Por: Daniel Sticco
Después de doce años de una de las peores crisis que afectó a la Argentina, las máximas autoridades de Gobierno no hacen más que minimizar el caos actual, en lo social, en las finanzas públicas, lo monetario y en el orden cambiario, y para eso lo comparan con la situación que predominaba en los últimos días de 2001 y primeros meses de 2002.
Desde entonces, no sólo ha gobernado un mismo signo político, sino que más del 90% del tiempo estuvo bajo el dominio de supuestas ideas progresistas que levantaron las banderas de la inclusión social, la igualdad de oportunidades y generación de millones de empleos, pero siempre los errores y desaciertos fueron atribuidos al otro y, en el mejor de los casos, compartidos, nunca propios.
Sin embargo, se insiste en el relato más que en la realidad. El Jefe de Gabinete repite en sus ya habituales conferencias de prensa matutinas que “en los últimos diez años se generaron más de 6 millones de empleos”, pero no hay estadística oficial, incluso del devaluadísimo Indec, que avalen esa cifra. En el mejor de los casos se crearon en términos netos 4,6 millones de puestos desde fines de 2001, de los cuales 900 mil se originaron en el miniciclo de Eduardo Duhalde.
Los saqueos, la injustificable sublevación de fuerzas policiales en las provincias en reclamo de ajustes de salarios, los apagones, el persistente deterioro de la calidad educativa, la pérdida del excedente energético, la hemorragia de las reservas del Banco Central (ahora controlada con medidas de poco alcance), por citar hechos dominantes en las últimas semanas, son las consecuencias de la negación de la realidad, de vivir de un relato que no puede ser avalado por las propias cuentas públicas.
Las innumerables pérdidas de vidas humanas por las incapacidades manifiestas del Gobierno, aunque siempre se encarga de minimizar las responsabilidades cargando con la culpa del otro: las provincias, la oposición, los empresarios, los sindicatos no afines y, por supuesto, la prensa independiente, exigen ya un Nunca Más al relato, a esquivarle el pecho a los problemas, más aún cuando claramente la mayoría han sido auto infligidos.
Medidas que probaron su fracaso
La inflación no se combate negándola y menos aún con congelamientos prolongados de precios de una canasta básica, análisis de la cadena de valor, la matriz de insumo-producto o con la crítica pública a los empresarios a los cuales se los tilda de inescrupulosos con abuso de posición dominante, etc. Es mucho más sencillo, al menos para encauzarla a niveles tolerables: equilibrar las finanzas públicas y prescindir del financiamiento espurio del Banco Central, o usando recursos de jubilados en fines no productivos.
El Gobierno ha encontrado una singular respuesta positiva de los agentes económicos a los sostenidos aumentos de impuestos, pero no ha cumplido su rol de asegurar la eficiencia en el destino de esos fondos para honrar los objetivos que les dieron origen, y por el contrario se ha excedido a niveles que ya se tornan insoportables y perjudiciales para la sociedad en su conjunto.
La liquidación de divisas de los exportadores, como el ingreso para inversión, sea de residentes, como también del resto del mundo, no se logrará con atajos, como la emisión de Letras dolarizadas del Banco Central, o con mini ajustes diario del tipo de cambio que superan largamente el nivel de las tasas de interés. Se requiere una política de competitividad integral, que incluya estabilizar los precios de la economía, alentar el comercio internacional con igual énfasis que el mercado interno (fue un error tornarlos antagónicos), y no apropiarse de la renta con impuestos ad hoc y políticas discrecionales, tanto para exportar como para importar.
El impulso de la inversión extranjera no se logrará con misiones puntuales y desesperadas de un par de funcionarios a Angola, China o Rusia, sino con acciones más simples: garantizar el respeto de la propiedad privada, la retribución del capital, sea nacional o externo y con la vuelta a un tipo de cambio único y flotación con intervención del Banco Central.
Los subsidios se admiten como políticas de corto plazo, para enfrentar situaciones de crisis, o deficiencias estructurales, mientras se adoptan las acciones tendientes a revertir esas carencias, pero nunca son recomendables sostenerlos por tiempo prolongado, porque pierden efectividad al comenzar a revelar la incapacidad del gobernante para cumplir con sus promesas de una efectiva inclusión social.
Volver a las fuentes
Los libros de economía, finanzas públicas y sobre el comercio internacional que se han escrito en los últimos 200 años no son novelas y ensayos destinados a una lectura efímera en las vacaciones de verano, sino que constituyen enseñanzas de quienes se ocuparon y ocupan de analizar el comportamiento de las personas, las empresas y gobiernos (la economía es una ciencia social), para luego poder diseñar políticas que conduzcan de modo eficiente al mejor manejo de los recursos escasos para poder elevar la calidad de vida del conjunto de la sociedad, no de un simple promedio, con distribuciones crecientemente desiguales.
Desestimarlos, al punto de creer que “la seguridad jurídica es un concepto horrible”, como declarara el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, durante su monólogo en el Senado al día siguiente de desalojar a los empujones de YPF a sus directores y gerentes, en los primeros días de abril de 2012, llevó a la crisis actual, pese a que el relato lo niegue.
Empresarios, banqueros, economistas y un amplio espectro de la dirigencia política, se manifiestan convencidos de que el país mantiene condiciones estructurales y coyunturales para poder volver rápidamente a un sendero de estabilidad de precios, captar inversiones singulares y superar la crisis social. Sólo falta que el Gobierno diga Nunca Más al relato, despeje el velo que durante los últimos años ha usado para no ver la realidad, y acepte que la estabilidad de las reglas, el respeto de las instituciones y el verdadero debate en el Congreso, donde las buenas ideas y propuestas de opositores sean incorporadas, posibiliten una transición ordenada hacia una saludable alternancia política, de personas y también de partidos