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El uso discrecional de los índices de inflación

Se sabe desde que comenzó su gestión el nuevo Gobierno que la Argentina está en Emergencia Estadística, porque el Indec que recibió de la gestión anterior se encontró con más máquinas trituradoras de documentos que números confiables sobre la situación socioeconómica del país.

Sin embargo, eso no debiera habilitar para el uso discrecional de los índices oficiales de precios al consumidor alternativos considerados por el Poder Ejecutivo confiables, como son los que elaboran las direcciones de estadísticas y precios de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis, para no dejar un vacío en la actualización cada mes del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el cual no sólo se utiliza para determinar los valores técnicos de los bonos de la deuda pública ajustables por inflación, sino también muchos contratos entre privados.

A primera vista puede resultar comprensible la intención de las autoridades económicas de que la variación de los precios que se utilice para actualizar el CER no esté contaminado por factores puntuales y circunstanciales, como fue el caso en los últimos meses de los aumentos de tarifas de servicios públicos a un ámbito geográfico limitado, como la Ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires. Al menos esa fue la justificación para que el Ministerio de Hacienda y Finanzas decidiera tomar el Índice de San Luis para determinar los valores del CER para el período marzo a abril, después de dos meses que se había inclinado por el de la Ciudad.

Casualmente, en los tres casos de usos alternativos a los del Indec, a la espera de que el organismo oficial de estadística vuelva a calcular el Indice de Precios al Consumidor, Alfonso Prat-Gay decidió elegir el que menos aumentó, el de la Ciudad de Buenos Aires, pero para el nuevo período del 26 de marzo al 25 de abril, optó por tomar el de San Luis, que aumentó 2,7% en contraste con 4% que volvió a registrar el índice para CABA.

Sin embargo, optar para un coeficiente que legalmente se diseñó para ajustar documentos contractuales y compromisos de pago, como son las emisiones de títulos públicos, la discrecionalidad de un organismo del Estado no parece una buena contribución hacia la “normalización de las estadísticas”, en particular por el alcance de la medida.

Es que, si bien es comprensible la preocupación de Hacienda por no afectar un coeficiente de relevancia con factores de carácter coyuntural, no lo es que se lo excluya totalmente, dada la relevancia de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires como generadora de riqueza y concentración de población que ya fue ampliamente subsidiada con tarifas públicas muy inferiores al promedio nacional, y ahora se la beneficia, aunque seguramente sin esa intención, con un coeficiente de estabilización de referencia de contratos y deudas menor al que hubiese resultado con la inflación del distrito.

De ahí que para evitar esa situación cuestionable, tal vez hubiese sido recomendable, como una alternativa que despeje cualquier sospecha de discrecionalidad, actualizar el CER por la variación de los promedios generales de los índices de precios de CABA y de San Luis, y no con el que resulte menor en cada mes, al menos eso es lo que ha sucedido hasta ahora.

Nuevo IPC
Mientras tanto habrá que esperar que el Indec difunda el nuevo IPC, el cual está previsto para junio, con la variación de mayo respecto de abril, en lugar de agosto o septiembre como había propuesto la nuevamente desplazada Directora Técnica de Precios, Graciela Bevacqua, que era el tiempo mínimo que consideraba necesario para reconstruir una medición a prueba de críticas de expertos.

Mientras tanto cabe esperar la “presentación del proceso de elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC)” que algún técnico del Indec hará el próximo martes 12 de abril, según el calendario del organismo de difusión a la prensa.

El inventario que deberá hacer Macri: beneficios y costos

El nuevo Presidente de la Nación sabe que comienza su mandato con un estado de la economía y del escenario socioeconómico muy complicado, porque la mayoría de los indicadores relevantes se han salido de la órbita de los desvíos generalmente tolerables, sea en lo referente a la tasa de inflación, déficit fiscal, nivel de reservas, cantidad de dinero en circulación, niveles de oferta laboral y desempleo encubierto, pobreza y diversidad de planes sociales que no llegan totalmente a sus reales beneficiarios, como subsidios al consumo de servicios públicos a sectores de ingresos varias veces superiores al promedio nacional.

Sin embargo, lo que parece claro e indiscutible para la mayoría de los argentinos, como de las gobernaciones, aún de las administradas por partidos de oposición, no lo es a la hora de cuantificar la realidad de dichos desvíos, porque las estadísticas han sido viciadas al extremo y los destinos de los recursos asignados no llegan plenamente a todos los beneficiarios.

INDEC: Uno de los puntos de partida es la decisión de normalizar las estadísticas, no sólo para poder conocer cada vez el real nivel de inflación en el promedio nacional y el desagregado por región del Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano que la administración anterior nunca se ocupó de difundir, y el correspondiente recálculo de los índices reales de pobreza e indigencia, como de población con necesidades básicas insatisfechas, y el real nivel de oferta laboral y la proporción que no logra el objetivo de obtener un empleo pleno. Continuar leyendo →

Preguntas para el debate entre candidatos

Los candidatos a la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre deberán vender algo más que sus buenas intenciones para restablecer el diálogo entre sus pares y ofrecer su compromiso para terminar con un país mejor, no sólo respecto del que recibirán sino también en el pico de su gestión, en el debate que se realizará el 4 de octubre.

Este punto no parece menor, habida cuenta de que después de 12 años de gobierno, la administración saliente y muchos de sus seguidores destacan como grandes logros los avances que en materia económico-social se obtuvieron respecto de años previos, como fueron la recesión y default de fines de 2001 y la depresión del año siguiente. Mientras ignoran los severos deterioros que se observaron entre 2011 y 2007, y más aún en la última etapa de gestión.

A partir de ahí, creo importante para entonces saber cuál es el diagnóstico que cada candidato hace de la situación actual, con números concretos, en especial en temas palpables por la sociedad, como inflación, pobreza, nivel de atraso cambiario y forma de eliminarlo, entre otros, para que a partir de allí definan cuales son las prioridades, medidas y efectos en el tiempo, en términos económicos, pero principalmente sociales.

En este punto, sería interesante que el grupo de notables que integran el Comité Estratégico de Argentina Debate se ocupe de obtener esos datos para que puedan ser mostrados con claridad. Continuar leyendo →

La clase media, un sector en extinción

La catarata de bytes y derroche de tinta que generó el anuncio de la Presidente en la FAO de que la Argentina había reducido los índices de pobreza y de hambre a menos de 5% de la población permitieron abrir los ojos sobre la realidad que afecta al país, porque llevó a cotejar con otras naciones, en particular con las más desarrolladas, las cuales aparecen como cada vez más lejanas, los indicadores que hacen referencia a la calidad de vida del conjunto de los habitantes.

No hay duda de que en comparación con el escenario recesivo que disparó la crisis institucional de 2001 y que derivó en una singular depresión el año siguiente con una salida traumática de la convertibilidad fija entre el peso y el dólar, porque careció de plan integral y sustentable y se basó en el default con acreedores internacionales que aún no se quiere cerrar plenamente pese a un fallo judicial adverso, cualquier indicador económico o social es hoy mejor que entonces.

Pero la mala noticia es que hace cuatro años que la economía, bien medida, dejó de crecer, porque el exagerado incentivo al consumo interno, sin un correlato con incentivos similares a los otros componentes de la demanda agregada como las exportaciones y la inversión bruta interna, derivó no sólo en la destrucción de empleos, sino también cerró oportunidades laborales a centenares de miles de jóvenes. Esos indicadores de por sí impiden mejorar indicadores claves como los de estado de pobreza e indigencia.

Más cantidad, por menos calidad
De ahí que pese a los esfuerzos que hizo el Gobierno inicialmente con los subsidios sociales y la movilidad jubilatoria, incorporando a miles de personas que nunca aportaron como amas de casa, y otras con pocos años laborales declarados, sólo pudo reducir en los últimos años el estado de indigencia, pero a costa de incrementar sensiblemente el segmento que revista como pobre y de ingresos medios bajo, según demostró un nuevo trabajo del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales.

Es que uno de los determinantes del escenario recesivo de los últimos años, coincidente con la imposición del cepo cambiario a fines de 2011, tras agotarse los efectos de la intervención del Indec desde 2007 para subestimar la inflación y los índices sociales vinculados como la pobreza e indigencia, fueron la aceleración del alza de los precios que provocó el financiamiento del abultado déficit fiscal con emisión del Banco Central y ahora se agregó la colocación de deuda entre bancos, empresas y algunos particulares, y también el cierre de la economía.

Esas restricciones, junto a las crecientes necesidades de importación de energía, por el agotamiento de las reservas comprobadas, impidieron al Gobierno mantener el poder de compra de los subsidios sociales, como las Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo, Plan Familias, y otros, porque sus preferencias presupuestarias se concentraron en otras áreas, como promover el empleo en la administración pública para una minúscula proporción de la población, para atenuar el impacto de la destrucción de empleos privados.

El resultado final que se desprende de la estadística del Indec de Distribución del Ingreso de los Hogares y su relación con el salario mínimo vital y móvil, es que en los últimos siete años el sector que reunió recursos monetarios medio y medio alto apenas representó el 11% del total; el de ingreso medio bajo se elevó de 29 a 33%, y también se incrementó la proporción de pobres de 30 a 32% del total. Por el contrario declinaron las posiciones extremas: dos puntos porcentuales la de altos ingresos a 1% del total y 4 puntos porcentuales la franja de indigencia que pasó de 27 a 23% de los hogares.

La continuidad por espacio de más de 13 años de los planes asistenciales, con menos presupuesto relativo, pero mayor cantidad de beneficiarios, por espacio de más de 13 años, no hace más que certificar que la buscada inclusión social constituye un objetivo inalcanzable con políticas que se apoyan en la intervención del organismo oficial de estadísticas; cierre de la economía; persistencia del default selectivo, y desequilibrio fiscal que erosiona las reservas del Banco Central y alimenta el impuesto inflacionario, porque perpetúan la estanflación, y con ello alimentan la pobreza, sostienen elevada la indigencia y destruye lo que una vez fue la clásica clase media de la población, que comprendía a una nutrida porción de la población.

La pobreza del Indec

Una mancha más apareció en el organismo oficial de estadística de la Nación, luego de que el director del Indec, Norberto Itzcovich, revelara la incapacidad de la entidad para calcular las tasas de pobreza e indigencia, pese a que más de 170 países lo hacen y entregan sus datos a Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Cepal, la Organización Internacional del Trabajo y otros.

Hace más de un año que el Instituto de Estadísticas y Censos dejó de elaborar los índices de pobreza del país. Para justificar la insólita situación, su director, Norberto Itzcovich, publicó una columna de opinión titulada “La verdad sobre las mediciones de la pobreza” en defensa de la decisión, argumentando que “si la experimentamos con todas las combinaciones posibles en lugar de probar la sensibilidad de una de estas opciones a la vez (se refiere a diferentes opciones estadísticas), terminaríamos con una lista de 6.000 posibilidades por índice de pobreza. Para propósitos prácticos, es evidentemente imposible producir 6.000 estadísticas de pobreza cada vez que uno trata de responder a la pregunta de cuánta pobreza hay… Por lo tanto, la implicación principal para el análisis no es que hay 6.000 respuestas. Por el contrario, creemos que la conclusión es que a fin de hacer la estimación de la pobreza significativa, es necesario proporcionar una cuenta completa y explícita de las opciones metodológicas y sus supuestos”.

Claramente, se trató de una defensa de la respuesta que ante la pregunta sobre ¿cuántos pobres hay en la Argentina? dio el ministro de Economía, Axel Kicillof. “es estigmatizante”.

Sin embargo, la justiticación de Iztcovich parece extremadamente débil, porque no sólo en el resto del mundo las direcciones de estadística han encontrado la forma de concentrarse en la mejor combinación de estadísticas consensuadamente acordadas en seminarios y foros académicos internacionales, para que los datos que se obtengan sean comparables entre países, sino porque en su larga carrera en el organismo avaló durante muchos años los indicadores oficiales de pobreza.

Ciertamente, siempre hay espacio para avanzar en el diseño de estadísticas complementarias y superadoras que posibiliten obtener no sólo la mejor fotografía, sino también poder ver la película de la situación socioeconómica de cada geografía nacional, para poder diseñar las mejores políticas orientadas a exterminar con el flagelo de la pobreza, cuyo principal impulsor es la inflación.

Pero manifestar el director del Indec que el organismo carece del instrumental básico para poder medir trimestralmente los índices de pobreza e indigencia como lo hacía hasta 2013, significa denunciar que en menos de un año y medio el ente sufrió una brusca devaluación de sus capacidades profesionales y tecnológicas, que reafirma las dudas de los economistas profesionales y también de gran parte de la población, sobre la solidez del cálculo de otros indicadores singularmente complejos como son los del Estimador Mensual de Actividad Económica y trimestral del PBI, además de las series de precios, o de distribución del ingreso, y ni que hablar de la estimación de la variación de los salarios, incluso en el segmento en negro de la economía, el cual por definición opera oculto a los organismos de control y fiscalización, o no?.

Sostener que en el Indec el director no cuenta con los instrumentos y capacidades para determinar la mejor forma de cálculo de la pobreza, o de al menos copiar los procedimientos mundialmente aceptados para hacerlo, es como asegurar que en un restaurante formalmente habilitado no se pueda pedir un huevo frito porque el chef no sabe cómo romper un huevo sin que se le mezcle la yema con la clara en la sartén.

Más simple es pensar que el director del Indec se vio sorprendido por los resultados obtenidos a partir de los precios promedio de la economía, pese a estar atenuados por el sistema de “precios cuidados”, y debió aplicar el principio de revelación, el cual indica que si un dato es peor al que se esperaba se lo oculta, porque de otro modo se lo utilizaría para descalificar mediciones alternativas hechas por el sector privado o partes interesadas de la oposición al Gobierno.

Un paso adelante que exige dar otros más

La decisión de la Presidente de cambiar el tono del discurso, pero sobre todo de desistir de cometer desacato, como había dicho el ministro de Economía cuando anunció que “habían tomado todos los recaudos para ofrecer un canje de bonos bajo legislación argentina y pagar en Buenos Aires”, y revertir el anuncio del jueves de su Jefe de Gabinete de que no enviaría a Nueva York a funcionarios y abogados para negociar con los holdouts bajo el paraguas del juzgado de Thomas Griesa, y anunciar formalmente la decisión de pagar las deudas a todos los bonistas, se inscribe en la línea que nunca se debió apartar: el respeto de las instituciones, nacionales y extranjeras.

Se podrá discutir si fue un giro con convicción o simplemente por necesidad para no agravar la recesión y provocar un default en cadena de la Nación, las provincias y también municipios y empresas, pero es innegable que se reaccionó positivamente a tiempo.

Se trata de un paso fundamental para coronar un proceso que se fue acelerando para dar solución a una de las asignaturas pendientes que impidieron al Gobierno, pero también a las empresas, acceder a condiciones de financiamiento internacional menos onerosas. Empezó con las compañías que demandaban al país en el CIADI; siguió, luego de dos años desde la confiscación de las acciones de Repsol en YPF, con el acuerdo de pagar esos papeles con nuevos títulos de la deuda; a posteriori, en cuestión de dos meses, se cerró un convenio para dejar atrás el largo período de cesación de pagos con el Club de París, con pagos en efectivo en cuatro años y ahora, en pocos días, se prevé transitar el último tramo del “puente”, como definió Mario Blejer, para poder acceder a las condiciones ventajosas que caracteriza al mercado de crédito externo y atraer capitales para inversiones productivas de largo plazo, muchos de los cuales son de residentes y están en blanco en el país, pero fuera del circuito financiero.

Proceso no exento de costos elevados
Sólo en el último año la generación de riqueza por el conjunto de los residentes pasó de crecer a una tasa de 9,3% al año, según el EMAE del Indec, a caer a un ritmo de 2,5% en mayo, conforme la estimación de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Significó la pérdida de unos 50.000 millones de dólares, cualquiera sea el tipo de cambio que se utilice, oficial o libre, porque en ese período ambas paridades corrieron parejas.

Con esa perspectiva, los 1.330 o 10.000 millones de dólares que se pagarán en 5 o 10 años a los bonistas que no aceptaron los canjes de deuda en 2005 y 2010, los cuales se suman a los 9.000 millones que se agregaron con los acuerdos con Repsol y el Club de París, también a plazo, no parecen tan dramáticos como aparentan cuando se los coteja con los casi 29.000 millones de dólares de reservas de divisas en el Banco Central el último jueves.

Además, se observaron costos tangibles, no sólo en términos de la caída de reservas del Banco Central en unos 10.000 millones de dólares, sino, peor aún, de pérdida de oportunidades para unos 200.000 trabajadores, más la destrucción neta de otros 100.000 empleos, y recortes de salarios para quienes sufrieron los recortes de la jornada laboral, sea por suspensiones o el fin de las posibilidades de hacer horas extras, en las industrias automotriz, la construcción, inmobiliarias, el comercio y también en el agro y la minería.

Ese cuadro agravó las ya debilitadas finanzas públicas, porque perdió brío la capacidad de recaudar impuestos, mientras el gasto público siguió su carrera ascendente, sacándole más distancia al crecimiento de los recursos genuinos amparado en el financiamiento inflacionario y provocando un peligroso incremento del déficit cuasi fiscal, esto es del rojo de las cuentas del Banco Central.

Programa integral de política económica
De ahí que, en simultáneo con las negociaciones que ya el viernes comenzaron los funcionarios y abogados del Gobierno con los representantes de los holdouts, y su acercamiento al juzgado de Thomas Griesa, es deseable que el equipo económico encare un plan integral de ordenamiento de todas las variables macroeconómicas relevantes, siguiendo los estándares internacionales, sin inventos, orientadas a desarmar la maraña de subsidios; el cepo cambiario; los ineficaces y dañinos precios cuidados, administrados y congelados; la depuración de los gastos improductivos y clientelares en la administración pública, y ajustar por inflación real desde diciembre de 2001 los mínimos no imponibles de Ganancias para los trabajadores, asalariados y más aún independientes, junto a la reglamentación de los ajustes por inflación de los balances de las empresas.

Sólo en los últimos doce meses si se hubiese evitado con una visión integral de la macro y micro economía el paso del crecimiento del PBI a un ritmo de 9,3% a una caída de 2,5%, y en su lugar la actividad se hubiera expandido a un rango de 4% y con menor inflación, se podrían haber generado las condiciones para reducir de 48 a 42% del PBI la presión fiscal y bajar la inflación del 27 a 20% o menos, en lugar de haberse duplicado. En ese hipotético escenario, se hubiesen generado las condiciones para reimpulsar la inversión productiva, con su consecuente efecto multiplicador sobre el empleo y la mejora real de los salarios.

Aún se está a tiempo de encarar ese proceso y provocar un cambio de expectativas en muy corto plazo, como se insinuó en Wall Street mientras en la Argentina se conmemoraba el Día de la Bandera.

Salvo Brasil, que muestra dificultades para crecer a una tasa mayor a 2% al año, el mundo sigue ofreciendo amplias oportunidades para la Argentina, sea en términos de acceso al crédito a tasas menos onerosas que las de los últimos meses, ya que el índice de Riesgo País puede caer de un rango de 800 puntos básicos de hace una semana a menos de 300 en corto plazo; sea para atraer capitales de inversión productiva de largo plazo; sea para encarar acuerdos comerciales bilaterales con naciones que mantienen vigorosas tasas de crecimiento como los países asiáticos, altamente demandantes de alimentos, pero también de conocimiento y de productos industriales.

De ahí que pareciera que llegada a esta instancia en que se probó el estado de casi pánico que genera caminar al filo de la cornisa y con pendiente negativa, llegó la hora de seguir dando pasos para adelante, dirigidos a la búsqueda de la recuperación plena de todas las instituciones, desde la aceptación del Congreso como ámbito de debate de las políticas públicas, no simplemente de la presentación sin derecho a discusión y aceptación de quitas y agregados como ocurrió con el Presupuesto 2014 y las negociaciones de la deuda pública; pasando por el reconocimiento de los fallos judiciales, locales e internacionales sin atajos; hasta el rol de independencia del Banco Central como garante de la estabilidad de los precios, para proteger de modo efectivo el valor de la moneda y con ello de los salarios y patrimonios de las empresas; junto a la transparencia de las mediciones y difusión de los datos del Indec de la realidad económica y social, además de la necesaria recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, sin asfixiar la capacidad de pago de los contribuyentes, para no generar el camino a otro cuadro extremo de incapacidad de pago de la deuda pública; y una efectiva apertura al mundo de los negocios, tanto en términos de importaciones como de exportaciones.