave disponible y de más rápido acceso está en el Fondo Monetario Internacional.

En este punto, cabe destacar que el organismo que integran más de 200 países, incluido la Argentina, no es un demonio, como acostumbran a ver los gobiernos populistas, con alta propensión a la indisciplina fiscal y, consecuentemente monetaria, más allá de que como toda persona, física y jurídica (empresas y organismos) está plagado de defectos y de algunas malas costumbres.

Su constitución, después de la Segunda Guerra mundial, se fundamentó en la necesidad de reunir recursos financieros para poder prestárselos en condiciones ventajosas a los países miembros que necesitaban reconstruir su infraestructura y asistir las necesidades más básicas de sus habitantes. Como prerrequisito, exige la presentación de un plan creíble, esto es que asegure la recuperación de la capacidad de pago del crédito en el tiempo pactado, para que el día de mañana pueda asistir a otro socio que lo solicite.

Pero al mismo tiempo, el FMI pide a las naciones socias la autorización para revisar sus cuentas fiscales, monetarias y del sector externo, según lo estable el Artículo IV del Estatuto de Constitución, para poder después evaluar el cuadro, y, de ser necesario ofrecer las recomendaciones de política para corregir desvíos respecto de parámetros internacionales.

Este punto es visto por los inexpertos y, en especial por los Gobiernos populistas que se consideran autosuficientes, como condicionamientos de política que impiden el crecimiento de la economía, y con ello tender a un estado de bienestar de todos sus habitantes.

La realidad que muestran la mayoría de los más de 60 países miembros del Fondo con un PBI superior a USD 100.000 millones, es que quienes cumplen con el Artículo IV no sólo pueden acceder a créditos internacionales a tasas inferiores a la mitad de la que paga la Argentina, sino que mejor observan mejores progresos que quienes lo rechazan y muchos hasta tienen un ingreso medio por habitante superior, sin necesidad de caer en políticas de ajuste o reordenamiento de sus finanzas públicas y externas, sencillamente, porque sus desequilibrios son “administrables”.

De ahí que mientras se insista con políticas heterodoxas de aislamiento internacional, sustitución de exportaciones y desaliento a la inversión productiva en forma general, se avanzará en lo que resta del año a un fondo cada vez más profundo y forzará al próximo gobernante, cualquiera su signo, a volver al Fondo Monetario Internacional, no ya para cumplir con la exigencia del Artículo IV, sino incluso para obtener un crédito contingente, para poder comenzar a pagar las cuentas pendientes, las cuales ya se estima en el mercado que superarán sólo en 2016 los USD 30.000 millones.