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En 8 años la Argentina dilapidó más de USD 98.000 millones

Ese fue el crecimiento del poder de compra de las exportaciones que estimó el nuevo Indec desde enero de 2008 hasta diciembre de 2015 por la diferencia entre el aumento de los precios de los productos que más vende la Argentina al resto del mundo, principalmente alimentos, y el incremento de las cotizaciones de los productos que más importa, insumos y máquinas para la producción y automotores.

Curiosamente, la mayor ganancia comenzó a registrarse en el año en que Cristina Kirchner finalizaba su primera presidencia y que decidió coronarlo con la implementación del cepo cambiario, a partir de noviembre de 2011, con poco más de USD 17.000 millones y alcanzó el pico el año siguiente con USD 18.500 millones.

Sin embargo, el desacierto de esa medida, que fue el puntapié inicial que condujo al estancamiento de la actividad agregada, con el consecuente efecto contractivo sobre la inversión productiva y el empleo, por un lado, y la derivación natural en el salto exponencial de los bolsones de pobreza e indigencia, por el otro, impidió que semejante ganancia de los términos de intercambio con el resto del mundo se tradujera en una clara mejora de la solvencia externa del país.

Por el contrario, pese al régimen de control de cambios, en el que todas las transacciones del comercio exterior debían pasar por las ventanillas del Banco Central, la posición de reservas brutas en divisas en la entidad, lejos de crecer en un monto aproximado a dichos US 98.000 millones, se derrumbaron en casi USD 21.000 millones, puesto que pasaron de USD 45.711 millones a USD 24.816 millones, luego de sumar USD 11.000 millones del canje de monedas con el Banco Central de China.

Tampoco semejante viento de cola sobre el saldo positivo del comercio exterior argentino redundó en una disminución de la deuda pública total, en moneda extranjera y nacional, pese a que en esos ocho años se hizo alarde de modo reiterado de una supuesta política de desendeudamiento y se avanzó en 2010 con el canje de la deuda en default del 72% a 93% de los bonistas, con quita de más de 70%. Los últimos datos de la deuda pública al 30 de septiembre de 2015, difundidos por el gobierno de entonces, dieron cuenta de un pasivo que pasó de USD 144.729 millones a fines de 2007 a USD 239.959 millones, ocho años después.

Y tampoco se advierten aumentos en los activos tangibles, tales como mejora en la infraestructura vial, portuaria, vivienda, sanitaria, seguridad pública y ni que hablar energética.

Cabe destacar que luego de la crisis de fines de 2001 y 2002, el ex presidente Néstor Kirchner recibió una economía con una deuda pública registrada de unos USD152.000 millones y merced al canje de deuda de 2005 finalizó su mandato con un pasivo de USD 144.700 millones. Esa fue la herencia que recibió la primera presidencia de Cristina Kirchner, y pese a la supuesta política de desendeudamiento, reforzada con la reapertura del canje de la deuda en default en 2010, concluyó su primer período de Gobierno con una deuda pública que se elevó a USD 179.000 millones.

Los cuatro años siguientes fueron aún más críticos, pese a que fue el período en que más mejoraron los términos del intercambio comercial con el resto del mundo, porque ese pasivo se catapultó a USD 240.000 millones, al 30 de septiembre de 2015, que es el último dato conocido.

Peor, pero no tanto
Ahora el escenario cambió sustancialmente, por el ciclo de baja de los precios internacionales de las materias primas, con un promedio de caída de más de 15% en 2015 en el caso de los productos exportables y de 12% en el de los bienes que se importan, principalmente combustibles.

Sin embargo, no sólo en el caso del último trimestre de ese año se observó una mejora de los términos del intercambio de casi 4%, sino también que en un análisis retrospectivo se advierte que los precios internacionales continúan resultando favorables para la Argentina en más de 26% respecto del nivel que tenían diez años antes.

A ese efecto se agrega que desde el 17 de diciembre, con el levantamiento del cepo cambiario, que siguió a la medida previa de eliminación de la mayor parte de las retenciones a las exportaciones, se incrementó sustancialmente la capacidad competitiva de la producción nacional.

El inventario que deberá hacer Macri: beneficios y costos

El nuevo Presidente de la Nación sabe que comienza su mandato con un estado de la economía y del escenario socioeconómico muy complicado, porque la mayoría de los indicadores relevantes se han salido de la órbita de los desvíos generalmente tolerables, sea en lo referente a la tasa de inflación, déficit fiscal, nivel de reservas, cantidad de dinero en circulación, niveles de oferta laboral y desempleo encubierto, pobreza y diversidad de planes sociales que no llegan totalmente a sus reales beneficiarios, como subsidios al consumo de servicios públicos a sectores de ingresos varias veces superiores al promedio nacional.

Sin embargo, lo que parece claro e indiscutible para la mayoría de los argentinos, como de las gobernaciones, aún de las administradas por partidos de oposición, no lo es a la hora de cuantificar la realidad de dichos desvíos, porque las estadísticas han sido viciadas al extremo y los destinos de los recursos asignados no llegan plenamente a todos los beneficiarios.

INDEC: Uno de los puntos de partida es la decisión de normalizar las estadísticas, no sólo para poder conocer cada vez el real nivel de inflación en el promedio nacional y el desagregado por región del Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano que la administración anterior nunca se ocupó de difundir, y el correspondiente recálculo de los índices reales de pobreza e indigencia, como de población con necesidades básicas insatisfechas, y el real nivel de oferta laboral y la proporción que no logra el objetivo de obtener un empleo pleno. Continuar leyendo →

Menos reservas y más deuda pública

La vulnerabilidad que ofrece el sector externo de la economía nacional tiene diversas facetas. La más difundida es la que surge de observar el acelerado deterioro del saldo de la balanza comercial y también de la turística con el resto del mundo, cuyo principal origen es la caprichosa apreciación del peso, o, lo que es lo mismo la pérdida de competitividad cambiaria de la producción nacional y el subsidio a todos aquellos que quieren viajar a consumir en el exterior.

Pero también se percibe con singular nitidez la creciente vulnerabilidad externa, pese al severo atraso de la estadística oficial de la deuda pública, en el notable deterioro de la relación de esos compromisos del agregado de los gobiernos nacional, provincial y municipal con el nivel de reservas en divisas del Banco Central.

Como primer ejercicio basta con considerar las reservas brutas de la autoridad monetaria, incluida toda la cosmética que se le fue agregando en el último año, comenzando por los crecientes atrasos en los pagos de importaciones, en las autorizaciones a las empresas de capital extranjero al giro de dividendos, y el canje de monedas con China por hasta el equivalente a USD 11.000 millones. A mediados de la profunda crisis de 2002 esa proporción era de casi 10 veces. O dicho de otro modo, la posición en divisas permitía pagar apenas el 10% de la deuda pública.

Desde entonces y hasta 2008, la normalización de la economía, con el logro de los siempre ponderados superávit gemelos, de las finanzas públicas y del sector externo, favorecidos por el comienzo de los canjes de deuda; la suba de los precios internacionales de las materias primas y la baja de las tasas de interés en los EEUU, las reservas se multiplicaron por más de cinco veces en seis años, mientras que la deuda bajó en unos USD 5.000 millones. De ahí surgió una relación entre esas dos variables de uno a tres.

Semejante logro se sostuvo por poco más de tres años, hasta que el 30 de octubre de 2011, el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, le propuso a la presidente Cristina Kirchner imponer un cepo cambiario para intentar contener la sangría de capitales que a la postre trajo más costos que beneficios, porque provocó un singular perjuicio al comercio exterior argentino, y con ello a la posición de reservas, al abusar de las políticas restrictivas y desaliento a la inversión productiva.

Claramente que si desde fines de 2011 se depuraran las reservas del Banco Central de la cosmética que introdujo el cepo cambiario, porque generó deudas de los importadores por más de USD 6.000 millones; más atrasos en los giros de dividendos por parte de las empresas de capital extranjero; y desde hace poco más de un año del canje de monedas con China por un total equivalente a USD 11.000 millones, la relación actual con la deuda pública se achica a menos del cinco por ciento, o la inversa, se amplía a una 20 veces.

El viento de frente, sólo una excusa
Si bien, pocos meses después aparecieron vientos de frente para la marcha de la economía argentina”, como fueron el cambio del ciclo alcista de los precios de las materias primas, y más recientemente el ingreso en recesión de los principales socios comerciales, como Brasil y Venezuela, al tiempo que China desaceleró bruscamente su tasa de crecimiento, y con ello el apetito por alimentos argentinos, lo cierto es que el tremendo deterioro de la relación entre una deuda pública que se disparó camino al cielo, de la mano de un desbocado gasto público sin contrapartida en recursos genuinos, pese a que alcanzaron niveles récord en términos reales, y reservas en divisas cada vez más menguadas, tuvo su origen en singular desaciertos de política económica.

De este modo, un ejercicio conservador, que consiste en partir del último dato oficial de nivel de deuda pública, correspondiente a fines de diciembre de 2014, más las emisiones de bonos hasta hoy, y dividirlo por el total de reservas en divisas, arroja una relación de 8 a 9 veces, esto es la más alta desde la crisis de 2002. Claramente, las proporciones se achican notablemente si se compara sólo la porción de la deuda pública externa.

Sin embargo, esa simplificación carece de sentido para analizar la vulnerabilidad externa al fin de un ciclo de ocho años de Gobierno de Cristina Kirchner, porque a ese estadio se llegó por haber hecho uso y abuso de la utilización de las reservas en divisas y sus rentas no sólo para afrontar compromisos externos e internos nominados en moneda extranjera, como fue a comienzos de octubre para pagar el rescate final del BODEN 2015 por USD 5.900 millones, sino también el creciente exceso de gasto público, que derivó en un déficit global de las finanzas públicas de un 10% del PBI.

La peor consecuencia de semejante desequilibrio es el severo deterioro del tejido social, porque con inflación firme en el rango de 25 a 30%, desaliento a la inversión y cepo cambiario que alimenta la fuga de capitales y traba el ingreso del resto del mundo, no sólo impidió al sector privado generar empleos netos, sino que agravó las situaciones de pobreza a una proporción cercana a un tercio de la población.

En medio de un desbarajuste no se puede ganar competitividad

“Para que una economía crezca y pague sus compromisos debe crecer, ser competitiva y evitar ajustes que deterioren su capacidad de pago”, escribió el lunes último Alejandro Vanoli en Twitter, utilizando un canal de comunicación poco común en el mundo para un presidente del Banco Central.

Dicho así parece una receta muy sencilla, casi de sentido común, que no requiere haber pasado por los claustros universitarios y mucho menos haber hecho cursos de especialización y masters en economía, microfinanzas y managment, para comprender por qué es así, y no hay otro modo.

Pero estamos en la Argentina, y la autoridad monetaria que se hace tiempo para comunicarse por la red social con sus seguidores, no necesariamente con sus pares, y probablemente menos con sus vecinos de Economía, no se ha dedicado a analizar por qué hace ya varios años, como mínimo cuatro, que las empresas radicadas en el país no logran crecer y el propio Gobierno no les deja pagar la totalidad de sus compromisos, porque la política así lo ha decidido unilateral y discrecionalmente.

A eso y no a otra cosa han contribuido en primer lugar el cepo cambiario, las DJAI y otras restricciones que desde fines de 2011 se dispusieron para el movimiento de divisas por parte de la economía real, y la continuidad de la no actualización de los balances por inflación, mientras que en los últimos tiempos se sumaron mayor flexibilidad para la venta de dólares para tenencia o ahorro de las familias, el atraso cambiario y tarifario, y la consecuente destrucción de oportunidades laborales.

Además, se fueron agregando otros factores que día a día contribuyen a ahondar la pérdida de competitividad de la producción nacional, tanto de los sectores con mayores ventajas comparativas con el resto del mundo, como el agro, en particular de explotación extensiva como la producción de cereales, oleaginosas y la ganadería, como más aún de la industria manufacturera, como la inflación en un rango de dos dígitos altos; consecuente suba de los salarios en una proporción similar, junto a la creciente presión tributaria, también a tasa de dos dígitos porcentuales, en tanto que el tipo de cambio sube a la mitad y hasta la tercera parte de esas variables.

Eso no es todo. La restricción energética lleva en este invierno en el que por el atraso tarifario y manejo discrecional, ya que gran parte de los sectores de mayores ingresos pagan por sus consumos mucho menos que los que están limitados por no tener acceso al sistema interconectado de luz y gas natural, y a los que se les corta el suministro, como a industrias, porque se las fuerza a operar con generación alternativa con mayor costo.

La lista podría ampliarse, pero creo que la descripción es suficientemente extensa y comprueba que ese coctel de discrecionalidad y la persistencia en varios rubros de precios administrados, han erosionado al extremo la competitividad y rentabilidad de la producción nacional, la cual se manifiesta no sólo en una sostenida aceleración del ritmo de caída de las exportaciones, y también de las importaciones, sin que eviten esos movimientos la extinción del superávit de la balanza comercial con el resto del mundo, sino también en la contracción del consumo de bienes durables y también no durables.

El Indec emite señales de alerta pero no se las toman en cuenta

La consecuencia de esa política ya no la puede ocultar ni el Indec, porque en la última Encuesta Anual de Hogares Urbanos, correspondiente al tercer trimestre de 2014, reveló que no sólo en el último año se destruyeron 409.000 empleos netos y sino también que hay más de 43% de los desocupados que llevan más de seis meses parados, según el último análisis del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES, y otra porción importante de ex ocupados que no aparecen en la estadística por haber abandonado la búsqueda de una nueva oportunidad laboral, al verse desalentandos por el continúo fracaso que provoca una economía cerrada y con baja inversión en capital físico.

Es más, expertos internacionales mostraron en un seminario organizado por el Banco Ciudad y el IAE que “una economía aislada del mundo y que desalienta la competitividad no permite promover el emprendedorismo, para generar empleos y mejores salarios, en base a la innovación e incorporación de tecnología de punta”.

Para peor, sin anuncios ni publicidad, la Secretaría de Finanzas actualizó la serie de la deuda pública que estaba limitada al primer semestre de 2014 al total del año, y mostró que a tono con el desequilibrio creciente de las finanzas públicas, creció en sólo seis meses en u$s22.800 millones, a un ritmo de casi 20% por año, sin que se observen en contrapartida mejoras relevantes en la infraestructura.

Por el contrario, el fuerte aumento de la deuda pública proyecta más necesidades financieras para su repago, con sus consecuentes efectos sobre las finanzas del sector privado, y consecuentemente sobre las posibilidades competitivas de las empresas, en particular las PyME que fueron las más afectadas desde que se impuso el cepo cambiario y las restricciones comerciales y financieras a fines de 2011, y se sostienen en la actualidad.

Pese a ese cuadro, hay algunos economistas, no sólo del oficialismo, sino incluso de algunas consultoras privadas, como Elypsis, que consideran que “el aumento de la pérdida de competitividad ya no es tal, porque la diferencia entre la tasa de inflación real y la de devaluación nominal del peso comenzó a ser neutralizada con la depreciación del dólar en el mundo”.

Y no sólo eso, sostienen que “los desequilibrios que enfrenta la economía, principalmente la falta de dólares, podrá corregirse a partir de 2016 con políticas gradualistas, a partir de la solución del financiamiento internacional con un acuerdo del próximo Gobierno con los holdouts, cualquiera sea el signo que triunfe en las elecciones presidenciales, dado el poder del presidente sobre cualquier aparato partidario”. Incluso, afirman que “el abultado desequilibrio fiscal, del orden de 5,5% del PBI, no genera impacto inflacionario, porque en la actualidad tiene efecto monetario neutro”.

Sin embargo, los mismos analistas observan que “la desaceleración de la inflación habría encontrado un piso en torno a 1,5 a 1,7% al mes, con 0,5% en los precios controlados y administrados y 1,8 a 2% en el resto”, mientras que el tipo de cambio oficial sube 1%. De ahí surge una brecha negativa de competitividad cambiaria cercana a 1% nominal y 0,5% real por mes, que se agrega a la que se arrastra en forma acumulativa desde hace cuatro años, con magnitudes elevadas y variables según los sectores de actividad.

Los excesos y defectos del fin de ciclo

Cualquiera que sea el resultado final de las elecciones presidenciales pareciera que no hay grandes dudas sobre los grandes desequilibrios que afectan a la economía en su conjunto, los cuales se ven con clara nitidez en la sociedad civil y empresaria. En todo caso, las diferencias profundas entre los candidatos se localizan en las convicciones, prioridades y formas de nivelación de las principales variables, ya que nadie desconoce su existencia y consecuencias.

Entre esos grandes desequilibrios se advierten la presencia de enormes excesos, y también de notables defectos, que han conducido a un estado de estancamiento o moderada recesión con alta inflación, creciente aislamiento del mundo financiero y comercial, con un resultado intolerable de destrucción de empleos y aumento de la pobreza.

Entre los excesos sobresale la dinámica de un gasto público improductivo e ineficiente, porque no ha resultado funcional al crecimiento del empleo agregado. En el mejor de los casos sólo se verifica incremento en el segmento de los trabajadores aportantes al Sistema Integrado Provisional Argentino, pero no en el resto de la casi mitad de las provincias excluidas de ese régimen, ni de los ocupados como cuentapropistas y en negro. Por el contrario, ha sido uno de los principales responsables de haber derivado en abultado déficit fiscal y alta inflación.

Junto a estas dos últimas variables que se han disparado largamente de los estándares internacionales, se agrega el desborde de las tasas de interés que tanto Economía como el Banco Central deben convalidar para cubrir las necesidades de financiamiento del desequilibrio fiscal y la parcial esterilización del consecuente exceso de emisión monetaria, con el costo equivalente a no haber desendeudado el país y pagar tasas internacionales. Lo que supuestamente se ganó por un lado (último dato de deuda pública es a junio de 2014) se perdió por el otro.

El regreso al viejo camino de la colocación de deuda pública para pagar gasto corriente (aunque muchas veces se lo asocie a inversiones en infraestructura ferroviaria o energética), principalmente en el mercado interno y con tasas cada vez más elevadas, ahora en términos reales, es una de las consecuencias del capricho de decidir no honrar los fallos internacionales. La consecuencia es el retiro de liquidez del sector privado, con el consecuente impacto contractivo sobre el consumo y la inversión privada.

Otro exceso es la presión tributaria sobre los contribuyentes activos. Y pese a haberse tornado en muchos casos insoportable no da muestras de detenerse, sino por el contrario de profundizarse con la persistente alta inflación, mientras no se aplica la movilidad al mínimo no imponible de los trabajadores, sean asalariados, o más aún autónomos, ni se permite a las empresas ajustar sus balances por la variación de los precios mayoristas. Y ahora se suma un proyecto de crear impuestos al consumo para asistir al deporte amateur.

Mientras que entre los grandes defectos o atrasos de las variables macroeconómicas se destacan en primer lugar el cuadro social, con más del 40% de los jefes de hogar que no logran reunir en un mes recursos monetarios equiparables a un salario mínimo, vital y móvil de $4.716, sumando el fruto de un trabajo precario con las diversas asistencias sociales, como salario familiar; y otros complementos, mientras que más del 20% de los hogares “vive” con recursos menores a ese umbral, porque les resulta insuficiente la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, el Plan la Madre y el Niño, y otras que se otorgan en los ámbitos provinciales.

Una de las causas de ese escenario es la baja prioridad que en los últimos años se ha dado a la inversión en infraestructura, como energética, vial, portuaria, de telecomunicaciones, con regulaciones tarifarias que no cubren siquiera el pago de los salarios en muchas empresas, y en otras las necesarias inversiones en mantenimiento.

De ahí el colapso energético ni bien aparecen las primeras altas o bajas temperaturas, como ocurre en la actualidad. El escenario no es parejo en el orden nacional, habida cuenta de que en el caso de las tarifas eléctricas se registran diferencias de hasta 10 veces entre provincias, donde es más bajo en alguna de las más ricas, o al menos donde se genera la mayor parte del PBI.

Otro rezago insostenible es el del tipo de cambio oficial, porque su utilización como ancla inflacionaria ha erosionado la competitividad de la producción nacional, más aún en los casos de la agrícola y economías regionales castigadas con retenciones sobre las exportaciones. Un estudio de IERAL de Fundación Mediterránea muestra que mientras por efecto de la baja de los precios internacionales de las materias primas el promedio de la región registró desde 2011 caída de sus ventas al resto del mundo del orden de 15% en dólares, en la Argentina la baja superó el 32 por ciento.

El cuadro se intensifica porque la consecuencia del desaliento a la inversión y las exportaciones ha sido el freno a las importaciones con cepos, DJAI y autorizaciones de pago a proveedores discrecionales, aún de insumos y partes esenciales para fabricar productos de posterior exportación, generando un círculo vicioso que conspira contra el crecimiento y el empleo y alimenta la pobreza en la población. Se estima que el atraso de pagos al exterior se ubica en torno a u$s6.800 millones.

También, por el cepo cambiario, se acumulan demoras en la autorización para el giro de dividendos al exterior por parte de las empresas de capital extranjero. La consecuencia de esa política llevó a la virtual extinción de la inversión extranjera directa, otra fuente generadora de empleos y mayores salarios.

Finalmente y no menos importante, otro gran retraso que acusa la economía argentina es el de la capacidad de compra del promedio de los trabajadores, pese a que ha alcanzado una participación récord en el reparto del PBI entre los factores de producción, con algo más de 52 por ciento. Algunos analistas estiman que el ingreso medio por habitante por año en torno a u$s13.000 que calcula Economía podría triplicarse en el mediano plazo si los grandes desvíos descriptos precedentemente, en una apretada síntesis, tendieran a alinearse a los parámetros que predominan entre más de 200 países.

Endeudamiento improductivo y contractivo

Una Comisión Bicameral Permanente de Investigación de la Deuda Exterior quedó constituida en el Congreso Nacional con el objetivo de “echar luz sobre el origen del endeudamiento externo y hacer el seguimiento de la gestión y pago de los compromisos asumidos por el país desde la última dictadura”, y en particular sobre las condiciones de contratación en términos de tasas, plazos, comisiones y preferencias, a la hora de elegir a las entidades intervinientes y sectores privados involucrados, esto es desde el 24 de marzo de 1976 a la actualidad, con el claro propósito de demostrar que todo tiene pasado fue peor.

El diputado nacional kirchnerista Eric Calcagno fue designado como presidente de la Comisión que tiene un plazo de 180 días para emitir un informe sobre la forma en que fue encarado y resuelto el tema en los distintos gobiernos.

Se trata de un ejercicio de dudosa efectividad e implicancias de cara a un futuro donde se observa con nitidez cómo a pesar de crisis periódicas el mundo avanza hacia un nuevo estadio de desarrollo, a partir de la innovación para poder los países diversificar su oferta masiva de productos y servicios exclusivos o a lo sumo escasos, para poder superarse y elevar la calidad de vida de su gente con creciente capacitación y especialización para acceder a mejores salarios.

Entre extremos, en los últimos 39 años la deuda pública, interna y externa, se multiplicó por 30, si se toman los datos conocidos al 30 de junio de 2014 y por 37 si se compara con la que surge de la extrapolación al día a partir de los compromisos que asumió el Gobierno nacional desde entonces, junto al agregado de un déficit fiscal que, con el que genera el Banco Central con su política de regulación monetaria y cambiaria, se estima en torno a siete puntos del PBI. Pasó de u$s6.648 millones a u$s198.900 millones a junio último y a unos 250.000 millones en la actualidad. En ese período, la deuda externa privada se multiplicó por 23, se incrementó desde u$s9.738 millones a u$s70.230 millones a diciembre pasado.

Por tanto, a esta altura, sería deseable que la nueva comisión bicameral, si realmente tiene intenciones de llegar a algo, que se ocupe y preocupe para que no se repitan los factores que provocaron semejante brecha de crecimiento de la deuda pública total con la que experimentó la externa privada, en particular porque no se adviertan grandes factores de cambio en la calidad de vida de los habitantes y de la oferta productiva de las empresas, puesto que persisten enormes focos de escasez en materia de infraestructura educativa, hospitalaria, seguridad pública, energética, vial, entre otras.

En ese caso, la conclusión ya se puede adelantar: ese cuadro se explica por la recurrente indisciplina fiscal, definida por la alta diferencia negativa entre ingresos tributarios y gastos de la administración, que se financió con emisión de bonos o, como desde la crisis de la convertibilidad, con uso y abuso de emisión de dinero, con el consecuente impacto contractivo sobre la actividad, la inversión, el empleo y el aumento de la pobreza e indigencia, porque provocó una persistente pérdida de competitividad de las empresas con el resto del mundo y mantuvo una baja calidad de vida del promedio de los habitantes, al no poder dar suficiente respuesta a las necesidades sociales básicas.

La práctica de Hacienda de informar mes a mes el resultado de las finanzas públicas en base caja, esto por la diferencia entre los ingresos por el cobro de impuestos y aportes y contribuciones a la Seguridad Social, más los derechos aduaneros, y los gastos que se pagaron, y no los efectivamente incurridos pero no abonados, fue disimulando en cada período la real magnitud del déficit fiscal. Éste recién se puede calcular de modo más preciso casi con un año de atraso, cuando se difunden los datos de la deuda pública. Aunque en este caso también aparece un sesgo determinado por las diferencias de cambio que a menudo se verifican por las arbitrarias políticas públicas de atraso y apreciación del peso, según predominen los objetivos de estabilizar artificialmente la inflación con el rezago del tipo de cambio, o de fomentar la competitividad cambiaria de las exportaciones.

Por tanto, lo que requiere la Argentina hoy es que una Comisión Bicameral se reúna para impulsar un proyecto de ley que establezca una penalización creciente a los funcionarios de áreas responsables, hasta el grado presidencial, que con sus políticas provoquen niveles de déficit fiscal superiores a una pauta internacionalmente aceptada. Como punto extremo podría ser 3% del PBI. Y también a las autoridades que llevan a que la economía caiga en episodios de inflación de más de un dígito alto (superior a 6% anual), sin intervención del organismo oficial de estadística, fenómeno que merecería una pena aún mayor.

La dinámica de la deuda nominal
En los 39 años que se comprometió a investigar la Bicameral los gobiernos de facto estuvieron en siete, esto es en menos de un quinto del tiempo y la deuda pública total, externa e interna, se elevó en poco más de un décimo del total acumulado: u$s25.000 millones, (4,8 veces) y la externa del sector privado se acrecentó en u$s10.300 millones (4,3 veces), representaron en conjunto entre el 11 y 14% de la suba acumulada en ese período.

Bajo la administración de Ricardo Alfonsín la deuda pública total subió en u$s22.000 millones y la privada externa cayó en u$s7.300 millones, con lo que el neto explica entre 5 y 6% del incremento en los 39 años.

Mientras que los mayores saltos se observaron durante la gestión de los gobiernos asociados al peronismo: el menemismo acumuló en su ciclo de poco más de 10 años un expansión de las obligaciones financieras a plazo de u$s68.000 millones en el caso del sector público y u$s62.000 millones por parte de los privados, representando en conjunto entre 42% y 50% del total del período; y con el kirschnerismo se acrecentó entre 46.300 y 97.400 millones de dólares la pública (según se tome el saldo conocido al 30 de junio pasado, o el proyectado a hoy), pese a que en el medio se observó una quita neta de más de u$s66.000 millones a los bonistas afectados por el default de 2001 que aceptaron las propuestas de canje de 2005 y 2010. El uso de reservas del Banco Central para pagar algunos vencimientos sólo transformó deuda pública externa en deuda pública interna; en tanto la privada creció en u$s11.500 millones, equivaliendo en conjunto entre 20 y 33% del total.

Durante la transición desde el fracasado gobierno de la Alianza hasta la normalización institucional en mayo de 2003 la deuda pública avanzó en unos u$s31.000 millones y la privada externa cayó en u$s9.000 millones, explicó entre 8,5 y 10% del aumento acumulado en los citados 39 años.

Si el análisis del origen y destino de la deuda pública y privada se limitara a detectar su legitimidad, no cabe duda de que en primer caso sólo en muy pequeños tramos de los últimos 39 años tuvo su base en la mejora y aumento de la infraestructura en calidad y cantidad, mientras fue generalizado el uso de ese recurso para responder al clientelismo de la política que elevó el empleo improductivo y subsidios económicos a empresas y personas que no los necesitaban, más que por compensación de favores.