Endeudamiento improductivo y contractivo

Daniel Sticco

Una Comisión Bicameral Permanente de Investigación de la Deuda Exterior quedó constituida en el Congreso Nacional con el objetivo de “echar luz sobre el origen del endeudamiento externo y hacer el seguimiento de la gestión y pago de los compromisos asumidos por el país desde la última dictadura”, y en particular sobre las condiciones de contratación en términos de tasas, plazos, comisiones y preferencias, a la hora de elegir a las entidades intervinientes y sectores privados involucrados, esto es desde el 24 de marzo de 1976 a la actualidad, con el claro propósito de demostrar que todo tiene pasado fue peor.

El diputado nacional kirchnerista Eric Calcagno fue designado como presidente de la Comisión que tiene un plazo de 180 días para emitir un informe sobre la forma en que fue encarado y resuelto el tema en los distintos gobiernos.

Se trata de un ejercicio de dudosa efectividad e implicancias de cara a un futuro donde se observa con nitidez cómo a pesar de crisis periódicas el mundo avanza hacia un nuevo estadio de desarrollo, a partir de la innovación para poder los países diversificar su oferta masiva de productos y servicios exclusivos o a lo sumo escasos, para poder superarse y elevar la calidad de vida de su gente con creciente capacitación y especialización para acceder a mejores salarios.

Entre extremos, en los últimos 39 años la deuda pública, interna y externa, se multiplicó por 30, si se toman los datos conocidos al 30 de junio de 2014 y por 37 si se compara con la que surge de la extrapolación al día a partir de los compromisos que asumió el Gobierno nacional desde entonces, junto al agregado de un déficit fiscal que, con el que genera el Banco Central con su política de regulación monetaria y cambiaria, se estima en torno a siete puntos del PBI. Pasó de u$s6.648 millones a u$s198.900 millones a junio último y a unos 250.000 millones en la actualidad. En ese período, la deuda externa privada se multiplicó por 23, se incrementó desde u$s9.738 millones a u$s70.230 millones a diciembre pasado.

Por tanto, a esta altura, sería deseable que la nueva comisión bicameral, si realmente tiene intenciones de llegar a algo, que se ocupe y preocupe para que no se repitan los factores que provocaron semejante brecha de crecimiento de la deuda pública total con la que experimentó la externa privada, en particular porque no se adviertan grandes factores de cambio en la calidad de vida de los habitantes y de la oferta productiva de las empresas, puesto que persisten enormes focos de escasez en materia de infraestructura educativa, hospitalaria, seguridad pública, energética, vial, entre otras.

En ese caso, la conclusión ya se puede adelantar: ese cuadro se explica por la recurrente indisciplina fiscal, definida por la alta diferencia negativa entre ingresos tributarios y gastos de la administración, que se financió con emisión de bonos o, como desde la crisis de la convertibilidad, con uso y abuso de emisión de dinero, con el consecuente impacto contractivo sobre la actividad, la inversión, el empleo y el aumento de la pobreza e indigencia, porque provocó una persistente pérdida de competitividad de las empresas con el resto del mundo y mantuvo una baja calidad de vida del promedio de los habitantes, al no poder dar suficiente respuesta a las necesidades sociales básicas.

La práctica de Hacienda de informar mes a mes el resultado de las finanzas públicas en base caja, esto por la diferencia entre los ingresos por el cobro de impuestos y aportes y contribuciones a la Seguridad Social, más los derechos aduaneros, y los gastos que se pagaron, y no los efectivamente incurridos pero no abonados, fue disimulando en cada período la real magnitud del déficit fiscal. Éste recién se puede calcular de modo más preciso casi con un año de atraso, cuando se difunden los datos de la deuda pública. Aunque en este caso también aparece un sesgo determinado por las diferencias de cambio que a menudo se verifican por las arbitrarias políticas públicas de atraso y apreciación del peso, según predominen los objetivos de estabilizar artificialmente la inflación con el rezago del tipo de cambio, o de fomentar la competitividad cambiaria de las exportaciones.

Por tanto, lo que requiere la Argentina hoy es que una Comisión Bicameral se reúna para impulsar un proyecto de ley que establezca una penalización creciente a los funcionarios de áreas responsables, hasta el grado presidencial, que con sus políticas provoquen niveles de déficit fiscal superiores a una pauta internacionalmente aceptada. Como punto extremo podría ser 3% del PBI. Y también a las autoridades que llevan a que la economía caiga en episodios de inflación de más de un dígito alto (superior a 6% anual), sin intervención del organismo oficial de estadística, fenómeno que merecería una pena aún mayor.

La dinámica de la deuda nominal
En los 39 años que se comprometió a investigar la Bicameral los gobiernos de facto estuvieron en siete, esto es en menos de un quinto del tiempo y la deuda pública total, externa e interna, se elevó en poco más de un décimo del total acumulado: u$s25.000 millones, (4,8 veces) y la externa del sector privado se acrecentó en u$s10.300 millones (4,3 veces), representaron en conjunto entre el 11 y 14% de la suba acumulada en ese período.

Bajo la administración de Ricardo Alfonsín la deuda pública total subió en u$s22.000 millones y la privada externa cayó en u$s7.300 millones, con lo que el neto explica entre 5 y 6% del incremento en los 39 años.

Mientras que los mayores saltos se observaron durante la gestión de los gobiernos asociados al peronismo: el menemismo acumuló en su ciclo de poco más de 10 años un expansión de las obligaciones financieras a plazo de u$s68.000 millones en el caso del sector público y u$s62.000 millones por parte de los privados, representando en conjunto entre 42% y 50% del total del período; y con el kirschnerismo se acrecentó entre 46.300 y 97.400 millones de dólares la pública (según se tome el saldo conocido al 30 de junio pasado, o el proyectado a hoy), pese a que en el medio se observó una quita neta de más de u$s66.000 millones a los bonistas afectados por el default de 2001 que aceptaron las propuestas de canje de 2005 y 2010. El uso de reservas del Banco Central para pagar algunos vencimientos sólo transformó deuda pública externa en deuda pública interna; en tanto la privada creció en u$s11.500 millones, equivaliendo en conjunto entre 20 y 33% del total.

Durante la transición desde el fracasado gobierno de la Alianza hasta la normalización institucional en mayo de 2003 la deuda pública avanzó en unos u$s31.000 millones y la privada externa cayó en u$s9.000 millones, explicó entre 8,5 y 10% del aumento acumulado en los citados 39 años.

Si el análisis del origen y destino de la deuda pública y privada se limitara a detectar su legitimidad, no cabe duda de que en primer caso sólo en muy pequeños tramos de los últimos 39 años tuvo su base en la mejora y aumento de la infraestructura en calidad y cantidad, mientras fue generalizado el uso de ese recurso para responder al clientelismo de la política que elevó el empleo improductivo y subsidios económicos a empresas y personas que no los necesitaban, más que por compensación de favores.