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Mejor que lo previsto, no significa estar mejor

La tasa de inflación continúa dando muestras de desaceleración, tanto respecto de los últimos meses como más aún en comparación con el desborde que tuvo lugar en la primera mitad de 2014. Eso puede llamar a engaño de creer que se está mejor.

Pero la realidad social que acaba de difundir el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina reveló que el cuadro de pobreza e indigencia a fines de 2014 resultó sustancialmente peor que el estimado para el año anterior, y nada indica que en el primer semestre de 2015 se verificó un punto de inflexión.

Una de las causas de ese deterioro no es otra que la persistencia de una elevada tasa de aumento de los precios al consumo, provocada por el creciente déficit fiscal que se financia con emisión de dinero por parte del Banco Central.

Aún así hay quienes creen ver entre los empresarios de compañías líderes que “el pesimismo mostrado en la medición de fines de 2014 no se vio convalidado en la realidad de este período”, según una de las conclusiones que surgieron de la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos que realiza D´Alessio IROL para IDEA.

Sin embargo, a la hora de hacer una evaluación de la situación económica del primer semestre sólo 17% de los ejecutivos, esto es uno de cada seis, dijo que su empresa estaba mejor o moderadamente mejor, en contraste con 53%, poco más de uno cada dos, que estaba moderadamente peor o mucho peor. De ahí surgió un saldo de respuesta negativo de 36% de los 182 consultados.

Y si bien las previsiones para la segunda mitad del corriente año se interpretaron como mejores, el sondeo de marras también dejó un resultado neto de nuevo deterioro de 12% de los casos, habida cuenta de que frente a 29% de respuestas positivas se contrapuso 41% que indicaron que presupuestan nuevo retroceso, se agrega al arrastre desfavorable de los últimos años.

Frente a ese cuadro, que ha llevado a un sostenido debilitamiento de la inversión productiva, por inquietante aumento de la capacidad ociosa en las fábricas, pero también en el mercado laboral y en el sistema financiero en su conjunto, no parece descabellado pensar que “ya finalizando el actual mandato, los empresarios prevén que no habrá mayores sobresaltos”, concluye el trabajo de D´Alessio IROL para IDEA.

Esa reflexión no implica que “lo peor ya pasó”. Por el contrario, el sondeo de expectativas determinó que “se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible, como consecuencia de la retracción de las ventas y sólo una de cada cuatro empresas opera por sobre el 85% de su potencial, cuando antes del cepo cambiario esa proporción se daba en la mitad de las compañías consultadas”.

Demasiado sesgo economicista

Un punto que parece inquietante es que según el citado relevamiento de D´Alessio IROL para IDEA es que muchos empresarios “requieren de los candidatos presidenciales definiciones sobre cuatro puntos: educación, justicia, seguridad y política impositiva”, y agregan que “la competitividad cambiaria está más determinada por el tipo de cambio que por factores estructurales”.

Sin negar la relevancia de esos cuatro puntos, parece necesario resaltar la importancia de recuperar las instituciones básicas de respeto a la división de poderes; velar por preservar el valor de la moneda con un Banco Central que cumpla con su rol de regulador en lugar de actuar como un prestramista de útima instancia del Gobierno nacional; la solvencia fiscal; honrar los fallos judiciales, tanto nacionales como internacionales; fomentar la innovación y desarrollo como prerrequisito para impulsar el emprendedorismo y con ello la generación de empleos de calidad, con apertura de la economía. Sólo así se podrá llegar a una genuina política inclusiva, que potencie el mercado interno, la inversión y el comercio exterior.

Un nuevo informe del Foro Económico Mundial (WEF, en sus sigas en inglés) observa que “en general el país sigue enfrentando condiciones macroeconómicas adversas”, que lo ubican en el puesto 102 sobre 144 naciones evaluadas, y que afectan su acceso al crédito (134); padece de débiles instituciones (137), y se ubica negativamente en el ránking de corrupción (139). También calificó al gobierno de ineficiente, con un puntaje que lo encasilló en el lugar 142, casi al final de la tabla. Con ese escenario, no sorprende que también catalogue a la Argentina como altamente ineficiente en los mercados de bienes (141), laboral (143), y en el financiero (129).

Estos indicadores que revelan los obstáculos para el desarrollo del país y la consecuente reducción del strong>elevado núcleo duro de pobreza y de economía informal, no parece que sólo se puedan corregir con una revisión de la política tributaria y cambiaria, como surge del informe de expectativas de los ejecutivos que hizo D´Alessio IROL para IDEA.

Y tampoco pareciera que se pueda lograr con acciones gradualistas, en particular en lo que respecta al objetivo de volver a la tasa de inflación de un dígito anual abajo, como proponen muchos economistas que temen hablar de políticas de disciplina fiscal de shock para reimpulsar la actividad productiva con el énfasis puesto en la inversión productiva y en infraestructura, junto con las exportaciones, que incentiven el empleo privado para absorber no sólo a los desocupados sino también a los activos ociosos en el sector público.

Para no tener grandes problemas hay que gestionar

Después de doce años de una de las peores crisis que afectó a la Argentina, las máximas autoridades de Gobierno no hacen más que minimizar el caos actual, en lo social, en las finanzas públicas, lo monetario y en el orden cambiario, y para eso lo comparan con la situación que predominaba en los últimos días de 2001 y primeros meses de 2002.

Desde entonces, no sólo ha gobernado un mismo signo político, sino que más del 90% del tiempo estuvo bajo el dominio de supuestas ideas progresistas que levantaron las banderas de la inclusión social, la igualdad de oportunidades y generación de millones de empleos, pero siempre los errores y desaciertos fueron atribuidos al otro y, en el mejor de los casos, compartidos, nunca propios.

Sin embargo, se insiste en el relato más que en la realidad. El Jefe de Gabinete repite en sus ya habituales conferencias de prensa matutinas que “en los últimos diez años se generaron más de 6 millones de empleos”, pero no hay estadística oficial, incluso del devaluadísimo Indec, que avalen esa cifra. En el mejor de los casos se crearon en términos netos 4,6 millones de puestos desde fines de 2001, de los cuales 900 mil se originaron en el miniciclo de Eduardo Duhalde.

Los saqueos, la injustificable sublevación de fuerzas policiales en las provincias en reclamo de ajustes de salarios, los apagones, el persistente deterioro de la calidad educativa, la pérdida del excedente energético, la hemorragia de las reservas del Banco Central (ahora controlada con medidas de poco alcance), por citar hechos dominantes en las últimas semanas, son las consecuencias de la negación de la realidad, de vivir de un relato que no puede ser avalado por las propias cuentas públicas.

Las innumerables pérdidas de vidas humanas por las incapacidades manifiestas del Gobierno, aunque siempre se encarga de minimizar las responsabilidades cargando con la culpa del otro: las provincias, la oposición, los empresarios, los sindicatos no afines y, por supuesto, la prensa independiente, exigen ya un Nunca Más al relato, a esquivarle el pecho a los problemas, más aún cuando claramente la mayoría han sido auto infligidos.

Medidas que probaron su fracaso
La inflación no se combate negándola y menos aún con congelamientos prolongados de precios de una canasta básica, análisis de la cadena de valor, la matriz de insumo-producto o con la crítica pública a los empresarios a los cuales se los tilda de inescrupulosos con abuso de posición dominante, etc. Es mucho más sencillo, al menos para encauzarla a niveles tolerables: equilibrar las finanzas públicas y prescindir del financiamiento espurio del Banco Central, o usando recursos de jubilados en fines no productivos.

El Gobierno ha encontrado una singular respuesta positiva de los agentes económicos a los sostenidos aumentos de impuestos, pero no ha cumplido su rol de asegurar la eficiencia en el destino de esos fondos para honrar los objetivos que les dieron origen, y por el contrario se ha excedido a niveles que ya se tornan insoportables y perjudiciales para la sociedad en su conjunto.

La liquidación de divisas de los exportadores, como el ingreso para inversión, sea de residentes, como también del resto del mundo, no se logrará con atajos, como la emisión de Letras dolarizadas del Banco Central, o con mini ajustes diario del tipo de cambio que superan largamente el nivel de las tasas de interés. Se requiere una política de competitividad integral, que incluya estabilizar los precios de la economía, alentar el comercio internacional con igual énfasis que el mercado interno (fue un error tornarlos antagónicos), y no apropiarse de la renta con impuestos ad hoc y políticas discrecionales, tanto para exportar como para importar.

El impulso de la inversión extranjera no se logrará con misiones puntuales y desesperadas de un par de funcionarios a Angola, China o Rusia, sino con acciones más simples: garantizar el respeto de la propiedad privada, la retribución del capital, sea nacional o externo y con la vuelta a un tipo de cambio único y flotación con intervención del Banco Central.

Los subsidios se admiten como políticas de corto plazo, para enfrentar situaciones de crisis, o deficiencias estructurales, mientras se adoptan las acciones tendientes a revertir esas carencias, pero nunca son recomendables sostenerlos por tiempo prolongado, porque pierden efectividad al comenzar a revelar la incapacidad del gobernante para cumplir con sus promesas de una efectiva inclusión social.

Volver a las fuentes
Los libros de economía, finanzas públicas y sobre el comercio internacional que se han escrito en los últimos 200 años no son novelas y ensayos destinados a una lectura efímera en las vacaciones de verano, sino que constituyen enseñanzas de quienes se ocuparon y ocupan de analizar el comportamiento de las personas, las empresas y gobiernos (la economía es una ciencia social), para luego poder diseñar políticas que conduzcan de modo eficiente al mejor manejo de los recursos escasos para poder elevar la calidad de vida del conjunto de la sociedad, no de un simple promedio, con distribuciones crecientemente desiguales.

Desestimarlos, al punto de creer que “la seguridad jurídica es un concepto horrible”, como declarara el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, durante su monólogo en el Senado al día siguiente de desalojar a los empujones de YPF a sus directores y gerentes, en los primeros días de abril de 2012, llevó a la crisis actual, pese a que el relato lo niegue.

Empresarios, banqueros, economistas y un amplio espectro de la dirigencia política, se manifiestan convencidos de que el país mantiene condiciones estructurales y coyunturales para poder volver rápidamente a un sendero de estabilidad de precios, captar inversiones singulares y superar la crisis social. Sólo falta que el Gobierno diga Nunca Más al relato, despeje el velo que durante los últimos años ha usado para no ver la realidad, y acepte que la estabilidad de las reglas, el respeto de las instituciones y el verdadero debate en el Congreso, donde las buenas ideas y propuestas de opositores sean incorporadas, posibiliten una transición ordenada hacia una saludable alternancia política, de personas y también de partidos