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El Indec derrumbó otros dos pilares del modelo

En la última semana, el Indec dio a conocer los resultados preliminares y sintéticos de las cuentas nacionales y de balanza de pagos correspondientes al cierre del último año los cuales dieron cuenta de una brusca desaceleración del crecimiento del PBI y aceleración del endeudamiento del sector público con el resto del mundo. Se suman a la caída de los superávit gemelos: fiscal y externo.

En el primer caso se informó de un paupérrimo aumento del PBI de 0,5%, a partir del ya clásico artilugio de subestimar la suba de los precios de la economía, ya que se repitió por séptimo año, desde la virtual intervención del Indec, para poder mostrar una expansión del área de los servicios que posibilite contrarrestar la indisimulable contracción de la producción de bienes, principalmente del sector industrial y de la rama de la construcción. Continuar leyendo →

Un paso adelante que exige dar otros más

La decisión de la Presidente de cambiar el tono del discurso, pero sobre todo de desistir de cometer desacato, como había dicho el ministro de Economía cuando anunció que “habían tomado todos los recaudos para ofrecer un canje de bonos bajo legislación argentina y pagar en Buenos Aires”, y revertir el anuncio del jueves de su Jefe de Gabinete de que no enviaría a Nueva York a funcionarios y abogados para negociar con los holdouts bajo el paraguas del juzgado de Thomas Griesa, y anunciar formalmente la decisión de pagar las deudas a todos los bonistas, se inscribe en la línea que nunca se debió apartar: el respeto de las instituciones, nacionales y extranjeras.

Se podrá discutir si fue un giro con convicción o simplemente por necesidad para no agravar la recesión y provocar un default en cadena de la Nación, las provincias y también municipios y empresas, pero es innegable que se reaccionó positivamente a tiempo.

Se trata de un paso fundamental para coronar un proceso que se fue acelerando para dar solución a una de las asignaturas pendientes que impidieron al Gobierno, pero también a las empresas, acceder a condiciones de financiamiento internacional menos onerosas. Empezó con las compañías que demandaban al país en el CIADI; siguió, luego de dos años desde la confiscación de las acciones de Repsol en YPF, con el acuerdo de pagar esos papeles con nuevos títulos de la deuda; a posteriori, en cuestión de dos meses, se cerró un convenio para dejar atrás el largo período de cesación de pagos con el Club de París, con pagos en efectivo en cuatro años y ahora, en pocos días, se prevé transitar el último tramo del “puente”, como definió Mario Blejer, para poder acceder a las condiciones ventajosas que caracteriza al mercado de crédito externo y atraer capitales para inversiones productivas de largo plazo, muchos de los cuales son de residentes y están en blanco en el país, pero fuera del circuito financiero.

Proceso no exento de costos elevados
Sólo en el último año la generación de riqueza por el conjunto de los residentes pasó de crecer a una tasa de 9,3% al año, según el EMAE del Indec, a caer a un ritmo de 2,5% en mayo, conforme la estimación de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Significó la pérdida de unos 50.000 millones de dólares, cualquiera sea el tipo de cambio que se utilice, oficial o libre, porque en ese período ambas paridades corrieron parejas.

Con esa perspectiva, los 1.330 o 10.000 millones de dólares que se pagarán en 5 o 10 años a los bonistas que no aceptaron los canjes de deuda en 2005 y 2010, los cuales se suman a los 9.000 millones que se agregaron con los acuerdos con Repsol y el Club de París, también a plazo, no parecen tan dramáticos como aparentan cuando se los coteja con los casi 29.000 millones de dólares de reservas de divisas en el Banco Central el último jueves.

Además, se observaron costos tangibles, no sólo en términos de la caída de reservas del Banco Central en unos 10.000 millones de dólares, sino, peor aún, de pérdida de oportunidades para unos 200.000 trabajadores, más la destrucción neta de otros 100.000 empleos, y recortes de salarios para quienes sufrieron los recortes de la jornada laboral, sea por suspensiones o el fin de las posibilidades de hacer horas extras, en las industrias automotriz, la construcción, inmobiliarias, el comercio y también en el agro y la minería.

Ese cuadro agravó las ya debilitadas finanzas públicas, porque perdió brío la capacidad de recaudar impuestos, mientras el gasto público siguió su carrera ascendente, sacándole más distancia al crecimiento de los recursos genuinos amparado en el financiamiento inflacionario y provocando un peligroso incremento del déficit cuasi fiscal, esto es del rojo de las cuentas del Banco Central.

Programa integral de política económica
De ahí que, en simultáneo con las negociaciones que ya el viernes comenzaron los funcionarios y abogados del Gobierno con los representantes de los holdouts, y su acercamiento al juzgado de Thomas Griesa, es deseable que el equipo económico encare un plan integral de ordenamiento de todas las variables macroeconómicas relevantes, siguiendo los estándares internacionales, sin inventos, orientadas a desarmar la maraña de subsidios; el cepo cambiario; los ineficaces y dañinos precios cuidados, administrados y congelados; la depuración de los gastos improductivos y clientelares en la administración pública, y ajustar por inflación real desde diciembre de 2001 los mínimos no imponibles de Ganancias para los trabajadores, asalariados y más aún independientes, junto a la reglamentación de los ajustes por inflación de los balances de las empresas.

Sólo en los últimos doce meses si se hubiese evitado con una visión integral de la macro y micro economía el paso del crecimiento del PBI a un ritmo de 9,3% a una caída de 2,5%, y en su lugar la actividad se hubiera expandido a un rango de 4% y con menor inflación, se podrían haber generado las condiciones para reducir de 48 a 42% del PBI la presión fiscal y bajar la inflación del 27 a 20% o menos, en lugar de haberse duplicado. En ese hipotético escenario, se hubiesen generado las condiciones para reimpulsar la inversión productiva, con su consecuente efecto multiplicador sobre el empleo y la mejora real de los salarios.

Aún se está a tiempo de encarar ese proceso y provocar un cambio de expectativas en muy corto plazo, como se insinuó en Wall Street mientras en la Argentina se conmemoraba el Día de la Bandera.

Salvo Brasil, que muestra dificultades para crecer a una tasa mayor a 2% al año, el mundo sigue ofreciendo amplias oportunidades para la Argentina, sea en términos de acceso al crédito a tasas menos onerosas que las de los últimos meses, ya que el índice de Riesgo País puede caer de un rango de 800 puntos básicos de hace una semana a menos de 300 en corto plazo; sea para atraer capitales de inversión productiva de largo plazo; sea para encarar acuerdos comerciales bilaterales con naciones que mantienen vigorosas tasas de crecimiento como los países asiáticos, altamente demandantes de alimentos, pero también de conocimiento y de productos industriales.

De ahí que pareciera que llegada a esta instancia en que se probó el estado de casi pánico que genera caminar al filo de la cornisa y con pendiente negativa, llegó la hora de seguir dando pasos para adelante, dirigidos a la búsqueda de la recuperación plena de todas las instituciones, desde la aceptación del Congreso como ámbito de debate de las políticas públicas, no simplemente de la presentación sin derecho a discusión y aceptación de quitas y agregados como ocurrió con el Presupuesto 2014 y las negociaciones de la deuda pública; pasando por el reconocimiento de los fallos judiciales, locales e internacionales sin atajos; hasta el rol de independencia del Banco Central como garante de la estabilidad de los precios, para proteger de modo efectivo el valor de la moneda y con ello de los salarios y patrimonios de las empresas; junto a la transparencia de las mediciones y difusión de los datos del Indec de la realidad económica y social, además de la necesaria recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, sin asfixiar la capacidad de pago de los contribuyentes, para no generar el camino a otro cuadro extremo de incapacidad de pago de la deuda pública; y una efectiva apertura al mundo de los negocios, tanto en términos de importaciones como de exportaciones.

¿El FMI es duro o realista?

La presentación de un nuevo informe semestral del Fondo Monetario Internacional, con las perspectivas económicas de los países miembros, volvió a dejar la sensación de otro “más de lo mismo”. No sólo porque nuevamente ubica a la Argentina en el mismo rango que Venezuela, pese a que claramente aún existe un abismo, no sólo en lo referente a brecha cambiaria, de inflación, potencial económico, y más aún en cuanto a la situación política y social, sino principalmente porque, sin decirlo, parece insistir con la muletilla de los 80 del “ajuste fiscal”.

Desde el Gobierno, pero también muchos economistas de la oposición y consultores profesionales, destacan que en el primer trimestre de 2014, después de haber asimilado las nuevas funciones de modo formal, la dupla Kicillof- Fábrega, se abocaron a una vuelta a la denominada ortodoxia económica, como devaluar, bajar los salarios, subir las tasas de interés, reducir los subsidios, enfriar la economía, acordar las condiciones de expropiación de las acciones que Repsol tenía en YPF y que con esas herramientas ahora cuentan con argumentos de peso para recibir una aprobación y recomendación del FMI para que los acreedores del Club de París acepten consensuar la superación del capítulo del default y quedar habilitada la obtención de financiamiento internacional y a menores tasas.

En muy pocas líneas de las 80 páginas del trabajo de marras, los técnicos del FMI indican que “las perspectivas de la Argentina y Venezuela han vuelto a desmejorar”. Claramente, si se repara en la caída del 36% de las ventas de autos, de más de 40% en el caso de las motos, de 7% en el consumo masivo de alimentos, perfumería, ropa, y electrónicos, del promedio de los supermerados, y la caída real de la recaudación tributaria, entre otros, el diagnóstico está en lo cierto.. Mientras que si se observa el giro parcial de política, podría decirse que es exagerado.

“Se prevé que la actividad de la actividad en la Argentina y Venezuela se desacelerará marcadamente en 2014, aunque las perspectivas están sujetas a un alto grado de incertidumbre”, agrega el paper en otra breve referencia a los dos países, en contraste con las previsiones para la mayoría del resto de los países miembros del organismo. La aceleración de la inflación a un rango de 40% y más aún del ritmo de aumento del gasto público y consecuentemente del déficit fiscal, avalan esa consideración.

Y concluye, “las medidas administrativas adoptadas para reducir los desequilibrios internos y externos, entre ellas los controles de precios, de cambio y del comercio, están afectando aún más la confianza y la actividad. Y si bien ambos países ajustaron sus tipos de cambio y la Argentina elevó las tasas de interés, se precisan modificaciones importantes de las políticas para evitar un ajuste desordenado”. Esto es lo que parece subestimarse, y si bien las condiciones son muy distintas, no debiera olvidarse que tras la desprolija salida de la convertibilidad a fines de 2001 se necesitó de casi dos años para reencauzar la economía.

Rojo creciente en las cuentas públicas
El viernes último, la Secretaría de Hacienda difundió el resultado base caja de las finanzas de la administración central correspondiente a febrero, el cual pese a su dinámica desestabilizante, no afectó en demasía al mercado de deuda pública, por el contrario, muchos economistas aparecieron haciendo recomendaciones de compra de bonos públicos, de cara al largo plazo, en la convicción de que en algún momentos se harán los ajustes.

Eso es lo que recomiendan y volverán a hacerlo los técnicos del FMI al ministro Kicillof si en su participación en la Asamblea Anual hiciera un pedido informal de recibir una señal de inmediato apoyo para poder cerrar el capítulo del default con los acreedores del Club de París. No se puede esperar otra cosa cuando se acaba de difundir que el gasto público retomó un ritmo de crecimiento que no se veía desde fines de 2010, y se pasó de un paupérrimo superávit fiscal doce meses antes a un singular desequilibrio ahora, con empresas públicas que pierden el triple en el término de un año.

El descuido de las finanzas públicas, con la consecuente vuelta a un también alarmante aumento de la deuda pública: 14.000 millones de dólares en un año, pese a haber utilizado u$s7.000 millones de reservas del Banco Central para afrontar vencimientos y haber licuado otros 14.000 millones de dólares con la devaluación del peso, ha sido el principal factor determinante de la crisis de la convertibilidad a fines de 2001, y también lo es ahora que parece haberse agotado la capacidad de financiamiento con aumentos de impuestos, incluido el inflacionario.

Podrá evitarse la palabra ajuste, y también evitar hablar de inflación, devaluación, alza de tarifas, recesión, control de precios, etc., y volver a desoír las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, pero no podrá ocultarse que mientras la mayoría de los países dan claras señales de superación, la Argentina y Venezuela siguen retrocediendo en su contribución a la generación de la riqueza mundial y al comercio internacional, con el consecuente costo en términos de calidad de vida de la mayor parte de sus habitantes, al no poder ofrecer suficientes oportunidades laborales productivas.

En las puertas de otro default por disfrazar la realidad

Una semana atrás el ministro de Economía, junto a los técnicos del Indec, se presentó a la prensa para dar a conocer una apretada síntesis de la nueva forma de cálculo del PBI, que determinó que en lugar de crecer 4,9% en 2013 se había expandido 3%. Los mercados entendieron que se trató de una salida desesperada para ahorrarle al país más de 3.000 millones de dólares que debía destinar al pago de cupones que recibieron gran parte de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, por un nivel de crecimiento inexistente, en un escenario donde las reservas del Banco Central ya perforaron el piso de 27.000 millones de dólares.

Sin embargo, de la lectura de la letra chica de los prospectos de canje de la deuda que fue declarada en cesación de pagos en los últimos días de 2001, surge con aparente claridad que el cambio de base de cálculo del PBI con una nueva estructura de precios, fenómeno que se prevé se repetirá una o dos veces antes de 2034, determinará una revisión de los parámetros disparadores del pago de una renta condicional a los tenedores de los nuevos bonos.

Así, para el caso actual, el principal mentor de los términos del canje, Guillermo Nielsen, estimó que con la nueva metodología de cálculo del PBI de 2013 el disparador de pago del cupón se reduce de 3,22% que se había establecido en base a los precios de 1993, a 1,75% a precios de 2004, mientras que bancos de inversión de Wall Street achican aún más esa referencia a 1,29 por ciento.

El Gobierno aún no ha dicho nada sobre este punto. Sólo hablaron los mercados, a través de singulares órdenes de venta de cupones, en la convicción de que hasta 2017 no verán un peso, por el receso actual y estancamiento proyectado con alta inflación, al menos hasta el año próximo.

A este grado de confusión se llegó por el estado de hipocresía en el manejo de las estadísticas públicas y en la falta de nobleza para reconocer los errores y enmendarlos sin apelar a mecanismos que pueden derivar en mayores costos a los que se pretende evitar.

Claramente, en 2014 no se puede seguir calculando la capacidad de generación de riqueza del conjunto de la población y empresas a los precios de 1993, porque no sólo se pasó de un escenario de incipiente estabilidad de precios y expectativas de crecimiento, tras haber pasado por dos episodios de hiperinflación, a otro de alta inflación con tendencia recesiva, sino porque también en los últimos 20 años cambiaron los hábitos de consumo, a la luz de las nuevas tecnologías.

Pero previamente hubiera sido más recomendable revaluar las estadísticas base del Indec, tanto de precios y de cantidades, sin cambios metodológicos, tras las denunciadas irregularidades que se cometieron desde 2007, las cuales hubieran arrojado un crecimiento de la economía inferior a tres por ciento, como estimó el consenso de las consultoras privadas con la metodología tradicional a precios de 1993.

La diferencia no es menor, porque haber llegado un número similar, pero por diferentes caminos, puede llevar a caer en un nuevo default, con el consecuente impacto negativo sobre la economía en términos de pérdida de oportunidades de empleo y mejora de la calidad de vida, si Economía decide aferrarse al umbral de 3,22% y comunicar formalmente el no pago del cupon del PBI, ahora o el 19 de septiembre próximo.

Se generaliza la caída de las variables reales
Mientras tanto, hoy se observa que desde que el Gobierno decidió comenzar a sincerar las estadísticas oficiales, aunque lo hace a ritmo lento y desprolijo, todos los indicadores básicos vinculados con la actividad se alinearon en la senda negativa.

El primero fue el reconocimiento del aumento de la inflación, el cual arrastró en sentido inverso a la estimación de crecimiento del PBI, más allá del comentado impacto sobre el no pago del cupón PBI y el ahorro posible de más de 3.000 millones de dólares.

Luego vino el efecto negativo sobre la mejora del poder de compra de los salarios de la aceptación de la escalada de los precios, aunque aún no se acepta el fracaso de los sistemas de controles, porque desde junio de 2013 el promedio de suba nominal de los salarios que calcula el Indec se ubica por debajo del alza real de los precios al consumidor, y se agravó en el primer trimestre del nuevo año.

Pese a ese desagio que sufren los presupuestos de las familias, el Gobierno, que dice que no quiere ser hipócrita, según manifestó la Presidente en uno de sus cuatro mensajes en cadena nacional en una semana, se opone al ajuste de los mínimos no imponibles de Ganancias, para asalariados y más aún para los trabajadores independientes, y menos aún de permitir el ajuste por inflación de las utilidades de las empresas, pese al impacto contractivo que esa decisión ejerce sobre el consumo y la inversión productiva.

Mientras que frente las incapacidades para generar confianza a través de la generación de un clima de negocios saludable, el Gobierno no encontró otra salida para reducir las tensiones cambiarias que endurecer severamente la política monetaria y dejar que las tasas de interés escalaran a niveles de asfixia financiera a las PyME y golpeara a un más las decisiones de consumo a crédito por parte de las familias.

De ahí que la recaudación de impuestos si bien volvió a superar en marzo la pauta presupuestaria de 25,5% de crecimiento interanual, no pudo equiparar a la tasa de aumento de los precios.

De ese modo se alejan las posibilidades de reducción del déficit fiscal, que no sólo es el principal factor de presión inflacionaria, por su financiamiento con emisión espuria del Banco Central, sino también de aumento de la deuda pública: 14.000 millones de dólares en el último año, pese a que el Gobierno usó unos u$s7.000 millones de reservas para pagar vencimiento y que por la devaluación de la moneda licuó otros 14.000 millones de dólares de deuda nominada en pesos.

Noviembre fue peor que octubre pero será mejor que diciembre

Los indicadores del Indec de la actividad económica, tanto del PBI, el comercio exterior, como de las finanzas públicas y marcha de los precios, mostraron en el último mes un inquietante deterioro, y contradijeron con contundencia al denominado “relato oficial”.

La industria ya no crece 4 o 5%, como acusó en mayo y junio, sino que ahora cayó 4,9%, y se aleja inexplicablemente de las estimaciones menos contractivas que calculan las consultoras privadas.

El saldo de la balanza comercial mantiene el signo positivo, pero revela mes a mes el efecto absorbente del resultado crecientemente deficitario de la cuenta energía y combustibles.

La Secretaría de Hacienda resalta mes a mes el rol de la actividad económica y las políticas activas del Gobierno, pero las planillas que consolidan los ingresos y gastos del conjunto del sector público nacional (no incluye a provincias y municipios) mostraron en el último mes que pese a contar con una asistencia extraordinaria del Banco Central de la República Argentina y de la Anses, el déficit fiscal, tanto primario (antes del pago de intereses de la deuda), como financiero o final, se acrecentó a niveles que comienzan a encender señales de alarma: más de 3% del PBI en 11 meses, pero con un ritmo en el último mes a más de 7% del PBI oficial.

El predicado en forma recurrente desendeudamiento del Estado ya no se sostiene, ni en el lo referente a los compromisos internos (crecientemente con el Banco Central, la Anses y otros organismos descentralizados, aunque en el relato se los minimiza, porque se considera un Pagadiós), como ahora, desde el tercer trimestre, también en moneda extranjera.

Y en materia de inflación, frente a una tasa inferior a 11% anual que el Indec informa mes a mes, y menos de 8% en el caso de los supermercados y shopping, el organismo oficial de estadística calculó para la estimación de las cuentas nacionales (PBI, consumo e inversión) que se aceleró en el tercer trimestre a casi 18% para el promedio nacional y superó 27% en el caso de la variación del índice de precios implícitos en el gasto del agregado del sector público nacional.

Por qué el año termina con indicadores más devaluados
Porque la negación de la realidad social, afectada por desconocer la inflación y sus efectos perniciosos sobre los sectores de la población de menores ingresos, incluyendo los cuadros menores de las fuerzas de seguridad que provocaron un levantamiento que terminó en desmanes, saqueos durante un par de semanas, y pese al virtual arreglo salarial y refuerzo de la vigilancia, no impidió que disminuyeran al mínimo los pedidos de reposición de mercadería. Es su único capital.

Como resultado de ese fenómeno, las industrias y distribuidoras proveedoras a los canales de consumo masivo vieron mermar sensiblemente sus ventas respecto de lo esperado, y más aún en comparación con las de un año antes.

Porque la negación de la crisis energética, pese a los esfuerzos por disimularla con abultadas importaciones de gas y otros combustibles y cortes más allá de lo programado a las empresas industriales, para poder proveer a improvisadas incorporaciones de usinas térmicas para proveer de energía eléctrica a los hogares, no sólo afectó el ritmo fabril, sino también el consumo de las familias en varias ciudades, en este caso por temor a perder todo frente a una amplia ola de apagones, en particular en el ámbito de la ciudad y Provincia de Buenos Aires, como en Rosario y otras localidades del interior del país.

Porque el desmedido incentivo al consumo, ahora con la extensión de los asuetos en la administración pública, por la Fiesta Navideña y los festejos del fin de año (hay algo por festejar, más allá de quienes están convencidos de haber sido partícipes gozosos de la “década ganada”?), arrastrará a varios servicios y empresas grandes y medianas, con el consecuente impacto contractivo de la producción y la inversión, así como del flujo del comercio exterior.

Porque la fracasada pero ahora repetida política de minidevaluaciones diarias del peso, a un ritmo largamente superior a la tasa de interés, incentiva la demanda de divisas por parte de los importadores, turistas y empresas que logran autorizaciones para cancelar deuda externa y girar utilidades al resto del mundo, mientras que, por el contrario, desalienta las liquidaciones por parte de exportadores y turistas que visitan la Argentina. Sólo con fugaces políticas para atraer dólares las reservas del Banco Central lograron detener la hemorragia, pero no sirven para curar las heridas en ese plano.

Porque haber acelerado el ritmo de devaluación a más de 6% por mes, a una tasa equivalente a 108% al año, tuvo su impacto inmediato en la profundización de los aumentos sostenidos y generalizados de los precios de la economía.

Porque con semejante deterioro de los indicadores de consumo, inversión y producción, el aumento esperado de la recaudación tributaria en diciembre volverá a estar crecientemente por debajo del desempeño del gasto público, con lo que se potenciará el rojo de las cuentas públicas.

El 3 de enero, como promete el Jefe de Gabinete de Ministros, se presentarán las 200 metas de Gobierno para el próximo bienio, un período que hoy luce extremendamente lejano, sino no se acepta la necesidad de diseñar y anunciar un plan integral de contención de la inflación con medidas de fondo que ataque las verdaderas causas, en lugar de los probados y repetidamente fracasados, controles, acuerdos o precios administrados, porque sólo buscan ocultar las consecuencias. En ese escenario, diciembre no sólo será peor que noviembre, sino que estará condenado a ofrecer mejores indicadores a los que arroje el primer mes del nuevo año.