El nuevo Presidente de la Nación sabe que comienza su mandato con un estado de la economía y del escenario socioeconómico muy complicado, porque la mayoría de los indicadores relevantes se han salido de la órbita de los desvíos generalmente tolerables, sea en lo referente a la tasa de inflación, déficit fiscal, nivel de reservas, cantidad de dinero en circulación, niveles de oferta laboral y desempleo encubierto, pobreza y diversidad de planes sociales que no llegan totalmente a sus reales beneficiarios, como subsidios al consumo de servicios públicos a sectores de ingresos varias veces superiores al promedio nacional.

Sin embargo, lo que parece claro e indiscutible para la mayoría de los argentinos, como de las gobernaciones, aún de las administradas por partidos de oposición, no lo es a la hora de cuantificar la realidad de dichos desvíos, porque las estadísticas han sido viciadas al extremo y los destinos de los recursos asignados no llegan plenamente a todos los beneficiarios.

INDEC: Uno de los puntos de partida es la decisión de normalizar las estadísticas, no sólo para poder conocer cada vez el real nivel de inflación en el promedio nacional y el desagregado por región del Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano que la administración anterior nunca se ocupó de difundir, y el correspondiente recálculo de los índices reales de pobreza e indigencia, como de población con necesidades básicas insatisfechas, y el real nivel de oferta laboral y la proporción que no logra el objetivo de obtener un empleo pleno.

Pero también el nuevo director del organismo, Jorge Todesca, deberá decidir y explicar con claridad si ordenará la tarea de reconstrucción de los índices desde enero de 2007, cuando en el último tramo del gobierno de Néstor Kirchner y toda la gestión de Cristina Kirchner, y asumir los costos de que el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, deba reconocer que la Argentina hereda una deuda desconocida con los bonistas que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 por bonos ajustables por CER, porque habrían cobrado mucho menos de lo que correspondía, aunque parcialmente compensado por un cupón PBI de mayor valor, porque se sobre estimó la tasa de crecimiento de la economía, o bien hará borrón y cuenta nueva del pasado y empezar desde cero.

Otra derivación de la posible revisión de la historia de la serie de precios y de la consecuente reestimación de las cuentas nacionales, será que los indicadores vinculados con el PBI, como déficit fiscal, presión tributaria, real endeudamiento del sector público, serán sustancialmente mayores, mientras que la apertura de la economía, entendida por la sumatoria de las exportaciones e importaciones y su relación con el producto, será notablemente mayor que la estimada desde hace nueve años.

HACIENDA: La costumbre de difundir el movimiento de las finanzas públicas en base caja, esto es por la diferencia entre los impuestos efectivamente cobrados y los gastos pagados, en lugar del base devengado para el conjunto del sector público no financiero, ha impedido tomar nota sobre cuál es la deuda flotante que recibió el nuevo Gobierno, esto es qué proporción de las erogaciones comprometidas y ejecutadas aún no fueron pagadas.

Pero fundamentalmente, se estima relevante conocer los reales beneficiarios de los subsidios a los consumos de servicios públicos, tanto de las personas físicas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires según escala de ingresos real, como de las empresas de transporte en función del movimiento de personas y no de la cantidad de vehículos en operación singularmente subexplotados, para poder obtener ahorros que posibiliten al ministro Alfonso Prat Gay compensar la pérdida de recursos por la baja de las retenciones sobre las exportaciones, y también reducir el abultado déficit fiscal heredado.

También se considera necesario verificar los receptores efectivos de los planes de asistencia social, como los casi 3,6 millones de beneficiarios por mes de la Asignación Universal por Hijo, porque se habría distribuido en una forma discrecional por parte de los denominados punteros políticos.

Lo mismo podría decirse de las 17 millones de personas previstas en el Presupuesto 2016 que percibirán la Ayuda Alimentaria, porque representa más del 40% de la población total del país y supera en más de 10 puntos porcentuales al peor indicador de habitantes afectados por un estado de pobreza y en más de 30 puntos porcentuales al universo que reúne los ingresos suficientes para cubrir las necesidades diarias mínimas de consumo de proteínas y calorías.

PRESUPUESTO: El mal bautizado Ley de Leyes, porque ha sido históricamente elaborado con criterios políticos de corto plazo, para que el Poder Ejecutivo Nacional pueda disponer discrecionalmente de las partidas de gastos y recursos que se somete a la aprobación del Congreso, es otra de las tareas inmediatas que deberá revisar el nuevo Gobierno, porque ha sido aprobado bajo supuestos irreales de inflación: 14,5%; tipo de cambio oficial de $10,60; crecimiento del PBI del 3%; aumento de la recaudación del 21% y del gasto público 16,4 por ciento.

Una alternativa podría ser continuar usufructuando de la discrecionalidad que ofrece la Ley de Emergencia Económica, pero eso sería una mala señal del nuevo Gobierno a quienes confiaron en que terminaría con esa forma de administrar el gasto y los impuestos, incluido el inflacionario.

De ahí que lo recomendable es partir de una regla restrictiva de disciplina fiscal consistente en no autorizar aumentos de gastos superiores al del que se verifique en los recursos tributarios; como prescindir de las utilidades contables del Banco Central y de la Anses y empezar a trabajar en un presupuesto base cero para el año próximo, con criterios racionales de distribución de las partidas en función de las reales necesidades de las personas y de las provincias, incluido el llamado a todos los gobernadores para cumplir con el mandato de la reforma constitucional de 1994 de reformar el sistema de reparto del cobro de impuestos entre la Nación y cada jurisdicción.

En este punto, no podrá estar ausente el replanteo del sistema del Impuesto a las Ganancias, tanto para la denominada cuarta categoría, con el establecimiento de un razonable nivel de mínimo no imponible y readecuación de las escalas de deducciones que quedaron congeladas en algunos rubros por más de 20 años; sino también de las correspondientes a las alícuotas de tributación, para trabajadores y Pymes para que nunca alcancen el punto de partida que se aplica a los beneficios de las grandes empresas.

DEUDA PÚBLICA: El gobierno saliente se ufanó de haber seguido una política de desendeudamiento, pero ayer dio cuenta que la deuda siguió una senda claramente ascendente, tanto en valores nominales como en términos del PBI, en particular desde que se impuso el cepo cambiario a fines de 2011. Pero no se conoce las causas desagregadas de esas variaciones, como de las obligaciones no contabilizadas, como el fallo de la justicia de Nueva York a favor de los holdouts y las demandas pendientes en el CIADI.

El blanqueo del real nivel de deuda se estima relevante para poder determinar las verdaderas necesidades de refinanciamiento y pago de intereses, y los posibles ahorros que se podrían obtener con una baja del índice de riesgo país, en un escenario de rápida reconstrucción de la confianza de los ahorristas locales y de los inversores del resto del mundo.

Si bien el nivel de reservas es mínimo, o como se dijo negativo, la preocupación por volver a tomar deuda para contar con una masa crítica de divisas como prerrequisito para poder levantar el cepo cambiario con un riesgo controlado, puede generar el costo de quedar pegado como un gobierno con vocación por tomar deuda y poca convicción de buscar ahorros en un estado que se ha sobre expandido sin generar beneficios para la población y la producción en su conjunto.

SECTOR EXTERNO: En este punto, la revisión del inventario exige conocer el real nivel de reservas de divisas de libre disponibilidad en el Banco Central, que para muchos economistas cayó a niveles negativos; como de las divisas retenidas en granos en campos, a la espera de un sinceramiento del tipo de cambio, con un régimen único y libre de retenciones para todos los cultivos intensivos y producción industrial y minería, y parcialmente para los extensivos: eliminación para los cereales, oleaginosas y carnes, y recorte programado para el complejo sojero.

También se estima clave determinar la deuda de importadores con sus proveedores, que algunos estiman en torno a USD 10.000 millones, y la forma de regularización. Algunos economistas aconsejan emitir un bono de la deuda pública con garantía de un organismo internacional para superar rápidamente el atraso. Pero el costo podría ser el recuerdo de la estatización de una deuda entre privados, como se le atribuye a Domingo Cavallo de haber hecho algo similar en 2002. Tal vez la mejor estrategia sea evitar esa salida y asumir el compromiso de destinar las liquidaciones de divisas de los exportadores para liberar pagos de importadores, sin costo fiscal para el estado.

La lista sin duda es interminable y deberá incluir la revisión de los contratos de obra pública y los reales índices de ejecución, como de las reales necesidades de personal del conjunto de la administración pública, en particular de los miles de nombramientos y conversión a planta permanente de contratados en los últimos tiempos, mientras que se mantiene en una situación precaria a otros cientos de miles de trabajadores con antigüedad y realización de tareas comprobadas y de baja remuneración relativa.

La tarea no será sencilla pero requiere hacerla y asumir los posibles costos que una vuelta a la racionalidad, mientras se generan las condiciones para que el sector privado se vea inducido a ofrecer oportunidades laborales a varios millones de trabajadores que se retiraron del mercado de trabajo en los últimos cuatro años, y se instruyan medidas destinadas a romper con un núcleo duro de economía informal que afecta a más del 33% de los asalariados y del 45% de los cuenta propistas, y tornar equitativo el sistema tributario argentino.