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¿Cuán lejos estamos de las tasas de desempleo de Croacia y Portugal?

Una nueva Encuesta Permanente de Hogares del Indec volvió a dar cuenta de que en el peor trimestre desde la depresión de los primeros meses de 2002, porque desde entonces no se veía una continuidad de más de cuatro meses con tasas de caída del PBI intermensual como se registran ahora, o bajas de dos dígitos en la producción y ventas de autos, maquinaria de uso agrícola, en el transporte de carga, o en la actividad inmobiliaria, y retracción real de la construcción superior a 4% o del consumo privado de más de 7%, la tasa de desempleo volvió a bajar respecto de un año atrás.

Lo curioso para muchos fue que la disminución de la desocupación en casi un punto porcentual del total de la oferta laboral tuvo lugar pese a que se asistió a una destrucción neta de más de 40 mil empleos y que la oferta de trabajadores se redujo en 163 mil personas, pese a que la población total del país creció en casi 400 mil, según la proyección de la tasa intercensal.

Sin embargo, aquel resultado respondió a un simple ejercicio estadístico que contrasta con la penuria que invade a cada vez más familias argentinas que no encuentran oportunidades para generar ingreso con sus capacidades y deben depender cada vez de la ayuda asistencial del Gobierno nacional.

Pese a esos datos, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, resaltó el logro de haber bajado la tasa de desempleo a 7,1% de la PEA. Y un día después de que el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijera que “a Europa le costará un siglo lo que a la Argentina le tomó 10 años”, el ex gobernador de Chaco comparó las tasas de desempleo del país con algunas naciones europeas: “en España la desocupación es de 25,3 por ciento debido a los efectos de un ‘ajuste ortodoxo’ que se realizó en ese país y en otras naciones europeas. Países como los de América latina prácticamente no aportaron los niveles de desempleo, sino muy por el contrario, tuvieron políticas activas, casi son 50 mil desempleados los que participaron en el esquema global”, explicó el ministro coordinador.

Y luego contrastó: “los que sí han sufrido de un modo dramático, a través de un mecanismo de ajuste ortodoxo, tienen que ver con los países europeos, 11,8 por ciento de tasa de desempleo en 17 países del Eurozona y tenemos casos como España, el 25,3 por ciento; Portugal del 15,2 por ciento; o de Croacia, con 17,3 por ciento”.

No sólo eso, Capitanich destacó que “de las cifras dadas a conocer el lunes por el Indec se obtienen tres conclusiones: una caída en la tasa de desempleo comparativamente respecto al (primer trimestre de) 2013, de 7,9 a 7,1 por ciento; segundo, no existe una destrucción de empleo y, tercero, que efectivamente no ha habido en este sentido ningún incremento en la tasa de actividad, esto es más personas que hayan buscado empleo”.

Los números cantan la realidad
Sin embargo, lejos de asistirse a un escenario virtuoso donde la desocupación declina gracias a una economía pujante capaz de absorber el crecimiento natural del total de la oferta de trabajadores porque se generan puestos adicionales, lo ocurrido en el último trimestre, que replica en gran parte lo sucedido desde 2007, respondió a un efecto malicioso porque la baja del desempleo se originó en que la oferta de trabajadores disminuyó mucho más que la caída del empleo neto, como consecuencia a la pérdida de oportunidades.

Hoy la Argentina retrocedió a las tasas de participación de la población en el mercado de trabajo que registraba siete años atrás y la proporción de ocupados fue la menor de los últimos ocho años. Una prueba ácida para determinar lo que se ha bautizado “efecto desaliento” es comparar para los diferentes aglomerados la tasa de empleo del primer trimestre de 2014 con la tasa de actividad promedio nacional de igual período de siete años. Ese ejercicio determinó que el nivel de desempleo para el total país sería de 10,2% y sube a 16,6% si se agrega el efecto de los 1,5 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan y ni buscan trabajo y que ahora se los quiere seducir con el plan Progresar.

Y si se avanzara un poco más y se replicara la tasa promedio de actividad del primer trimestre de 2007 a cada una de las 31 jurisdicciones se comprobaría que la tasa cero de desempleo en Gran Resistencia, Chaco, la provincia que fue gobernada hasta noviembre último por el Jefe de Gabinete, tiene una tasa de desempleo oculta de 33% de la población: una vez y media la que tiene España y duplica virtualmente a las de Portugal y Croacia.

Podrá argumentarse que Chaco tiene una proporción de menores de 14 años y mayores de 65, que es lo que técnicamente se define como población económicamente activa, superior al promedio nacional, y por tanto registra una tasa de participación inferior a la media nacional. Sin embargo, esa brecha no es de 15 puntos porcentuales como surge de la Encuesta Permanente de Hogares, la cual toma en cuenta quiénes tienen un empleo más lo que lo buscan y los coteja con los ocupados, sea en blanco o en la informalidad, sin límites de edades.

Fenómenos similares se observarían en Formosa, donde el 2,1% se transformaría en 26,8%; el 1,5% de San Luis pasaría a 16,1%; el 1,2% de Santa Rosa-Toay en 16,3% y también anotarían tasas de desocupación superiores a las de Portugal y Croacia y en algunos casos mayores a las de España San Nicolás-Villa Constitución 24%; Concordia 24%; Corrientes 20%; Jujuy-Palpalá 19,1%; Gran San Juan 17%; Posadas 16,5%; Nequén-Plottier 15,5%; Salta 15,5%; Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 15% y La Rioja 15 por ciento.

De ahí que en lugar de compararse con los males y penurias ajenas, y en particular con casos aislados de una reducida selección del resto del mundo, sería bueno que en este fin de ciclo los funcionarios que tienen cargos que los habilitan para contribuir a mejorar en serio la calidad de vida de cada uno de todos los argentinos, miren con más detenimiento lo que ocurre en “el interior profundo” y también las múltiples experiencias exitosas que se registran en el mundo en general y en el vecindario en particular, en materia de empleo, oferta laboral, inflación, apertura al mundo y desempeño del PBI, entre otras variables socioeconómicas, que son tan relevantes para el objetivo de la inclusión social como los planes asistenciales para los sectores más relegados de la sociedad.

Más inconsistencias en la medición del nuevo PBI

El viernes último el Ministerio de Economía cumplió con la promesa de informar el resultado de la revisión del método de cálculo de la generación de riqueza por el conjunto de los residentes a precios de 2004, a partir de la nueva metodología que sigue para medir la inflación, empalmando con la serie a precios de 1993. Sin embargo, lejos de haber contribuido a disipar la pérdida de credibilidad de las cuentas públicas las ha potenciado, principalmente las elaboradas por el Indec y Economía.

Es que ahora las cuentas nacionales reflejaron claras incongruencias, tanto con la serie anterior como también con la realidad, además de haber transparentado parte de los enormes costos monetarios y sociales que provocó la intervención de forma el Indec por parte de Guillermo Moreno, como ya he analizado en varias notas entre el viernes y lunes último.

A modo de rápido repaso destaco que la reestimación del PBI utilizando precios más cercanos a la realidad corrigió la pérdida de representatividad de los productores de bienes, y redujo la exagerada sobreponderación que habían adquirido los servicios. Pero sorprendió que entre éstos, se observaran varios casos que ahora tienen más contribución a la generación de riqueza, como el comercio, y en menor medida los servicios sociales y de hotelería y restaurantes.

El punto es que si en los servicios en general se calcula su PBI en términos reales a partir de valores monetarios a los que se le saca el efecto de la inflación, si el deflactor pasa de 10% como estimaba el Indec con la estructura de gastos de 1993 a un rango más cercano a 25% como para 2013 midieron las consultoras privadas y en parte corrigió el nuevo IPC Nacional Urbano desde enero último, tendrían que haber crecido en valores constantes menos, y por tanto haber perdido peso en el total.

También se explicó cómo sorprendió el fuerte aumento del PBI en pesos corrientes, y consecuentemente en dólares al cambio oficial promedio de 2013, porque, como analicé en la semana, era de esperar que los productores de bienes aumentaran su incidencia en el cálculo en pesos, no en términos reales porque en ese caso las cifras eran indiscutibles (cantidad de automotores, cosechas, fabricación de bebidas, acero, cemento, refinación de petróleo, etc.), mientras que entre los servicios se esperaba estabilidad del PBI en pesos corrientes que se había informado a precios de 1993, pero menor crecimiento en términos reales. Pero no fue así: el PBI en pesos corrientes de los servicios se elevó en más de 293.000 millones para 2012, equivalente a 1.580 dólares por habitante al tipo de cambio oficial.

Sobreestimación de la apertura de la economía

Otras grandes incongruencias que surgieron en las nuevas cuentas nacionales que pude detectar fue en el caso de los componentes de la oferta (PBI más importaciones) y demanda global (consumo público y privado, inversión y exportaciones), en particular en el grado de apertura de la economía, la cual se mide como proporción del PBI que tiene la suma del comercio con el exterior (compras y ventas). A precios de 1993 esa relación era de 25,4%, mientras que a precios de 2004 se elevó a casi 40 por ciento del PBI.

Como se sabe, las exportaciones totales en el último año sumaron 81.660 millones de dólares y las importaciones u$s73.656 millones, equivalente en forma agregada a 31,2% del PBI, con un superávit resultante de 1,6% del producto. Sin embargo, de las nuevas cuentas nacionales surgió que el resultado del intercambio fue deficitario en 4,7 puntos del PBI. Ese desequilibrio pudo haber explicado la crisis cambiaria de fines de 2013 y principios de 2014 que derivó en la devaluación del peso del 15% en un día y 25% en un mes. Pero no fue así, aun cuando se expliquen uno o dos puntos porcentuales por el déficit que generan los seguros y fletes de esas transacciones con el resto del mundo.

En donde no dejó dudas la reestimación del PBI fue que no pudo ocultar como desde el cepo cambiario de fines de 2011, las importaciones que se quisieron limitar disminuyeron menos que las exportaciones y la tasa de inversión de la economía interrumpió el ritmo de aumento de los años previos, retornando a la gravitación que tenía seis años antes.

¿Estaremos en 2015 mejor que en 2007?

Antes de sacar una conclusión, me parece apropiado ir por partes y analizar los principales tópicos de la economía, de los más sensibles a los más duros que, claramente, son los responsables del desempeño de los primeros.

La ocurrencia de este balance de gestión y la herencia que queda para el próximo gobierno, cuando aún resta más de un año para concluir el segundo mandato presidencial, surgió a partir de los dichos de la Presidente cuando caía la tarde del lunes, sobre que dejará un país mejor al que recibió. Fue en un breve mensaje por videoconferencia desde la Casa Rosada cuando reinauguraba una planta que elaborará biodiesel en Timbúes, Santa Fe, luego de una inversión de 480 millones de dólares que completó en noviembre de 2013, pero que estaba paralizada por las sanciones comerciales que impuso la Europea, ante la lenta reacción del Gobierno nacional.

Está claro que el balance de gestión debe hacerse desde el comienzo de 2008, es decir cotejar los indicadores sociales y económicos con los que las cuentas nacionales registraban en 2007, y no como a veces se pretende hacer con 2003, o peor aún respecto de los niveles posteriores a la crisis de 2001 cuando la Argentina cayó en una profunda depresión, porque no sólo correspondió a otro presidente, sino porque no luce sensato hacer una evaluación de desempeño contra uno de los peores momentos de la historia política, económica y social. Del mismo modo que no parece sensato que otras presidencias se compararan con los cuadros que existían en 1989, 1975, 1958, 1949, u otros de los tantos años malos de la historia argentina y que dieron origen a nuevas administraciones.

Y si bien aún parece prematuro hacer un balance sobre qué país, en el orden económico y social, dejará Cristina Kirchner a fin de su mandato, el 10 de diciembre de 2015, la magnitud de los desajustes macroeconómicos generados desde 2008 y las acciones espasmódicas con la que se vienen tomando medidas desde el cambio parcial de gabinete el 20 de noviembre último, no alientan un giro radical que permita, al menos, volver a los niveles de fines de 2007.

 

Algunos indicadores sensibles
Pobreza e indigencia: El resultado de los grandes desaciertos de política económica desde 2008, con la intensificación de los controles, el aumento de la presión tributaria y ahora el encarecimiento del crédito, fue la amplificación de los focos de precariedad de las familias argentinas, al punto que más del 40% de los jefes de hogar perciben ingresos menores al salario mínimo vital y móvil y estudios privados como el Observatorio Social de la UCA y el IDELAS de la UCES ubican largamente por arriba de 25%. Sin embargo, el Indec no sólo dejó de publicar sus estadísticas, las cuales indicaban un índice de pobreza de apenas 3,7% de los grupos habitacionales, en contraste con 13,8% que informó para el segundo semestre de 2007, sino que peor aún, ahora el jefe de Gabinete reconoce las severas dificultades metodologicas para seguir calculando esos valores.

Mercado de trabajo: La generación neta de empleos pasó de 284 mil puestos netos en 2007 a 119 mil en 2013, aunque ahora no fue menor por efecto de las desmedidas incorporaciones en el sector público, porque el privado acumuló un trienio de estancamiento y las expectativas para este año son más de destrucción de posiciones que de incorporaciones netas. Y si bien la tasa de desempleo se redujo a niveles mínimos históricos en más de 20 años, se explica fundamentalmente por el efecto desaliento al aumento de la oferta de trabajadores, ante las limitadas oportunidades para obtener un empleo genuino.

PBI: El crecimiento de la economía pasó de tasas de más de 8% anual acumulativo y con escasos cuestionamientos, a un cuasi estancamiento desde 2012 y perspectivas moderadamente recesivas para el corriente año, pese a que el contexto internacional se mantiene favorable para la Argentina, a juzgar por el nivel de precios de las materias primas que más exporta el país, por la activa demanda de alimentos y de minerales metalíferos de China. Las complicaciones comerciales con Brasil tienen su origen más en acciones aisladas del gobierno local, como las trabas al pago de importaciones, que en las dificultades del mayor socio en el Mercosur para crecer a tasas superiores a tres por ciento. Ese cuadro desalentó la inversión productiva, tanto de origen externo como también doméstico y se acentuaron las limitaciones de la infraestructura, aunque el Gobierno hizo esfuerzos para disimularla con importaciones de combustibles y aumento sostenido del precio de los combustibles para alimentar la caja de la ahora YPF con predominio estatal.

Inflación: De un ritmo de un dígito alto se pasó a dos dígitos elevados, con tendencia indefinida, como consecuencia del abandono de la política de solvencia fiscal, pese a que se forzó al extremo el aumento de los impuestos, porque el gasto alcanzó una dinámica desenfrenada de tal magnitud que hizo que el financiamiento del Banco Central con emisión no fuera suficiente y se debió recurrir al endeudamiento interno con organismos descentralizados, con el costo de provocar la escalada de las tasas de interés. De un superávit fiscal equivalente a 1,1% del PBI pasó a un rojo de 4,6 por ciento y medido por la variación de la deuda pública neta se expandió de 8.000 millones de dólares a 12.500 millones de dólares. La consecuencia de ese proceso fue el rápido debilitamiento de la capacidad de consumo de las familias, una severa caída de la confianza de las familias y un golpe adicional a la pobre inversión productiva.

Sector externo: La persistencia de alto nivel de inflación, pese a la política de precios administrados, junto con los recurrentes cambios de las regulaciones del comercio y una política arbitraria de pagos de importaciones como estrategia de resguardo de las reservas del Banco Central, minaron las posibilidades de concretar nuevos negocios de exportación, más allá de los vinculados con la colocación de la cosecha de soja y derivados primarios, principalmente. La consecuencia fue un acelerado deterioro de la posición de divisas de la autoridad monetaria, de más de 46.000 millones de dólares que se computaron a fines de 2007 a poco menos de 31.000 millones al cierre de 2013 y actualmente se mantienen por debajo de 29.000 millones, pese a la estacionalidad favorable del comercio exterior.

Por tanto, más que pensar qué país se dejará el 10 de diciembre de 2015 sería mejor que la Presidente y su equipo aceptaran escuchar a los referentes de los partidos de oposición y también a los empresarios sobre sus reclamos para que la Argentina avance hacia un salto de calidad que permita no tanto contentarse en la herencia que recibirá el próximo gobierno, sino mejor aún para poder comenzar ya a transitar el futuro mejor que ofrece el mundo para el país, en lugar de presentarlo hostil y persistir en la confrontación, pese a los elevados costos sociales que ya no se pueden ocultar, aunque Economía decida no difundir los datos reales de pobreza e indigencia, ni los precios que toma para calcular la inflación.

El Indec no solo deo de difundir los indices de pobreza…, sino que peor aun, ahora el Jefe de Gabinete reconoce las severas dificultades metodologicas para seguir calculando esos valores.

En las puertas de otro default por disfrazar la realidad

Una semana atrás el ministro de Economía, junto a los técnicos del Indec, se presentó a la prensa para dar a conocer una apretada síntesis de la nueva forma de cálculo del PBI, que determinó que en lugar de crecer 4,9% en 2013 se había expandido 3%. Los mercados entendieron que se trató de una salida desesperada para ahorrarle al país más de 3.000 millones de dólares que debía destinar al pago de cupones que recibieron gran parte de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, por un nivel de crecimiento inexistente, en un escenario donde las reservas del Banco Central ya perforaron el piso de 27.000 millones de dólares.

Sin embargo, de la lectura de la letra chica de los prospectos de canje de la deuda que fue declarada en cesación de pagos en los últimos días de 2001, surge con aparente claridad que el cambio de base de cálculo del PBI con una nueva estructura de precios, fenómeno que se prevé se repetirá una o dos veces antes de 2034, determinará una revisión de los parámetros disparadores del pago de una renta condicional a los tenedores de los nuevos bonos.

Así, para el caso actual, el principal mentor de los términos del canje, Guillermo Nielsen, estimó que con la nueva metodología de cálculo del PBI de 2013 el disparador de pago del cupón se reduce de 3,22% que se había establecido en base a los precios de 1993, a 1,75% a precios de 2004, mientras que bancos de inversión de Wall Street achican aún más esa referencia a 1,29 por ciento.

El Gobierno aún no ha dicho nada sobre este punto. Sólo hablaron los mercados, a través de singulares órdenes de venta de cupones, en la convicción de que hasta 2017 no verán un peso, por el receso actual y estancamiento proyectado con alta inflación, al menos hasta el año próximo.

A este grado de confusión se llegó por el estado de hipocresía en el manejo de las estadísticas públicas y en la falta de nobleza para reconocer los errores y enmendarlos sin apelar a mecanismos que pueden derivar en mayores costos a los que se pretende evitar.

Claramente, en 2014 no se puede seguir calculando la capacidad de generación de riqueza del conjunto de la población y empresas a los precios de 1993, porque no sólo se pasó de un escenario de incipiente estabilidad de precios y expectativas de crecimiento, tras haber pasado por dos episodios de hiperinflación, a otro de alta inflación con tendencia recesiva, sino porque también en los últimos 20 años cambiaron los hábitos de consumo, a la luz de las nuevas tecnologías.

Pero previamente hubiera sido más recomendable revaluar las estadísticas base del Indec, tanto de precios y de cantidades, sin cambios metodológicos, tras las denunciadas irregularidades que se cometieron desde 2007, las cuales hubieran arrojado un crecimiento de la economía inferior a tres por ciento, como estimó el consenso de las consultoras privadas con la metodología tradicional a precios de 1993.

La diferencia no es menor, porque haber llegado un número similar, pero por diferentes caminos, puede llevar a caer en un nuevo default, con el consecuente impacto negativo sobre la economía en términos de pérdida de oportunidades de empleo y mejora de la calidad de vida, si Economía decide aferrarse al umbral de 3,22% y comunicar formalmente el no pago del cupon del PBI, ahora o el 19 de septiembre próximo.

Se generaliza la caída de las variables reales
Mientras tanto, hoy se observa que desde que el Gobierno decidió comenzar a sincerar las estadísticas oficiales, aunque lo hace a ritmo lento y desprolijo, todos los indicadores básicos vinculados con la actividad se alinearon en la senda negativa.

El primero fue el reconocimiento del aumento de la inflación, el cual arrastró en sentido inverso a la estimación de crecimiento del PBI, más allá del comentado impacto sobre el no pago del cupón PBI y el ahorro posible de más de 3.000 millones de dólares.

Luego vino el efecto negativo sobre la mejora del poder de compra de los salarios de la aceptación de la escalada de los precios, aunque aún no se acepta el fracaso de los sistemas de controles, porque desde junio de 2013 el promedio de suba nominal de los salarios que calcula el Indec se ubica por debajo del alza real de los precios al consumidor, y se agravó en el primer trimestre del nuevo año.

Pese a ese desagio que sufren los presupuestos de las familias, el Gobierno, que dice que no quiere ser hipócrita, según manifestó la Presidente en uno de sus cuatro mensajes en cadena nacional en una semana, se opone al ajuste de los mínimos no imponibles de Ganancias, para asalariados y más aún para los trabajadores independientes, y menos aún de permitir el ajuste por inflación de las utilidades de las empresas, pese al impacto contractivo que esa decisión ejerce sobre el consumo y la inversión productiva.

Mientras que frente las incapacidades para generar confianza a través de la generación de un clima de negocios saludable, el Gobierno no encontró otra salida para reducir las tensiones cambiarias que endurecer severamente la política monetaria y dejar que las tasas de interés escalaran a niveles de asfixia financiera a las PyME y golpeara a un más las decisiones de consumo a crédito por parte de las familias.

De ahí que la recaudación de impuestos si bien volvió a superar en marzo la pauta presupuestaria de 25,5% de crecimiento interanual, no pudo equiparar a la tasa de aumento de los precios.

De ese modo se alejan las posibilidades de reducción del déficit fiscal, que no sólo es el principal factor de presión inflacionaria, por su financiamiento con emisión espuria del Banco Central, sino también de aumento de la deuda pública: 14.000 millones de dólares en el último año, pese a que el Gobierno usó unos u$s7.000 millones de reservas para pagar vencimiento y que por la devaluación de la moneda licuó otros 14.000 millones de dólares de deuda nominada en pesos.

Para no tener grandes problemas hay que gestionar

Después de doce años de una de las peores crisis que afectó a la Argentina, las máximas autoridades de Gobierno no hacen más que minimizar el caos actual, en lo social, en las finanzas públicas, lo monetario y en el orden cambiario, y para eso lo comparan con la situación que predominaba en los últimos días de 2001 y primeros meses de 2002.

Desde entonces, no sólo ha gobernado un mismo signo político, sino que más del 90% del tiempo estuvo bajo el dominio de supuestas ideas progresistas que levantaron las banderas de la inclusión social, la igualdad de oportunidades y generación de millones de empleos, pero siempre los errores y desaciertos fueron atribuidos al otro y, en el mejor de los casos, compartidos, nunca propios.

Sin embargo, se insiste en el relato más que en la realidad. El Jefe de Gabinete repite en sus ya habituales conferencias de prensa matutinas que “en los últimos diez años se generaron más de 6 millones de empleos”, pero no hay estadística oficial, incluso del devaluadísimo Indec, que avalen esa cifra. En el mejor de los casos se crearon en términos netos 4,6 millones de puestos desde fines de 2001, de los cuales 900 mil se originaron en el miniciclo de Eduardo Duhalde.

Los saqueos, la injustificable sublevación de fuerzas policiales en las provincias en reclamo de ajustes de salarios, los apagones, el persistente deterioro de la calidad educativa, la pérdida del excedente energético, la hemorragia de las reservas del Banco Central (ahora controlada con medidas de poco alcance), por citar hechos dominantes en las últimas semanas, son las consecuencias de la negación de la realidad, de vivir de un relato que no puede ser avalado por las propias cuentas públicas.

Las innumerables pérdidas de vidas humanas por las incapacidades manifiestas del Gobierno, aunque siempre se encarga de minimizar las responsabilidades cargando con la culpa del otro: las provincias, la oposición, los empresarios, los sindicatos no afines y, por supuesto, la prensa independiente, exigen ya un Nunca Más al relato, a esquivarle el pecho a los problemas, más aún cuando claramente la mayoría han sido auto infligidos.

Medidas que probaron su fracaso
La inflación no se combate negándola y menos aún con congelamientos prolongados de precios de una canasta básica, análisis de la cadena de valor, la matriz de insumo-producto o con la crítica pública a los empresarios a los cuales se los tilda de inescrupulosos con abuso de posición dominante, etc. Es mucho más sencillo, al menos para encauzarla a niveles tolerables: equilibrar las finanzas públicas y prescindir del financiamiento espurio del Banco Central, o usando recursos de jubilados en fines no productivos.

El Gobierno ha encontrado una singular respuesta positiva de los agentes económicos a los sostenidos aumentos de impuestos, pero no ha cumplido su rol de asegurar la eficiencia en el destino de esos fondos para honrar los objetivos que les dieron origen, y por el contrario se ha excedido a niveles que ya se tornan insoportables y perjudiciales para la sociedad en su conjunto.

La liquidación de divisas de los exportadores, como el ingreso para inversión, sea de residentes, como también del resto del mundo, no se logrará con atajos, como la emisión de Letras dolarizadas del Banco Central, o con mini ajustes diario del tipo de cambio que superan largamente el nivel de las tasas de interés. Se requiere una política de competitividad integral, que incluya estabilizar los precios de la economía, alentar el comercio internacional con igual énfasis que el mercado interno (fue un error tornarlos antagónicos), y no apropiarse de la renta con impuestos ad hoc y políticas discrecionales, tanto para exportar como para importar.

El impulso de la inversión extranjera no se logrará con misiones puntuales y desesperadas de un par de funcionarios a Angola, China o Rusia, sino con acciones más simples: garantizar el respeto de la propiedad privada, la retribución del capital, sea nacional o externo y con la vuelta a un tipo de cambio único y flotación con intervención del Banco Central.

Los subsidios se admiten como políticas de corto plazo, para enfrentar situaciones de crisis, o deficiencias estructurales, mientras se adoptan las acciones tendientes a revertir esas carencias, pero nunca son recomendables sostenerlos por tiempo prolongado, porque pierden efectividad al comenzar a revelar la incapacidad del gobernante para cumplir con sus promesas de una efectiva inclusión social.

Volver a las fuentes
Los libros de economía, finanzas públicas y sobre el comercio internacional que se han escrito en los últimos 200 años no son novelas y ensayos destinados a una lectura efímera en las vacaciones de verano, sino que constituyen enseñanzas de quienes se ocuparon y ocupan de analizar el comportamiento de las personas, las empresas y gobiernos (la economía es una ciencia social), para luego poder diseñar políticas que conduzcan de modo eficiente al mejor manejo de los recursos escasos para poder elevar la calidad de vida del conjunto de la sociedad, no de un simple promedio, con distribuciones crecientemente desiguales.

Desestimarlos, al punto de creer que “la seguridad jurídica es un concepto horrible”, como declarara el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, durante su monólogo en el Senado al día siguiente de desalojar a los empujones de YPF a sus directores y gerentes, en los primeros días de abril de 2012, llevó a la crisis actual, pese a que el relato lo niegue.

Empresarios, banqueros, economistas y un amplio espectro de la dirigencia política, se manifiestan convencidos de que el país mantiene condiciones estructurales y coyunturales para poder volver rápidamente a un sendero de estabilidad de precios, captar inversiones singulares y superar la crisis social. Sólo falta que el Gobierno diga Nunca Más al relato, despeje el velo que durante los últimos años ha usado para no ver la realidad, y acepte que la estabilidad de las reglas, el respeto de las instituciones y el verdadero debate en el Congreso, donde las buenas ideas y propuestas de opositores sean incorporadas, posibiliten una transición ordenada hacia una saludable alternancia política, de personas y también de partidos

El Presupuesto 2014 revela tasas de indigencia y desempleo de dos dígitos

Desde que el último jueves, cuando el ministro de Economía presentó y explicó las bases del Presupuesto de Gastos y Recursos para 2014 (PGR14) en el Congreso Nacional, corrieron hilos de tinta y expresiones radiales, televisivas y millones de bytes por internet, con las opiniones negativas de expertos por la falta de realismo de los supuestos macroeconómicos.

En este espacio no voy a distraerlo explicando dónde veo las mayores inconsistencias, entre lo previsto y lo realizado, así como más aún entre los datos actuales y los proyectados, porque como se trata de un presupuesto, se corre el riesgo de caer en lo contrafáctico, ya que se deberá esperar hasta los primeros meses de 2015 para poder dirimir quién estaba en lo cierto.

Sí me parece apropiado compartir las incongruencias entre las metas de 2013 y el dato conocido de 2012 establecidos en el presupuesto base para los Programas de Ministerio de Trabajo (Folio 151) y también en lo referido a la Seguridad Alimentaria (Folio133) del hace tiempo devaluado proyecto de “Ley de Leyes”.

¿Década ganada o perdida?

Mientras que de los últimos informes de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec surge que el desempleo total en el país promedió el año último 1,31 millones de personas y en la primera mitad del corriente se elevó en 35 mil trabajadores, el PGR14 da cuenta de que “la asistencia financiera a jóvenes desocupados” benefició por mes en 2012 a 1.729.598 y subió en 2013 a 1.800.000 personas.

Como se sabe, se considera desocupada a la porción de la población que no tiene un empleo que busca trabajo y no lo encuentra. Por tanto no incluye a los menores, ni a los estudiantes o mayores que no están ocupados y que además no buscan ocuparse en una tarea remunerada o rentada.

También se sabe que nunca “un dato parcial puede ser mayor al total”. Sin embargo, de la lectura del PGR14 surge que Trabajo da asistencia financiera a jóvenes desocupados que representan 133,5% del total desocupados que surgen de las mediciones del Indec.

Si se asume que los jóvenes de 20 a 39 años representan el 30% de los poco más de 41 millones de habitantes y que en ese estrato el desempleo en esa franja etaria más que duplica al promedio nacional, surge que el nivel de desocupación actual se ubica en torno a 16% de la población económicamente activa. Muy lejos del 7,2% que calcula el Indec.

Al mismo tiempo, el PGR14 da cuenta de que pese a que según las cuentas nacionales la actividad económica se reactivó a un ritmo de 5,2% en 2013 en comparación con 1,9% en 2012, la asistencia para la inserción laboral se elevó en ese período de 573.072 a 650.000 personas por mes; la atención del Seguro de Capacitación y Empleo subió de 1.687.415 a 1.750.000 y la asistencia para trabajadores desocupados para desarrollar proyectos formativos ocupacionales se amplió de 96.889 a 130.000 personas y para empleo transitorio saltó de 363.309 a 450.000 trabajadores.

En conjunto significa un aumento de 329.717 asistencias incrementales, en contraste con una baja de 159.745 personas de las personas que habían sido beneficiadas con el Programa de Mantenimiento de Empleo Privado, determinando un crecimiento neto del desempleo real en casi 170.000 personas, casi cinco veces el aumento que se desprende de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

La indigencia afecta a más de 14 millones de personas
El Folio 133 del PGR14 indica que en la meta física de seguridad alimentaria para 2013 se redujo la “Asistencia Alimentaria para Hogares Indigentes” de 15.932.282 a 14.167.549 personas, equivalente a 34% de la población total del país, y salta a 17 millones en la previsión para el año próximo, a poco más de 40% de los habitantes.

Además, en lo referente al “Componente Alimentario” el módulo sube de 784.35 beneficiarios en 2012 a 1.189.336 para el corriente año y 1,8 millones para el próximo. Representa 2,9% de la población, casi el doble del cálculo de indigencia que informó el Indec tras el último relevamiento de la EPH y salta a 4,3% para 2014.

También el PGR14 incrementa en forma sostenida la asistencia técnica financiera para la conformación de huertas de 2.941.762 personas asistidas en 2012 a 3,2 millones en 2013 y 3,45 millones para el año próximo.

Se trata de datos claramente inconsistentes con una economía que se dice pasa de crecer a un ritmo de 1,9% en 2012 a 5,1% en 2013 y proyecta un avance de 6,2% en 2014, con una inflación estable en poco más de 10% para los consumidores y más cercana a 16% para el conjunto de la economía, esto es familias, empresas y gobiernos nacionales, provinciales y municipales.

Queda en manos de los legisladores indagar en el Congreso sobre cuál es la realidad de la economía argentina, sus necesidades y recursos, para poder diseñar un Presupuesto que vuelva a convertirse en ordenador de los desequilibrios que, cómo se vio, no se pueden mantener ocultos, y recupere el rol de contribuir a las expectativas de los agentes económicos para planificar sus inversiones presentes y en particular las próximas, para un futuro mejor para el conjunto de los habitantes.