Por: Daniel Sticco
Antes de sacar una conclusión, me parece apropiado ir por partes y analizar los principales tópicos de la economía, de los más sensibles a los más duros que, claramente, son los responsables del desempeño de los primeros.
La ocurrencia de este balance de gestión y la herencia que queda para el próximo gobierno, cuando aún resta más de un año para concluir el segundo mandato presidencial, surgió a partir de los dichos de la Presidente cuando caía la tarde del lunes, sobre que dejará un país mejor al que recibió. Fue en un breve mensaje por videoconferencia desde la Casa Rosada cuando reinauguraba una planta que elaborará biodiesel en Timbúes, Santa Fe, luego de una inversión de 480 millones de dólares que completó en noviembre de 2013, pero que estaba paralizada por las sanciones comerciales que impuso la Europea, ante la lenta reacción del Gobierno nacional.
Está claro que el balance de gestión debe hacerse desde el comienzo de 2008, es decir cotejar los indicadores sociales y económicos con los que las cuentas nacionales registraban en 2007, y no como a veces se pretende hacer con 2003, o peor aún respecto de los niveles posteriores a la crisis de 2001 cuando la Argentina cayó en una profunda depresión, porque no sólo correspondió a otro presidente, sino porque no luce sensato hacer una evaluación de desempeño contra uno de los peores momentos de la historia política, económica y social. Del mismo modo que no parece sensato que otras presidencias se compararan con los cuadros que existían en 1989, 1975, 1958, 1949, u otros de los tantos años malos de la historia argentina y que dieron origen a nuevas administraciones.
Y si bien aún parece prematuro hacer un balance sobre qué país, en el orden económico y social, dejará Cristina Kirchner a fin de su mandato, el 10 de diciembre de 2015, la magnitud de los desajustes macroeconómicos generados desde 2008 y las acciones espasmódicas con la que se vienen tomando medidas desde el cambio parcial de gabinete el 20 de noviembre último, no alientan un giro radical que permita, al menos, volver a los niveles de fines de 2007.
Algunos indicadores sensibles
Pobreza e indigencia: El resultado de los grandes desaciertos de política económica desde 2008, con la intensificación de los controles, el aumento de la presión tributaria y ahora el encarecimiento del crédito, fue la amplificación de los focos de precariedad de las familias argentinas, al punto que más del 40% de los jefes de hogar perciben ingresos menores al salario mínimo vital y móvil y estudios privados como el Observatorio Social de la UCA y el IDELAS de la UCES ubican largamente por arriba de 25%. Sin embargo, el Indec no sólo dejó de publicar sus estadísticas, las cuales indicaban un índice de pobreza de apenas 3,7% de los grupos habitacionales, en contraste con 13,8% que informó para el segundo semestre de 2007, sino que peor aún, ahora el jefe de Gabinete reconoce las severas dificultades metodologicas para seguir calculando esos valores.
Mercado de trabajo: La generación neta de empleos pasó de 284 mil puestos netos en 2007 a 119 mil en 2013, aunque ahora no fue menor por efecto de las desmedidas incorporaciones en el sector público, porque el privado acumuló un trienio de estancamiento y las expectativas para este año son más de destrucción de posiciones que de incorporaciones netas. Y si bien la tasa de desempleo se redujo a niveles mínimos históricos en más de 20 años, se explica fundamentalmente por el efecto desaliento al aumento de la oferta de trabajadores, ante las limitadas oportunidades para obtener un empleo genuino.
PBI: El crecimiento de la economía pasó de tasas de más de 8% anual acumulativo y con escasos cuestionamientos, a un cuasi estancamiento desde 2012 y perspectivas moderadamente recesivas para el corriente año, pese a que el contexto internacional se mantiene favorable para la Argentina, a juzgar por el nivel de precios de las materias primas que más exporta el país, por la activa demanda de alimentos y de minerales metalíferos de China. Las complicaciones comerciales con Brasil tienen su origen más en acciones aisladas del gobierno local, como las trabas al pago de importaciones, que en las dificultades del mayor socio en el Mercosur para crecer a tasas superiores a tres por ciento. Ese cuadro desalentó la inversión productiva, tanto de origen externo como también doméstico y se acentuaron las limitaciones de la infraestructura, aunque el Gobierno hizo esfuerzos para disimularla con importaciones de combustibles y aumento sostenido del precio de los combustibles para alimentar la caja de la ahora YPF con predominio estatal.
Inflación: De un ritmo de un dígito alto se pasó a dos dígitos elevados, con tendencia indefinida, como consecuencia del abandono de la política de solvencia fiscal, pese a que se forzó al extremo el aumento de los impuestos, porque el gasto alcanzó una dinámica desenfrenada de tal magnitud que hizo que el financiamiento del Banco Central con emisión no fuera suficiente y se debió recurrir al endeudamiento interno con organismos descentralizados, con el costo de provocar la escalada de las tasas de interés. De un superávit fiscal equivalente a 1,1% del PBI pasó a un rojo de 4,6 por ciento y medido por la variación de la deuda pública neta se expandió de 8.000 millones de dólares a 12.500 millones de dólares. La consecuencia de ese proceso fue el rápido debilitamiento de la capacidad de consumo de las familias, una severa caída de la confianza de las familias y un golpe adicional a la pobre inversión productiva.
Sector externo: La persistencia de alto nivel de inflación, pese a la política de precios administrados, junto con los recurrentes cambios de las regulaciones del comercio y una política arbitraria de pagos de importaciones como estrategia de resguardo de las reservas del Banco Central, minaron las posibilidades de concretar nuevos negocios de exportación, más allá de los vinculados con la colocación de la cosecha de soja y derivados primarios, principalmente. La consecuencia fue un acelerado deterioro de la posición de divisas de la autoridad monetaria, de más de 46.000 millones de dólares que se computaron a fines de 2007 a poco menos de 31.000 millones al cierre de 2013 y actualmente se mantienen por debajo de 29.000 millones, pese a la estacionalidad favorable del comercio exterior.
Por tanto, más que pensar qué país se dejará el 10 de diciembre de 2015 sería mejor que la Presidente y su equipo aceptaran escuchar a los referentes de los partidos de oposición y también a los empresarios sobre sus reclamos para que la Argentina avance hacia un salto de calidad que permita no tanto contentarse en la herencia que recibirá el próximo gobierno, sino mejor aún para poder comenzar ya a transitar el futuro mejor que ofrece el mundo para el país, en lugar de presentarlo hostil y persistir en la confrontación, pese a los elevados costos sociales que ya no se pueden ocultar, aunque Economía decida no difundir los datos reales de pobreza e indigencia, ni los precios que toma para calcular la inflación.
El Indec no solo deo de difundir los indices de pobreza…, sino que peor aun, ahora el Jefe de Gabinete reconoce las severas dificultades metodologicas para seguir calculando esos valores.